LA BARBERIA, INVITADO LUIS PEREZ 12-03-11 PARTE A

LA BARBERIA, INVITADO LUIS PEREZ 12-03-11 PARTE B

¿Están preparados los políticos para gobernarnos?

Política y Administración

Número de revista : 32. Alberto J. Gil Ibáñez

“El juicio primero que se forma de un soberano y de su entendimiento se apoya en el examen de los hombres que le rodean”
(N. Maquiavelo, El Príncipe pág. 134)

El contexto intelectual y político

En los primeros tiempos de nuestra civilización era común entre los filósofos tratar las características y condiciones que debían reunir los gobernantes. Baste recordar a Cicerón o a Platón, cuando analizaban la preparación y deberes de los dirigentes de la República, o a Aristóteles cuando decía que “los que aspiran a saber de política necesitan también experiencia (…) Pues, mientras los hombres de experiencia juzgan rectamente de las obras de su campo y entiende por qué medios y de qué manera se llevan acabo, y también qué combinaciones de ellos armonizan, los hombres inexpertos deben contentarse con que no se les escape si la obra está bien o mal hecha.”1. Posteriormente Maquiavelo en su célebre “El Príncipe” describió al gobernante de un Estado moderno donde la ética se ponía al servicio del interés de la supervivencia del propio Estado (que en ocasiones se confundía con la del gobernante de turno), enfoque que, contra lo que ingenuamente se piensa, pervive con cierta fuerza en nuestros días2.

"Se olvida que también para llevar nuevas ideas a la práctica con éxito se requiere de gobernantes competentes y que es un derecho de los ciudadanos contar con los mejores dirigentes posibles y un deber de los partidos políticos proporcionárselos"

Hay que señalar, en todo caso, que esto no ha sido siempre así ni debe necesariamente serlo pues en un principio se pensó que una auténtica democracia debería servir también para seleccionar a los mejores, a los más virtuosos y sabios para velar por los intereses colectivos (Cfr. Aristóteles, Montesquieu, Rousseau y más recientemente, Harrington, Schumpeter, Sartori, entre otros, ver Javier Gomá, op. cit, págs. 203 y 266). Es decir, que los partidos políticos deberían tener entre sus funciones elegir a “los más aptos” para presentarlos como candidatos a unas elecciones y en segundo lugar, llegado el caso, para dirigir los designios del gobierno y sus ministerios (en ocasiones verdaderos “misterios”), consejerías o concejalías. De hecho, en otros países (Estados Unidos) u organizaciones de corte supranacional (Comisión Europea) resulta plenamente aceptado que la discrecionalidad del presidente no es total para nombrar los miembros de su gobierno pues sus candidatos/as deben pasar el correspondiente examen de una Cámara del parlamento, la cual en ocasiones rechaza a la persona propuesta por no resultar idónea para el cargo, sin que nadie se escandalice por ello.

"Sorprende sobremanera que precisamente cuando más difícil resulta gobernar menos atención se preste en nuestro país a preparar adecuadamente a sus gobernantes para hacerlo"

Tal vez el problema surge de considerar que es lo mismo “gobernar” que “representar”, pues para esta última función la sola elección de los representados puede y debe bastar.

Ahora bien, para ser honestos, esta situación pervive entre nosotros también porque el electorado (o al menos la ley electoral) lo permite. Para la mayoría de los electores resulta algo o bastante anecdótico entrar a valorar criterios de eficacia, eficacia o profesionalidad, no se vota al dirigente más preparado (este aspecto ni siquiera forma parte de los debates) sino al más simpático o al que apueste por el eslogan más sugerente. Ello en parte resulta lógico pues en unas elecciones se opta como mucho por un candidato a eleccion popular y sólo posteriormente (si los pactos post-electorales no lo impiden) depositamos nuestra confianza en él o ella para que se rodee del mejor equipo de gobierno posible. En otras palabras, en el juego electoral tiene más importancia hablar de la pintura del barco, del rumbo de la travesía, de si el capitán sonríe y sabe mantener el buen ambiente entre el pasaje, que de si conoce cómo funciona la sala de máquinas y sabe qué hacer en caso de naufragio. Cuando se antepone la ideología a que las cosas funcionen se olvida que también para llevar nuevas ideas a la práctica con éxito se requiere de gobernantes competentes y que es un derecho de los ciudadanos contar con los mejores dirigentes posibles y un deber de los partidos políticos proporcionárselos.

"No habrá mejora de la Administración si las propuestas de reforma y exigencias de capacitación afectan únicamente a los funcionarios y demás empleados públicos y no a sus máximos dirigentes políticos"

Por tanto, sorprende sobremanera que precisamente cuando más difícil resulta gobernar menos atención se preste en nuestro país a preparar adecuadamente a sus gobernantes para hacerlo.

"O bien la política es capaz de atraer a los mejores o se dota de los medios necesarios para que sus dirigentes puedan aspirar a los mayores niveles de excelencia"

Legitimidad y eficacia en la toma de decisiones

Nadie duda de que el gobernante elegido por los ciudadanos, esté legitimado para tomar decisiones públicas ni que también lo estén corporados que él/ella nombre con tal de que se sometan a la Constitución y la ley. Sin embargo, esa legitimidad es un requisito sine qua non pero no suficiente para garantizar que se tomen las mejores decisiones para la sociedad. Una persona legitimada por las urnas no está libre de tomar malas decisiones que puedan poner a la larga en peligro incluso el logro de los objetivos que, acertados o no, pretende conseguir (el programa electoral del partido) por una inadecuada preparación, por haberse rodeado de un mal equipo o por no saber escuchar a quienes alertan sobre riesgos o costes no previstos. Da la impresión de que muchos líderes políticos rechazan especialmente el tener personas alrededor con criterio propio capaces de llevarles la contraria, a diferencia de lo que aconseja el sentido común: “El príncipe prudente (…) debe preguntar mucho, escuchar a todos los preguntados con verdadera paciencia y mostrar cierto resentimiento a aquellos que, contenidos por algún respeto, no le digan entera su opinión” (Maquiavelo, El Príncipe, pág. 138).”

Por otra parte, dado que “la política es el arte de ejemplificar” la responsabilidad del que elige es doble6. El problema de elegir malos gobernantes no es sólo que se pierda así una oportunidad para dirigir y gestionar mejor la “cosa pública” sino que dado que un dirigente político funciona inevitablemente como imagen y referencia a imitar por el resto, extiende por toda la sociedad de forma mimética el contra-modelo que representa (el de “oportunista”, “indolente”, “imprevisor”, etc…). Del mismo modo, la falta de competencia profesional se refleja en aumento de gastos organizativos, por ejemplo en forma de Gabinetes cada vez más amplios compuestos por personal “de confianza” como consecuencia de la falta de confianza del dirigente político de turno en sus propias capacidades, así como en los altos cargos y directivos que paradójicamente ha nombrado “libremente”.

De esta manera se cortocircuita también uno de los cortafuegos más eficaces contra la corrupción: el de una “burocracia meritocrática impermeable al clientelismo” ya que “los políticos corruptos sobreviven en sus cargos gracias a que ofrecen bienes particularizados a miembros de redes clientelares, ya sean legales, como puestos en la Administración pública, o ilegales, como tratos de favor en contratos públicos” (Cfr. Víctor Lapuente, El País, 04/05/2010).

Capacidades y habilidades de un buen gobernante

Cabe por tanto preguntarse: ¿cómo se selecciona a nuestros gobernantes?, ¿es esta cuestión algo ajeno al interés del ciudadano? Tal vez si contáramos con políticos sensatos la flexibilidad a la hora de elegir a los dirigentes públicos pudiera resultar una ventaja, pero la realidad de los hechos parece exigir algunas precauciones que podrían pasar a formar parte de los usos y costumbre de nuestra ya no tan joven democracia (¿pasaría algo porque cada nuevo presidente dedicara su primer día a escuchar consejos y recomendaciones de sus antecesores en el cargo?). En este sentido, podemos plantear un cuadro mínimo de capacidades y habilidades que le deben ser requeridas a todo “dirigente”, es decir aquél, político o no, que no se contente con ejercer meras funciones representativas sino que aspire a dirigir bien un cargo público, o a una entidad o empresa pública, o incluso por qué no a presidir un gobierno. A fin de cuentas, si se exigen ciertos requisitos para dirigir un banco, una empresa privada o un club deportivo ¿seremos menos exigentes con los asuntos que nos afectan a todos y en los que se juega el futuro de nuestro país y de nuestros hijos? ¿No es justo reclamar del César que no sólo presuma de ser un buen dirigente sino que sea capaz de demostrarlo?


Por tanto cabe concluir que, contrariamente a lo que se piensa, en el sector público la necesidad de que sus dirigentes cuenten con la preparación y experiencia adecuada resulta todavía más acuciante que en el sector privado. No tenemos espacio en este artículo para desarrollar un perfil profesional completo. Pero de forma sintética podemos avanzar que además de una cierta experiencia previa mínima y los lógicos conocimientos de economía (pues dirigir un país no es cualquier cosa) e idiomáticos que demanda un mundo mas competente y mas idoneo con el manejo de la cosa pública, se requieren capacidades y habilidades específicas tanto al principio de su mandato (capacidad de liderazgo, de formar buenos equipos e integrarlos en el cumplimiento de los objetivos, diseño de estrategias y prevención de riesgos a corto, medio y largo plazo, etc…), como durante el desarrollo (dirección eficaz de reuniones, capacidad de aprendizaje y flexibilidad en un entorno cambiante, permanente actualización de capacidades y habilidades, iniciativa y capacidad anticipativa, etc..) y finalización del mismo (crear puentes para que las funciones puedan seguir con normalidad, dejar información ordenada y transparente). El objetivo prioritario es prevenir y adelantarse a posibles errores o riegos que deben y pueden evitarse: casos de corrupción , decisiones equivocadas en torno a los límites de lo público y lo privado , falta de previsión de los efectos de la crisis económica como consecuencia del agotamiento del modelo de desarrollo (ladrillo y proliferación de organismos públicos), otros riesgos y catástrofes etc , descoordinación organizativa, despilfarro de recursos e ineficacias por la falta de una estrategia administratica y coherente.


notas de pie de pagina.

1 Aristóteles, Ética Nicomáquea. Ética Eudemia (trad. y notas de Julio Pallí Bonet), ed. Gredos, Madrid, 1995 (3ª reimpresión, 1ª edición, 1985), págs. 407-408, parag. 1181ª.
2 Nicolás Maquiavelo, El Príncipe (trad. Antonio Zozaya), ed. Dirección y Administración (El Liberal), Madrid, 1887: “no han realizado grandes cosas sino aquellos príncipes que de sus promesas han hecho poco caso, y que han sabido con astucia engañar a los demás hombres” (pág. 102); “Debe en las épocas convenientes distraer al pueblo con fiestas y espectáculos, y como toda ciudad está dividida en artes o tribus, debe tener en cuenta estas agrupaciones” (pág. 133); “es común defecto de los hombres no acordarse en la calma de la tempestad” (pág. 141). Ver también, N. Maquiavelo, Breviario de un hombre de Estado: instrucciones a un embajador y algunas obras inéditas hasta el día (trad. Eduardo Barriobero y Herrán), ed. Reus, Madrid, 2010, en especial el escrito: “los torpes efectos de un gobierno corrompido”.
3 Ver Javier Gomá, Ejemplaridad pública, ed. Taurus, Madrid, 2009,
4 Ver Yehezkel Dror, Enfrentando el futuro (trad. J.J. Utrilla Tejo), ed. Fce, Mexico, 2000. Ver también Y. Dror, La capacidad de gobernar: informe al Club de Roma (trad. Carmen Aguilar), ed. Galaxia Guttenberg: Círculo de Lectores, Barcelona, 1994.
5 Z. Bauman, Modernidad y ambivalencia (trad. Enrique y Maya Aguiluz Ibargüen), ed. Anthropos, Barcelona, 2005, págs. 35 y siguientes.
6 La frase entrecomillada es de Javier Gomá (op. cit., pág. 261) quien cita a este respecto a Edmund Burke cuando criticaba el mal ejemplo que ofrecían los “amigos del rey” en el Parlamento con perversas consecuencias políticas y morales (nota 1, pág. 261).
7 Por Acuerdo de Consejo de Ministros (BOE de 6 de mayo de 2010) se redujo el rango de Dirección General del INAP a Subdirección General, lo que contrasta con la consideración de Subsecretaría que tuvo en parte de los años ochenta y noventa.

Abstract

The idea that no specific conditions are required for joining a government is becoming established. The present text analyzes the reasons that have led us to this conclusion, which are never the direct result of democracy. Actually, democracy must be compatible with choosing those best prepared within each political party for the governing function, especially nowadays in a world so complicated and uncertain. That is why a chart is presented containing the minimum capacities and abilities required of those who aspire to manage public organizations. Nevertheless, a distinction is made between representative and governing functions. Being chosen might be enough qualification for the representative function, whereas election is just a lawful requirement for governing that does not guarantee that the best decisions in the best possible manner are going to be taken, something to which we, citizens, are entitled.


Alberto J. Gil Ibáñez es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y Doctor en Derecho por el IUE de Florencia (Italia)

ES LA CORRUPCIÓN, ESTÚPIDO

Por Horacio Serpa.

Jueves, 17 de Marzo de 2011 00:00

“Los ataques al erario son nuestro pan de cada día”

“DONDE quiera que ponemos el dedo sale pus”, dijo el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, para expresar el grado de corrupción de esa entidad sometida por los paramilitares para legalizar la expropiación de más de 150 mil hectáreas de tierra en varias regiones del país. Despojo que puede ascender a más de dos millones de hectáreas a desplazados por la violencia y al propio Estado.

Esta frase, que luego retomó el presidente Santos, demuestra el grado de descomposición ética y moral del país, en donde la frontera de lo lícito se ha corrido de su eje, como si un tsunami de delincuentes armados y desarmados, sucios y perfumados, hubiera destruido la capacidad del Estado para combatir ese fenómeno.

Los ataques al erario son nuestro pan de cada día, con el agravante de que ya nadie se escandaliza. Es larga la lista de entidades oficiales afectadas por la contratación indebida. Durante años se creyó que saquear al Estado era una actividad lícita. Y favorecerse económicamente del poder político una manera plausible de ganarse la vida.

Colombia ocupa el puesto 78 en la lista de transparencia internacional. Es de suponer que en el próximo informe mundial hayamos descendido. Los investigadores de esos organismos deben estar tomando nota de cuánto sucedió en Inco, Incoder, la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Superintendencia de Notariado, y un largo etcétera de entidades oficiales corrompidas por los intereses oscuros de contratistas y políticos.

Bien hace el Gobierno en levantar los tapetes de las entidades del Estado para sacar la escoria que se esconde debajo y señalar responsables. Los organismos de control ya están entrando a castigar a los culpables. Los carteles de la contratación tiemblan.Apoyamos con decisión al presidente Santos en su agenda contra la corrupción, que es la prioridad para salir adelante.

Los recursos públicos no pueden seguir siendo el botín de los descompuestos. Los partidos políticos deben respuestas a la opinión pública. Los órganos de control tienen ante sí una enorme tarea. Pero también la sociedad civil y los medios de comunicación deben estar alertas para que las investigaciones no terminen en nada.

Debemos desmentir la desafortunada frase según la cual la corrupción es inherente al ser humano. El respeto a la ley, la honestidad, el altruismo, la convivencia y la promoción del bienestar común deben ser los valores de los colombianos. Nadie puede creer que robar vale la pena, porque la cobija la impunidad y el reconocimiento social, ni que el Estado es una casa grande para saquear indefinidamente.

El primer tema de la agenda nacional y regional es la lucha contra la corrupción. Quienes se opongan a esa cruzada por superar la política del todo vale, están en el lugar equivocado.

Cuando despega la campaña electoral hay que repetir, parafraseando lo que se dijo alguna vez en Estados Unidos, es la corrupción, estúpido.

Corrupción: qué es, qué no es y cómo prevenirla

Antonio Hernández Gamarra*

Semana del 14 de Marzo al 20 de Marzo de 2011.

POLITICA Y GOBIERNO

Para salir de los discursos y buscar soluciones concretas, hay que acabar la confusión entre prácticas políticas turbias, conductas delictivas originadas por el narcotráfico y corrupción propiamente dicha, además de distinguir los varios tipos de corrupción. Y hecha esta claridad, hay que hacer una reforma precisa para que la política no siga siendo simplemente otra empresa con ánimo de lucro.
-------------------------------------------------------------
El peligro de las confusiones

Por estos días se ha visto crecer, de manera notable, el uso de la palabra corrupción. No quiere ello decir que los fenómenos que se designan con el vocablo sean nuevos, y ni siquiera que sean crecientes. Es sólo que ahora comunicadores y columnistas han dado en llamar "corrupción" a prácticamente cualquier conducta delictiva.

Bajo tan genérica denominación se incluyen prácticas muy disímiles, en su origen y motivación. De esa manera todo es corrupción y se empieza a correr el riesgo de que nada termine siéndolo; y, algo peor, que esa confusión contribuya a laxitudes en el combate contra el delito.

Sin duda, muchas de las conductas delictivas que por estos días se denominan corrupción son manifestaciones claras de las múltiples carencias que tiene Colombia como sociedad. Sin embargo, es fundamental distinguir entre motivación y origen de tales conductas, si en verdad se quieren superar esas carencias.

Fue la política, no la corrupción

Pueden considerarse medios para mantener el poder, en el ejecutivo o en el legislativo, el cohecho para hacer aprobar reformas constitucionales o legales; las injustificadas exenciones tributarias; las dádivas presupuestales a los más pudientes; los recursos asignados a Familias en Acción y las manipulaciones alrededor de ese programa; y el apoyo electoral del paramilitarismo a sus aliados, para solo poner unos ejemplos.

Podrían tipificarse como conductas cuyo fin oculto fue darle lustre al gobierno con miras a perpetuarse en el poder, el asesinato de civiles a quienes se hizo aparecer como miembros de los grupos alzados en armas, o las falsas desmovilizaciones de falsos guerrilleros o paramilitares, o las interceptaciones de las comunicaciones de quienes, en su momento, se sospechó eran enemigos del gobierno. Todas esas conductas delictivas son repudiables y los autores de esos delitos deberán pagar la respectiva pena.

Sin embargo, ellas no tuvieron como motivación principal apoderarse del patrimonio público y para su extirpación del cuerpo social no se requiere cosa distinta de la desvinculación de la vida pública de sus protagonistas. Finalidad para la cual lo más importante es que la sociedad haya aprendido la lección y no esté dispuesta a tolerar en el futuro esos oprobios.

En efecto, pocas reformas se necesitan para lograrlo y de allí que el gobierno del Presidente Santos haya contado en sus inicios con una opinión tan altamente favorable, con sólo reafirmar el respeto por la separación de los poderes, al no considerar las opiniones contrarias al gobierno como delictuosas, y al recurrir a las vías diplomáticas para resolver las disputas con nuestros vecinos.

Lo único necesario para enderezar el rumbo de esas conductas delictivas es dignificar la política al entenderla como la forma de plantear y resolver los problemas públicos, y no como medio para inflar egos que conducen a visiones únicas sobre el mejor curso para la sociedad y sobre los medios más eficaces para resolver los conflictos que en ella se presentan.

Es narcotráfico, no corrupción [1]

Muchas de las manifestaciones cotidianas de la violencia en Colombia están asociadas con el tráfico de estupefacientes. Es ese fenómeno el que origina los sobornos a jueces y a miembros de otras ramas del poder público, su intimidación, los asesinatos de todo aquél que se considere como enemigo y otros delitos, cuya finalidad es poder actuar con total libertad en el manejo del negocio del narcotráfico.

En infinidad de casos esas conductas no atentan directamente contra el patrimonio público, porque apoderarse del mismo no es el objetivo en juego. Esos comportamientos antisociales se presentan con el fin de apropiarse de la renta que producen la venta y el consumo de los estupefacientes.

La lucha de la sociedad para hacer frente a esas conductas debería encaminarse a la búsqueda de soluciones eficaces contra el tráfico de drogas. Lo que empieza por alejarnos de la discusión bipolar, según la cual sólo es posible la superación de los males que trae consigo el fenómeno bien mediante la legalización del consumo o bien mediante su prohibición absoluta.

Búsqueda que pasa por medir apropiadamente los costos de ese combate en lo fiscal, lo ambiental, lo económico, lo institucional y lo político; y que también debe valorar la dolorosa pérdida de vidas humanas que ha significado la confrontación y que continúa significando cada día.

-En lo fiscal, es sabido que una porción significativa del gasto público se destina a reducir la producción de narcóticos, lo que le resta recursos a la educación, a la salud y en general a programas que podrían contribuir al bienestar de la población.

-En lo ambiental, el cultivo, la erradicación y la trashumancia propia de la aparición y rotación de las áreas afectan los recursos del bosque y terminan por contaminar muchas fuentes de agua.

-En lo económico, la exportación de narcóticos deprime la tasa de cambio con efectos muy hondos en otros sectores productivos; alienta el contrabando disminuyendo los recursos tributarios, y por todo ello repercute sobre la tasa de interés.

-En lo institucional, la búsqueda del enriquecimiento aparentemente fácil y la ostentación del consumo suntuario tienen repercusiones notables en el cambio de valores de muchos segmentos de la sociedad, en especial en los jóvenes.

-En lo político, bien conocidas son las audacias de los narcotraficantes al buscar no sólo influir sobre el poder legislativo mediante la elección de aliados, sino al procurar dominar la composición de los cuerpos colegiados, con graves efectos sobre la legitimidad de las instituciones.

Por todos esos perturbadores resultados, y por las confusiones de toda índole que genera el narcotráfico, ha llegado la hora de evaluar la política de represión a la oferta con mayor rigor y de valorar sin prevención las ideas que buscan darle al consumo un enfoque psico-profiláctico, con el objeto de tratarlo como un problema de salud pública y no como un asunto estrictamente criminal.

Si así se hiciera, el combate contra el narcotráfico sería parte fundamental de la política exterior de nuestro país, pues es en las naciones consumidoras donde se hace necesario dar el viraje al tratamiento al consumo. Curso de acción que requiere una opinión internacional que escuche las recomendaciones de la academia sobre este particular.

Las conductas delictivas asociadas con el narcotráfico no son, pues, una cuestión de corrupción, como con tanta frecuencia se escucha por estos días y para que se puedan combatir eficazmente, la lucha debería librarse más en la arena internacional que en el ámbito local.

Ahora sí qué es corrupción

Conductas que atentan, ellas sí, contra el patrimonio público son los sobornos para ganar las licitaciones y para impedir que ello se sepa; el robo y el mal uso de las regalías y de otros recursos públicos; la sobrefacturación en el precio de los medicamentos; el otorgamiento fraudulento de créditos en el Banco Agrario; las manipulaciones para apropiarse de los bienes incautados al narcotráfico mediante el ejercicio del poder en la Dirección Nacional de Estupefacientes; las manipulaciones para la concesión y liquidación de pensiones por fuera de las normas legales, o haciendo malabares para que no se vea la violación de ellas; la coima para no pagar el precio establecido por ciertos servicios públicos, e innumerables etcéteras.

Todas esas son acciones mediante las cuales, al hacer uso de su poder discrecional, los funcionarios públicos se apropian de bienes del erario para sí o para terceros, o hacen uso inapropiado de ellos.

La cabal comprensión del origen del fenómeno así definido supone entender sus modalidades e identificar los actores que en él se involucran. Para lo cual haré uso de la clasificación utilizada por Gabriel Misas Arango [2], quien propone diferenciar la corrupción que se origina en los trámites, la ligada al aparato político tradicional y lo que él denomina gran corrupción.

-La corrupción asociada con los trámites supone el pedido, o la aceptación, de pagos para agilizar o llevar a cabo trámites, acceder a ciertos servicios u obtener información en forma expedita. Estas conductas son, en general, practicadas por funcionarios de menor rango, afectan principalmente a los sectores de menores ingresos y, aún cuando de profunda raigambre, tienden a perder importancia por la expedición de las normas anti-trámites, los códigos disciplinarios, y por la importancia que han adquirido las acciones de tutela como instrumento para hacer prevalecer los derechos de los ciudadanos, en especial los de los menos favorecidos.

-La corrupción que se origina en el ejercicio del poder a la manera tradicional incluye prácticas como el nombramiento en la administración pública de personal innecesario o insuficientemente calificado para el desempeño de las funciones que se le asignan; la sobrefacturación de compras y el manejo de recursos públicos en beneficio de necesidades particulares de esos funcionarios o de terceros, usualmente para pagar el favor de unos nombramientos que no hubiesen tenido lugar de no mediar el uso de las influencias políticas.

-Esa segunda tipificación - también de vieja raigambre - viene siendo opacada por la gran corrupción a la cual concurren la voluntad delictiva de administradores de la cosa pública, de legisladores y de empresarios de la contratación, que se coaligan para adjudicar contratos, eliminar la competencia, obtener beneficios tributarios, apropiarse de parte de las rentas públicas, liquidar indebidamente los contratos y obtener subsidios a través de disposiciones legales que se tramitan expresamente para esos efectos.

Esa estratificación socio política de la corrupción ayuda a entender, sin duda, los fenómenos que se vienen sucediendo en nuestro país y permite evaluar la importancia de las reformas que se proponen para combatir el fenómeno. Porque es la gran corrupción la que ha venido ganando espacios en el transcurrir de la sociedad colombiana y minando, en forma notable, la capacidad del gasto público para construir una sociedad menos desigual, si bien toda forma de corrupción es condenable y le resta recursos al erario.

La política ¿gran empresa con ánimo de lucro?

El triángulo mencionado surge con la pretensión de trastocar el noble ejercicio de la política en empresa con ánimo de lucro; nace, en segunda instancia, de una ambición similar de quienes ocupan los cargos públicos y en ocasiones por la obligación de retribuir el apoyo para acceder a esas posiciones; y, en tercer lugar, de empresarios que utilizan el mecanismo como una forma de desplazar del mercado a sus competidores.

Fenómeno que se ha acrecentado en la medida en que nuestro sistema político electoral crea incentivos perversos para hacerse elegir y para buscar una rentabilidad privada como producto de ese ejercicio. Práctica que algunos de los legisladores ejercen para recuperar acrecentadamente los costos de las campañas electorales, y no en razón de su naturaleza. Porque esa, y casi toda corrupción, es más un crimen de cálculo que un crimen pasional.

El fraccionamiento de los partidos políticos ha servido como sólida base para las empresas electorales y como génesis de la gran corrupción, y aun más, de caldo de cultivo de la precaria institucionalidad de los últimos años en nuestra sociedad.

En la degradación de la política se encuentran los orígenes de la gran corrupción. Y lo que en último término permitirá tener éxito en el combate contra la corrupción es, precisamente, la recuperación de la política "como costumbre virtuosa, receptiva de los datos de la cultura, la tradición, el respeto al individuo y el vigor de la colectividad" [3].

Se necesita una reforma política que reduzca sustancialmente el costo de ser elegido al Congreso de la Republica. Lo cual supone eliminar el voto preferente y no reconocer gastos electorales a los aspirantes, a título individual, por parte del Estado. Ese reconocimiento debería reemplazarse por la financiación a partidos políticos sólidamente constituidos, cuyos gastos sean auditados con rigor y con profesionalismo por el Consejo Nacional Electoral. Cosa que hoy no es posible en razón de las aspiraciones financieras que incentiva el sistema electoral que nos rige.

Reforma política cuyo objetivo central debería ser el fortalecimiento del Estado y el perfeccionamiento de la democracia, con miras a construir una sociedad más solidaria, donde los recursos del erario se consideren sagrados como parte de la conducta social - y no sólo como promesa electoral de uno u otro partido político - y en donde este precepto se dé por sabido y respetado para el diseño de las políticas públicas.

La tiranía de las palabras

La distinción que aquí se hace entre prácticas políticas turbias, las conductas delictivas que se originan en la lucha por el reparto de las rentas que produce el narcotráfico, y la corrupción propiamente dicha, no desconoce que en múltiples ocasiones el actuar de algunos de quienes participan en esas actividades se entrecruza y se refuerza mutuamente y que, por lo tanto, en ocasiones esas conductas se presentan de manera simultánea.

Tampoco pretende este escrito que se adopte una definición unívoca de la corrupción. Cuando una palabra adquiere múltiples significados, es inútil pretender que sólo uno de ellos sea el correcto.

El propósito de este análisis es invitar a que huyamos de la tiranía de las palabras, de la cual se es víctima cuando se emplea un término sin saber con precisión lo que con él se quiere significar. Precisión que tiene una importancia que trasciende la simple discusión semántica, puesto que sin un buen diagnóstico [4] es imposible una buena terapéutica.

* Ha sido Contralor General de la República, Codirector del Banco de la República, Consejero Económico de la Presidencia y Ministro de Agricultura, entre otros cargos. Economista de la Universidad Nacional de Colombia y postgrado en economía con especialización en política monetaria en Rice University (Houston).

Notas de pie de página
-------------------------------------------------------------
[1] Esta sección y la siguiente se basan en varios trabajos que el autor preparó cuando ejercía el cargo de Contralor General de la República, entre otros "El impacto del narcotráfico en la sociedad colombiana" y "Colombia y las tesis del profesor Klitgaard", los cuales fueron publicados por la Imprenta Nacional en los tres tomos del libro Una Contraloría creíble y respetada, en 2006.

[2] Misas, A. Gabriel. "La lucha anticorrupción en Colombia. Teorías, prácticas y estrategias". Servigraphic Ltda. (2005)

[3] Fuentes, Carlos. "En esto creo". Seix Barral. Biblioteca Breve 2002. Pag. 212.

[4] Lo cual tiene como condición necesaria el cabal entendimiento de los términos envueltos en el problema que se analiza.

TORTUGA EN EL POSTE

Un joven está paseando por una plaza de uno de nuestros pueblos y decide tomar un descanso.

Se sienta en una banca, al lado hay un señor de más edad y, naturalmente, comienzan a conversar sobre el país, el gobierno y finalmente sobre los alcaldes y similares.

El señor le dice al joven:

- "¿Sabe joven? -

“LOS ALCALDES DE NUESTROS PUEBLOS SON COMO UNA TORTUGA EN UN POSTE."

Después de un breve lapso, el joven responde:

"No comprendo bien la analogía... ¿Qué significa eso, señor?"
Entonces, el señor le explica:
"Si vas caminando por el campo y ves una tortuga arriba de un poste de alumbrado haciendo equilibrio ¿Qué se te ocurre?"
Viendo la cara de incomprensión del joven, continúa con su explicación:
Primero: No entenderás cómo llegó ahí.
Segundo: No podrás creer que esté ahí.
Tercero: Sabrás que no pudo haber subido allí solito.
Cuarto: Estarás seguro que no debería estar allí.
Quinto: Serás consciente que no va a hacer nada útil mientras esté allí.”

“Entonces lo único sensato sería ayudarla a bajar"
EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DE 2011, HAGAMOSLE UN BIEN A NUESTROS PUEBLOS Y AL PAÍS, TRATEMOS DE QUE A NINGÚN “ANIMAL” LO VUELVAN A SUBIR AL POSTE.

POR UN VOTO DE CONCIENCIA Y DE OPINIÓN
Enviemos este email, para ir HACIENDO PATRIA a la hora de votar.

El Editorial del periódico EL COLOMBIANO.

El Editorial del periódico EL COLOMBIANO del 9 de marzob de 2011, deja claro que las denuncias por posibles actos de corrupción contra la Gobernación de Antioquia no son actos políticos de la oposición. Esto lo dice el decano del periodismo conservador en Colombia, partido al cual pertenece el Gobernador Ramos Botero:

¿Será que no quedan justos?

El país no debe resignarse a que la corrupción sea parte del paisaje, un fenómeno con el cual hay que convivir de manera irremediable. No puede aceptarse que se considere como "algo cultural". La dignidad de los habitantes de este territorio no puede convenir que se propague a todos los niveles. El liderazgo político exige actuar sin pasividad ni silencios complacientes.

EL COLOMBIANO | Medellín | Publicado el 9 de marzo de 2011

"La corrupción es inherente al ser humano", dice con cinismo, desde Miami, un contratista que parece llenar todas las credenciales para autoincluirse en tan numeroso grupo. Los hechos le darían la razón, en principio, si nos atenemos a las lamentables noticias del día a día, en lo que se refiere a la contratación administrativa en nuestro país. Ya hasta los encargados de fiscalizar la gestión pública -como se ha visto tristemente en Bogotá- son los encartados en bochornosos casos de delitos contra el patrimonio estatal.

Preguntada por este diario, la Contralora General de la República, con evidente pesadumbre, e incluso impotencia, confirmó que la corrupción en Colombia "es un fenómeno generalizado". "Ya no es la excepción", agregó, al hacer un repaso de la inabarcable actividad que compete a los organismos de control.

Colombia es uno de los países con mayor número de normas legales en materia de anticorrupción, y con presencia de numerosas entidades de control: procuradurías, fiscalías, contralorías, personerías, a más de las oficinas de control interno de cada una de las entidades del Estado, que no han podido contener el creciente desfalco al fisco, ni imponer parámetros de conducta sobre las que debe fundarse un servicio público decente.

La multiplicidad de leyes anticorrupción y de códigos disciplinarios no parecen disuadir a ningún funcionario venal, mientras que sí maniatan a los que buscan ejercer una labor competente y eficaz. Y las normas de contratación administrativa, como señala la Contralora, son caldo de cultivo de corruptelas varias, pues sus marañas procedimentales y sus imposibles concordancias con una actividad eficiente de la administración, llevan a que muchos contratistas idóneos técnica y éticamente, se marginen de los procesos de licitaciones públicas.

La corrupción ya no es encubierta, subterránea, sino desafiante, prácticamente a la vista de quienes no quieran taparse los ojos. Los "carruseles de contratación" son una manifestación más, y particularmente odiosa, de lo que ya parece una maña generalizada y sin ninguna región del país por manchar. En el caso de Antioquia, hay que esperar a que los organismos de control hagan su labor, ojalá a la mayor brevedad posible, y determinen si efectivamente existen los tales carruseles.

Pero mientras tanto, ya va siendo hora de que el Gobernador del Departamento haga una manifestación lo suficientemente contundente como para despejar tantas dudas e interrogantes que van surgiendo cada día con mayor insistencia. La ciudadanía demanda explicaciones y una claridad sin fisuras por parte del máximo responsable político y administrativo de Antioquia.

Nadie puede señalar sin pruebas, los rumores no son base de ninguna condena, el simple chisme no debe tener relevancia penal, pero cuando la sociedad comienza a sentirse asqueada por la sensación de corrupción, es tarea indelegable e inaplazable del liderazgo político poner las cosas en su sitio, informar bien, dejar la pasividad que puede tornarse en complacencia, y no escaparse por la vía fácil de atacar a quienes denuncian.

Nuestra concepción del ser humano nos impide acoger como cierto el temerario juicio del contratista que desde Miami intenta meternos a todos en su infectado saco. Creemos que aún quedan muchos justos, muchos honestos y muchos probos en nuestro país, aunque también muchos de los que deberían dar ejemplo de rectitud y dignidad, a veces nos hagan ir perdiendo la esperanza.

Seremos Fuertes??? Motivacion Y Superacion Personal

LA VERDAD SOBRE LAS BACRIM

Luis Pérez Gutiérrez

La verdad es la primera estropeada en los conflictos. Sobre la desmovilización y el nacimiento de las Bandas Criminales en Medellín y en el País, la verdad hay que reconstruirla.

La manera equivocada como se manejó el posconflicto de los desmovilizados, fue la semilla para el nacimiento y prosperidad de las Bacrim.

En 2003, la desmovilización de 900 combatientes del Bloque Cacique Nutibara, se hizo con tres exigencias de parte de la alcaldía de ese entonces. Asi quedó establecido en el Banco de Proyectos y en las actas de Consejo de Gobierno que son documentos públicos:

Una. Que los desmovilizados trabajaran de tiempo completo en labores que la Alcaldía les definiera en actividades públicas. Dos. Que estudiaran los sábados Y tres. Que se presentaran a una inspección municipal los domingos para reportar sus actividades de la semana o sometieran a ayudas de profesionales en resocialización con sus familias.

Cada Secretaria e Instituto Descentralizado dejó consignado los empleos de choque que ofrecería. El Inder para mantenimiento de escenarios deportivos. La Secretaria de Educación para sostenimiento de infraestructura escolar. El Hospital General para lavandería. Y asi, hasta Telemedellin vinculó ayudantes de camarógrafos.

El propósito era mantenerlos ocupados en la legalidad, reeducarlos y hacerles sano seguimiento para que se transformaran en ciudadanos de bien.

Si hubo desmovilizados falsos, la Alcaldía no tiene argumentos para negar o apoyar esa hipótesis, pues ese fue un acuerdo del Consejero Nacional de Paz con los Jefes Paramilitares en Ralito. Si hubo desmovilizados falsos, ese es otro delito y otro engaño que los ilegales le hicieron al país.

Pero sí sucedieron muchas acciones que permanecían ocultas, sin la verdad.

Según El Espectador, en noviembre de 2003, Alonso Salazar sin tener ninguna investidura oficial, y en contra de la voluntad del Consejero de Paz, se reunió con Don Berna en la clandestinidad pues “Don Berna no se había desmovilizado él ni su aparato paramilitar”. No se conocen los acuerdos de ese encuentro. Lo cierto es que en 2004, cuando se posesionó como Secretario de Gobierno de Medellín, Salazar cambió radicalmente la estrategia de darle empleos de choque a los desmovilizados, por la de regalarles del dinero público $400.000 mensuales por tiempo indefinido, sin hacer nada, vagando.

Eso convirtió a Medellín en el territorio favorito para los desmovilizados. Medellín se llenó de desmovilizados de todo el país: 4.300 llegaron.

El dr Alonso Salazar dice que el Alcalde de ese entonces, Luis Pérez, mintió porque no le dejó en el cajón del escritorio $20.000 millones para repartir a los desmovilizados. Así es el estilo de mal gusto como se expresa el Alcalde, proveniente de su ignorancia de lo que es un presupuesto público. Todo programa del Banco de Proyectos se ejecuta con el presupuesto del respectivo año. Los paramilitares y Salazar creyeron que había $20.000 millones en efectivo, para usufructuarlos y derrocharlos, guardados en una caleta, como si el Estado fuera una sucursal de las mafias o de los ilegales. Nadie podía ofrecer esa suma a los desmovilizados. Salazar inventa una hipótesis falsa para calumniar, ofender y buscar camorra; y quizás para ocultar las verdades de sus relaciones con jefes paramilitares, que cada día apareen más evidentes y lo ponen más nervioso. El alcalde se ve muy nervioso. Tan SI hubo presupuesto, que durante seis años, la Alcaldía, con dinero público, regaló a los desmovilizados $500.000 mensuales, sin tener que trabajar, y además, la Alcaldía hizo millonarios contratos con la Corporación Democracia y con otras entidades sin ánimo de lucro cuyos “dueños” eran desmovilizados. Todo eso está ahí, en documentos.

Organizadores de los multitudinarios Desfiles de Paz en Medellín los meses de noviembre, decían que esos desfiles se organizaban mediante una unión temporal clandestina de la Alcaldía y Don Diego Fernando Murillo, Don Berna. Cada uno aportaba su parte.

El Alemán acaba de decir que Salazar y Fajardo visitaron Villa Esperanza, donde estaban todos los jefes paramilitares, para hacer proselitismo. Otra más, y la verdad a medias.

Otra. El Dr Luis Carlos Restrepo, Consejero Presidencial de Paz, (El Espectador) dijo que se distanció de los procesos de Paz de Medellín porque el Dr Alonso Salazar y Sergio Fajardo le “entregaron todo el protagonismo del proceso de Paz a Job y a Don Berna”.

Y otra. La Revista Semana (Marzo 14 de 2011) transcribe que el Tuso Sierra quien dijo que en el 2004, los Grandes Jefes Paramilitares visitaban a los desmovilizados en la Ceja, en forma clandestina y con la complicidad de la Alcaldía y la Gobernación usando carros oficiales y chalecos oficiales para que nadie los reseñaba. Y dice que la Alcaldía de Medellín congeló las licencias de juegos de azar y solo las entregaba a los jefes paramilitares.

Y asi, de una manera oculta pero pública, los desmovilizados se empezaron a dedicar a actividades non sanctas y prácticamente quedaron a órdenes de los jefes paramilitares, quienes al mismo tiempo les entregaban salario adicional por su trabajo en actividades de “colaboración”. En 2005, Sergio Fajardo dijo que más del 10% de los desmovilizados seguían delinquiendo, pero NO les quitó el auxilio mensual. En 2009, expertos en violencia urbana y, aún, el líder nacional de los desmovilizados, aseguraron a los Medios que el 70% de los desmovilizados seguían delinquiendo y al mismo tiempo recibiendo dinero público regalado.

Y así la Autoridad como virtud de la democracia se fue debilitando ante la criminalidad. Los Desmovilizados parecían representar al mismo tiempo la legalidad de la Alcaldía en forma visible y la ilegalidad de manera oculta. Y para acabar de ajustar, la Alcaldía de Medellín en 2008, creó el programa Jóvenes en Riesgo y a cada persona que entregaba un arma ilegal le asignaban un regalo mensual de $400.000 pesos por tiempo ilimitado, y además lo indultaban porque la Alcaldía se comprometía a no investigarlos. Y así, con dinero público se pagaba un nuevo ejército ilegal de jóvenes en riesgo de cerca de 1.200 personas.

En 2009, se descubrió que gran parte de los de Jóvenes en Riesgo seguían delinquiendo y que con el dinero público sagrado y regalado modernizaron las armas y los combos. (Ver El Mundo). Y se tuvo que suspender ese programa. Una verdad que tampoco se ha hecho pública.

Durante seis años, la Alcaldía de Medellín llegó a sostener un ejército de casi 5.500 militantes pagados con dineros públicos, la mayoría delinquiendo y a ordenes de jefes en la ilegalidad. Más de $25.000 millones al año de dinero público se regalaba, sin darse cuenta, que era para aceitar la violencia.

5.500 jóvenes recibiendo dinero mensual gratis de parte del Estado y a disposición de los jefes ilegales, fue la semilla para el nacimiento y crecimiento de las Bacrim.

En Medellín el delito se multiplicó a ojos vistos. Se multiplicaron las casas de venta de droga, tiene hoy cerca de 700, que deja cada una un promedio de $700.000 diarios. Las vacunas a transportadores de $30.000 pesos diarios, generan casi $150 millones día a los ilegales. Se vacunan a las viviendas. Se cobran $5.000 semanales a educadores para poder dictar sus clases. Los comerciantes tienen que pagar vacunas. En fin el delito se convirtió en empresa. Cada vez, más gente vive de la ilegalidad. Los grandes capos se quedan con los negocios ilegales más grandes; y los demás negocios de acuerdo con su tamaño, los tienen los combos de acuerdo también a su poderío. Y lo peor, el territorio público se ha vuelto propiedad privada de los delincuentes. Pasar de una calle a otro es un delito mortal, y quien lo haga sin permiso puede ser asesinado. Y muchas bandas utilizan las torres de energía oficiales para señalar el territorio ilegal que controlan; esa señal es una advertencia que quien lo viole es un agresor.

Jaime Jaramillo Panneso, ilustre líder de la paz en Antioquia, en su escrito: El Señor Imparable, dice que Alonso Salazar para defenderse de las acusaciones de Don Berna “dedicó su tiempo y el mazo del poder municipal a perseguir a los desmovilizados. Desde ese mismo momento sembró la semilla de la renacida violencia urbana”.

Ahí están las Bandas Criminales destruyendo la legalidad de la ciudad. Si a cada desmovilizado, si cada joven en el conflicto, con ese mismo dinero, se le hubiera dado un empleo, si los hubiésemos puesto a trabajar dignamente, hoy no existirían las Bacrim. El empleo, el trabajo digno, es la mejor vacuna para que los ilegales vuelvan a la civilidad.

OVNI EN JAPON DESPUES DEL TSUNAMI 2011

El ejemplo del Contralor Autor: Eugenio Prieto .

Esta semana -9 de marzo-, el periódico El Colombiano -en un reflexivo editorial que compartimos integralmente-, nos convoca, a que no aceptemos la corrupción como “algo cultural”.

“El país no debe resignarse a que la corrupción sea parte del paisaje…”. “Ya hasta los encargados de fiscalizar la gestión pública -como se ha visto tristemente en Bogotá- son los encartados en bochornosos casos de delitos contra el patrimonio estatal”.

Es cierto, los responsables del control, además de fijar parámetros de conducta a sus vigilados, deben al mismo tiempo ser ejemplo en la práctica decente del servicio público y en el acatamiento de las normas sobre las que soportan su ejercicio constitucional y legal de controlar a otros. En este sentido, hemos denunciado las irregularidades del ejercicio del control fiscal en Antioquia, reiterando, que al igual que en Bogotá, merece amplios interrogantes sobre su imparcialidad, transparencia y autoridad moral.

En el caso de Antioquia, por “iniciativa del Contralor”, se crea la Fundación para el Buen Gobierno o para el Bienestar Global -FBG-, con un amplísimo objeto para contratar de todo como en botica, con la misma Contraloría, sus vigilados y un sin número de entidades territoriales por todo el país, obviando el elemento esencial de la contratación pública, la licitación. Muy grave también que la Asamblea General de la FBG -estatutos, artículo 10-, sea presidida por el funcionario sobre quien recae el ejercicio del control fiscal, es decir, el Gobernador de Antioquia o quien éste designe.

Además de lo anterior, y refiriéndonos a los “…bochornosos casos de delitos contra el patrimonio estatal”, no podrían ser más lamentables y vergonzosos, los graves hallazgos que contiene el informe final de la Auditoría Especial, realizada por la Auditoría General de la República a la Contraloría General de Antioquia -Enero de 2011-: “…evidenciándose una serie de actuaciones encaminadas a viabilizar la adjudicación del contrato 134/09, en contra de los principios de transparencia y selección objetiva”.

Dice la Auditoría sobre este contrato 134/09, por valor de $1.078 millones, adicionado en $539 millones, que paradójicamente tiene como objeto: “El Implementar una solución tecnológica que permita optimizar las actuaciones propias del Control Fiscal…”, que además de posible interés ilícito y abuso o desviación de poder, se obvió la obligación legal de adelantar una licitación pública; se organizó un proceso de selección para dar visos de legalidad a la contratación de una empresa con 40 días de creada; se vulneró el principio de la selección objetiva; y se ajustaron los pliegos a las necesidades de un oferente.

Estos gravísimos hechos, que configuran un presunto hallazgo penal, sobre quien ejerce el control fiscal en Antioquia, se pusieron en conocimiento de las autoridades penales a fin de que se establezca la posible existencia de un delito.

Unimos a todo lo anterior, los reparos de la Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli Rico: “La Contraloría en Antioquia no ha tenido la “suficiente diligencia” para investigar las denuncias de irregularidades en el sistema de contratación”. ¿Quién garantiza, entonces, que las cuentas auditadas al Gobierno de Antioquia, municipios y demás entidades vigiladas, incluyendo los contratos de la FBG, no tienen sesgo, presión indebida, permisividad o favorecimiento de parte de un Contralor que no tiene autoridad moral para fiscalizarlos?

Retomando el editorial de El Colombiano: “…aunque también muchos de los que deberían dar ejemplo de rectitud y dignidad, a veces nos hagan ir perdiendo la esperanza”.