EL MAYOR DESEO DE LOS GUERRERISTAS

Por: Diego Roldán Jaramillo

Septiembre 28/09/2018

El mayor anhelo de los que viven de la guerra, que, según esto, tienen su argumento, que las guerras traen desarrollo económico y progreso para la sociedad. Con esto producen tres síntomas, muerte, desolación y miedo, tres virus perfectos para hacer la guerra. Hemos visto la confrontación en Siria, donde las potencias les importa muy poco la vida de un ser humano, y ahí en esos pueblos débiles y de carencias absolutas, prueban sus armamentos letales. Cada potencia escoge con quien va a probar su arsenal nuevo, para el caso de América Latina los ojos están puestos en Venezuela, país de un estado fallido y con grandes reservas de petróleo, que al fin y al cabo son el botín perfecto de los americanos en el mundo. Hoy el barril de petróleo está por encima de los 80 dólares, y no es raro que la baja producción de este hidrocarburo tenga alarmado a los colosos del norte. La región que encuadra al mapa venezolano está cerca de Colombia, el gran aliado de los gringos, pero que en el fondo el enfoque es distinto a lo planteado por los medios de comunicación. Si bien es cierto el éxodo de venezolanos por toda la región de Sudamérica tiene un componente de hambruna, también es cierto que la idea es esa, acabar con el tirano.

Colombia vivió una guerra fratricida de 50 años, donde se puede aproximar en víctimas del desplazamiento a más de 4.000.000 millones de compatriotas, y más de 250 mil muertos en la historia más violenta de país alguno en el planeta, superado los Nazis en la primera y segunda guerra mundial con más de 6.000.000 millones de muertos en su mayoría judíos producidos por el holocausto Nazi.  Hoy Alemania es una potencia en la industria y su economía una de las más prosperas de toda Europa.

América Latina hoy está en un caos económico, debido a la falta de compromiso de la clase dirigente, que tiene como único objetivo vaciar las arcas del estado para el beneficio propio y de sus familias o los mal llamados clanes políticos.  Esto ha desencadenado una fuerte reacción de los ciudadanos que no se aguantan más la corrupción mediática de quienes los gobiernan. (Maduro en Venezuela y sus secuaces con toda la familia, Ortega en Nicaragua, su esposa, cuñados y demás, Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner en Argentina, los cubanos ni que decir los hermanos Castro y demás, en Colombia Álvaro Uribe y sus hijos, los banqueros Sarmiento Angulo, etc. Pedro Pablo Kuczynski y Toledo en el Perú, Lula Da Silva en Brasil y su presidenta destituida Dilma Vana Rousseff, por el caso de corrupción más grande con la firma brasilera El Caso Odebrecht.

Este ha sido la mecha que prendió las alarmas en esta región del mundo y que hoy está a vísperas de una confrontación en la región, ya sea como la guerra fría, la bélica o la económica.

30 años de un hito democrático elección de alcaldes

Septiembre 28, 2018 - 12:19 AM el Nuevo Siglo 

·         La elección popular de alcaldes

·         Hay que fortalecer régimen municipal

Uno de los avances más importantes en la democracia colombiana fue, sin duda, la elección popular de alcaldes, que tuvo en Álvaro Gómez Hurtado a su principal impulsor. Como se recuerda, la posibilidad de que la ciudadanía escogiera en las urnas a su mandatario municipal fue establecida por un acto legislativo de 1986 y se concretó dos años después. Es decir que se están celebrando tres décadas de ese hito histórico electoral y, por lo mismo, en algunas instancias se analiza la evolución de esta figura, más aún en momentos en que el país asiste, de nuevo, a un intento de reforma política integral.

Una reforma en la que, incluso, se tiene planteada la posibilidad de que en los municipios con población superior a los 100 mil habitantes se pueda realizar una segunda vuelta electoral si ninguno de los candidatos a alcalde logra el 50 por ciento más uno de los votos. En estos casos irían a un balotaje final los dos aspirantes que hayan logrado la mayor cantidad de apoyos en las urnas. De igual manera se continúa discutiendo sobre la posibilidad de que, descartada la alternativa de reelección inmediata a todo nivel, entonces se proceda a la unificación de mandatos entre el Presidente de la República, los gobernadores y alcaldes, de forma tal que los respectivos procesos eleccionarios se realicen de forma paralela o con poco tiempo de diferencia. Esto con el objetivo de poder acompasar las agendas nacional, regionales y locales.

En términos generales es claro que la elección popular de mandatarios municipales ha sido un elemento dinamizador de la democracia directa y participativa, especialmente en lo relativo al surgimiento de nuevos liderazgos políticos,  partidistas y expresiones independientes. Incluso, fue a partir de la misma que se ha profundizado en otros niveles de democracia local y regional como la creación de las Juntas Administradoras Locales (JAL) o la consolidación de las áreas metropolitanas alrededor de varias capitales. Es más, si en 1988 no hubiera arrancado la escogencia ciudadana de los burgomaestres, en la asamblea constituyente de 1991 no se habría avanzado fácilmente a que los gobernadores también tuvieran origen en el dictamen popular y no por designación presidencial discrecional.

También es claro que la elección popular de alcaldes fue la cuota inicial de la descentralización administrativa y presupuestal en Colombia, pues permitió el inicio gradual del traslado de funciones y presupuestos del nivel nacional al regional y local.

Tras diez citas generales en las urnas para escoger a los mandatarios municipales esta figura es ya una conquista democrática imposible de reversar. Sin embargo, resulta evidente que urgen ajustes para evitar que su efecto dinamizador se difumine. En primer lugar, se requiere que el sistema electoral en general se depure de tantos vicios que hoy lo medran, como la compraventa de votos, la politiquería y la corrupción que se ha apoderado de las administraciones municipales a través de redes de contratistas inescrupulosos, funcionarios deshonestos al por mayor y el desgreño en el manejo de lo público. En segundo lugar es imperativa la modernización del régimen administrativo municipal (y distrital) con el fin de darle más dinamismo y capacidad de ejecución al nivel local. De igual manera se requiere definir de una manera más puntual y detallada el rol que los alcaldes cumplen en materia de control del orden público, seguridad urbana y aplicación territorial de la política de posconflicto. También es urgente que se reforme el Sistema General de Participaciones (SGP) que define el volumen de traslado presupuestal del gobierno nacional central a las gobernaciones y alcaldías. No menos importante resulta redefinir la estructura y funcionalidad de instituciones locales como las personerías, contralorías, inspecciones de Policía, comisarías de familia, secretarías de despacho y otras instancias de orden local que registran constantes choques institucionales. Y qué decir de otros asuntos pendientes en materia de fuentes de recursos directos, estructura tributaria, salvavidas fiscales, fondos pensionales, carrera administrativa y mayor protagonismo en el manejo de las regalías.

Como se ve, las tres décadas de la elección popular de alcaldes son una oportunidad trascendental para analizar, no la figura como tal, que ya dijimos es una conquista democrática irrenunciable, sino las medidas de todo nivel para mejorar el marco normativo y funcional de las administraciones municipales, sobre todo ahora que de nuevo se discute una reforma política y electoral de amplio espectro.

“Cifra de líderes sociales asesinados es más alta”: De justicia

27 de septiembre del 2018 - kienyke

Contrario a lo que se puede pensar, los datos oficiales sobre líderes sociales asesinados no necesariamente corresponden a la realidad y podría haber mucha mayor victimización en las regiones golpeadas por este flagelo, según el más reciente informe del Centro de Estudios de Justicia, Derecho y Sociedad (Dejusticia) en colaboración con el Human Rights Data Analysis Resource Center (Hrdac). 

Según la ONG colombiana, la diferencia en las cifras que se manejan según distintas organizaciones e instituciones hace necesario que aplique un modelo estadístico “para entender cuántos podrían ser los homicidios totales y aclarar cuántos de estos líderes asesinados se estarían quedando por fuera de los conteos”.

“La diferencia entre las cifras ha hecho que en el debate público se considere que la información es poco confiable. De hecho, se ha utilizado la falta de unanimidad entre los datos de cada uno de diversos actores para debilitar el diagnóstico de la problemática”, advierte. 

“Más allá de la diferencia en los datos, es claro que existen múltiples dificultades para llevar un registro completo de los homicidios. Por ejemplo, algunos pudieron ejecutarse en lugares aislados; es posible que los medios de comunicación no reporten siempre los seguimientos de las entidades gubernamentales o de la sociedad civil, o algunos casos pueden verse como una desaparición forzada, y no como un homicidio”, agrega Dejusticia. 

Los resultados de la investigación son dicientes. Las dos organizaciones encontraron que “existe un subconteo en los asesinatos a líderes sociales en el país, incluso por parte de las organizaciones que más realizaron reportes” y en los máximos registrados durante los últimos dos años se puede evidenciar tal asimetría.

“En el 2016, seis organizaciones documentaron el asesinato de 160 líderes sociales, mientras que nuestros resultados muestran que en el mismo año fueron asesinados aproximadamente 166 líderes sociales. Por su parte, en 2017 fueron documentados 172 asesinatos de líderes sociales, mientras que nuestros resultados muestran que esta cifra fue de aproximadamente 185”, advierte Dejusticia. 

Asimismo, la ONG calcula que 20 asesinatos pudieron quedarse por fuera de los registros en 2016 mientras que 48 pudieron haberse ignorado en 2017. Esto implica que mientras que los homicidios de líderes sociales aumentan a tasas de más del 10%, tal como alerta Dejusticia, a pesar de que su estudio llevó mayor exactitud a las cifras, se mantiene un subconteo. 

“El documento demuestra que la violencia contra líderes sociales es mayor a la que reportan las organizaciones y además, la violencia letal sí aumentó entre 2016 y 2017, probablemente en 10% o más, por lo que resulta urgente que se tomen medidas eficaces para dar fin a esta problemática, para lo cual, a su vez,  es necesario escuchar los pedidos de las organizaciones de líderes sociales”, concluye. 

Crece polémica por posible aumento del presupuesto para el sector defensa

^Política

^{24 Sep 2018 - 02:41 Pm}

Partidos de Gobierno defienden la propuesta argumentando que la seguridad es un valor democrático.

Por:Daniel Jerez

 Operativos militares contra el Clan del Golfo.

Colprensa

El Presupuesto General de la Nación para el año 2019 sigue siendo objeto de polémica por la posibilidad de incrementar los recursos destinados para el sector defensa.

La propuesta de obtener un rubro de más de un billón de pesos para la adquisición de misiles antiaéreos ha desatado todo tipo de reacciones entre los congresistas.

Algunos cuestionan que se esté planteando un aumento del 53% de los recursos para las Fuerzas Militares y se quiera disminuir el presupuesto de los programas sociales.

La senadora Aída Avella dijo que “el Gobierno tendrá que darnos una explicación porque no sé para qué necesitamos unas defensas antiaéreas que, según los expertos, son usadas en épocas de guerra con otro país. ¿Realmente se piensa en una guerra con otro país?”, se preguntó.

El Centro Democrático insiste en defender la institucionalidad del Estado y asegura que los colombianos deben mirar la seguridad como un valor democrático.

El senador Ciro Alejandro Ramírez asegura que “debemos mirar como consolidar el fortalecimiento de la Fuerza Pública para trabajar en la recuperación de las zonas que hoy están invadidas por cultivos ilícitos, las ciudades que hoy están llenas de microtráfico e inseguridad y poder diezmar las fuerzas guerrilleras que se han fortalecido y que han ocupado zonas que han dejado las Farc”.

El tema es discutido en las Comisiones Económicas del Congreso y posteriormente llegará a debate en las plenarias de Senado y Cámara.

PERIODICO EL MUNDO DE MEDELLIN

Vuelve y juega la reforma política, tema del cual hemos informado numerosas veces en los 18 años de este siglo y durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Y se abre paso otro eterno asunto que no ha podido cuajar y es el de, por fin, aprobar en el Congreso las listas cerradas, lo que implica ponerle fin a las listas con voto preferente. Todo indica que se despejó un acuerdo entre los partidos y el Gobierno, pero además se plantea que esa lista cerrada sea bloqueada, lo que quiere decir que la plancha inscrita por un partido o movimiento político no puede ser alterada o modificada en su orden luego de haber sido inscrita.

Democratización

Aprobar en Colombia que las listas de candidatos al Senado, Cámara, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y JAL sean cerradas y bloqueadas implica otro tema que ha sido bien difícil implementar, los procesos democráticos dentro de las formaciones partidistas precisamente para la confección del orden de los candidatos, que no es un aspecto de poca monta. Sobre esto se plantea que todo sistema democrático para armar las listas se haría para todos los partidos el mismo día. Al menos se ha avanzado en algo y ahí comenzará el trámite y la discusión. Estos temas comenzarán a ser debatidos en la Comisión Primera del Senado.

Corte Electoral

Y otro asunto de la reforma política en la era duquista es el futuro del Consejo Nacional Electoral, CNE. El proyecto del actual gobierno no le gusta nada de nada a los expertos en estos tópicos de los sistemas electorales, pues propone que sea elegido nuevamente por el Congreso, que es precisamente uno de sus males. La recomendación es que si se crea una Corte Electoral, sus integrantes sean elegidos por concurso de méritos y que sea un organismo cuyos actos o decisiones sean definitiva y que tengan el valor de cosa juzgada, y no, como ahora, que son actos administrativos permanentemente demandables.

La paridad

Y otro aspecto de la reforma política que apenas comienza en su debate es la paridad entre hombres y mujeres en las listas de partidos. En esto todo el mundo en el Congreso dice que está de acuerdo, pero aún no hay una fórmula o método que logre un consenso, lo que se iría construyendo en la discusión en comisiones y plenaria.

 

El cura

Después de una conversación con el gobernador Luis Pérez, el curita y secretario de Gobierno de Antioquia, Néstor David Restrepo, tomará la decisión sobre la fecha de su retiro a ese cargo en octubre para aspirar a la Alcaldía de Bello. Y para esa candidatura ya se adoptó la estrategia que el prelado realizará un ejercicio de apoyo electoral solo ciudadano y más adelante se estudiaría la aceptación o no de respaldos políticos. Pero en principio será una campaña con la feligresía.

William

Muy buenos comentarios sigue suscitando el anuncio del empresario y excongresista William Ortega Rojas de aspirar a la Alcaldía de Bello por firmas y sin nada que tenga que ver con los Suárez. Don William adelantará inicialmente una campaña de expectativa que recalcará su eslogan de toda la vida en el sentido que regresa a Bello con todo “el amigo del pueblo”. Además detrás de su aspiración ya hay congresistas muy interesados en participar y ayudar con este proyecto, al igual que altas esferas del poder político en Antioquia. Ortega Rojas repunta con todas las ganas. Anda para arriba y para abajo con su hijo Mateo de Dios, cantante de música popular y ya se está componiendo un temita sobre su aspiración a la alcaldía bellanita.

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Juan Camilo Quintero

Novedades políticas sobre este director de la Andi en Antioquia. Confirmado que lo han visitado empresarios para ofrecerle o convencerlo que sea candidato a la Alcaldía de Medellín. Y ojo a la respuesta que ha dado. Que está muy tranquilo en la Andi y que aún no ha considerado los ofrecimientos que le han formulado, lo que indica, al parecer, un cambio de postura a sus primeras negativas. Al menos deja una ventanita abierta. Dicen que uno de los dirigentes que lo está tratando de convencer en don Manuel Santiago Mejía. Los Mejía somos así. Esto último no nos cuadra porque de este empresario también dicen que sería uno de los fuertes auspiciadores de la nueva aspiración de Juan Carlos Vélez. Será que DIM Quinterito se asusta con esos chicharrones en que se ha convertido Hidroituango y EPM.

Rancho o mansión

Hace muy poquito, en una crónica política, revelamos aquí en El MUNDO, que la idea del senador que ya vuela solito, Iván Agudelo, es armar rancho aparte, pero por lo que están diciendo y asegurando por Radio Pasillo de La Alpujarra, es que lo que está construyendo en una mansión política. Y por qué, pues porque no solo está invitando a James Gallego a su gran aventura, sino también al exsenador Luis Fernando Duque, al exrepresentante a la Cámara, Óscar Hurtado y a su socio Carlos Molina. Igualmente le está echando el ojo a la gran Luz Imelda Ochoa y a un sector del equipo del senador Julián Bedoya. Napoleón Agudelo va bien en serio.

Rico

A muchos pies de altura, en un avión comercial, el excandidato a la Alcaldía de Medellín, Gabriel Jaime Rico, le dijo a un periodista muy académico que tiene ganas de volver a intentar una segunda candidatura a ese cargo, pues ve muchas posibilidades, toda vez que el abanico que hoy se ve, está muy igualadito. Otro con ganas.

Nacho Soto

En una reunión con periodistas, presidida por su director seccional Sergio Ignacio Soto, Fenalco Antioquia dio conocer los nombres de las personas que serán condecoradas y exaltadas por el gremio de los comerciantes en la gran velada de La Noche de los Mejores, este 2 de octubre, en el Teatro Metropolitano. Y el reconocimiento en la modalidad o categoría de “Gratitud Perenne” será para el ministro de la Defensa, Guillermo Botero Nieto, quien fuera presidente nacional del gremio. A propósito, le preguntamos al tocayo Nacho Soto si le han hecho propuestas o coqueteos políticos para el 2019 y dijo “propuestas raras ninguna, pero coqueteos muchos, pero de chicas”. Se ve que está más amañado que Quinterito en la Andi.

A Secretarios de Hacienda

La Contraloría General de Antioquia en el ejercicio de su labor misional, procurando el fortalecimiento de la gestión pública y acompañamiento permanente a los sujetos de control a través de jornadas de capacitación, realizará este martes 2 de octubre de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde el encuentro académico: ´Hacienda Pública: Actualización, Retos y Control Fiscal´, dirigido a secretarios de hacienda y tesoreros de los municipios del Departamento, informó el Contralor General de Antioquia Rubén Darío Naranjo Henao. La jornada que se llevará a cabo en el auditorio del IDEA en la ciudad de Medellín, busca que a través de la formación se puedan corregir los errores más comunes en el manejo de los recursos públicos, promoviendo de esta manera la eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de costos por parte de nuestros sujetos de control, afirmó el fiscalizador Naranjo Henao. Con el acompañamiento y apoyo de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, la presencia especial del Contador General de la Nación, Pedro Luis Bohórquez Ramírez, y el apoyo de Benedán, se desarrollará el encuentro que contará además con las ponencias de destacados expertos en hacienda pública y control fiscal.

Reforma a la justicia del Centro Democrático “es perversa; fomenta la impunidad”: MOE

La iniciativa establece que los congresistas solo pueden ser detenidos o llamados a juicio con permiso de la cámara a la que pertenecen. Según Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, las medidas van en contravía de la lucha contra la corrupción.

 "No creo que ningún ciudadano en Colombia pueda creer que procesos como los de la parapolítica o los que han destapado la corrupción de congresistas y contratistas, podrían haber sido investigados si hubieran tenido que pasar por otros congresistas":Alejandra Barrios Foto: Semana

El proyecto de reforma a la justicia que radicó este martes la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia no sólo busca unificar las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional en un organismo denominado Tribunal Supremo Constitucional, como lo había propuesto el presidente Duque durante la campaña.

La iniciativa también contiene disposiciones que, según la Directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, pueden impedir que se sigan adelantando investigaciones contra congresistas por casos como la parapolítica o el carrusel de la contratación.

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“Es peligroso porque fomenta la impunidad. No creo que ningún ciudadano en Colombia pueda creer que procesos como los de la parapolítica o los que han destapado la corrupción de congresistas y contratistas, podrían haber sido investigados si hubieran tenido que pasar por otros congresistas para que ellos tomaran la decisión de si podían ser investigados”, dice.

El artículo 10 del proyecto, que reformaría el artículo 186 de la Constitución, establece que “ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período constitucional”.

Según Barrios, lo más peligroso de la iniciativa no es para la mayoría, sino para las minorías. “Qué podría pasar con miembros de la oposición que tuvieran que pasar primero por un debate o una negociación política para ver si son investigados. La propuesta realmente es perversa”.

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El procedimiento que establece el proyecto es similar al que existe para el presidente, para los magistrados de las altas cortes y para el fiscal, que deben someterse a un juicio político en la Comisión de Acusaciones antes de que pueda juzgarlos la Corte Suprema de Justicia. Esta comisión ha tenido resultados tan pobres que se ha ganado el calificativo de comisión de absoluciones porque casi todas las denuncias que llegan a ella terminan archivadas.

“Hoy no tenemos que haya procesos contra aforados constitucionales que hayan sido condenados”, señala Barrios. En 45 años de historia, la comisión solo ha acusado a dos personas, al general Gustavo Rojas Pinilla en 1959, y al magistrado Jorge Petrelt, el año pasado.

“Hoy no tenemos que hayan procesos contra aforados constitucionales que hayan sido condenados”, señala Barrios.

“Mire todos los procesos de corrupción con los que hay relacionados congresistas. Eso sería como decirles: ‘vea, usted tiene patente de corso porque entre todos vamos a hacer un carrusel de la impunidad para que nunca lo puedan investigar‘”, agrega.

Otra de las disposiciones que contiene el proyecto de reforma a la justicia del Centro Democrático contiene un cambio muy significativo en los juicios que se adelantan contra el presidente y otros altos funcionarios.

Hoy en día, si el Senado determina que hay mérito para juzgar a estos funcionarios pone el proceso en manos de la Corte Suprema de Justicia, para que lleve a cabo la investigación penal. Con lo que propone el proyecto, es el mismo Senado el que impondría la pena.

“Las condenas tienen que ser impuestas por jueces. Aquí pareciera que discutieramos los temas de la justicia, para unos de manera especial, con prerrogativas, mientras que a otros se les aplica la ley”, dice Barrios.

“Las condenas tienen que ser impuestas por jueces".

Uno de los senadores firmantes de la iniciativa fue el expresidente Álvaro Uribe, quien hace unas semanas fue llamado indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. Esto, según el ex candidato presidencial Gustavo Petro, significa que Uribe  “Tiene que mirarse de manera juiciosa los conflictos de intereses que se presentan. Cuando se habla de disminuirles prerrogativas, todos declaran conflictos de intereses, cuando se trata de estos temas no hay conflictos de intereses. Creo que el Centro Democrático no midió el impacto que puede tener para el país esta iniciativa. Esperamos que la retire”, agregó Barrios.

SEMANA intentó comunicarse en varias ocasiones con la senadora Paloma Valencia, pero no pudo contactarla. En la rueda de prensa en la que anunció la presentación del proyecto aseguró que, por el contrario, este acaba con la impunidad en los procesos contra congresistas y magistrados.

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"Los congresistas y magistrados van a tener un sencillo procedimiento de desaforamiento que harán las comisiones conjuntas de Senado y Cámara y una vez hayan recibido la investigación, lo que hacen es retirar el fuero y los jueces de circuito designarán un tribunal ad hoc”. señaló.

Destacó que los congresistas se someterán a los mismos jueces que hoy investigan al resto de los colombianos, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, que son juzgados por la Corte Suprema de Justicia. (Tomado de la revista semana 27/09/2018).