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La ‘registraduría paralela’ que varios funcionarios y exfuncionarios de los organismos electorales montaron en el Valle ya habría funcionado en otras regiones del país.
La ‘registraduría paralela’ que varios funcionarios y exfuncionarios de los organismos electorales montaron en el Valle ya habría funcionado en otras regiones del país.
El viernes, la registradora ad hoc Alina Martínez, la secretaria del Consejo Electoral Adriana Castro, el ingeniero José Francisco Angulo y Luis Enrique Forero, un exempleado de servicios generales que se movía en una lujosa camioneta, fueron notificados de que el intento de fraude que los tiene presos desde el pasado fin de semana no es el único caso en su contra.
Aunque el Registrador Nacional considera que no hubo posibilidad real de afectar los resultados, la Policía y la Fiscalía no minimizan el riesgo. A fin y al cabo, en la supuesta red delictiva figuraban una persona con acceso a la presidencia del Consejo Electoral (donde se resuelven las impugnaciones de resultados), una empleada de confianza de la dependencia de la Registraduría que organiza las elecciones y un ingeniero con 23 años en la entidad, que ha apoyado los sistemas en decenas de jornadas electorales. “Estamos poniendo gobernador en el Valle, así de sencillo”, resumió Forero en una conversación telefónica interceptada por la Dijín.
“Tenían acceso a claves de la empresa contratada para transmitir los datos de los municipios y también a información sobre testigos electorales -dice un investigador-.
Tras la pista de Martínez
La atención del país se ha concentrado en Adriana Castro, secretaria del presidente del Consejo Electoral. Sin embargo, los investigadores están muy interesados en Alina Martínez, que entró a la Registraduría en 1981. Además de al Valle, este año fue asignada a las elecciones atípicas de Yarumal (Antioquia) y Cota (Cundinamarca). Ella depende de Alfonso Portela, registrador delegado para lo electoral, quien decidió enviar al Valle a funcionarios de otras regiones como medida de transparencia.
En una de las conversaciones interceptadas, el ingeniero Angulo le preguntó a Martínez su número de cuenta, “para consignarle una cosita”. Ella le envió el dato en un mensaje de texto que está en manos de la Fiscalía.
Otra punta de las pesquisas es el papel de Jairo Candelo Banguero, también capturado, que el año pasado fue magistrado del Tribunal de Garantías Electorales para las elecciones regionales. Supuestamente, fue el enlace con el exsenador Juan Carlos Martínez, quien habría delegado para la logística del fraude a María del Pilar Yangana, secretaria general del cuestionado Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MÍO). Según la investigación, ella compró los 10 computadores y cerca de 20 celulares incautados en el hotel Calima Real. Como es cabeza de familia, le dieron casa por cárcel.
En los próximos días, un fiscal anticorrupción escuchará la versión de Martínez Sinisterra sobre el nuevo caso en su contra. Según un oficial que conoce el proceso, “la lista de los salpicados por este proceso va a extenderse, incluso hasta Bogotá”.
El hecho es que, por primera vez en un país en el que cada jornada electoral genera cientos de denuncias (736 en las regionales del 2011), hay un caso sólido, que podría terminar en la condena de un ‘cacique’ como Martínez.
Eso no pasó ni siquiera en 1997, cuando el exsenador Álvaro el ‘Gordo’ García, condenado por ‘parapolítica’, anunció que voltearía los resultados de las elecciones para gobernador de Sucre, que perdía Erik Morris. Al día siguiente, este amaneció elegido, pero una década más tarde terminó como su mentor: sentenciado por pactar con las Auc.
Las historias detrás de los seis capturados
Jairo Candelo B.
Fue obrero de la Secretaría de Obras del Valle. Llegó a presidir el sindicato de la Gobernación por más de 10 años. Estudió Derecho y a mediados de la década pasada se jubiló. Fue diputado. En el 2000 intentó repetir y ‘se quemó’ por 500 votos. Del liberalismo pasó a ‘la U’ y el año pasado fue magistrado del Tribunal de Garantías Electorales del Valle.
Adriana L. Castro
No es la primera vez que Castro, casada y con dos hijos, se enfrenta a un lío por supuestas irregularidades en elecciones. En abril llegó al Consejo Electoral una denuncia porque, al parecer, se quedó con 250.000 pesos de viáticos, tras una misión oficial. El caso llegó, por reparto, a su jefe, José J. Plata, quien lo envió a la Oficina de Control de la Registraduría.
Pilar Yangana
Vinculada al MÍO. En enero, Heriberto Arrechea, presidente del partido, solicitó su inclusión en el consejo directivo. Desde entonces firma como secretaria ejecutiva. En el Valle la consideran la mano derecha del exsenador Juan Carlos Martínez, que la delegó para la operación. Tras la muerte de la esposa del controvertido político, se habría encargado del cuidado de sus hijos.
Alina Martínez
Esta analista de sistemas ingresó a la Registraduría en noviembre de 1981. Cuando se supo que estaba implicada en la conspiración, casi nadie en la entidad podía creerlo, pues hace parte de un grupo enviado a sitios con alta posibilidad de fraude. Compañeros suyos dicen que tiene algunas limitaciones financieras. Su familia reside en El Cerrito y en Cali.
José Francisco Angulo
Ingeniero de sistemas de 44 años que trabajaba en la Registraduría Nacional como ingeniero de soporte. Su función era la de alterar los resultados electorales a favor de Francined Cano a través del trabajo en una base de cómputo paralela a la legal. La Policía asegura que hizo la presentación de ‘power point’ que aprobó el exsenador Juan Carlos Martínez.
Luis E. Forero T.
Su último puesto en la Registraduría fue el de conductor mecánico del Consejo Electoral, de donde salió en agosto del 2011. Forero era conocido en la entidad como ‘Chuky’. En la audiencia de imputación de cargos dijo ser comerciante y tener un taxi. Pero la Policía asegura que su misión fue buscar información confidencial de las elecciones.
