El zorrero reciclador

El zorrero reciclador

Qué fe pública puede quedar en un país cuando un politiquero recibe una notaría como pago por su voto para quebrar la constitución a favor de un presidente.

Por Antonio Caballero
Fecha: 05/31/2008 -1361
Semana- Inestco

El gobierno de Álvaro Uribe, que fue elegido y reelegido Presidente para luchar contra la corrupción y la politiquería -o al menos prometía eso, y hubo quien se lo creyó- ha resultado posiblemente el más politiquero y el más corrupto, y, lo que es más grave, el más corruptor que haya tenido Colombia en los últimos cien años. Y no es fácil, porque la competencia es dura.

Sin embargo dice Uribe que él "persuade, pero no compra conciencias".
De las conciencias no opino, porque cada cual conoce sólo la suya propia: y hasta el ex presidente Andrés Pastrana negó que hubiera vendido la de él cuando se volvió entusiasta pero fugazmente uribista mientras le duró el cargo de embajador en Washington. Pero a Uribe sí le hemos visto comprar todo lo demás, muchas veces en público.

Ha comprado elecciones y reelecciones, ha comprado falsos atentados con bomba, ha comprado lobby para su TLC en el Congreso de los Estados Unidos, ha comprado información de inteligencia, ha comprado manos humanas cercenadas. Me recuerda a esos zorreros que pasaban en mi infancia por las calles de Bogotá gritando:
-¡Boteeeeellas, trastos, papeeeel...!

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Y de las puertas salían las Yidis y echaban en la zorra cartones y periódicos viejos, bombillas fundidas, un Teodolindo o dos: lo que sobrara en la casa.

Los zorreros de ese entonces no pagaban: se limitaban a llevarse desperdicios y cachivaches inútiles como un servicio gratuito (pues esto era antes, claro, de que el alcalde Andrés Pastrana descubriera el negocio de la privatización de la recogida de basura).

Uribe, en cambio, sí paga lo que corrompe, y lo hace con los recursos del Estado. Paga con consulados, con contratos de obras públicas, con terceros canales de la televisión. En los consejos comunales paga con cheques, no sé si posdatados, del Banco Agrario o del Banco de las Oportunidades, que entrega personalmente ante las cámaras. Pagó el voto -o, más elocuentemente aún, la ausencia de voto contra su reelección- del congresista Teodolindo Avendaño con una notaría.

Y no es cosa de poca monta una notaría, aunque haya sido necesario crear tantas para agradecer favores recibidos. Una notaría no es una fruslería sin importancia, como, digamos, las frecuencias de radio que les regalaba Samper a los periodistas amigos y estos a continuación revendían sin complejos a alguno de los dos grandes magnates de la radiotelevisión. No: un notario es nada menos que el guardián de la fe pública. Y qué fe pública puede quedar en un país cuando un politiquero recibe una notaría como parte de pago de su voto en el Congreso para quebrarle una vértebra a la Constitución en favor de un presidente y al día siguiente la revende a plazos, por cuotas de 120 millones de pesos. Se ve que ha dejado honda huella aquel
superintendente de Notariado y Registro, doctor Cuello Baute, compadre o ahijado o padrino del presidente Uribe, que subastaba notarías a cambio de vacas para su finca. Qué compadres escoge este Presidente que tenemos. Qué notarios nombra (algunos, primos suyos). Qué amigos tiene.

Y nos dicen las encuestas de opinión que un 84 por ciento de los colombianos respalda al Presidente que hace esas cosas, y tal vez por hacerlas. Pero no lo creo. No creo que haya sido posible corromper a tal grado la conciencia de este país. Creo más bien que esas encuestas están compradas.

AGRO INGRESO CHANCHULLO SEGURO

12/10/2009

Una cadena de escándalos en el sector agrario, una ley con motivos dudosos y pocos resultados, un reglamento con los dados cargados, un Comité político que escoge a los beneficiarios y una piñata con dinero del público son el resumen de este caso sonado*.

En los últimos días se conoció otro escándalo que se suma a la larga lista de los que han acompañado el manejo de la política agrícola, especialmente durante el segundo mandato del presidente Uribe. Éste tiene que ver con subsidios entregados en el marco del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS), entre otros, a reinas de belleza, corredores de bolsa, empresarios regionales y familiares de políticos.

Lo inocultable

Un repaso a lo sucedido en últimos años en el sector agrícola nos remite a titulares de prensa que en su momento estremecían a la opinión colombiana, pero que se olvidan con prontitud por la rapidez con la que uno sustituye al otro y por el poco sentido público que caracteriza a nuestra “opinión pública”. Recordemos sólo algunos:
- Créditos de redescuento de Finagro a paramilitares y a narcotraficantes confesos como lo son los casos de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco[1] y de Micky Ramírez[2].
- Despojo de tierras de comunidades desplazadas de Jiguamindó, Curbaradó. Uno de los más importantes proyectos palmicultores en la zona fue desarrollado por la sociedad anónima Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá (Urapalma) empresa que recibió millonarios préstamos de las entidades estatales Finagro y el Banco Agrario, aunque su gestión ha sido cuestionada por organismos de control en Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- La Ley de Tierras que tal y como fue formulada, según dijo en su momento la Procuraduría General de la Nación, puede prestarse para el lavado de activos y legalización de predios ilegítimamente adquiridos[3]. Dicha ley fue posteriormente declarada inconstitucional por la Corte.

- Escándalo por los créditos otorgados al ex senador Miguel de la Espriella y la ex senadora liberal de Córdoba, Flora Sierra de Lara en donde se constituyeron los presuntos delitos de estafa, desviación de créditos y enriquecimiento ilícito[4].
- María Fernanda Zúñiga, Presidenta de Fiduagraria (Fiduciaria del Banco Agrario) hace parte de la Junta Directiva de una de las empresas palmeras involucradas con paramilitares e investigada por usurpación de tierras y desplazamiento forzado en el Chocó[5].

- Andrés Uribe, ex presidente de la Bolsa Agropecuaria, fue retirado de su cargo por el uso indebido de información privilegiada en beneficio propio cuando compró acciones[6].

- El ex gerente de INCODER, Luis Ortiz, entregó tierras en el Vichada y en el Meta a empresarios y a paramilitares que se hacían pasar por desplazados[7].
- La fallida entrega de tierras a empresarios privados en Carimagua, Meta, que en principio estaban destinadas a decenas de familias de desplazados[8].

- En junio de 2008 la Fiscalía capturó a Roger Taboada, ex presidente de FINAGRO, y a 13 personas más por manejos irregulares en la institución.

- Denuncia sobre entrega irregular de 14 millones de dólares por parte de Almagrario, otra entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, a Ecocafé[9].
Aunque estos y otros escándalos tienen actores, expresiones y raíces más o menos distintas y distantes, ellos en su conjunto apuntan hacia ciertos acentos de la política real o la realpolitik agraria bajo el gobierno Uribe.

La ley 1133[10] y sus “nobles” intenciones

Esta ley se origina en el marco de las discusiones para la aprobación, por parte del Congreso de Colombia, del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Caso en el cual es entendible que su objetivo sea salvaguardar los ingresos de los productores que se vean afectados por las distorsiones derivadas de los mercados externos para asegurar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional. Las razones que generalmente explican por qué los gobiernos apoyan y protegen al sector agrario se pueden resumir en:
- Asegurar la producción de alimentos para cubrir las necesidades internas.
- Salvaguardar a los campesinos y agricultores de las consecuencias de situaciones meteorológicas perjudiciales y de las fluctuaciones internacionales de precios.
- Proteger y preservar a las comunidades rurales[11].
Algunos economistas hacen notar que, en caso de que el TLC se hubiera firmado, efectivamente uno de los sectores más afectados hubiera sido el agrario, dada la competencia desigual que iban a tener que afrontar con los subsidios que otorgan al sector rural, tanto los Estados Unidos como Europa. Y sin embargo, como bien lo anota Armando Montenegro, “El TLC no se ha firmado, pero la plata sí se está repartiendo a chorros”[12]. Por su parte, Rudolf Hommes afirma que desde sus inicios era evidente que “la política de ‘Agro Ingreso Seguro’ iba a contribuir a acentuar la concentración del ingreso y de la riqueza en el campo sin claros efectos sobre la producción, con consecuencias negativas sobre el mercado laboral y sin aportar a las condiciones de abandono y extrema pobreza en las que vive la población rural” [13].
Tanto Montenegro como Hommes sostienen que, a pesar de los esfuerzos, el sector agrario va de mal en peor dado que su crecimiento es menor al del resto de la economía. Además, el PIB está creciendo más rápidamente que el sector agropecuario; la participación del sector en el total de las exportaciones ha decrecido y -como si fuera poco- el aumento en el despojo de tierras es inocultable así como el fracaso de la política de prevención del desplazamiento.

Adicionalmente cabe preguntar por qué se subsidian actividades que de todas formas deberían ser asumidas por los propietarios de las grandes extensiones de tierras. E incluso, en caso de la aprobación del TLC ¿serían éstos los subsidios adecuados para la realidad del país? Lo cierto es que los resultados indican que el objetivo no se está logrando y esto se reconoce en que ha venido cayendo la productividad o el
valor de la producción por hectárea.

Ingreso seguro, seguro

La ley es clara en anotar que “el Programa ‘Agro Ingreso Seguro’ se enmarca dentro de las acciones previstas por el gobierno nacional para promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”[14]. En el parágrafo 1 del Artículo Tercero dice además: “Para todos los efectos, se debe entender que los apoyos económicos directos o incentivos son una ayuda que ofrece el Estado sin contraprestación económica alguna a cambio, por parte del particular. Se entregan de manera selectiva y temporal, dentro del ejercicio de una política pública, siendo potestad del gobierno nacional seleccionar, de una manera objetiva, el sector que se beneficiará con el apoyo económico directo o incentivo y el valor de los mismos…”.

La ley también prevé que el Comité Intersectorial -integrado por los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural (quien lo presidirá), Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo; el Director del Departamento Nacional de Planeación; los respectivos presidentes de: el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI); el Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros y un representante de los pequeños agricultores-, está encargado de:
- Asesorar al Ministerio en la distribución de los recursos asignados en cada vigencia.
- Asesorar en el diseño de la metodología de cuantificación, asignación y distribución por producto de los apoyos económicos directos a que se refiere la Ley, sobre la base de criterios técnicos.
- Asesorar en el diseño y ejecución de los apoyos para la competitividad a través de incentivos a la productividad, créditos para la modernización y la reconversión productiva e instrumentos de comercialización.
- Diseñar e implementar los mecanismos de seguimiento y monitoreo permanentes de la ejecución del programa.
- Evaluar anualmente los resultados de la ejecución del programa y adoptar las modificaciones que considere pertinentes.
- Adoptar su propio reglamento.
Los requisitos para acceder a los subsidios no reembolsables, según el ex ministro Andrés Felipe Arias son: ser colombiano, ser empresario del campo, cumplir con los requisitos, sacar el puntaje y aportar los recursos necesarios[15].
Es de notar que los Términos de Referencia para aplicar a los subsidios exigen que el proponente (incluyendo a los campesinos y pequeños agricultores) demuestre que posee de sus propios recursos, como contrapartida, al menos el 20% del total del subsidio que está solicitando. También se hace claridad en que el proponente, que asuma mayor valor de contrapartida, obtendrá mayor puntaje, así como aquel proyecto que más hectáreas beneficie con riego. Es decir, quien demuestre mayores recursos y mayor tenencia de tierra, es quien mayor puntaje obtiene y, obviamente, quien finalmente accederá a los subsidios.

La evaluación de los proyectos es realizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Pero la decisión final sobre la asignación de subsidios es tomada por el Comité Intersectorial, que como sabemos está constituido por al menos cinco personas con rango ministerial. El IICA se limita a presentar una lista de los proyectos que cumplen con las condiciones de la ley, pero la calificación que haga el Instituto no es obligatoria para el Comité y es éste quien en efecto, escoge a los beneficiarios del Programa.
Para decirlo en forma resumida: los Términos de Referencia inclinan la balanza en favor de los ricos y el Comité con sus cinco ministros decide a quienes repartirles la plata.

En cumplimiento de la ley: hubo piñata

Las inversiones financiables a través de esta línea especial son: la producción y mantenimiento de cultivos; la adquisición de maquinaria y equipos nuevos; la adecuación de tierras; y la infraestructura para la producción y la transformación.
Según el ministro Andrés Fernández Acosta, con la línea de crédito DTF-2 se han financiado 81.000 proyectos agropecuarios, de los cuales 73.000 pertenecen a pequeños productores. Es el caso, por ejemplo, de Omar Aparicio Jiménez del municipio de Curití, Santander, a quién se le aprobó un crédito por $28.953 pesos; según lo indica la página del ministerio, este campesino tiene un plazo hasta de 15 años para pagarlo, a una tasa de interés del 2% anual. En su gran mayoría, los préstamos (2007, 2008, 2009) hechos a pequeños productores oscilan entre los $200.000 y los $3.000.000 (hay montos de $26.000, $50.000, $60.000, $80.000)[16].
En contraste, algunas cifras de familias “prestantes” beneficiarias del Programa Agro Ingreso Seguro:
Recursos entregados bajo el
Programa Agro Ingreso Seguro[17]


Años

Familias
Monto
2007 y 2008 Familias Lacouture $ 11.996.021.399
2007 y 2008 Familias Vives $ 7.068.996.154
2007 Familias Fernández de Castro $ 942.130.880
2007 y 2008 Familias Posada Grillo $ 1.037.639.245
2007 y 2008 Familias Cuello $ 490.266.052
2008 y 2009 Familias Dávila Abondano $ 2.982.577.988
2008 Familias Villamizar $ 496.400.000
2008 Familias Solano Tribín $ 2.140.076.889
2008 Familias Riveros Paéz $ 1.622.063.767
2009 Familias Sardi de Holguín $ 200.000.000
2008[18]
Familias Rengifo Vélez
Presidente de la Asociación de Fiduciarias $ 35.466.764
2008 Familias Rojas Jiménez[19]
Senador Héctor Elí Rojas $ 37.961.000
2007 Familias Mejía Marulanda
Senadora Liberal de Pereira (2002 – 2006) $ 112.020.641
2008 Familias Ochoa Daza
(Hermano del Ex alcalde de Valledupar) $ 283.097.500
2009 Familias Carvalho y Díaz Saavedra[20]
$ 1.439.695.770
Total $ 30.884.414.049

Las cifras ilustran los hechos, pero no sobra recordar que algunos medios subrayan que ciertos beneficiarios del Programa AIS a su vez contribuyeron a las campañas de elección del presidente Uribe en 2002 y 2006. Pero no menos importante es reflexionar sobre quiénes estarán financiando las aspiraciones presidenciales del ex ministro Andrés Felipe Arias, como lo han insinuado algunos otros medios.
* La autora agradece especialmente a Martha Espejo Barrios, Alejandra Pacheco Estupiñán y Jaime Wilches el apoyo en la recolección de la información para elaborar este artículo.
Notas de pie de página

LOS TRAFICANTES DE LA BIENESTARINA

Un producto para alimentar niños pobres fue destinado a engordar cerdos

Los traficantes de bienestarina
Por: Norbey Quevedo H. EL ESPECTADOR OCTUBRE 13 DE 2009

Por primera vez once personas, entre particulares, funcionarios y un alcalde, en Yarumal, Antioquia, responderán ante la justicia por el irregular manejo del alimento. Este martes, audiencia de acusación.

Habitantes de varios municipios del país siguen sin explicarse cómo un alimento para niños pobres resultó siendo alimento de cerdos.

http://www.elespectador.com

A comienzos de mayo, Nancy Yaneth Gómez, coordinadora del programa nutricional de Yarumal (Antioquia), recibió una sorpresiva llamada. Una voz anónima le informó que Luis Carlos Londoño Uribe, farmaceuta del municipio, estaba comprando bienestarina para enviarla a su finca, ubicada a pocos kilómetros de Yarumal. En razón de que se trataba de un producto para alimentar a niños pobres, la coordinadora Gómez envió un señuelo a la finca de Londoño. El supuesto comprador ofreció adquirir varios kilos del producto, ante lo cual el mismo Londoño le aseguró que tenía gran cantidad almacenada y lo citó para la semana siguiente.

Con la certeza de que allí se vendía el producto, el señuelo informó a la coordinadora nutricional, quien junto con otros funcionarios y policías regresó a la finca al día siguiente. La escena no podía ser más patética: en los criaderos de cerdos había varios bultos con 400 kilos de bienestarina. “Eran muchos chanchitos, rosados, monos y de buen tamaño, que se relamían con el producto”, comentó uno de los asistentes. El producto fue revisado y se encontró que 397 kilos estaban vencidos y los tres restantes servían, por lo que fue decomisado.

Luego de varias pruebas de laboratorio y de entrevistar a trabajadores de la finca y personas que manejaban el alimento, se comprobó que la bienestarina era del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el cual maneja los programas de complementación alimentaria para la niñez en más de mil municipios del país. Aunque Londoño era el gestor del negocio, las autoridades siguieron jalando la pita e identificaron los eslabones de una cadena que se lucraba comerciando la bienestarina para alimentar cerdos y luego venderlos localmente, para consumir en las tradicionales ‘marranadas’ o como insumo básico de la bandeja paisa.

Otro eslabón apareció por la propia distribuidora del producto. Allí surgió el nombre de Mábel Trujillo Barrientos, encargada de canalizar la entrega de la bienestarina a través de 19 personas. Por eso, en mayo de 2009 empezaron las visitas a las bodegas de almacenaje y a las casas de las personas encargadas de entregarla. De nuevo, el resultado fue desconcertante. En la casa de Luz Inés Pineda Vélez se detectaron 11 kilos del producto. En parte había sido abierto o consumido por los roedores y, como si fuera poco, en las planillas ya había sido certificada su entrega a los centros del ICBF.

En la casa de María del Rosario Roldán, otra distribuidora, la escena se repitió. Se hallaron 1.800 unidades de bienestarina, aunque la auditoría a la planilla de control reportó que sólo faltaban por entregarse 582 unidades. A Reina Cecilia Valencia le encontraron 768 bultos, pero su planilla indicaba que sólo faltaban por entregarse 310 a cinco niños. En la casa de Celene Astrid Zapata, las cuentas reflejaron una diferencia de 408 unidades. El modus operandi quedó claro: la bienestarina se recibía y se entregaba a los distribuidores, pero en las planillas se dejaban espacios en blanco y no se especificaba con claridad la cantidad entregada.

Entre tanto, desde meses atrás, las familias se quejaban y denunciaban, sin ser escuchadas, por las anomalías en la distribución, pues recibían menos de lo asignado. No sabían qué pasaba, porque las hacían firmar dos planillas diferentes o en otros casos no les entregaban el producto en buen estado. Un estudio grafológico probó que en algunas ocasiones se falsificaron firmas de recibido. Pero no fue la primera vez que en Yarumal y en otras partes del país se encontraron deprimentes escenas con el manejo del alimento de los niños pobres, desnutridos o los adultos mayores en estado de indefensión.

En 2007 se conoció que en Chocó, donde han fallecido varios niños por desnutrición, el producto se vendía para alimentar cerdos. En 2008, las Fuerzas Militares encontraron sacos de bienestarian en un campamento de las Farc. Este año, en Chocó se halló bienestarina vencida, en Neiva, se reportaron niños enfermos de consumirla en mal estado y en Atlántico se denunció que el producto estaba siendo vendido. En Yarumal, Carlos Eduardo Peñaloza Medrano, técnico del área de salud, ya había detectado que el asunto se había vuelto prácticamente incontrolable.

El 13 de febrero de este año, Peñalosa decomisó 50 bultos y posteriormente encontró otros en mal estado. El 26 de ese mes, en el colegio Rosendo Torres, descubrió 85 bultos vencidos. A la semana siguiente los roedores rompieron 19 bultos. En el restaurante escolar Llanos de Cuiva, otros 23 kilos no fueron consumidos y se vencieron. El 6 de mayo se decomisaron en la bodega 75 kilos dañados por los roedores. El mayo gris terminó con otro decomiso de 11 kilos de bienestarina en la caseta comunal, utilizada como bodega, y con la certeza de que el alimento era utilizado para alimentar cerdos.

Como si fuera poco, se encontró con que los funcionarios encargados tampoco cumplieron cabalmente los procesos para manejar el producto en descomposición. Así lo certificó el propio gerente de la compañía Aguas del Norte S.A. Sin embargo, en Yarumal, muchos habitantes sabían que el sitio de negocios para conseguir cerdos bien alimentados y a precios razonables era la droguería La Reina, otro lugar habitual de trabajo del farmaceuta Londoño.

La interventoría contratada para revisar el inventario en la bodega principal de Yarumal también encontró lo suyo. En cuatro visitas que efectuó entre el 7 de noviembre de 2008 y el 11 de mayo de 2009, ratificó 1.825 kilos en mala condición de asepsia, 475 kilos perforados por roedores, 370 kilos en buen estado, otros 50 kilos contaminados y un faltante de 40 bultos. Sin embargo en Yarumal, situado a sólo 123 kilómetros de Medellín, el tema es visto como una desgracia. Un 85% de sus cerca de 40 mil habitantes viven en niveles de pobreza y miseria, y consideran un pecado que la bienestarina que entrega el Estado se pierda o se trafique para alimentar cerdos.

¿Y las autoridades?, se preguntan todos. Emilio Rodríguez Guzmán, coordinador del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), no conocía lo que estaba pasando, aunque su función es mantener actualizados los sistemas de información y control del producto. De Guillermo García Gaviria, director del ICBF en Antioquia, se sabe que debía haber realizado los controles adecuados al Programa de Complementación Alimentaria promovido por la entidad. Pero los resultados evidencian que el asunto falló.

La directora del ICBF, Elvira Forero, despacha desde Bogotá, muy lejos de Yarumal. ¿Y el alcalde del municipio antioqueño, Carlos Guillermo Atehortúa? Se le acusa de no informar del procedimiento para dar de baja 69 bultos de bienestarina. También de que la bodega que asignó para depositar el producto es el comedor de los roedores o que con frecuencia es hurtado y luego aparece en el hocico de los cerdos. Mientras los niños pasan hambre y las madres reclaman, se afirma que se perdieron al menos 1.900 kilos de bienestarina.

Son 11 personas —entre el farmaceuta, los distribuidores, funcionarios del ICBF y un alcalde— las que por primera vez en la historia deberán responder ante la justicia por el robo de bienestarina. De por medio están delitos como peculado, abuso de confianza, receptación ilícita, explotación comercial, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público. La audiencia para formalizar su juicio es hoy en el Palacio Municipal de Yarumal, donde se encontrarán un grupo de humildes madres, que no entienden cómo se pierde la comida que el Estado les entrega a sus hijos, con ciudadanos acusados de lucrarse con el alimento de los más pobres.

Norbey Quevedo H. | Elespectador.com Tags de esta nota: Bienestarina

COLOMBIA NO SE MIRA AL ESPEJO

Colombia no se mira en el espejo

El país de España

Pese a la acumulación de desastres, Uribe es el favorito para un tercer mandato
M. Á. BASTENIER - Bogotá - 12/10/2009

Es el culebrón más largo de la historia de los medios de comunicación colombianos: ¿será Álvaro Uribe candidato a tercer mandato y segunda reelección? El mandatario repta desde hace meses hacia una declaración que casi todos dan por afirmativa, mientras él dejaba que calara la idea de que no podía pronunciarse porque si lo hiciera se convertiría en un pato cojo, como los presidentes estadounidenses que en los últimos meses de su mandato apenas acarrean poder ante seguidores y adversarios.

Pero hay otras razones. El líder colombiano no quiere comprometerse mientras no sea seguro que pueda presentarse, y una serie de obstáculos legales, tanto de calendario como constitucionales, pueden hacer que eso no ocurra hasta marzo de 2010, en vísperas de las elecciones legislativas, fecha también para el referéndum que legalizaría su candidatura.

Los desaguisados de los últimos cuatro años harían sonrojar hasta a un dictador
Casi todos dan por hecho que Uribe quiere presentarse a la reelección en 2010
De entre todas las personalidades directa o indirectamente consultadas solo el ex presidente Belisario Betancur afirma que Uribe no piensa presentarse; el aspirante del partido liberal a las presidenciales de mayo próximo, Rafael Pardo, explica con conocimiento enciclopédico cómo es imposible que se presente porque la Corte Constitucional le negará el permiso, pero no duda que el presidente bien quisiera hacerlo; y la práctica totalidad de las voces políticas lo dan por presentado, como Carlos Gaviria, candidato del Polo en 2006, que, aunque fue fácilmente batido por Uribe con el 22% de los sufragios, obtuvo la más alta votación de todos los tiempos a una izquierda que no trata de disimular que lo es; y en ello coincide el aspirante oficial de esa izquierda para 2010, Gustavo Petro, partidario de sacar votos hasta de los sumideros para frenar a Uribe.

Colombia, como Dorian Grey, no quiere mirarse al espejo porque la lista de desaguisados que amojonan el segundo mandato presidencial, haría sonrojar hasta a un dictador. Enumerarlos es como una visita al museo de los horrores: más de medio centenar de diputados uribistas procesados o en la cárcel, la mayoría por conexiones con los paramilitares; espionaje telefónico del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) sobre todo el que se mueva; compra de votos a la vista del público para cambiar la Constitución; adjudicación de notarías a cambio de apoyo parlamentario; legitimación del transfuguismo masivo, como ocurrió en la aprobación de la ley del referéndum ya citado, sobre el que el Ejecutivo estudia la reforma del censo para que la cifra de siete millones y pico de votantes, mínimo exigible para que valga la consulta y que son la cuarta parte del electorado, quede en poco más de cuatro millones, con lo que a Uribe le bastarían dos para ser candidato; el caso más egregio de todos, los dos mil y pico falsos positivos -eufemismo por asesinato- de otros tantos campesinos perpetrados por el Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros, sobre los que Uribe no reconoce responsabilidad ni conocimiento. Y la última bofetada, la certificación estadounidense de que Colombia coopera en la lucha contra la droga -especialmente, cediendo el uso de siete bases a Estados Unidos- cuyo texto está concebido en lenguaje de potencia protectora a tribu protegida.

Washington afirma, entre otros descaros, que "facilitará el diálogo entre el Gobierno colombiano y los cuerpos sociales", dando por sentado que Bogotá necesita que la estimulen. Y nadie protesta.

Pero esa letanía no parece contar para lo que se llama en Colombia opinión pública que, en realidad, se reduce a poco más de un tercio de 44 o 45 millones de habitantes, que son los que votan, los que tienen voz, y a los que el presidente tiene convencidos, seducidos, o simplemente, favorecidos por su mandato. Sobre esa base el uribismo gubernamental ha incluso teorizado. Esa masa constituye un Estado de Opinión, superior incluso al Estado de Derecho, y sobre el que voces áulicas se apoyan para decir que si el pueblo lo quiere no puede haber inconveniencia legal que se interponga.

Las espadas en alto se expresan en un escueto binomio: elecciones con o sin Uribe; si es con parece difícil que el movimiento TCU (Todos contra Uribe) pueda lograr su propósito; excepto un puñado de intelectuales y sindicalistas, el resto de las clases ilustradas vota arrastrando a su clientela por un presidente gracias al cual ven la luz al final del túnel, un país del que las FARC, marxistas quizá, terroristas seguro, hubieran desaparecido exterminadas por el ángel vengador, del que pudieran disfrutar comiéndose el ajiaco en su segunda residencia; y si es sin, todo vale desde la victoria del que unja Uribe como delfín, para lo que hay más aspirantes que partidos, hasta una tupida nómina de opositores que van desde el uribismo antireeleccionista -Germán Vargas Lleras; el partido liberal y el Polo; algún girón conservador con la ex embajadora en España Noemí Sanín; los llamados tres tenores del partido Verde -que podría ser de cualquier otro color- los ex alcaldes de Bogotá, Lucho Garzón, Antanas Mockus, y Enrique Peñalosa, de los que este último es ya precandidato; y hasta un candidato sin partido, pero asimilable a varias de las formaciones anteriores, Sergio Fajardo, antioqueño como el presidente, Álvaro Uribe Vélez, que en ese caso improbable dejaría el poder. Hay quien dice que hay túnel, pero lo que falta es luz.