viernes, 27 de mayo de 2011

Alguien dejó morir a Clara Elvira


Murió en Betania el 16 de enero de 2011 a las 2 y 50 de la tarde. El día y a la hora que quiso. No cuando quiso el sistema de salud, no: cuando ella quiso: les ganó la pelea. O sea que se resistió a morir. O sea que, en últimas, la murieron, la dejaron morir, le causaron la muerte…

Porque quería vivir Clara Elvira. Al menos hasta el próximo enero, para los quince de su nieta mayor. Es que sus sueños eran siempre así: inmensamente sencillos, sencillamente inmensos. Un carro funeraria la condujo a Popayán, a nuestra casita, después de que el sistema de salud la condujo a la muerte.

Su respiración se hizo difícil las últimas dos horas. Se chupaba todo el aire de la habitación, como si sólo de aire se pudiera vivir, o como si a punta de aire se le acabaran los tumores que le estrangulaban el pucho de hígado que le quedaba. Cuando se chupó todo el aire de la comarca se dejó ir, descansó. Descansó. De años de sufrimiento, de enfermedades sucesivas y simultáneas, de diligencias por su salud, de existencias sobrevividas. No de vida digna, no: de una existencia sobrevivida a duras penas. Murió en Betania –como Lázaro– un lugar que tiene la clínica Valle del Lili a las afueras de Cali.

Para resumir diremos que le negaron los servicios. (Los servicios de salud–los de su cónyuge es asunto de ellos dos solitos, si es que aplica–.) Ya me imagino la respuesta. “Tenemos en nuestros registros que todos los servicios se le prestaron” y sacan la papelería. No se tomaron las medidas a tiempo. “Todo se hizo como ordenan los procedimientos”. Dilataron las citas, la entrega de medicamentos, retuvieron o demoraron órdenes de apoyo, le cambiaron sitios de atención. Por dentro la torturaban los tumores. Por fuera la torturaba el Seguro Social, después la Nueva EPS, la misma vaina. Ni siquiera el hecho de tener tutela le garantizó los servicios. Ni siquiera que mi hermana menor le ganó un desacato a la Nueva EPS (03 de diciembre de 2008). Ni si quiera las recomendaciones escritas de los especialistas en las cuales advertían la importancia de dar el tratamiento para su cáncer en forma continua y a tiempo.

Pues sí, tocó poner la tutela (8 de Noviembre de 2006) porque le negaban un examen mientras por dentro un tumor crecía a ritmo de Saludcoop. Lo que le negó el sistema de salud se lo garantizó el sistema judicial. Y como a ella a miles de colombianos y colombianas. Los jueces se volvieron parte vital del sistema de salud. Con razón se dijo hace poco que los jueces no saben de salud, que hay que sacarlos. Menos mal que no saben porque a los que se saben la ley 100, sus decretos y sus reformas, se les olvidó la salud. Una señora, Adriana Vásquez, con hernia discal fue sacada de la clínica la Estancia, en Popayán, retorciéndose del dolor, “porque ya se cumplieron los cinco días del protocolo”. A las tres horas debió volver en ambulancia, la señora, aullando del dolor como una loba, que ni Shakira en su mejor momento. Las normas se las saben de memoria; la salud, el trato humano, el gesto de atender a alguien que ha enfermado, se ha olvidado.

La dilación consiste en negar los servicios sistemáticamente, óigase bien, sistemáticamente. Esto quiere decir que conscientemente se niega lo que debería garantizarse. Conscientemente, a sabiendas, esto es, sabiendo que están mandando a morir a mucha gente. ¿Para qué dilatan? Con dos intenciones, una, que el paciente se aburra y tire la toalla. Y de paso logran que con el enfermo, con la enferma, enferme toda la familia y la vida se vuelva un martirio. Me dijo doña María, en Piendamó, Cauca, hace poco: tengo que entregar a mi hija (con un problema de columna) a Dios porque ya no puedo más con las vueltas dela EPS. Mejor dicho, lo que logran no es que tiren la toalla de las diligencias. Es que tiren la toalla de la vida. Una señora en Timbío, Cauca, Jesusita Portilla, murió esperando una orden de apoyo para un examen. Al mes de muerta le llegó el papel. Dos, provocar que el paciente entutele para librarse de los costos, ya que, una vez ganada la tutela, los costos los asume el FOSYGA (fondo de seguridad y garantía). Cuando los pacientes logran los servicios que buscaban hacía meses ya es demasiado tarde. Se ha cerrado el círculo de la ganancia que termina en la muerte.

“Me la mandaron demasiado tarde” nos dijo Pedro Argüello, el cirujano que le sacó los dos tumores del tamaño de guanábanas que le aprisionaban el hígado. Hablamos de Clara Elvira. “De haberlo hecho a tiempo habríamos reducido los tumores con pastas (Imatinib) y luego sí habríamos operado”. Demasiado tarde. Ahora sabemos que incluso los muertos dan billete en el cartel de la salud.

O sea que, en últimas, la ley 100 está diseñada para causar daño humano y generar grandes ganancias monetarias aprovechando ese daño. O sea que es un sistema que pervierte al pueblo en grey y al gobierno en carnicero. Al gobierno y a las EPS. A las EPS y a los agentes de la salud. “No hay nada que yo pueda hacer” le dijo un médico general a Clara Elvira que chorreaba lágrimas con la muerte a la espalda. Y no es que no supiera de medicina. Se le veía en la cara la sapiencia y en las paredes los diplomas. ¿Quién les amarra las manos y el saber a los médicos? “Usted puede ir a demandar, está en todo su derecho” me dijo un funcionario–joven él– mientras le reclamaba un papel con prontitud. Eso en colombiano quiere decir “hermanito aquí no venga a joder, vaya a joder al juzgado, donde están las hermanitas de la caridad”.

Consulté a un abogado amigo, que trabajaba para una EPS (noviembre de 2006). Le conté el caso, antes de entutelar, y me dijo: no, hermano, cómo va a empapelar a la empresa. No, no es a ésta, es al Seguro Social, le dije, Ah, bueno hermano, entutele de una.

Quisiera levantarme y correr por un potrero, decía Clara Elvira, con los pies hinchados, en sus últimos días. Lo que le pido a Dios es que me dé vida para ver a mi nieta en sus 15 años. Quiero verla vestida, nos decía, y se le veía en los ojos que la veía vestida en sus quince.

Pero no la dejaron. No la dejaron y esta es una verdad de hielo. Es que no se quería morir. Si decía que al menos hasta los quince. No la tiramos a la muerte, no tiramos la toalla. Si mi hermana menor se dedicó a ganarle batallas diarias a la Nueva EPS. Si hicimos decenas de presiones, trucos, contactos, con amigos… para ir escalando paso a paso los servicios que por ley debieron garantizársele. Si tenía media vida por delante y la fuerza de una jovencita. Modelo 51, pues. Cuando la sacaron del quirófano, a donde entró con un hilito de vida, el 14 de abril de 2008, día en que le sacaron los tumores–su cuarta cirugía por la misma causa– pasó a cuidados intensivos, luego a habitación y a los tres días para la casa. Ese hilito de vida lo volvió ella un torrente a punta de fuerza de voluntad, a punta de anhelos. Por tres meses y corona el tercer año de sobrevida, estuvo a pepa y cuarta.

No la dejaron las personas que manejan el sistema de salud en todas sus instancias. El sistema que la condujo a la muerte. Porque el sistema no se maneja solo. ¿O sí? ¿El sistema de salud actúa con autonomía como una máquina cerebrada? Para una película de ficción está bien. Para la vida real, para las muertes reales, la verdad es que son las personas a cargo del sistema las que están tirando a la gente por el desbarrancadero. Pero hay algo de verdad en la película de ficción: el sistema de salud, como está diseñado y escrito, condiciona a las personas y las pervierte en seres sin corazón, les amarra las manos y el saber. Las oficinas jurídicas tienen la función de desviar la ley, o con la misma ley, para ahorrar costos. Las oficinas de autorización tienen trucos para dilatar sin decir espere, enredar sin torcer la cuerda y negar sin decir no. Y es así como matan a los seres que amamos.

Esto le escribió Manuel–a quién mi mamá llamaba mi ángel de la guarda– a Clara Elvira el día de su funeral: “Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. ¿Si ve por qué la recuerdo? Por los azabaches de sus ojos duros como dos escarabajos de cristal negro. Resulta que cada vez que pienso en usted me acuerdo de esos ojos de Platero. De esa frase, de la ternura. Me amarga, claro, el que haya que hablar en recuerdo, en pasado, en que se fije en la memoria, en la quietud, la historia inenarrable de una mirada. De la suya. Es que se me ocurre, acá llorando un poquito en compañía de recuerdos, se me ocurre Clarita que uno cuando es Madre (Usted sabrá) sabe vivir mirando y también en la mirada defiende la vida y la nombra muy sentidita, con todas esas tristezas y anhelos, con todas las ganas y las memorias, es decir, con toda la vida”.

¿Cuántas miradas no se perdieron durante estos años de la ley 100? Van 4 meses de la muerte de Clara Elvira y se destapa el escándalo del sistema de salud. Billones de pesos robados mientras morían los ojos de Platero, mientras una quinceañera se quedó sin abuela para acompañar sus quince, mientras unos hijos e hijas se lamentan porque no les alcanzó la vida para devolverle los favores o corregir los errores. ¿Cuántos sueños no se truncaron en esta familia y en miles de familias? Matar a uno ¿no es asesinato? Matar a varios ¿no es masacre? Matar a miles ¿no es genocidio? Por estas vidas tienen que pagar, por las miradas perdidas tienen que pagar, por los sueños truncados tienen que pagar. Por las víctimas tienen que pagar.

Porque son víctimas. Somos. Del sistema de salud, de la ley 100, que han mandado por el desbarrancadero tantas vidas, tantos ojos de Platero, tantos besos guardados, tantos vientres fértiles, tantos miembros funcionales, tantos órganos vitales, tanta vida que pudo ser vivida y no fue porque no la dejaron. Donde hay víctimas ¿no se habla de verdad? ¿No se habla de justicia? ¿No se habla de reparación? ¿Quién defiende a las víctimas del sistema de salud violadas sistemáticamente en sus derechos humanos, en un derecho tan fundamental como lo es la salud?

Qué ganas de llorar pero me aguanto. Un día que estaba pidiendo una orden de apoyo, solita Clara Elvira, se la negaron de manera arrogante. Ya sabían que era “la vieja que tanto jode y tanta plata nos saca”. Llamó a mi hermana quien se fue a acompañarla. Pasaba delante de ellas la doña de las “órdenes” y ni las miraba. De la rabia mi mamá lloraba, siempre. Ese día se aguantó. No le daré el gusto de que me vea llorando, dijo, con ese orgullo suyo de llorar o de aguantarse, según el caso.

Ahora nos convoca el dolor de lo vivido. No sólo a reclamar que se derogue la ley 100 o que se intervenga a las EPSs y al cartel de la salud, no sólo eso. Nos convoca el dolor de lo vivido, de lo sufrido, nos convocan los muertos…Nos convocan a soñarnos otro sistema de salud acorde con la dignidad humana, con la salud como derecho fundamental. Nos convocan a libertar el saber de los trabajadores y trabajadoras del sector salud. Juntos, juntas podemos soñar una cosa distinta a este matadero y construirla tomados de la mano.

Según la historia, fue en Betania que Lázaro se levantó y andó (anduvo… anduvo). Es el momento de que se levante Clara Elvira. Es hora de que se levanten los muertos.



MAURICIO DORADO

jueves, 26 de mayo de 2011

Los 'hackers' que atacaron la Registraduría


Fabio Valencia Cossio. Carlos Ariel Sánchez

Por: Felipe Morales Mogollón

Un análisis de las direcciones I.P. desde donde se atentó contra la plataforma informativa de la entidad electoral señala como responsables al DAS, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

En días pasados fue radicado ante la Fiscalía un derecho de petición en el cual se le solicitaba a la fiscal 56, Luz Esmerida Blandón, que explicara por qué tenía la intención de archivar un proceso, como señala el documento, “de trascendencia nacional en el que todos los colombianos fueron víctimas”. Se trata del ataque contra la plataforma tecnológica de la Registraduría Nacional del Estado Civil en las elecciones al Congreso de la República, que ocasionó el colapso de la página web, evitando que los ciudadanos conocieran en línea los resultados de los comicios. Pero lo que pocos saben es la mayor parte de estos ataques surgieron desde el Ministerio de Defensa, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y, en especial, desde la Policía Nacional.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía tres días después de las elecciones, luego de que el contratista para el proceso de preconteo de las elecciones, EPM-UNE Telecomunicaciones, contratara a la firma Adalid, certificada por la Unión Europea, para analizar cibercrímenes y evidencias digitales, para que revisara los factores que ocasionaron el colapso de la plataforma tecnológica. La conclusión, y así lo planteó el informe presentado: “la evidencia recolectada muestra claramente que el servicio de publicación de resultados el día 14 de marzo estuvo bajo ataque informático de magnitudes considerables más allá de previsiones razonables”.

En este ataque, Adalid encontró 14 direcciones I.P. con exagerado número de consultas al la plataforma informática —lo que generó el colapso—, direcciones que este diario investigó a quiénes pertenecían, encontrando la sorpresa de que el DAS había sido empleado para realizar maniobras en contra de una entidad cuyo jefe, el registrador Carlos Ariel Sánchez, había tenido claras desavenencias con miembros del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero las sorpresas no pararon ahí, otro de los puntos que se referencian como punto de emisión de estos ataques es el Ejército Nacional, pero investigando la dirección física del lugar desde donde se realizó la ofensiva, coincide con el Ministerio de Defensa Nacional.

Y el ataque que más daño hizo a la plataforma informativa de la Registraduría fue realizado desde la Policía Nacional, con más de 230.000 ‘hits’ —consultas en la página web—, cifra que sobrepasa por amplio margen los límites normales de una consulta. Tan complejo resultó el ataque informático, que las estadísticas de la investigación muestran que hubo minutos en los que se realizaron más de 93.000 consultas, mucho más de lo que recibe un buscador como Google.

Según explicó Andrés Guzmán, gerente de Adalid, se trató de una ofensiva distribuida, que se emplea para atacar desde diferentes lugares previendo que el sistema se pudiera proteger de alguno de ellos. Además, explicó, fue realizado con un nivel de conocimiento tal que contó con apoyo de un cómplice en la Registraduría, quien intentó acceder a estructuras de directorios privados que ninguna persona externa podría conocer y que estuvo muy cerca de lograr un daño suficiente para manipular la información publicada, es decir, modificar los resultados electorales.

Este ataque fue de gran complejidad e impacto en la opinión pública, al punto que al día siguiente de las elecciones, el entonces ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, pidió una investigación de la Procuraduría contra el registrador por posibles irregularidades en la contratación de EPM-UNE Comunicaciones para el preconteo de los comicios, pero, a la fecha de hoy, la fiscal 56, Luz Esmerida Blandón, no ha presentado avances en la investigación e incluso ha planteado la posibilidad de cerrar el caso.

La situación ha generado preocupación en la organización electoral, en donde en voz baja crecen los rumores sobre móviles políticos detrás del ataque informático, pues eran evidentes las diferencias entre el ministro Valencia Cossio y el registrador por un tema de gran importancia para el gobierno: el referendo para la segunda reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Aunque ésta en ese momento ya se había hundido, Carlos Ariel Sánchez, meses antes de que la Corte Constitucional declarara su inexequibilidad, había manifestado que no había tiempo para implementar la logística para votar un referendo antes de que terminara el periodo presidencial de Uribe.

Además, en la reforma política que estuvo en trámite en el Congreso, cuyo debate fue encabezado por Valencia Cossio, se planteó la posibilidad de cambiar la forma de nombrar al registrador, que actualmente es por concurso, para que fuera el Legislativo quien lo escogiera y por esa vía finalizar el periodo de Sánchez en la entidad. Esta modificación fue calificada en su momento por el expresidente César Gaviria como “un plan para robar las elecciones”.

A estos hechos políticos se les suma una visita inesperada al despacho del registrador, un día después de las elecciones, de miembros de la Dijín que pretendían llevar información sin orden judicial. Ahora, más de un año después de presentada la denuncia del ataque informático a la plataforma informativa de la Registraduría, con una serie de pruebas que vinculan de forma directa a entidades de la talla del Ministerio de Defensa, el DAS y la Policía, queda la incertidumbre por la posibilidad de que este proceso sea archivado sin que el país conozca los responsables del ataque.

Claves para entender el ataque

Dirección I.P.

Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un interfaz de un computador que utilice el protocolo IP (Internet Protocol). En síntesis, la matrícula que identifica un ordenador en una red y dónde está ubicado. Tal como sucede con las nomenclaturas de viviendas.

Un 'hit'

Respuesta de cualquier archivo desde un servidor web. Por ejemplo, si se visita una página web con tres gráficos, el servidor web que aloja esa página recibe cuatro ‘hits’, uno para la página y tres para cada archivo gráfico. Esto significa que el visitante ‘golpea’ cuatro veces el servidor y éste debe responder cuatro veces.

Ofensiva distribuida

Es un ataque informático que se realiza desde diferentes lugares para generar un mayor impacto contra la plataforma que se está agrediendo. Además, permite que si se descubre uno de los focos del ataque, los demás continúen con la operación hasta lograr el objetivo de colapsar el sistema.

Felipe Morales Mogollón | Elespectador.com

miércoles, 25 de mayo de 2011

Trasteo de votos, un delito en crecimiento


Al cierre del proceso de inscripción de cédulas, las autoridades y la ciudadanía comienzan a revelar los posibles casos de trashumancia electoral. Solo en Antioquia, según la MOE, hay 22 municipios donde se habrían presentado anomalías durante el proceso.

María Victoria Correa | Medellín | Publicado el 24 de mayo de 2011 / EL COLOMBIANO

Aunque ni en la Fiscalía ni en la Secretaría de Gobierno de Antioquia hay denuncias o quejas sobre casos de trashumancia electoral, para la Misión de Observación Electoral (MOE) y para algunos lectores de EL COLOMBIANO, el "trasteo" de votantes en Antioquia habría sido relevante durante la inscripción de cédulas.

El balance que maneja la MOE es de 22 municipios de Antioquia en los que se habría presentado alguna anomalía durante la inscripción y que les da a entender que hubo trashumancia electoral.

Los hechos en los que se basa la MOE "es que se evidenciaron buses de otros municipios, las filas eran muy largas en algunos puestos de inscripción, las personas que llegaban en bloque, llevaban papelitos en la mano y tenían la misma dirección. Eso nos dice que hubo trashumancia", explicó Patricia Fernández, directora de la MOE.

Los municipios donde probablemente se presentó trashumancia, según la MOE, son Amalfi, Apartadó, Copacabana, Chigorodó, Bello, Donmatías, Guarne, La Estrella, Itagüí, Marinilla, Medellín, El Peñol, Nechí, Rionegro, San Pedro de Urabá, Turbo, Valdivia, Yarumal, Guatapé, Cañasgordas, Corconá y Vigía del Fuerte.

Según la MOE, durante la inscripción de cédulas se evidenciaron tres prácticas ilegales: participación indebida de funcionarios públicos, compra y venta de votos, presión y trasteo de votos.

"Pasa muy seguido que un secretario de despacho le de la orden a un funcionario de conseguir 20 votos y, si no los consigue, lo despiden. Esto es presión. Además, miércoles, jueves y viernes, en algunas comunas de Medellín, se presentó que a los ciudadanos que inscribían sus cédulas les quitaban su certificado de inscripción. Estos son hechos de tensión", dijo Patricia Fernández.

Las comunas donde se evidenció esta práctica fueron la uno, la seis, la trece y la ocho.

"Hay una cosa que pueden hacer los ciudadanos y los partidos políticos, y es impugnar la inscripción de cédulas, tengo entendido que así lo van a hacer en Sabaneta y Bello", dijo Fernández.

Casos puntuales

A pesar de que Envigado no aparece en el listado de municipios donde la MOE encontró evidencias de trashumancia, un lector envió un TIP en el cuela relata una práctica indebida en la inscripción de cédulas en este municipios del sur.

"Siendo las 5:15 p.m. a un costado de la institución educativa MUA (Manuel Uribe Ángel) se ve el colectivo de la ruta Granizal. Está esperando gente que está inscribiendo su cédula en este lugar de votación, al parecer ninguno de ellos son del municipio, el colectivo está lleno de jóvenes como de 20 a 25 años", escribió la tipeadora.

Entretanto, la MOE destacó los casos de Guatapé y Vigía del Fuerte.

"Las autoridades deben poner atención y revisar el caso de Guatapé, donde el censo electoral es superior a la población. Ahí las autoridades deberían generar un proceso de investigación sin necesidad de que alguien ponga una denuncia".

El otro caso preocupante para la MOE se presenta en Vigía del Fuerte, "debido al hostigamiento que se presentó este fin de semana en la zona, la gente que estaba siendo trasteada para que inscribiera su cédula quedaron represadas en un corregimiento que se llama Palo Blanco. Son cerca de 60 personas, que no han podido salir de este lugar".

Andrés Julián Rendón, secretario de Gobierno de Antioquia, indicó que "no nos han reportado nada, no ha habido ninguna denuncia por escrito ni vía telefónica. Aunque nadie se ha quejado no quiere decir que no hayan existido" irregularidades. Se espera que esta semana se cite al Comité de Seguimiento Electoral.

» Contexto

Mininterior reconoció que hubo problemas

El ministro del Interior, Germán Vargas, advirtió que durante el proceso de inscripción de cédulas se presentaron casos que ya están siendo investigados por las autoridades y otros en los que hay detenidos. "Se están recibiendo las denuncias, 18 hasta la fecha. Los casos más emblemáticos son Pedraza (Magdalena), donde un pariente del registrador fue sorprendido con todos los paquetes de inscripciones, que presupone un fraude, la persona fue capturada". Según datos de la MOE, en 13,1 por ciento de los puestos se observó personas presionando a los ciudadanos antes o durante el acto de inscripción. Villavicencio, Medellín y Barranquilla fueron los municipios que más reportaron ese hecho.

Ñapa: Según el reporte de la Registraduria de Yarumal con fecha de mayo 25 de 2011, se habían inscrito 3.109 cedulas. Esto huele raro, muy raro....se puede verificar en la página de la Registraduria Nacional del Estado Civil. No se puede jugar con las necesidades de las gentes con compra de mercados y la compra de votos. "Cada pueblo merece el gobernante que elige". Pero en este caso lo eligen los que ni conocen a Yarumal. Ahí están los resultados: "Por sus obras los conoceréis".

martes, 24 de mayo de 2011

Diez puntos clave de la ley de Víctimas



La ley de víctimas fue aprobada en su cuarto debate este martes.

POLÍTICA

El proyecto de ley de víctimas está a punto de terminar su trámite en el Congreso. Le falta el proceso de conciliación entre las dos cámaras para convertirse en Ley.

La iniciativa pretende reparar, en parte, las pérdidas materiales y morales de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Para una mejor comprensión del contenido de la propuesta, de las discrepancias políticas sobre algunos de sus artículos y de su importancia, Semana.com elaboró preguntas y respuestas sobre los temas más importantes de este proyecto de ley.

1- ¿Quiénes son las víctimas?

Son las personas que han sufrido menoscabo de sus derechos a partir de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves a las normas Internacionales de Derechos Humanos. También se considera víctimas a los familiares en primer grado de consanguinidad, a los cónyuges y los hijos.

El texto aprobado excluyó a los integrantes de grupos ilegales, pero sí incluyó a los niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados. Para organizaciones sociales como el ICTJ, esa exclusión es contraria a los principios del DIH, pues los integrantes de grupos ilegales también podrían sufrir el menoscabo de sus derechos en algunos casos.

Los ponentes de la ley y el Gobierno acordaron que las víctimas que se podrán beneficiar son las del “conflicto armado”. Esa expresión no había aparecido en las discusiones anteriores. El objetivo de la inclusión es delimitar el universo de víctimas para que queden por fuera las de la delincuencia común.

Para algunos legisladores. como Roy Barreras, de La U, las personas afectadas por las bandas criminales no se deben considerar sujetos de los derechos de la ley en discusión. No obstante, organizaciones de derechos humanos y algunos sectores políticos consideran que las personas que han sido asesinadas por esas bandas o sus familiares, en algunos casos por defender su derecho a la tierra, también son víctimas del conflicto. La discusión no está saldada.

Las víctimas podrían ser entre tres y cuatro millones de personas (casi el 10 por ciento de la población colombiana), pues la cifra incluye a todos los desplazados.

2- ¿Qué es enfoque diferencial?

El proyecto de ley reconoce que hay grupos poblacionales dentro del universo de víctimas que tienen características especiales, como los niños, las mujeres, defensores de derechos humanos, sindicalistas, etc. El espíritu de la ley está orientado a garantizar que las medidas de reparación, asistencia, restitución, tengan en cuenta esas diferencias.

Hay quienes han advertido que dentro de ese enfoque no se incluyó a los indígenas ni a la población afrodescendiente. Estos grupos poblacionales merecen un trato distinto, pues en muchos casos comparten territorios colectivos. Sin embargo, el proyecto prevé darle facultades al Gobierno para la promulgación de un decreto que incluya posteriormente los mecanismos que aplicarán a las minorías étnicas.

3- ¿Qué son asistencia, reparación y restitución?

El proyecto enuncia medidas del Estado de varios tipos que cobijan a las víctimas. Una es la asistencia, que es la ayuda que requiere cualquier persona en el momento en el que se le vulneró su derecho. Por ejemplo, asistencia médica o alimentaria.

Para las organizaciones sociales, la reparación no es una medida de beneficencia, sino la obligación del Estado de “reparar” el daño que ha sufrido la víctima. No obstante, la ley aduce que la reparación ese hace bajo el principio de “subsidiariedad” del Estado y que no se debe entender como que el Estado es “responsable”.

Esa reparación incluye medidas económicas y simbólicas, entre otras. El proyecto define como reparación integral medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición.

La restitución es la devolución de un bien o un derecho a una persona que lo perdió. El proyecto incluye un capítulo especial dedicado a la devolución de las tierras de personas que fueron obligadas a abandonarlas.

No obstante, algunos defensores de derechos humanos argumentan que el proyecto confunde algunos de los conceptos. También han sugerido que la devolución de la tierra no es suficiente para que las víctimas puedan recuperar su capacidad productiva.

4- ¿Qué es la reparación simbólica?

En la regulación, el Estado se compromete a crear medidas de reparación simbólica para reivindicar a las víctimas. Una de ellas es la creación del Día Nacional de las Víctimas, el 10 de diciembre; otra, la creación de un Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, para recoger, preservar y cuidar la documentación sobre las víctimas, y la creación del Centro de Memoria Histórica y del Museo de Memoria Histórica, entre otras.

Todas tienen por objeto resarcir el daño hecho a las víctimas, de manera simbólica, y para ello es indispensable conservar los documentos que evoquen a las víctimas.

5- ¿Quiénes tienen derecho a restitución de tierras?

Las víctimas despojadas de tierras o que tuvieron que abandonarlas a partir de 1991. Eso quiere decir que las víctimas que perdieron sus tierras antes no acceden a la restitución de tierras. La exclusión de esas víctimas que no serán restituidas ha sido defendida por algunos legisladores con el argumento de que, según la ley, después de 20 años prescriben los términos para reclamar propiedades. No obstante, algunos observadores han señalado que esa decisión es arbitraria. Pero la posibilidad de que se amplíe la fecha ya quedó sepultada.

6- ¿Qué es la inversión de la carga de la prueba?

El texto del proyecto de ley reza: “el Estado presumirá la buena fe de las víctimas”. Las víctimas tendrán un trato privilegiado por el Estado para poder demostrar el menoscabo que han sufrido. Es decir que las víctimas podrán acreditar su condición con una prueba sumaria, y, si es el caso, el presunto responsable de su condición es quien deberá probar lo contrario.

7- ¿Cuánto cuesta la reparación?

A propósito del costo que tendrá la reparación de todas las víctimas, no hay una suma exacta. En los debates del proyecto se ha hablado de entre 10 billones y 20 billones de pesos. Está claro que la devolución absoluta de los bienes y una indemnización cabal del detrimento patrimonial de las víctimas no es posible.

Por esta razón hay quienes en el Congreso han dicho que el costo es demasiado alto para la Nación. Sin embargo, otras voces, como la del economista Luis Jorge Garay, director de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, han dicho que se deben diseñar mecanismos de reparación administrativa que incluyan criterios de proporcionalidad. Es decir, establecer tarifas para la reparación administrativa, pero, en todo caso, no someter la reparación a la regla fiscal, porque podría ser declarado inconstitucional.

8- ¿De qué tamaño es el despojo de la tierra?

Según la III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada, las tierras despojadas o abandonadas forzadamente suman 6,65 millones de hectáreas, entre 1980 y julio del 2010. Esta encuesta es la investigación más completa, hasta ahora, sobre el tamaño del despojo.

Otras investigaciones han mencionado que se trata de dos millones de hectáreas. Sin embargo, las metodologías utilizadas no abarcan la dimensión del problema en su sentido más amplio.

9- ¿Quiénes son los ponentes del proyecto?

El coordinador de ponentes fue el senador Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal. Lo acompañaron Roy Barreras, del Partido de La U; Hernán Andrade, del Partido Conservador; Hemel Hurtado, del PIN, y Jorge Londoño, del Partido Verde. Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, radicó una ponencia positiva distinta para el último debate, que recoge las inquietudes de un sector de los defensores de derechos humanos que no está del todo conforme con el proyecto mayoritario.

10- ¿Por qué es importante el proyecto?

Analistas de diferentes disciplinas han argumentado que el acceso a la tierra ha sido uno de los ejes del conflicto armado. La aprobación del proyecto es vista como un aporte fundamental a la resolución del conflicto, porque el propio Gobierno reconoce que existe el despojo y una gran cantidad de colombianos vulnerados en sus derechos.

No obstante, la ley también exige mecanismos de seguridad efectivos para quienes reclaman sus tierras o defienden los derechos humanos. Por eso hay quienes advierten que la ley no es suficiente para superar el estado de violencia y proteger integralmente a la población vulnerada. Es un paso de un camino muy largo que apenas empieza.

lunes, 23 de mayo de 2011

La Familia y el Burro

Había una vez un matrimonio con un hijo de doce años y un burro. Decidieron viajar, trabajar y conocer el mundo. Así, se fueron los tres con su burro.

Al pasar por el primer pueblo, la gente comentaba:

“Mira ese chico mal educado; él arriba del burro y los pobres padres, ya grandes, llevándolo de las riendas”

Entonces, la mujer le dijo a su esposo:

“No permitamos que la gente hable mal del niño.”

El esposo lo bajó y se subió él.

Al llegar al segundo pueblo, la gente murmuraba:

“Mira qué sinvergüenza ese tipo; deja que la criatura y la pobre mujer tiren del burro, mientras él va muy cómodo encima”.

Entonces, tomaron la decisión de subirla a ella al burro, mientras padre e hijo tiraban de las riendas.

Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba:

“Pobre Hombre…. Después de trabajar todo el día, debe llevar a la mujer sobre el burro! y pobre hijo ¡qué le espera con esa madre!”

Se pusieron de acuerdo y decidieron subir los tres al burro para comenzar nuevamente su peregrinaje.

Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los pobladores decían:

“Son unas bestias, más bestias que el burro que los lleva, van a partirle la columna!”

Por último, decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro.

Pero al pasar por el pueblo siguiente no podían creer lo que las voces decían sonrientes:

“Mira a esos tres idiotas: caminan, cuando tienen un burro que podría llevarlos”

Conclusión …

Siempre te criticarán, hablarán mal de ti y será difícil que encuentres alguien a quien le conformen tus actitudes.

Entonces:

¡Vive como creas! ¡Haz lo que te dicte el corazón!¡Haz lo que sientas!

Una vida es una obra de teatro que no permite ensayos.

Por eso:

Canta, ríe, baila, ama . . . y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje

y la obra termine sin aplausos!!!

La piñata uribista


Por León Valencia

OPINIÓN

Temo que la corrupción de los dirigentes sandinistas va a resultar un juego de niños comparada con lo que ocurrió en Colombia.
Sábado 21 Mayo 2011

'La piñata sandinista'. Ese nombre le dieron los nicaragüenses al descarado reparto de los bienes expropiados a la familia Somoza y a sus allegados. Pocos años después de la revolución que derrumbó la dictadura somocista salieron a la luz pública denuncias que involucraban a los dirigentes del Frente Sandinista, encabezados por los hermanos Ortega, en la apropiación de grandes riquezas que pertenecían al Estado.

Aterrado con la racha de investigaciones sobre desfalcos, saqueos y distribución indebida de recursos públicos que comprometen a funcionarios y dirigentes políticos ligados al gobierno de Uribe, vinieron a mi memoria los episodios que enlodaron por siempre la epopeya sandinista.

Temo que la corrupción de los dirigentes sandinistas va a resultar un juego de niños comparado con lo que ocurrió en Colombia. Echo una mirada a los recortes de prensa que he acumulado en los últimos meses para tener una representación visual de las entidades que fueron afectadas por el pillaje y de los personajes que llenaron sus bolsillos en un abrir y cerrar de ojos. Veo ministerios, superintendencias, institutos descentralizados y cooperativas. Al lado, más de 200 nombres de altos funcionarios y dirigentes políticos.

Bajo la responsabilidad del ministro Diego Palacio, aparece la quiebra de las siete Empresas Sociales del Estado que se crearon en 2003 y fueron liquidadas en 2006, después del saqueo continuado de sus recursos por parte de dirigentes políticos y paramilitares; el ya olvidado caso de la Empresa Territorial de la Salud (Etesa), donde funcionarios al servicio de parlamentarios realizaron cobros millonarios a juegos de azar clandestinos; la intervención de SaludCoop que empieza a mostrar la estafa billonaria que en unos pocos años se le hizo al Fosyga.

Andrés Felipe Arias tendrá que responder algún día por la distribución fraudulenta de los recursos del programa Agro Ingreso Seguro y la corrupción generalizada en el Incoder. También por haber propiciado la ley de saneamiento de la propiedad agraria que daba toda clase de garantías para que los usurpadores de varios millones de hectáreas pudieran acudir a legalizar sus predios.

En el Ministerio de Transporte empiezan las investigaciones por irregularidades en la adjudicación de la Ruta del Sol. También están en curso las indagaciones a Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la Presidencia, por sus vinculaciones con los hermanos Nule. Es apenas una puerta de entrada al examen de la contratación pública en el anterior gobierno que puede deparar sorpresas muy desagradables.

El reparto tomó características dramáticas en el Departamento Nacional de Estupefacientes donde les entregaron a políticos y a mafiosos una parte de los 75.000 bienes incautados; en la Superintendencia de Notariado y Registro, donde se concedieron 42 notarias para compensar a los que votaron la primera reelección y se auspició la titulación ilegal de tierras baldías o despojadas a empresarios y políticos inescrupulosos; en la asignación de las zonas francas, que pasaron de 11 a 37 en un santiamén, beneficiando a los amigos del gobierno con una generosa exención de impuestos.}.

Los sandinistas aprovecharon el halo mítico que los cubrió por el triunfo militar sobre una dictadura atroz para entrar a saco en los bienes públicos y apoderarse de casas y fincas en una Nicaragua empobrecida por la guerra; y los uribistas se ampararon en la confianza ciudadana que generó la política de seguridad democrática y la promesa de acabar con la guerrilla para saquear el Estado y facilitar el enriquecimiento de particulares en una proporción nunca vista en Colombia.

Las fuerzas progresistas en el mundo sufrieron una terrible decepción cuando descubrieron la dolorosa degradación de la revolución sandinista. Igual cosa empieza a ocurrir en Colombia: la gente decente que apoyó la política de seguridad de Uribe y aspiraba a la pacificación del país mediante la destrucción de las guerrillas está descubriendo que, para desgracia del país, Uribe no fue capaz de poner fin al conflicto y sus seguidores aprovecharon la popularidad que esta promesa generaba para crear de la noche a la mañana una masa de nuevos ricos.

domingo, 22 de mayo de 2011

SE COSTEÑIZO YARUMAL: COMPRA DE VOTOS Y TRASHUMANCIA ELECTORAL.........




Diego Roldan Jaramillo, el Domingo, 22 de mayo de 2011 a las 10:25.

Les informo a los ciudadanos lo siguiente: en Yarumal - Antioquia - Colombia, van más de 2000 mil personas inscritas para las elecciones de Octubre del año en curso, y en su mayoría son del Bajo Cauca Antioqueño, y de algunas comunas de Medellín, en un solo puesto de votación de la inmaculada iban alrededor de 600 personas.....solicitamos al MOE y al Consejo Nacional Electoral que verifiquen esta información, con la registraduria de Yarumal o la departamental. Esto es increíble lo que está sucediendo en Yarumal / Antioquia, y nadie dice nada ni hace nada. Compra de votos, trashumancia electoral, y gente de otras partes que no tienen nada que ver con Yarumal. No es un rumor es la realidad, verifiquen las cedulas de los inscritos y se darán cuenta lo que está pasando, en su mayoría esa gente inscrita no es de Yarumal, no vive en Yarumal.....

La compra de votos en Colombia es un mal que siempre ha tratado de destruir nuestra política, especialmente y como es de esperarse cerca de la temporada en donde se escogerán nuestros representantes populares.

Compra de votos con dineros del estado:

Ya se ha demostrado que candidatos a alacaldias están haciendo campaña con el dinero del estado, afirmando que si votan por ellos ciertas obras sociales se realizarán en ciertos barrios.

Como era de esperarse en este caso en la compra de votos en Colombia, sin dudas este tipo de casos es lamentable y ensucian aún más la pobre democracia que tenemos.

En verdad es muy triste conocer las historias que se presentan cerca de las épocas de votaciones, porque con ellas nos damos cuenta de lo bajo que pueden llegar a caer algunas personas para conseguir sus objetivos.

Lo peor del caso es que se está jugando con las promesas hacia un pueblo que desea lo mejor, creyendo que por un simple voto tendrán algo que merece por derecho.

El delito de trashumancia electoral está tipificado como una conducta punible por el artículo 389 del Código Penal, con pena de 4 a 9 años de prisión, y el falso testimonio es sancionado por el artículo 442 del citado código con pena de prisión de 6 a 12 años.

La trashumancia electoral es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal Colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas.


Mediante la Ley 599 de 2000, por medio de la cual se expidió el Código Penal Colombiano vigente, se tipifica como delito esta conducta en el artículo 389, el cual dispone: “El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquél donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses”.


La trashumancia electoral es conocida como “trasteo de votos” y es calificada por las Altas Cortes como una práctica maligna y antigua que es preciso combatir y eliminar.


El ciudadano que ha incurrido en el delito de trashumancia, también estará incurriendo en el delito de falso testimonio, ya que al momento de realizar la inscripción de cédula la persona está declarando bajo juramento que efectivamente habita en la ciudad, corregimiento o inspección de policía correspondiente.


Como esta estipulado en el artículo 442 del Código Penal, “El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años”.

Y a los concejales, ¿quién los ronda?


Autor: Sergio De La Torre
21 de Mayo de 2011

En la cruzada anticorrupción adelantada en Bogotá hay algo que se echa de menos y es la denuncia en la prensa sobre la conducta de los concejales, cuya aplastante mayoría eludió el deber de vigilar la contratación de las grandes obras distritales.

En la cruzada anticorrupción adelantada en Bogotá hay algo que se echa de menos y es la denuncia en la prensa sobre la conducta de los concejales, cuya aplastante mayoría eludió el deber de vigilar la contratación de las grandes obras distritales. Los organismos de control (en particular la Contraloría y la Procuraduría, como se ha constatado últimamente) supervisan la acción de los alcaldes y gobernadores, y también su inacción. Y en ambos casos adoptan medidas y sanciones, como la que le acaba de aplicar el Procurador a Samuel Moreno por omisión, que algunos comentaristas, en alarde de ese santanderismo maniático que perdió a Colombia desde su génesis, han tachado de impropia o exagerada sin que, por contraste, les haya parecido exagerado el monto de lo robado en el llamado carrusel.

Los alcaldes sí tienen pues quien los ronde. Pero, ¿quién ronda a los cabildos? ¿Quién cuida de que cumplan con sus obligaciones, sobre todo la de controlar al ejecutivo? ¿Acaso los cabildantes no incurren en negligencia con dolo cuando desatienden su deber de censurar a los burgomaestres por el mismo pecado? Duele decirlo, pero tales corporados en nuestro extraño e imperfecto ordenamiento jurídico no responden ante nadie por omisión de control, ni en lo disciplinario, ni en lo fiscal, ni en lo penal. Mejor dicho, no pagan ni con el puesto, ni con el pecunio propio, ni con la libertad, por su desgreño al vigilar, cualquiera que sea el daño que de ahí se derive para la ciudad.

El desfalco bogotano, que se fue dando a lo largo de estos 3 años, a plena luz, sin que nadie dejara de notar que algo muy raro iba perfilándose hasta convertirse en la evidencia clara de un monstruoso saqueo, solo dos o tres concejales lo advirtieron a tiempo y dieron la alerta. Pero el resto calló, incluidos los contrarios al Polo, que se suponía eran los llamados a resistirse y fiscalizar la Administración. Desde el comienzo se alinearon con ella, traicionando a sus electores, que los designaron precisamente para supervisar la contraparte y evitar lo que ocurrió, previniendo un zarpazo al tesoro y hasta la mera tentación de los pillos, antes de que asomara. Fueron cooptados por la Administración y se entregaron al festín burocrático y al aprovechamiento del poder en su propio interés político, que para eso, y para nada distinto, se hicieron elegir. Así opera, en lo básico, nuestra democracia municipal. La bacanal de los pequeños y medianos contratos nunca falta. Y la de los grandes tampoco. ¿Por ventura estos caballeros no captaron la presencia de los Nule, y sus andanzas?

Hipólito Hincapié, célebre por ser hoy el arquetipo del concejal capitalino de extracción oficialista, marrullero y perspicaz como ninguno, sin inhibiciones y con el apetito siempre abierto, ¿no se olió lo que los Nule se traían? Él y sus colegas de la U, y todos los demás, azules, rojos y verdes, se ayuntaron con el burgomaestre. Por lógica elemental debieran entonces responder, tanto como los ediles del Polo, por el desmadre de las licitaciones, y no pasar de agache a la hora en que la sociedad se alista para castigar a los culpables y a sus cómplices en los comicios de octubre. Pero insisto: es menester que los medios capitalinos señalen, con igual severidad, a quienes, abdicando de su deber más sagrado y esencial, cohonestaron la corruptela. El alcahuete también peca y su falta, en rigor, es peor y repugna más que la del pecador primigenio.

Colombia es el país con más desplazados internos en el mundo

Una de cada 97 personas en el mundo, o lo que es lo mismo, el 1 por ciento de la población mundial, se ha visto obligada a abandonar ...