Septiembre 28, 2018 - 12:19 AM el Nuevo Siglo
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La elección popular de alcaldes
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Hay que fortalecer régimen municipal
Uno de los avances más importantes en
la democracia colombiana fue, sin duda, la elección popular de alcaldes, que
tuvo en Álvaro Gómez Hurtado a su principal impulsor. Como se recuerda, la
posibilidad de que la ciudadanía escogiera en las urnas a su mandatario
municipal fue establecida por un acto legislativo de 1986 y se concretó dos
años después. Es decir que se están celebrando tres décadas de ese hito
histórico electoral y, por lo mismo, en algunas instancias se analiza la
evolución de esta figura, más aún en momentos en que el país asiste, de nuevo,
a un intento de reforma política integral.
Una reforma en la que, incluso, se
tiene planteada la posibilidad de que en los municipios con población superior
a los 100 mil habitantes se pueda realizar una segunda vuelta electoral si
ninguno de los candidatos a alcalde logra el 50 por ciento más uno de los
votos. En estos casos irían a un balotaje final los dos aspirantes que hayan
logrado la mayor cantidad de apoyos en las urnas. De igual manera se continúa
discutiendo sobre la posibilidad de que, descartada la alternativa de
reelección inmediata a todo nivel, entonces se proceda a la unificación de
mandatos entre el Presidente de la República, los gobernadores y alcaldes, de
forma tal que los respectivos procesos eleccionarios se realicen de forma
paralela o con poco tiempo de diferencia. Esto con el objetivo de poder
acompasar las agendas nacional, regionales y locales.
En términos generales es claro que la
elección popular de mandatarios municipales ha sido un elemento dinamizador de
la democracia directa y participativa, especialmente en lo relativo al
surgimiento de nuevos liderazgos políticos, partidistas y expresiones
independientes. Incluso, fue a partir de la misma que se ha profundizado en otros
niveles de democracia local y regional como la creación de las Juntas
Administradoras Locales (JAL) o la consolidación de las áreas metropolitanas
alrededor de varias capitales. Es más, si en 1988 no hubiera arrancado la
escogencia ciudadana de los burgomaestres, en la asamblea constituyente de 1991
no se habría avanzado fácilmente a que los gobernadores también tuvieran origen
en el dictamen popular y no por designación presidencial discrecional.
También es claro que la elección
popular de alcaldes fue la cuota inicial de la descentralización administrativa
y presupuestal en Colombia, pues permitió el inicio gradual del traslado de
funciones y presupuestos del nivel nacional al regional y local.
Tras diez citas generales en las
urnas para escoger a los mandatarios municipales esta figura es ya una
conquista democrática imposible de reversar. Sin embargo, resulta evidente que
urgen ajustes para evitar que su efecto dinamizador se difumine. En primer
lugar, se requiere que el sistema electoral en general se depure de tantos
vicios que hoy lo medran, como la compraventa de votos, la politiquería y la
corrupción que se ha apoderado de las administraciones municipales a través de
redes de contratistas inescrupulosos, funcionarios deshonestos al por mayor y
el desgreño en el manejo de lo público. En segundo lugar es imperativa la
modernización del régimen administrativo municipal (y distrital) con el fin de
darle más dinamismo y capacidad de ejecución al nivel local. De igual manera se
requiere definir de una manera más puntual y detallada el rol que los alcaldes
cumplen en materia de control del orden público, seguridad urbana y aplicación
territorial de la política de posconflicto. También es urgente que se reforme
el Sistema General de Participaciones (SGP) que define el volumen de traslado
presupuestal del gobierno nacional central a las gobernaciones y alcaldías. No
menos importante resulta redefinir la estructura y funcionalidad de
instituciones locales como las personerías, contralorías, inspecciones de Policía,
comisarías de familia, secretarías de despacho y otras instancias de orden
local que registran constantes choques institucionales. Y qué decir de otros
asuntos pendientes en materia de fuentes de recursos directos, estructura
tributaria, salvavidas fiscales, fondos pensionales, carrera administrativa y
mayor protagonismo en el manejo de las regalías.
Como se ve, las tres décadas de la
elección popular de alcaldes son una oportunidad trascendental para analizar,
no la figura como tal, que ya dijimos es una conquista democrática
irrenunciable, sino las medidas de todo nivel para mejorar el marco normativo y
funcional de las administraciones municipales, sobre todo ahora que de nuevo se
discute una reforma política y electoral de amplio espectro.
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