"No creo que ningún ciudadano en Colombia pueda creer que procesos
como los de la parapolítica o los que han destapado la corrupción de
congresistas y contratistas, podrían haber sido investigados si hubieran tenido
que pasar por otros congresistas":Alejandra Barrios Foto: Semana
El proyecto de reforma a la justicia
que radicó este martes la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia no sólo busca unificar las Cortes
Suprema de Justicia y Constitucional en un organismo denominado Tribunal
Supremo Constitucional, como lo había propuesto el presidente Duque durante la
campaña.
La iniciativa también contiene
disposiciones que, según la Directora de la Misión de Observación Electoral
(MOE), Alejandra Barrios, pueden impedir que se sigan adelantando
investigaciones contra congresistas por casos como la parapolítica o el
carrusel de la contratación.
Le
recomendamos: Una súper corte, el sueño del
uribismo que crea polémica
“Es peligroso porque fomenta la
impunidad. No creo que ningún ciudadano en Colombia pueda creer que
procesos como los de la parapolítica o los que han destapado la corrupción de
congresistas y contratistas, podrían haber sido investigados si hubieran tenido
que pasar por otros congresistas para que ellos tomaran la decisión de
si podían ser investigados”, dice.
El artículo 10 del proyecto, que
reformaría el artículo 186 de la Constitución, establece que “ningún miembro
del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara
a que pertenezca, durante el período constitucional”.
Según Barrios, lo
más peligroso de la iniciativa no es para la mayoría, sino para las
minorías. “Qué podría pasar con miembros de la oposición que tuvieran que
pasar primero por un debate o una negociación política para ver si son
investigados. La propuesta realmente es perversa”.
Puede
interesarle: El encuentro en que Duque habló
de su reforma a la justicia frente a los magistrados
El procedimiento que establece el
proyecto es similar al que existe para el presidente, para los magistrados de
las altas cortes y para el fiscal, que deben someterse a un juicio político en
la Comisión de Acusaciones antes de que pueda juzgarlos la Corte Suprema de
Justicia. Esta comisión ha tenido resultados tan pobres que se ha ganado
el calificativo de comisión de absoluciones porque casi todas las denuncias que
llegan a ella terminan archivadas.
“Hoy no tenemos que haya procesos
contra aforados constitucionales que hayan sido condenados”, señala Barrios. En
45 años de historia, la comisión solo ha acusado a dos personas, al general
Gustavo Rojas Pinilla en 1959, y al magistrado Jorge Petrelt, el año pasado.
“Hoy no tenemos que hayan procesos
contra aforados constitucionales que hayan sido condenados”, señala Barrios.
“Mire todos los procesos de
corrupción con los que hay relacionados congresistas. Eso sería como decirles:
‘vea, usted tiene patente de corso porque entre todos vamos a hacer un carrusel
de la impunidad para que nunca lo puedan investigar‘”, agrega.
Otra de las disposiciones que
contiene el proyecto de reforma a la justicia del Centro Democrático contiene
un cambio muy significativo en los juicios que se adelantan contra el
presidente y otros altos funcionarios.
Hoy en día, si el Senado determina
que hay mérito para juzgar a estos funcionarios pone el proceso en manos de la
Corte Suprema de Justicia, para que lleve a cabo la investigación penal. Con lo
que propone el proyecto, es el mismo Senado el que impondría la pena.
“Las condenas tienen que ser impuestas
por jueces. Aquí pareciera que discutieramos los temas de la justicia, para
unos de manera especial, con prerrogativas, mientras que a otros se les aplica
la ley”, dice Barrios.
“Las condenas tienen que ser impuestas
por jueces".
Uno de los senadores firmantes de la
iniciativa fue el expresidente Álvaro Uribe, quien hace unas semanas fue
llamado indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. Esto, según el ex
candidato presidencial Gustavo Petro, significa que Uribe “Tiene que mirarse de manera juiciosa
los conflictos de intereses que se presentan. Cuando se habla de disminuirles
prerrogativas, todos declaran conflictos de intereses, cuando se trata de estos
temas no hay conflictos de intereses. Creo que el Centro Democrático no
midió el impacto que puede tener para el país esta iniciativa. Esperamos que la
retire”, agregó Barrios.
SEMANA intentó comunicarse en varias
ocasiones con la senadora Paloma Valencia, pero no pudo contactarla. En la
rueda de prensa en la que anunció la presentación del proyecto aseguró que, por
el contrario, este acaba con la impunidad en los procesos contra congresistas y
magistrados.
"Los congresistas y magistrados
van a tener un sencillo procedimiento de desaforamiento que harán las
comisiones conjuntas de Senado y Cámara y una vez hayan recibido la
investigación, lo que hacen es retirar el fuero y los jueces de
circuito designarán un tribunal ad hoc”. señaló.
Destacó que los congresistas se
someterán a los mismos jueces que hoy investigan al resto de los
colombianos, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, que son juzgados por la
Corte Suprema de Justicia. (Tomado de la revista semana 27/09/2018).
No hay comentarios:
Publicar un comentario