viernes, 15 de abril de 2011

Cristian Castro - Lo que No Fue No Será

La nobleza es inocencia pura.........


No grites, no ofendas,
no juzgues, no humilles,
no indispongas, sé noble.
Sé grande, se integro,
sé sincero, sé humilde...

Los gritos son señal de debilidad,
La humillación es señal de pobreza,
La calumnia es señal de indiferencia,
de bajesa y envidia.

La deslealtad es señal de traicion,
La mentira es señal de mala educacion,y de
ignorancia.

Un mal compañero (a), es una falsa relacion,
Una persona sin caracter es un camino falso
que te lleva al abismo.

La falta de nobleza es señal de inseguridad.

El verdadero amigo (a) se obtiene cuando...
se es íntegro, humilde, sincero, equitativo, leal y ético.

jueves, 14 de abril de 2011

HAY QUE LIMPIAR LA POLITICA


Jueves, 14 de Abril de 2011 00:00 /PERIODICO EL NUEVO SIGLO.

*Contratistas más importantes que partidos
*En el fondo siempre hay redes electorales

Tiene razón el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, cuando afirma que algunos contratistas son más importantes en Colombia que los partidos políticos. Y así es, ciertamente, porque no sólo están encargados de las infraestructuras de las grandes obras nacionales, sino porque con los aportes a campañas o conexiones con políticos determinan muchas cosas y logran expandir la órbita de su influencia. Y es precisamente por ello que en el acápite contenido en el proyecto de Estatuto Anticorrupción se busca adecuar el lobby y prohibir las financiaciones privadas.

Es de suyo necesario, indudablemente, modificar el trasunto de la política que en las últimas décadas no sólo se ha visto inficionada de narcotráfico y alianzas espurias, como las de los paramilitares, sino que se ha golpeado por esa coalición velada y eficaz con los contratistas, que terminan por ello teniendo, como dice el Ministro, más relevancia que los propios partidos.

Han servido los contratos no sólo en obras públicas, sino también en la agricultura, según se deriva de los dictámenes del Juez de Garantías en el caso de Agro Ingreso Seguro, para ello. De acuerdo con la tipificación, que por lo pronto es la celebración indebida de contratos, por tratarse hasta el momento de funcionarios subordinados, está investigándose si aquello fue vehículo, no sólo de redes electorales, sino de componendas y privilegios que no sólo implicaron el fraccionamiento, sino que distorsionaron a propósito el alcance de una ley que exclusivamente debía servir para morigerar los impactos del TLC sobre el campesinado. TLC que desde entonces comenzó a tener todo tipo de obstáculos y ni siquiera hoy, años después, es una realidad actuante.

No es dable, como dijimos anteayer, el regocijo con el dolor ajeno. Pero las sanciones deben concretarse con el rigor del caso, aun en aquellos servidores públicos que participaron de las circunstancias que habrían llevado al fraude en los subsidios agrícolas de riego y drenaje. Seguramente la opinión pública espera con ahínco los resultados sobre quienes fueron autores intelectuales y materiales. No es suficiente, piensan algunos, con que se judicialice a los subalternos.Se sabe, por los fueros especiales, que ministros y otros altos funcionarios tienen órbitas diferentes de investigación y juzgamiento, lo que no quiere decir, como sostuvo cierto medio, que por más que parezca leve el delito, aun por negligencia, complicidad o preterintención, no deba tener las penalizaciones correspondientes, en caso de probarse, bajo el debido proceso, en funcionarios públicos de menor nivel el dolo.

Precisamente, el país está ahíto con que a cada tanto los delitos se vuelvan contravenciones, lo que sin duda ha determinado una espiral delincuencial. De manera que por lo menos aquello que se encuentra tipificado en el Código Penal debe tener la sanción respectiva.

El hecho, finalmente, es que entre más se depure la política de contratistas o de quienes usan al Estado como red electoral, mejor. No sólo se trata de lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, con todas las adversidades, de limpiar la política de las alianzas espurias con agentes armados. También es indispensable que ella no tenga malas compañías como pareciera derivarse, no sólo del caso de los empresarios rurales ya conocidos en Agro Ingreso Seguro, sino de lo que los Nule estarían dispuestos a declarar, tanto en el caso de Bogotá, como, y eso es lo nuevo, con políticos de espectro nacional. Que no por ello habrán delinquido, simplemente derivado réditos.

La dificultad, claro, reside en el escandaloso coste en que ha derivado la política. Frente a ello, siempre será mucho mejor que sea financiada por el Estado antes que verla, despojada de sus propósitos comunitarios y altruistas, en defensa de intereses particulares.

martes, 12 de abril de 2011

LA ECONOMIA ILEGAL DE LAS CIUDADES.


Luis Pérez Gutiérrez.

En Colombia de cada 100 empleos urbanos, 52 son informales, y de los informales el 80% gana menos de un salario mínimo y no tienen seguridad social. Sin duda, esta estructura de empleo colombiano está muy cercana a la ilegalidad y por eso vivimos en un desastre social.

Y de la informalidad laboral en las ciudades se está pasando a la ilegalidad de la economía urbana.

Las recientemente llamadas BACRIM, Bandas Criminales, vienen construyendo en cada ciudad de Colombia una economía ilegal que institucionaliza el delito como empresa próspera y legitima la práctica de que todo puede resolverse o por fuera de la ley, o extorsionando, o aplicando la fuerza bruta siempre ilegal.

De acuerdo con el tamaño de las Bacrim es el tamaño pavoroso de la jugosa economía ilegal que multiplican.

Todo empieza con el Microtráfico, sigue con la empresa de extorsiones, y se expande con la innoble convicción que el delito puede convertirse en empresa próspera.

Cada vez hay más familias dependiendo de las empresas del delito. Cada día crece el número de jóvenes involucrados en la economía ilegal.

En Medellín es donde más están desarrolladas las Bacrim, y es donde las rentas criminales son más gigantes y amenazantes. Bogotá, Cali y las demás capitales van en turno, siguen creciendo.

La economía ilegal de Medellín es asustadora y puede convertir a la ciudad en una sociedad inviable que destruye la institucionalidad.

Medellín pasó de tener 50 casas de vicios o venta de droga, a tener hoy cerca de 750. Cada casa de vicio produce cerca de $600.000 diarios en promedio (El Espectador). O sea que por venta de droga al menudeo, cerca de $400 millones diarios le entran a la delincuencia para propagar la ilegalidad. Todo ello, sin contar el microtráfico en universidades y en instituciones educativas donde en muchas de ellas, por lo menos en 80, existe un jíbaro distribuidor.

En las ciudades se aumenta de una manera violenta el Consumo. Y así, Colombia está pasando de ser exportador de droga a ser consumidor. Las consecuencias sociales de aumentar el número de drogadictos son trágicas.

De otro lado, los ilegales no se contentan con el microtráfico sino que amplían las fronteras del delito como empresa. En los buses urbanos encontraron una mina de dinero. Es frecuente ver protestas a diario porque a los transportadores se les cobra una vacuna o extorsión. Se estima que cada bus paga $30.000 diarios a los ilegales. Si se parte de 5.000 buses, son $150.000 millones diarios para aceitar la delincuencia.

De esta manera, la extorsión se extienda al comercio de la ciudad no solo del centro sino de los barrios y aun de los corregimientos. Pagan desde $10.000 hasta $100.000 semanal de acuerdo con el tamaño del establecimiento. La vacuna disfrazada para vigilar las viviendas se ha puesto de moda en la mayoría de las residencias de los barrios populares. Los propietarios de motos de los barrios populares pagan $5.000 semanales para poder ingresar con tranquilidad a sus propios barrios. Algunos profesores de la Comuna Nororiental son obligados a pagar semanalmente una cuota para permitirles dictar clase. Los combos que dominan territorios en algunas comunas exigen dinero a ciudadanos para poder cruzar ese territorio, al punto de la risa, de que para visitar la novia en la comuna trece el novio tiene que comprar una visa para todo el fin de semana que le cuesta $9.000. Y así, hasta caer a la última noticia de la revista semana, confirmada por empleados del municipio de Medellín: Los desmovilizados y los jóvenes con futuro que reciben un regalo mensual de la Alcaldía de Medellín de $400.000 deben pagar como extorsión una parte de esa beca a sus compañeros de combos. Hasta entre los combos mismos se vacunan y extorsionan.

Si se cuantifican los ingresos ilegales por extorsiones, pasan de $1.000 millones diarios, una cifra horrorosa, que multiplica cada vez más la ilegalidad.

El Delito como empresa está pasando a ser una de las empresas más prósperas. Son empresas del delito fundamentadas en la creación de un impuesto ilegal a los ciudadanos. Esta economía ilegal está creando ciudades arrinconadas con ciudadanos humillados por los ilegales.

Y no es solo Medellín, hacia allá caminan todas las zonas urbanas de Colombia.

Si no se toman medidas, si no se defiende la legalidad, vamos camino a la destrucción de la sociedad y al reinado de la ilegalidad. Cuando la ilegalidad crece, la institucionalidad se debilita. Y todo se empieza a resolver a bala y a la fuerza bruta.

SABIDURIA PARA GOBERNAR.


El servidor público encontrará su mayor satisfacción en la conciencia de haber cumplido con el mandato conferido.

La responsabilidad de procurar el bien común de una nación es competencia no sólo de las personas particulares, sino también del Estado, ya que el bien común es la razón de ser de la autoridad política. Es evidente que no puede haber comunidad política sin autoridad, desde luego que las personas en lo individual, las familias y los cuerpos intermedios no están en condiciones de alcanzar por sí mismos su pleno desarrollo.

De esta realidad deriva la necesidad de las instituciones políticas, cuya finalidad es hacer accesibles a las personas todos los bienes necesarios –materiales, culturales, morales y espirituales– para gozar de una vida auténticamente humana.

Por una parte, en el momento actual resulta imposible el sereno y eficaz ejercicio de la autoridad política sin un espíritu de diálogo, de concertación, de respeto y de apertura a los intereses legítimos de todos los sectores de la sociedad. Y por otra, este ejercicio supone siempre hacerlo en una actitud de servicio; de aquí que sea fundamental en el servidor público la virtud de la humildad y no olvidar que el mayor ejemplo lo dio el mismo Jesucristo cuando afirmó que había venido a servir y no a ser servido (Mt. 20.28). Sin diálogo, sin humildad y sin espíritu de servicio fácilmente se cae en actitudes de soberbia, despotismo y prepotencia.

Finalmente, el servidor público encontrará su mayor satisfacción en la conciencia de haber cumplido con el mandato que le confirieron sus electores, sin buscar enfermizamente alabanzas carentes muchas veces de sinceridad y dando valor a las críticas constructivas. Al asumir el poder el rey Salomón, en lugar de riquezas y honores, pidió a Dios sobre todo sabiduría para gobernar (1 Reyes 3, 9). Un gran ejemplo a imitar. ( CARDENAL RODOLFO QUEZADA)

lunes, 11 de abril de 2011

MAS ORALIDAD EN LA JUSTICIA.


Lunes, 11 de Abril de 2011 00:00/ EL NUEVO SIGLO

*Críticas sobre espectacularidad no tienen piso

*La reforma del Código General de Proceso

SE equivocan quienes desde distintas orillas están lanzando dardos a la Fiscalía, Procuraduría y los jueces por la forma en que se adelantan los procesos penales y disciplinarios. Hablan de una presunta “justicia espectáculo” y señalan intenciones de protagonismo mediático de los operadores judiciales. Ignoran esos sectores críticos que en el nuevo Sistema Penal Acusatorio la oralidad juega un papel clave en todas las instancias procesales y ello lleva implícito que la exposición de los delegados del ente acusador, titulares de juzgados y tribunales así como del Ministerio Público en los medios de comunicación sea cada vez más alta. Por lo mismo, en un país en donde la libertad de prensa se ejerce sin cortapisas es común ver y escuchar en directo las exposiciones de todos los actores de un proceso judicial, sin que ello implique en modo alguno que se esté violando la reserva sumarial o saltándose los principios del debido proceso.

Colombia debe acostumbrarse a las particularidades del nuevo sistema oral, pues si bien hasta el momento sólo se está generalizando en los procesos de tipo penal, la idea es que dentro de poco tiempo esta modalidad se aplique también a los asuntos judiciales de tipo civil, comercial, de familia, laborales y agrarios, todo ello con el fin de unificar procedimientos, simplificarlos y, sobre todo, darle más celeridad a la resolución de demandas y denuncias. Ya el primer paso se dio con la Ley 1395 de 2010, que convirtió los procesos civiles ordinarios y abreviados en procesos verbales, como un primer paso hacia la oralidad en la justicia.

Incluso, en el proyecto de ley que el Gobierno impulsa para reformar el Código General del Proceso, no sólo se prevé la oralidad en casi todos los pleitos sino también, según lo explicó la Casa de Nariño, el uso adecuado de las tecnologías de la información y la utilización racional del aparato judicial. El proyecto contempla que sólo sea escrita la etapa inicial de la demanda y la contestación; el resto deberá ser oral, es decir, la audiencia para la práctica de pruebas, la audiencia del fallo y la misma sentencia.

Si se cumplen los pronósticos gubernamentales, habría un total rediseño de las etapas del proceso, pues bajo los actuales parámetros el promedio de resolución de causas es de cuatro años en promedio. De esa forma, la idea es que una vez entre en vigencia la proyectada reforma, los procesos tarden, como máximo, un año en primera instancia y seis meses en la segunda. Obviamente sin que ello implique en modo alguno el deterioro de las garantías procesales y el derecho de los sindicados y acusados a una defensa técnica y con margen suficiente para rebatir pruebas y argumentos, restringiendo eso sí la desgastante costumbre de acudir a prácticas dilatorias que, en no pocas ocasiones, sólo buscan propiciar el vencimiento de términos y la nulidad de lo actuado. Si todo esto se aterriza en un marco normativo nítido y coherente, el nuevo Código General de Proceso ayudará a dejar atrás en poco tiempo el cuello de botella que hoy se presenta en miles de casos de tipo civil, comercial, agrario y de familia.

Es claro, entonces, no hay tal justicia espectáculo y que quizá la notoriedad mediática y el cubrimiento en directo de todo lo que pasa en los juzgados en donde se llevan a cabo casos como el de los Nule y otros escándalos de corrupción, sorprende a un sector de la opinión pública.

Pero, como dijimos, el país debe acostumbrarse a la oralidad en los procesos judiciales, tal como se está imponiendo en todo el mundo, bajo los principios de justicia pronta y eficaz para todos.

Colombia es el país con más desplazados internos en el mundo

Una de cada 97 personas en el mundo, o lo que es lo mismo, el 1 por ciento de la población mundial, se ha visto obligada a abandonar ...