sábado, 27 de agosto de 2011

Buen moridero

*Francisco Thoumi

Buen moridero

Infortunadamente, hoy en Colombia lo más que puede lograr una persona o familia económicamente exitosa es comprar una jaula de oro donde vivir protegida del mundo exterior. Tendrá muchas cosas y vivirá con gran confort dentro de su vivienda, protegida por sistemas de seguridad privada, pero andará temerosa fuera de ella.

Para sobrevivir en este entorno el colombiano tiene que anestesiarse frente a la realidad y confinarse a entornos pequeños entre familiares y amigos donde se aísla del resto y termina por decir que “este es el mejor vividero del mundo”. Sin embargo, todos los colombianos hemos conocido parientes y amigos que han sido asesinados; muchos hemos conocido a secuestrados y extorsionados, y todos hemos nacido y crecido con niveles de violencia muy altos.

Hay quienes alegan que esto no es cierto, que Colombia tuvo periodos de violencia baja y que fue la “llegada” de las drogas las que causó los problemas actuales. Basta recordar que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial la tasa de homicidios más baja en Colombia fue de 16,8 por 100.000 habitantes en el período 1973-1975. Todos saben que México padece una tasa de homicidios “enorme”: la de 2010 fue de 17 por 100.000 habitantes. La tasa de homicidios de Colombia es hoy mucho más alta de la de México – y sin embargo no tenemos una crisis de violencia.

Por eso parecería que Colombia más que un buen “vividero” es un buen “moridero” y seguiremos así hasta que el control social complemente los esfuerzos del Estado para controlar los comportamientos individuales. Sin duda, sin reformas sociales drásticas que cambien los comportamientos generalizados de desprecio por el otro, esto no ocurrirá.

*Economista de la Universidad de los Andes con Ph. D. de la Universidad de Minnesota. Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Investigador experto en economía política de las drogas y el delito, ha sido coordinador de Investigaciones del Programa Global Contra el Lavado de Dinero y Director del Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas en el año 2000. Profesor titular o visitante de varias universidades, ha escrito extensamente sobre la droga y el delito.

viernes, 26 de agosto de 2011

Aníbal Gaviria Correa, el minero


Por Juan Diego Restrepo E.*

OPINIÓN / Desde el año 2002, el candidato a la Alcaldía de Medellín tiene vigentes licencias de exploración a título personal y contratos de concesión a través de la empresa familiar Minera El Roble S.A. ¿Eso riñe con su aspiraciones políticas?

Revista Semana / Miércoles 24 Agosto 2011

Desde el año 2002, el candidato a la Alcaldía de Medellín Aníbal Gaviria Correa ha sido beneficiado con licencias de exploración y contratos de concesión otorgados por Ingeominas a él y a la empresa Minera El Roble S.A., que es de su familia y la preside su padre, Guillermo Gaviria Echeverri.

Una revisión al Catastro Minero Colombiano permite establecer que hasta el momento este aspirante por el Partido Liberal a una de las alcaldías más importantes del país y quien fuera Gobernador de Antioquia en el periodo 2004 – 2007, tiene cinco contratos vigentes, dos a título personal y tres más a través de la empresa familiar.

Las dos licencias de exploración registradas a su nombre fueron otorgadas por las oficinas regionales de Ingeominas en Bogotá y Medellín en abril y septiembre de 2002, y radicadas bajo los códigos de expediente 00172-27 y 00173-27, respectivamente.

La primera licencia, con una duración de doce años, y la segunda, por diez años, están aplicadas a la exploración de oro, cobre y plata en un predio que abarca áreas rurales de los municipios de El Carmen, Chocó, y en Ciudad Bolívar, Antioquia.

En la base de datos del Catastro Minero Colombiano se encuentra registrado un tercer contrato, pero esta vez de concesión, cuyos titulares son la multinacional Anglogold Ashanti Colombia, en sociedad con Aníbal Gaviria Correa y la firma Minera El Roble S.A. Este contrato, radicado con el código de expediente FJT-15A, fue concedido el 14 de enero de 2008 por la regional Medellín de Ingeominas por 29 años para la exploración, montaje y explotación de zinc, platino, molibdeno, oro y sus concentrados, plata y cobre, en los municipios de El Carmen, Chocó, y Ciudad Bolívar, Antioquia.

Un cuarto contrato de concesión, clasificado con el código de expediente FJT-15R y otorgado el 14 de enero de 2008 por 29 años, tiene como titulares a la multinacional Anglogold Ashanti Colombia y a la firma Minera El Roble S.A., que tiene exactamente los mismos objetivos del contrato anterior.

Por último, aparece un quinto contrato registrado bajo el código de expediente GK3-091, otorgado el 9 de abril de 2010 por 29 años con los objetivos de exploración, montaje y explotación de cobre, oro y plata en el municipio de El Carmen, Chocó. Los titulares de este contrato son la empresa Minera El Roble S.A. y el señor Guillermo Gaviria Echeverri.

El certificado de existencia y representación de la firma Minera El Roble S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, establece que esta empresa fue creada el 5 de enero de 1995 como una sociedad comercial anónima que, inicialmente, se llamó Dos Bocas S.A. Mediante escritura pública del número 3435 fechada el 14 de julio de 1998, se cambió la razón social por la de Minera El Roble S.A.

El objeto social de esta firma es la exploración, extracción, explotación y beneficio de minerales, así como su comercialización en el país y en el exterior. Actualmente, los miembros principales de la junta directiva son Guillermo Gaviria Echeverri, Fernando Echavarría Ochoa, Gloria Elena Echavarría Vélez, Irene Gaviria Correa y Juan Esteban Álvarez Bermúdez.

Esos contratos le han generado dudas a un conjunto de empresarios y abogados de Medellín, especialistas en el tema, quienes se han aplicado a su estudio y, preliminarmente, han conceptuado que esos títulos son causal de inhabilidad y, por lo tanto, Gaviria Correa no podría postular su nombre al cargo de elección popular más importante de la capital antioqueña.

Sus preocupaciones han sido tales que el tema ya está en el escritorio del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, a quien le prepararon un análisis detallado en el que le explican por qué Gaviria Correa estaría incurriendo en varias trasgresiones a las normas electorales en su condición de empresario minero.

Son varias las razones que esgrimen quienes están preocupados por las actividades mineras del candidato por el Partido Liberal a la Alcaldía de Medellín. De un lado, alegan que ha incurrido en causales de inhabilidad estipuladas en la Ley 617 del 2000; y de otro, manifiestan que de resultar elegido Alcalde de Medellín podría tener injerencia, para su beneficio personal y empresarial, en la regional de Ingeominas de Medellín, donde le otorgaron a él y a la firma familia, cuatro de los cinco contratos vigentes.

Habrá que esperar si los argumentos esbozados por empresarios y abogados prosperan ante los organismos disciplinarios y electorales. Mientras tanto, veremos al empresario minero Aníbal Gaviria Correa en su carrera hacia la Alcaldía de Medellín recorriendo los barrios de la ciudad y reuniéndose con las comunidades, respaldado por los partidos Liberal, Verde, Conservador y la Alianza Social Indígena. Los políticos curtidos como él saben que en las campañas electorales se arriesgan a este tipo de confrontaciones. La justicia tendrá la última palabra.

* Periodista y docente universitario




miércoles, 24 de agosto de 2011

VERBO DE MODA, PREVARICAR


Prevaricar, verbo que había dejado de nombrarse con la frecuencia que reclama, volvió a retomar el espacio que le tiene asignado el código penal colombiano.

La razón es que ahora se conjuga con una facilidad sorprendente.

Pero son muy pocos los casos en que algunos funcionarios al servicio de la justicia, que castigan a los prevaricadores.

Son muchísimos los hechos en que en Colombia se prevarica, sin que pase nada.

Los servidores públicos que responden una petición incompleta o cualquier cosa, para despachar a uno de sus enemigos politicos al banquillo de la injusticia, sin consideración de ninguna clase, son unos prevaricadores.

El funcionario que modifica, altera o destruye un documento o pasa información de su dependencia a otras personas distintas, no solo prevarican sino que incurre en otros delitos.

El funcionario que le retuerce el cuello a la ley hasta que le duelen las manos, con el propósito de beneficiar a alguien, es un prevaricador.

Como periodista, conozco uno que otro que se prestan para hacer de la Constitución y la ley, papilla que produce una fuerte indigestión.

De ellos, tengo como periodista, la opinión que son una porquería porque actúan de mala fe.

Algunos funcionarios de cheque mensual (solo sirven para cobrar, para nada mas), que se escudan en su posición, para patear la Constitución y la ley, son en mi opinión como periodista, unos prevaricadores.

Conozco una, cuyo comportamiento, deja mucho que pensar.

En la Procuraduría también hay funcionarios que prevarican, con pasmosa facilidad y con un incontenible cinismo.

Ignoro si son capaces de cargar semejante prevaricato o sí le hacen el mandado a hechos aislados, o a quienes beneficia con sus conspiraciones y triquiñuelas, y si esto le ayuda a amamantar y a cargar con semejante Monstruo de la poca ética profesional que le fluye por los poros.

Son muchísimos los casos de los prevaricadores. Están por ahí regados y siguen haciendo inmensos daños. Y, además, ocupan posiciones de media tabla para abajo, cuyas decisiones diabólicas y malintencionadas inciden en la vida politica de la sociedad.

Qué Dios nos libre de todos ellos y tenga compasión de Colombia que no se merece tan poquito.

Por eso digo y escribo, que el verbo Prevaricar está de moda.

martes, 23 de agosto de 2011

La bienestarina

Norbey Quevedo H. | Elespectador.com
El Martes, 23 de agosto de 2011, 13:37.

Proceso judicial por pérdida de Bienestarina en el municipio de Yarumal

Once personas de Yarumal, entre ellas el alcalde, deberán responder ante la justicia por la pérdida de casi dos toneladas de bienestarina, alimento que vendían para alimentar cerdos.

Once personas de Yarumal, entre ellas el alcalde, deberán responder ante la justicia por la pérdida de casi dos toneladas de bienestarina, alimento que vendían para alimentar cerdos.

En un juzgado del municipio de Yarumal se inicia hoy el proceso mediante el cual deberán responder once personas por supuesta comisión de varios delitos debido a la comercialización irregular de la bienestarina destinada a los niños pobres de esa franja de Antioquia.

Según las investigaciones judiciales, en el municipio de Yarumal funcionaba varios canales de distribución del complemento alimenticio pero algunos encargados de esas operaciones las vendían ilegalmente para ser destinado a la alimentación de los cerdos en varias fincas de la región.

Entre los once investigados figuran el alcalde de la localidad Carlos Guillermo Atehortúa, quien debía ejercer el control de esos productos, el farmaceuta Luis Carlos Londoño Uribe, los distribuidores de la bienestarina, y funcionarios del ICBF.

En esas acciones habrían cometido delitos como peculado, abuso de confianza, receptación ilícita, explotación comercial, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.

Elías Hoyos, procurador de Antioquia, explica posibles sanciones a vende...

Jorge Rojas, contralor de Antioquia, habla de rifas ilegales - Sinergia ...

lunes, 22 de agosto de 2011

Miedo en Campamento

Sábado 20 Agosto 2011/Revista Semana

El alcalde Adelmo Sánchez, suspendido por la Procuraduría, tiene un candidato que se perfila como ganador en las elecciones. Foto fue tomada el 15 de agosto de 1997 cuando Samper y Villamizar visitaban los campos petroleros de Arauca y Casanare.

Al finalizar la visita el presidente le dijo al ministro que había un rumor sobre una grabación que iba a ser publicada

ELECCIONES
En este pueblo antioqueño asesinaron a dos candidatos y las Farc amenazan a los que intenten hacer política por La U o por Cambio Radical.

Sábado 20 Agosto su alcalde suspendido por seis meses y dos candidatos asesinados por las Farc, Campamento vive hoy una tensa situación política. En realidad, los últimos cuatro años tampoco han sido tranquilos en este pueblo del norte de Antioquia, que alguna vez fue el segundo municipio panelero del departamento.

Hoy una parte importante de los 9.300 habitantes de Campamento están dedicados a cultivar y procesar pasta de coca, que le venden al frente 36 de las Farc. Por el control de esta zona, estratégica para el negocio del narcotráfico, la fuerza pública y la guerrilla se enfrentan desde hace años.

Los pocos que habitan en el casco urbano son empleados por el municipio, que desde 2008 está en manos de Adelmo de Jesús Sánchez, un hombre que jamás había ocupado cargos de elección popular y que durante 14 años había sido el celador del único colegio del municipio.

A pesar de su falta de preparación y experiencia laboral, barrió en las urnas con el apoyo de poderosos políticos conservadores como la senadora Liliana Rendón.

Desde que empezó su mandato, Sánchez dio señales de mal manejo de los recursos públicos y de favorecer solo a quienes votaron por él.

También intentó controlar los dineros de la parroquia, lo que provocó un duro enfrentamiento con el párroco, a tal punto que Sánchez prohibió a sus funcionarios ir a misa.

En la Procuraduría reposan 26 procesos contra Sánchez, uno de los cuales concluyó en su suspensión provisional porque le dio a su secretario de Gobierno un contrato de prestación de servicios cuando él aún estaba como titular en su cargo. El alcalde dice que no sabía que no podía hacerlo.

Dos de los tres candidatos que empezaron campaña para suceder al actual alcalde suspendido fueron asesinados. El primero, el tesorero del municipio -Guillermo Roldán- era un hombre muy crítico del alcalde Sánchez y se lanzó por Cambio Radical. El segundo, Donay Correa, un exalcalde reconocido por las obras que realizó entre 1995 y 1997, se veía como un firme candidato por el Partido de la U.

En la búsqueda de votos, Correa y Roldán encontraron la muerte. El 30 de mayo coincidieron en una carretera en zona rural. Cada uno viajaba en su carro con sus compañeros de campaña cuando fueron detenidos por hombres armados con fusiles y vestidos de civil. Los hombres hicieron bajar a todos de los carros y separaron a los candidatos de las demás personas. Caminaron con ellos unos cuantos metros sobre la vía, pero sus acompañantes todavía podían verlos. De repente, los hombres armados tomaron distancia, levantaron los fusiles y dispararon sendas ráfagas. Por último, remataron a Correa con un tiro de gracia en la cabeza.

La zona donde fueron asesinados ha tenido presencia histórica del frente 36 de las Farc y, recientemente, de la columna Mario Vélez, que llegó del sur de Córdoba para apoyar al frente. Días después del homicidio, las Farc se atribuyeron aquellas muertes, durante una reunión en la vereda El Carriel. Las autoridades no descartan la hipótesis de que alguien les pagó a las Farc para cometer estos crímenes e investigan si las denuncias que hizo Donay Correa por posible trashumancia electoral tuvieron algo que ver con el homicidio.

Gildardo Álvarez, el candidato del alcalde, se inscribió por el Partido Conservador y tiene el panorama despejado. Por un lado, ningún político quiso inscribirse por los partidos que iban a avalar a los candidatos asesinados y por el otro, las candidaturas nuevas apenas arrancan y están en manos de jóvenes sin mucha experiencia. Héctor Gómez, el secretario de la corta campaña de Correa, se inscribió por la ASI y la concejal Lina María Duque, por el Partido Verde. Por la intimidación de las Farc, no hay lista de La U para el Concejo, pero sí de Cambio Radical. Sin embargo, varios de los candidatos han denunciado amenazas en su contra.

Este preocupante panorama obliga a las autoridades a agilizar las investigaciones judiciales y a blindar a los candidatos que valientemente han decidido continuar en la contienda. De lo contrario, en Campamento no habrá elecciones libres.


Colombia es el país con más desplazados internos en el mundo

Una de cada 97 personas en el mundo, o lo que es lo mismo, el 1 por ciento de la población mundial, se ha visto obligada a abandonar ...