9 Nov 2018 - 12:00 AM
Por: Jorge Iván Cuervo R. / EL ESPECTADOR
Los países con mayores tasas de
tributación tienen mayores posibilidades de garantizar el bienestar de sus
ciudadanos. Esa es una realidad que nos cuesta aceptar en Colombia, donde pagar
impuestos aún se ve como una extracción indebida del Estado.
Colombia es un Estado social de derecho
y su funcionamiento cuesta, y el Estado se financia básicamente con los
impuestos que cobra a sus ciudadanos, ese es el pacto básico que caracteriza a
los Estados de bienestar europeos, donde un ciudadano contribuye, en promedio,
con la mitad de sus ingresos a cambio de bienes públicos de calidad y servicios
sociales a bajo costo o incluso gratuitos. En el fondo, pagar impuestos en un
país como Suecia o Canadá es una forma de ahorro y de seguro social.
En Colombia necesitamos pagar más
impuestos, el problema es cuánto y en qué proporción paga cada quien, pero
también se necesita un Estado capaz de transformar esos impuestos en inversión
pública transparente y eficaz. Que la gente vea sus impuestos, como se diría
coloquialmente.
En el debate político lo que debería
discutirse es eso, qué tipo de impuesto, cómo recaudarlo, a quién cobrárselo,
si a las personas o a las empresas, y en qué proporción, cómo enfrentar a los
evasores y cómo compensar a los más pobres para que también reciban los
beneficios del pacto social al que aspiramos ser según el diseño
constitucional.
Un candidato que dice que no sólo no
subirá los impuestos sino que los reducirá, como lo hizo Iván Duque en campaña,
hace mucho daño al debate democrático y a la cultura tributaria que necesita un
país como Colombia. Al ciudadano le gusta oír que no le subirán los impuestos y
más aún que se los bajarán. Ese es un discurso fácil de vender, pero
terriblemente irresponsable.
Las cuentas
nacionales son públicas y cualquiera podía establecer la necesidad de más
recursos para el Estado, incluyendo los compromisos derivados del Acuerdo con
las Farc. O Duque no vio esa información, o la omitió para engañar al
elector. La inflexibilidad del gasto
público en Colombia establece unos compromisos ineludibles y la
caída de los precios del petróleo desde 2014 ha afectado las finanzas del
Estado, de suerte que era irresponsable decir que se bajarían los impuestos
porque no hay margen para ello.
Ahora el presidente
Duque y especialmente su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentan
una nueva reforma tributaria, llamada de manera eufemística ley de
financiamiento, donde se propone disminuir en un punto el IVA, pero extenderlo
a toda la canasta familiar, aumentar la base del impuesto de renta para
personas naturales, reducirlo para las empresas y establecer un mecanismo de
compensación para los hogares más pobres, reducir de manera gradual la renta
presuntiva y otras medidas como la de gravar pensiones y la venta de vivienda
usada. Fedesarrollo ha llamado la atención sobre el posible efecto
inflacionario y recesivo de la reforma, y las dificultades de cumplimiento de
la regla fiscal y la reducción del déficit estructural, preocupación que también ha
dejado ver el gerente del Banco de la República.
El Gobierno no la tiene fácil para
tramitar la reforma en el Congreso, la mayoría de sectores políticos se oponen
a ella, incluyendo el partido de gobierno, el Centro Democrático, que ha hecho
saber su rechazo al tema del IVA. La falta de liderazgo de Duque empieza a
sentirse, y si bien Carrasquilla superó la moción de censura, sale debilitado
para defender la reforma ante la opinión pública, pues no genera ni confianza
ni credibilidad.
No toda vale a la hora de hacer
campaña, decir mentiras no puede ser aceptado, así sea por un fin superior,
pero en materia de impuestos es peor porque se pierde la credibilidad y termina
afectando la viabilidad política de la propuesta.
