EL COLAPSO VIAL

CULPA DEL INVIERNO O DE LA INGENIERÍA

Luis Pérez Gutiérrez

Pobre Invierno, todos le echan la culpa de nuestros males en la destrucción de las carreteras. Y la opinión pública, que se asusta con un aguacero, acepta sin controversia todas las acusaciones que se le hacen a las lluvias intensas.

Es cierto que la lluvia continuada puede debilitar algunas obras de infraestructura o traer dolorosas desgracias sociales; pero las grandes obras de infraestructura, y ojala las pequeñas, deben estar construidas para verano y para invierno. Es inaudito que grandes obras públicas que se han construido supuestamente con sobradas garantías técnicas, a costos elevados y que han sido distinguidas como obras de alta ingeniería, ahora colapsen con un aguacero.

Es imperdonable que la lluvia destruya una carretera como la Vía Palmas que comunica a Medellín con el Oriente Cercano, y a la que se le han invertido en alta ingeniería miles de millones de pesos. Luego de muchos cierres después de su inauguración, hace pocos meses se reinauguró de nuevo con gran publicidad y se aseguró que se habían corregido los 54 puntos críticos con otra nueva inversión millonaria y que ya no fallaría más. Hace 15 días un aguacero obligó de nuevo al cierre y no se sabe hasta cuándo seguirá colapsada.

Es inaceptable para la ingeniería que en la Vía Las Palmas se desestabilicen viaductos completos con menos de dos años de construcción. Es inaceptable que los hundimientos en la vía sean una constante imparable. Es triste que luego de tantas inversiones de alta ingeniería en la vía Las Palmas no se tenga remedio técnico para el derrumbamiento de taludes.

Otra obra de alta ingeniería nacional como es la carretera nueva Medellín Santafé de Antioquia con el Túnel de Occidente, sigue colapsada. Se cierra cada que llueve. Un pedazo de un viaducto se desencajó con un aguacero al poco tiempo de su inauguración. Crea excepticismo que una obra que costó más de $300.000 millones sufra cierres una y otra vez. Y en ocasiones ha tenido cierres hasta de más de 6 meses.

Con mucho valor el Gobernador Luis Alfredo Ramos aseveró hace algún tiempo que las obras públicas no se estaban construyendo con la seriedad técnica que se necesitaba ni se compadecía con los altos precios que se pagaban por ellas.

Y es así. La Ingeniería de Bulldozzer parece ser la que está primando en las obras públicas. Para hacer una obra pública, se meten primero los bulldozers que los diseños. La Ingeniería de consulta que sería capaz de detectar todos los riesgos futuros al construir una via, ya no es utilizada porque parece costoso invertir tiempo y dinero en lo que aparentemente no se ve.

Las Carreteras Colombianas no pueden seguir siendo construidas solo para el verano. Un viaducto no puede ser garantizado solo para un invierno o para uno o dos años de uso. Los hundimientos en las vías deben ser la excepción y no la constante. Tiene que ser motivo de reflexión para la Ingeniería Colombiana, que una Ciudad como Medellín, en apariencia con las obras de ingeniería más admiradas, quede prácticamente aislada por un aguacero fuerte.

Primero que lamentarse del invierno, merece un debate serio la ingeniería nuestra. Si una carretera construida con las más altas especificaciones no puede aguantar un invierno, no existe la Ingeniería. Si un viaducto reciente se desestabiliza con un aguacero, no tenemos ingeniería. Si una carretera de doble calzada con especificaciones técnicas serias se hunde por varios lados una y otra vez, la Ingeniería está en crisis.

Si la ingeniería entiende que una via no aguanta un aguacero, no debe aceptar construirla. Con la Ingeniería tenemos que ser exigentes a si como se les exige a médicos y a profesionales. Es hora de que la Ingeniería pase al Banquillo para que explique porque se deja derrotar de un aguacero.

El precio de la justicia

POLÉMICA.

En el Congreso les quieren poner coto a las acciones populares, que vienen convirtiéndose en una talanquera contra la corrupción. Aducen que los beneficios que logran quienes las interponen fomentan a los cazarrecompensas.

Las acciones populares, una especie de tutela que sirve para la protección de los derechos colectivos y la moralidad administrativa, están a punto de reformarse en el Congreso, y existe una fuerte polémica sobre las repercusiones del cambio. Según sus defensores, si se aprueba el proyecto, quedaría herida de muerte.

Y sus consecuencias serían graves. Esta figura constitucional sirvió para destapar escándalos como la compra irregular de acciones de Invercolsa por parte del ex ministro Fernando Londoño, para evitar la construcción en el humedal La Conejera en Bogotá y para atender las exigencias ambientales de quienes viven cerca de los basureros. Algunos municipios han realizado obras en el espacio público para atender las necesidades de los discapacitados, obligados por acciones populares.

A pesar de su utilidad, la figura tiene reparos. El principal es que en su aplicación se contemplan estímulos económicos a quien las interponga, si al final salen a su favor. De acuerdo con los críticos, esos pagos han facilitado la creación de carteles de abogados que se enriquecen a punta de demandar cualquier cosa. “Es un sistema de recompensas que en nada corresponde a las motivaciones esperadas por los ciudadanos al momento de defender intereses públicos o colectivos”, dice el senador Roberto Gerleín. Por su parte, quienes están a favor de que se mantengan los pagos dicen que sin esos recursos no hay cómo costear los gastos que exige un proceso de esta naturaleza. “El deber de solidaridad no es sinónimo de gratuidad”, argumenta el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, en un documento que enviaron al Congreso.

El mecanismo entró en vigencia en 1998, pero su uso se ha hecho más frecuente en la medida en que se han ido conociendo los fallos, luego de los ocho años que pueden tardar en resolverse los pleitos. En las acciones populares que velan por derechos colectivos los estímulos vigentes son de 10 a 150 salarios mínimos y se aplican a discrecionalidad del juez que falla. Según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, solo en el 1 por ciento de los casos se han reconocido incentivos superiores a 20 salarios mínimos.

El asunto de mayor sensibilidad es el relacionado con la moralidad administrativa. La ley prevé hasta un 15 por ciento de lo que el Estado recupere. “Aún en estos casos, el beneficio del actor popular no está por fuera de lo que el Estado pagaría si contrata a un particular para el cobro de una deuda”, dice Eduardo Quijano, representante de la Fundación Proteger, una de las entidades que lidera la idea de que se debata la regulación, pero no la eliminación de los estímulos.

Un estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia realizado con ocasión de los 10 años de entrada en vigencia de la ley que les dio vida da cuenta de cómo “para algunos empresarios ha habido abuso en su ejercicio”, y dicen que hay un incremento en la temeridad con que se ponen las acciones populares que los involucran y que “las decisiones judiciales desconocen en muchos casos la situación económica del país, generando crisis económicas en las empresas”. Aun así, no se conoce de condenas que parezcan escandalosas a favor de quienes ponen estas medidas. Además, la misma ley contempla que el juez puede condenar al demandante a pagar los costos ocasionados al demandado si considera que la acción se presentó de forma temeraria o de mala fe.

Que las acciones populares sean un mecanismo para atajar la corrupción o una irregularidad en contra del Estado en su relación con los particulares parece ser el fondo del debate. Esto no ha tenido suficiente ilustración en el Congreso, pues la modificación se viene aprobando a pupitrazo, de acuerdo con quienes han seguido el trámite. La eliminación de los mencionados estímulos está a solo un debate de quedar en firme y ya está en el orden del día de la plenaria del Senado. Con la controversia planteada, y ante el riesgo de sacrificar una medida que puede ser efectiva en el control público, vale la pena que su discusión tenga mayor despliegue.

(Revista Semana Martes 30 Noviembre 2010).

Carta abierta al Presidente de Panamá

Por Daniel Samper Ospina

Salve al doctor Uribe.

Salve a sus amigos, instálelos en el mismo condominio. Las reuniones de copropietarios recordarían los consejos comunitarios.

Permítame solidarizarme con usted, presidente Martinelli, y ofrendarle el más sonoro de mis aplausos por darle asilo a la doctora María del Pilar Hurtado. No se deje amilanar por el rechazo que ha despertado tan noble iniciativa: en Colombia tenemos la creencia de que la única mujer que merece vivir en un asilo es Noemí.

En un primer momento estuve en desacuerdo con su decisión: comenzó la tapadera, pensé. Incluso cuando alguien hablaba del 'Tapón del Darién', suponía que se referían a usted.

Pero eso era antes, estimado Presidente, cuando era un miserable resentido. Ahora me he vuelto una persona sensible, compasiva con los políticos colombianos. Pobres. Hay un plan para desacreditarlos a todos. A todos. Mire el caso de Samuel Moreno, por ejemplo: tuvo que instalar una pista de patinaje frente a su oficina para que no queden dudas de que lo mejor que sabe hacer como alcalde es patinar. Y mire el caso del Partido Verde: una revista científica publicó que el alcohol era peor que la droga con el único fin de desprestigiar a Luchito.

Pero los que más me preocupan son los uribistas, víctimas indefensas que merecen toda nuestra solidaridad.

Por eso, no solo aplaudo que reciba a la doctora Hurtado, sino que lo invito a que acoja a otros patriotas que también están en peligro. Acójalos, señor Presidente. Son grandes personas. Convénzalos de que se vayan para allá. Reciba a Sabas 'el Cabezaehuevo' Pretelt; haga que Pachito se autonombre corresponsal en Panamá; invite a ese faro moral que es César Mauricio Velásquez; convenza a Fernando Londoño y a Ernesto Yamhure de que empaquen tirantas y escopetas, y aterricen allá. Y dé la bienvenida al filósofo más importante que ha dado Colombia después de Francisco Maturana: el doctor José Obdulio Gaviria, gran sostén del uribismo: un sostén casi tan grande como el que tuvo Laura Acuña antes de que tomara la lamentable decisión de retirarse las prótesis.

El doctor José Obdulio puede cumplir un gran papel en el canal de Panamá. Sabe mucho de canales. Acá intrigaba para tener uno. A mi juicio era un propósito innecesario: la verdad es que en Colombia no solo no hace falta un nuevo canal, sino que sobra uno de los dos que hay. Pasan series idénticas, novelas igualitas, se copian todo el tiempo el uno al otro: sobra uno.

Reconozco que espiar opositores no es muy elegante, y es cierto que durante el periodo de Uribe periodistas, magistrados y políticos de la oposición fueron seguidos muy de cerca por el gobierno, hasta el punto de que los detectives sabían dónde compraba las sudaderas de toallita Cecilia López y cuáles eran los horarios en el Ipler de Juan Manuel Galán.

Pero, doctor Martinelli, entiéndalos: como grandes intelectuales, los uribistas ponen a funcionar la inteligencia por instinto.

Ayúdeme a salvarlos de este país ingrato.

Pero, sobre todo, ayúdeme a convencer al doctor Uribe de que él también se asile en Panamá. Que se saque de la cabeza esa tonta idea de seguir haciendo política en Colombia, un país que no le ofrece garantías: el congresista de la Comisión de Acusaciones que lo investiga, para que usted se dé cuenta, es de apellido Bocanegra. ¿Es serio que a uno lo juzgue alguien con ese nombre? ¿Hace el señor Bocanegra honor a su apellido, como la doctora Hurtado? ¿Puede un Bocasucia, como Uribe, ser juzgado por un Bocanegra?

Salve, pues, al doctor Uribe de esta horrible persecución de la que es víctima. Salve a sus amigos, que merecen una vejez tranquila. Instálelos a todos en el mismo condominio. Las reuniones de copropietarios recordarían los consejos comunitarios. En el salón comunal, el doctor Uribe haría un balance de los orinales de su apartamento; contrataría a sus hijos para que sacaran la basura al shut; gastaría todo el presupuesto en celadores y le regalaría los jardines a la familia Dávila Abondano.

Pero irían a la playa libres y felices, como se lo merecen. Puedo verlos: puedo ver a la señora Hurtado en un bikini mínimo, a Sabas en una tanga diminuta. José Obdulio, ya sin presiones, corre desnudo por la arena y apenas se tapa la porquería con una mano, como lo hizo Gregorio Pernía en inolvidables fotos artísticas. César Mauricio, tenso pero emocionado, trata de ver qué tan Moreno es Bernardo con el rabillo del ojo, contrario a Sabas, a quien se le alcanza a ver el ojo del rabillo. Uribe nada en el mar sin hundir la cabeza y luego echa sus carnitas al sol sin ponerse bloqueador: ¿para qué lo necesita, si de todos modos vive ardido? Después da una declaración en la que aprueba la figura, ya no del asilo, como esta semana, sino de la doctora Hurtado, cuyas curvas voluptuosas recuerdan las de Yidis: salvo la de aseguramiento, que le luciría muy bien, ambas tienen medidas similares.

Sálvelos, Presidente, de la severa justicia colombiana. Estos próceres de la patria no merecen padecer las rigurosas penas que les dictarían en Paloquemao: podrían darles hasta un mes de casa por cárcel y tendrían que usar unos incómodos brazaletes electrónicos a los que ellos mismos deben ponerles las pilas, porque el Inpec carece de presupuesto.

Evíteles ese calvario. Cúbralos, pues, con la bandera panameña. Nos dolerá en el alma perder para siempre la guía del doctor Uribe. Pero le aseguro que sabremos reponernos.(OPINIÓN / Revista Semana. Sábado 27 Noviembre 2010)