CARTA DEL PADRE JAVIER GIRALDO MORENO A LA DIRECTORA DEL DIARIO EL COLOMBIANO DE MEDELLÍN ANA MERCEDES GOMEZ MARTINEZ.

Bogotá, octubre 27 de 2010. El investigador del Cinep lanzó "Fusil o Toga - Toga y Fusil", un libro que recoge la historia de la comunidad de San José de Apartadó en los últimos 13 años.

Señora
ANA MERCEDES GÓMEZ MARTÍNEZ
Directora del diario El Colombiano
Medellín, Antioquia.

De toda consideración.

Adjunto a este mensaje le envío un ejemplar del libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil”, recientemente publicado, en el cual se ha consignado la cronología de violaciones a los derechos más elementales de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Como usted bien lo sabe, dicha Comunidad se conformó en marzo de 1997, acogiendo la propuesta de Monseñor Isaías Duarte Cancino, primer Obispo de Apartadó, de reivindicar los derechos de la población civil en medio del conflicto armado, definiéndose como no integrante ni colaboradora de ningún actor armado mediante principios y normas que fueran asumidas comunitariamente.

Sin embargo, es también de público conocimiento que la reacción del Estado ha sido intentar el exterminio de esa Comunidad, para lo cual se ha servido de todos los mecanismos posibles: bombardeos indiscriminados; desplazamientos masivos; masacres; ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; torturas; montajes judiciales; destrucción de cultivos; incineración de viviendas; abusos sexuales; pillajes de los bienes de subsistencia; robo de animales de carga y de animales domésticos; asaltos a mano armada para robar los dineros de la venta de productos comunitarios; calumnias e injurias difundidas por los medios masivos; amenazas; anuncios permanentes de exterminio; cooptación de desmovilizados –reales o falsos- para configurar un paramilitarismo enfocado a la destrucción de la comunidad; chantajes; sobornos y prebendas para quienes abandonen la Comunidad; compra de falsos testigos; usurpación de funciones judiciales por la fuerza pública; empadronamientos ilegales; espionajes a través del DAS a los miembros del Consejo Interno y a los acompañantes; robo de los bienes de los desplazados; poblamiento ilegal de casas de desplazados y de tierras de los desplazados; campañas masivas de desprestigio a través de medios extranjeros; toma permanente de fotografías ilegales y elaboración de álbumes fotográficos para realizar compra de testigos falsos; robo de computadores y teléfonos celulares; interceptaciones telefónicas ilegales; sometimiento de fiscales, jueces, magistrados, procuradores y defensores a las estrategias del Ejecutivo de eliminación o judicialización; violación de todas las normas procesales en los montajes; invasión de paramilitares en la zona y en los espacios y contornos de la Comunidad de Paz; destrucción de obras simbólicas y sagradas en memoria de las víctimas y garantía de impunidad para los victimarios.

Pero la realidad trágica vivida por las víctimas no se refleja ni de lejos en los medios masivos de “información”. Usted podrá comprobar en el libro, Señora Ana Mercedes, que todos los crímenes han sido puestos oportunamente en conocimiento de los Presidentes de la República, de sus ministros, consejeros, órganos de control, altas Cortes, organismos internacionales y nacionales que velan por los derechos humanos y servicios diplomáticos, sin lograr hasta ahora detener la barbarie ni que se haga justicia. Una verdadera política de Estado se puede evidenciar en el plan de exterminio de la Comunidad de Paz.

Muy otra, sin embargo, es la imagen que los lectores de El Colombiano se han formado de la Comunidad de Paz. No sólo el silenciamiento de los crímenes y la protección mediática a sus autores, sino, lo que es más grave, la tergiversación de los hechos y la estigmatización de las víctimas, se constituyen en actitudes sistemáticas del diario que usted dirige, las cuales merecen el más radical repudio de quien tenga principios éticos.

Fue repulsivo, por ejemplo, el tratamiento que su diario le dio a la masacre del 21 de febrero de 2005, en su mismo editorial (Editorial del viernes 4 de marzo de 2005), en el cual no sólo critica a quienes denuncian a los verdaderos autores del crimen sino que acusa a los denunciantes de querer entorpecer la reelección del Presidente Uribe y aboga por la presencia de la fuerza pública en el caserío, a pesar de los graves señalamientos de ser los autores de la barbarie. Igualmente repulsiva fue la acogida que su diario le dio al falso testigo que los militares buscaron para engañar a la opinión pública (artículo: “Delación, única pista de masacre”, 4 de marzo de 2005, pag. 3 a), tomando sus mentiras como la verdadera versión de los hechos y divulgándolas masivamente sin discernimiento alguno.

Causa indignación comprobar que, una vez desenmascaradas las mentiras por la misma “justicia” en la que su diario dice creer, no se dio ninguna autocrítica ni se intentó corregir las falsedades difundidas, ni reparar los daños enormes causados a las víctimas. Uno se pregunta qué conciencia ética puede tener un medio de “información” al que no le preocupa haber servido de instrumento, voluntaria o involuntariamente, para tan atroces ardides.

La difusión de artículos de columnistas de reconocida ideología fascista, bajo la disculpa de respeto a la “libre opinión”, pero cuando los articulistas toman como base de sus “opiniones”, falsedades y mentiras que causan enorme daño a sus víctimas, de ninguna manera puede eximir de responsabilidad en esos daños al diario que los difunde. Así, por ejemplo, los artículos del ex Ministro Fernando Londoño Hoyos, del ideólogo Ernesto Yamure, del periodista Plinio Apuleyo Mendoza y otros que se expresan en su diario y que se han ensañado contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó apoyándose en falsedades de evidente perversidad, ponen al descubierto la ineludible responsabilidad de El Colombiano en una campaña inicua de difamación y de estigmatización inspirada por agentes del Estado con miras a legitimar todos los crímenes enumerados en el tercer párrafo de esta carta.

¿No cree usted, Señora Ana Mercedes, que cuando el Señor Fernando Londoño afirma en su columna de El Colombiano (8 de marzo de 2005, pag. 5 a) que “San José de Apartadó es un enclave de las FARC donde mandan a sus anchas …” etc., no está expresando una “opinión” sino difundiendo una mentira de criminales consecuencias para sus víctimas, toda vez que el Estado, y muy especialmente el Gobierno del Presidente Uribe, se ha apoyado en esas “verdades” para masacrar civiles presentándolos como “combatientes”? ¿Se cree usted eximida de responsabilidad en esa estrategia criminal?

Y ¿qué decir de las “informaciones judiciales” que su diario difunde? El 21 de marzo de 2007 (pag. 12 a) usted presentó la capturas de jóvenes campesinos de San José como responsables del atentado al establecimiento La Barra Cervecera de Apartadó, ocurrido el 22 de mayo de 2004, difundiendo masivamente sus fotografías.

Uno de ellos, gracias a la “información” masivamente difundida de El Colombiano, comenzó a recibir en la prisión amenazas de muerte de paramilitares, quienes creyeron a ciegas en la “información” de El Colombiano y por ello le anunciaron que cuando saliera de la cárcel sería asesinado sin compasión. Hoy es claro que todo fue un montaje urdido por el agente de DAS Renember Fernández Curico, la Intendente investigadora del CEAT Sandra Janeth Gil, con la complicidad de la Fiscal 51 Especializada, María Fabiola Mejía Muñetón. A uno de los detenidos le pagaron cinco millones de pesos para acusar a los otros, autoinculpándose él mismo, abusando de manera escalofriante de su ingenuidad jurídica y de su ambición de dinero.

¿Por qué, una vez que la misma “justicia” en la que dice creer El Colombiano, los absolvió, su diario no ha reparado tan criminal “información”?. ¿Ignora usted, Señora Ana Mercedes, las consecuencias tan terribles que este montaje tuvo para sus víctimas, sus familias y sus comunidades? ¿No le causa esto ninguna preocupación ni remordimiento? Lo mismo puede decirse de la “información” aparecida en su diario el 23 de febrero de 2007 (pag. 8 a) titulada “Cae miliciano por atentado en Urabá”. Seguramente usted “creyó” en las informaciones que la fuerza pública, autora de ese montaje tan infame y criminal, le envió a su diario, y no tuvo duda en estigmatizar a este pobre campesino, arruinando su reputación por el resto de su vida y entregándolo a la sevicia de militares y paramilitares que se apoyan en esas “noticias” para ejecutar a falsos “combatientes” a granel.

Pero es un hecho que usted no le hace ningún seguimiento a esas falsedades ni al parecer le importa comprobar si fueron ciertas o falsas; hace caso omiso de las consecuencias terribles que tales “informaciones” tienen en las víctimas, sus familias y sus comunidades; participa –consciente o inconscientemente, no lo sé- en las cadenas perversas de difamación y estigmatización impulsadas desde el Estado, y cuando la misma “justicia” absuelve a los inocentes, no es capaz de rectificar, devolver el buen nombre ni reparar los horrores causados. ¿Cree usted que es éste un periodismo ético?

Consecuencias aún peores han tenido las falsedades proferidas por el mismo Presidente Uribe, cuyas políticas y actuaciones al parecer usted defiende a toda costa sin importar las consecuencias, difundidas masivamente desde su El Colombiano.

El 21 de marzo de 2005 (pag 2 d) su diario retomó las frases textuales del Presidente Álvaro Uribe al concluir un consejo de seguridad en Carepa, en la Brigada XVII, en las cuales incluía 5 graves calumnias contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Seguramente la autoridad que para usted revestía el delincuente, no le hizo dudar en difundir tal cadena de falsedades. La sentencia de la Corte Constitucional (T- 1191/04) deja muy en claro que el Presidente estaba cometiendo allí un delito que debía recibir tratamiento penal, disciplinario, de control político, de Acción de Tutela y de justicia internacional y que estaba violando de manera flagrante artículos neurálgicos de la Constitución Nacional. La denuncia de la Comunidad trasegó durante 5 años por la Cámara de Representantes y altos tribunales, hasta ser objeto de archivo por la Plenaria de la Cámara el pasado mes de agosto, sin haber investigado nada y con argumentos tan vergonzosos que llevaron a un grupo de congresistas a remitir el caso a la Corte Penal Internacional. Uno se pregunta, nuevamente, si las preferencias políticas de un diario que se dice de “información” masiva, puede pasar por encima de la Constitución y de los Derechos Humanos universales. ¿Dónde queda el Derecho a la Verdad? ¿Dónde queda el derecho de los ciudadanos a una Información Veraz y Confiable? ¿Autorizan las adhesiones políticas partidistas y personalistas a una complicidad con el delito?
¿Qué decir de las falsedades proferidas por el General Pauxelino Latorre, difundidas en El Colombiano el 22 de febrero de 2003 (pag. 11 a)? Allí presentaba a los ocupantes de un campero que se movilizaba entre Apartadó y San José el 12 de febrero, todos detenidos arbitrariamente, como integrantes del frente Otoniel Álvarez de las FARC, quienes llevaban explosivos. La estigmatización de la Comunidad de Paz fue entonces masiva, gracias a El Colombiano y otros medios. Ninguno de ellos escuchó a las víctimas ni a la Comunidad ni le hizo seguimiento alguno al caso para darse cuente de que se trataba de uno de los montajes más criminales, pues habían planeado asesinar a dos miembros del Consejo Interno de la Comunidad y para ello introdujeron una caja con explosivos en el campero, todo planeado entre militares y paramilitares. Nuevamente se pregunta uno qué criterios existen en medios tan importantes y de tan alto tiraje, para evaluar las fuentes de sus “informaciones”.

Se comprueba que no hay el menor interés de escuchar a “la otra parte”, es decir, a las víctimas o a los acusados. ¿Hay allí una base de objetividad? ¿Por qué una ausencia tan radical de toda ética periodística? ¿Son conscientes las directivas de los enormes males que causan? ¿Les importa algo esto o es eso lo que directamente buscan? Especial indignación y repugnancia causó el tratamiento de la “noticia” sobre el asesinato de Doña Margarita Giraldo Úsuga el 24 de diciembre de 2007 (EL Colombiano, diciembre 26 de 2007, pag. 10 a), donde en muy pocas líneas se afirma que la Brigada XVII reportó un “enfrentamiento” en zona rural, encontrándose posteriormente “los cuerpos sin vida de dos supuestos integrantes de las FARC”. Así se informó sobre el asesinato infame de una matrona, ama de casa, altamente apreciada por todo su entorno geográfico como mujer de especiales virtudes sociales y hospitalarias. Nada se dice de la falsedad del combate; del infame montaje; de la presentación de su cadáver como “guerrillera muerta en combate” cuando en realidad estaba recogiendo unas yucas en su huerta; del infame pillaje y ametrallamiento de su vivienda; de las amenazas a su esposo y a su hija para que afirmaran en la Fiscalía que ella “era guerrillera”, o de lo contrario morirían todos los de su familia; del ensañamiento en sus restos mortales por parte de Medicina Legal y el CTI, descuartizando su cadáver y partiendo en pedacitos sus vísceras para regarlas por todo el cuerpo, de modo que no se pudiera oficiar decentemente un funeral.

Toda esta ignominia no tiene cabida en la “información” que recibe la sociedad, pues, según su Editorial del 4 de marzo de 2005, eso desprestigiaría a las fuerzas armadas y al Presidente Uribe. No hay palabras para calificar los hechos del silenciamiento, la tergiversación, la manipulación, la falsedad, la mentira, ínsitos en este modelo de “información”. ¿Es usted consciente, Señora Ana Mercedes, de todo esto? ¿Dónde está la ética informativa? ¿Sigue creyendo usted en sus “fuentes” que la han llevado a participar en tantos horrores?

Son muchos los casos en que su diario, obsecuente con las instituciones militares, judiciales y administrativas y con su “verdad”, que no requiere, al parecer, para usted, ninguna verificación ni investigación, ni mucho menos una exploración de la verdad de las víctimas, ha contribuido a arruinar la reputación de infinidad de víctimas, a causar infinitos sufrimientos en sus familias y comunidades, a pisotear la honra y los derechos elementales de quienes son estigmatizados y condenados por una “justicia” de montajes y por un Estado que busca exterminar a multitud de inocentes.

¿Cree usted, Señora Ana Mercedes, que un país puede conformarse con este tipo de “información”? ¿Quedará satisfecho el derecho de una sociedad a la verdad y a recibir informaciones veraces y honestas? ¿No cree usted, que se impone una reforma radical del estatus de los medios para erradicar el derecho a la mentira en que se han fundado hasta ahora? ¿Es legítimo que el derecho a la verdad y a la información esté en manos de personas privadas que “informan” de acuerdo a sus preferencias ideológicas y a sus connivencias con autoridades corruptas y criminales, sin que las víctimas ni los sectores sociales deprimidos tengan alguna espacio para contar su verdad? ¿Qué concepto tiene usted de la ética y de la justicia?

Quiero invitarla a que reflexione en los enormes sufrimientos y ruinas que ha causado su modelo “informativo”; a que revise sus fuentes; a que tome conciencia de las complicidades a que la han arrastrado las fuentes que usted considera sagradas; a que transforme radicalmente su diario de cara a los que no tienen voz y son víctimas de todos los poderes; a que repare los daños tan enormes que en tantas familias humildes ha producido.

Sería de desear que usted ayudara a diseñar un modelo de información donde tenga alguna cabida el derecho de la sociedad a la verdad; el derecho a la expresión de quienes no tienen dinero ni poder; el derecho a la honra de quienes son difamados y estigmatizados por las instituciones que quieren hacer de ellos “falsos positivos” para fingir éxitos militares.
Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Bogotá, noviembre 3 de 2010

Untados

Por Julián Cubillos*

Julián Cubillos
OPINIÓNES

indudable que la corrupción pública es uno de los males más grandes que puede existir en una sociedad, pero más grande aún es el mal que constituye percibir esa corrupción como un mal necesario, tolerarla.

Viernes 12 Noviembre 2010

Por ‘corrupción’, en nuestro uso más frecuente del término, entendemos aquella práctica que consiste en el abuso del poder público en beneficio privado. Pero este uso no parece atender al hecho de que la corrupción no se agota en lo público, ya que muchas organizaciones de carácter privado –e, incluso, muchas prácticas cotidianas al margen de cualquier tipo de organización– también pueden caer presas de este vicio. Al obviar esto tendemos a señalar de ‘corruptos’ únicamente a los empleados públicos, y preferimos otras expresiones para referirnos a quienes, en otros ámbitos, incurren en prácticas similares al abuso del poder en beneficio propio: ‘capitalistas’, les decimos –en el mejor de los casos–, o ‘desgraciados’ –en el peor–. Eso sí, con un cierto dejo de envidia de nuestra parte.

Un uso tan restringido del término bien podría justificarse señalando que las prácticas corruptas son peores cuando involucran el dinero de los contribuyentes, y que es este el mismo uso que le dan muchas organizaciones de prestigio. Como Transparencia Internacional, por ejemplo; una organización global y civil –al margen de intereses políticos y económicos–, que lidera la lucha en contra de los devastadores efectos de la corrupción en todo el mundo.

Las tablas o índices que cada año publica esta organización miden la percepción de la corrupción en el sector público de un país, es decir, la frecuencia con la que un funcionario público abusa del poder en beneficio privado. De acuerdo con el último índice, que no sobra señalar aquí, la corrupción pública en Colombia es lamentable. Este año –y entre un listado de 178 países– el Índice revela que descendimos al puesto 78. Veníamos de ocupar el 75 en el año 2009, con una percepción de corrupción de 3,7 –donde 10 es excelente y 0,0 realmente deplorable–. Caímos, ahora y como nunca lo hemos dejado de hacer, a 3,5.

Pero si bien esto es lamentable, y sin querer demeritar el trabajo de Transparencia Internacional, permítaseme insistir en mi punto inicial: nuestra corrupción es aún peor. Porque el Índice registra tan solo un lado del problema, lo público. Así, la cuestión es muy sencilla, aunque no por ello resulte fácil de aceptar: siendo que la corrupción pública es tan solo una manifestación de una clase de corrupción más amplia, la lucha contra esta manifestación será siempre un paño de agua tibia frente al problema de fondo, el de la corrupción moral.

No lo podemos ocultar, la nuestra es una sociedad corrupta en sus costumbres y prácticas más cotidianas. Esas que, por lo general, comienzan por casa. Aquí muchas personas educan a sus hijos para triunfar, para formar empresa, bajo el precepto de ganar siempre (y sin que importe cómo) en los negocios. De ahí que contemos con tantos ‘cacaos’ en el ámbito empresarial. De ahí que no nos importe que nuestro actual presidente haya sido elegido con la introducción de ‘picardías’ en su campaña –como él mismo lo acepta–. O de ahí que, entre tantos otros casos, ciertos alcaldes que se ven implicados en corrupción pretendan quedar absueltos, sin más ni más, ‘pagando de su propio bolsillo’.

Son este tipo de personas las que admiran –de manera consciente o inconsciente– El Príncipe de Maquiavelo, por defender de un modo tan certero la carencia de escrúpulos que debe tener todo gobernante. Pues siendo el poder un fin en sí mismo, para conservarlo tan solo hay que aprender a moverse dentro de los límites entre la legalidad y la ilegalidad. Allí donde todo queda sujeto a la interpretación, a la excusa. Parecen olvidar, sin embargo, que fueron justamente los altos niveles de corrupción moral y política (de la Italia del siglo XVI), los que llevaron a Maquiavelo a defender la casi desesperada medida de optar por una monarquía absoluta. Él mismo no era indiferente a los efectos que, debido a su acción sobre la masa, producen los vicios morales en la vida social y política.

Es indudable que la corrupción pública (política) es uno de los males más grandes que puede existir en una sociedad, y que este vicio se combate con el diseño e implementación de buenas políticas de supervisión. Pero más grande aún es el mal que constituye percibir esa corrupción como un mal necesario, tolerarla. De ahí que mientras no ataquemos el problema de raíz –esto es, mientras no abordemos el problema de la corrupción como uno, ante todo, moral–, no podremos diseñar políticas eficaces en contra de la corrupción. Políticas que, además de la supervisión, privilegien la educación moral –esa que, valga insistir en ello, comienza por casa y con el ejemplo mismo de nuestros gobernantes–.

Pienso, entonces, que no es el ámbito público nuestro único problema en materia de corrupción. Porque sin una adecuada educación moral, nuestra malicia indígena nunca dejará de aplicar su mandamiento principal: “Hecha la regla, hecha la trampa”. Porque aquí, como bien señala la ‘filósofa’ colombiana Andrea Echeverry: “Todos estamos untados; todos quedamos involucrados…”.

OPINION LIBRE 117

POR: DIEGO ROLDÁN JARAMILLO

BALANCE DE LOS CASI TRES AÑOS DEL ALCALDE FANTASMA.

Al hacer un juicioso balance del periodo extintivo del actual mandatario Yarumaleño, está claro, o mejor dicho quedo claro, que el posicionamiento estratégico fue un fiasco.

Calles que dan pena por su mal estado, una planta de mieles construida cerca a Yarumal, donde no hay una sola mata de caña, el escenario deportivo de los Yarumaleños convertido en base militar, un programa de vivienda construido en una laguna, un hospital convertido en una mazamorra de la politiquería, una Secretaria, con un Secretario de Planeación incompetente, y qué decir de la joya de la administración: LA INSEGURIDAD DE YARUMAL EN MANOS DE LOS DELINCUENTES.

“La delincuencia, con los agentes ocultos que procura, pero también con el rastrillado generalizado que autoriza, constituye un medio de vigilancia perpetua sobre la población: un aparato que permite controlar, a través de los propios delincuentes, todo el campo social. Michel Foucault”.

La frase de la historia de esta administración “hechos aislados”, o la frase de una tal inecita que la llame o la bautice como “la capadora brutica”, que dice entre otras cosas “que los muertitos NO son de aquí”; “pero inecita los están matando aquí”. Como ella misma se describe con ese diminutivo, es que pobrecita, es tan poquita y tan brutica”.

Tres cuentitos cortitos:

Un pastuso que nunca aparece, porque cuando se mira al espejo, reacciona de una manera rara – quien es usted, que hace aquí- cuando vino-. Estos fenómenos se dan mucho por allí, ya sea en el Cauca, en Marmato o Pasto, pero da igual, le da igual.

Razón tenían algunos habitantes de mi terruño cuando decían que el alcalde se parecía a Dios, porque se sabía que existía, pero no se veía. (Por eso lo llaman el “alcalde fantasma”).

Pero también recuerdo este otro cuentito que no me he cansado de publicarlo: “Jesús mando llamar a Pedro su apóstol mas querido y mas tránsfuga de todos (negó a nuestro señor Jesús 3 veces): y le dijo: - Pedro coge este costalado de SINVERGUENZAS y por cada pueblo por donde paséis me dejáis uno, Pedro cogió el costalado de SINVERGUENZAS y se lo hecho al hombro y empezó a andar y andar sin descansar, pero no veía ningún pueblo, pero al mucho tiempo de caminar y de cargar con los SINVERGUENZAS se encontró un pueblo, y allí se le rompió el costal. Allí quedaron todos. Amen


Primero cogieron...

Primero cogieron a los comunistas,
y yo no dije nada porque yo no era un comunista.
Luego se llevaron a los judíos,
y no dije nada porque yo no era un judío.

Luego vinieron por los obreros,
y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista.
Luego se metieron con los católicos,
y no dije nada porque yo era protestante.

Y cuando finalmente vinieron por mí
no quedaba nadie para protestar.

Bertolt Brecht

DE EL GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE VELEZ sabíamos gran cantidad de hechos escandalosos.

Corrupción disparada
Por: Felipe Zuleta Lleras

Entre ellos los falsos positivos, Agro Ingreso Seguro, las chuzaDAS, los seguimientos a los magistrados, las reuniones con delincuentes en la Casa de Nari para enlodar a los togados, las zonas francas en manos de los hijos del Presidente, la crisis de la salud, el atraso en infraestructura, el asesinato de sindicalistas y las mentiras constantes.

Lo que no teníamos claro, aun cuando se rumoraba, eran la corrupción galopante y disparada. Por supuesto que se hablaba de contratistas beneficiados por el Gobierno, de los amigos empresarios del Presidente, de los allegados al régimen y de los negocios de los parientes cercanos. Todas esas historias plagadas de detalles han empezado a conocerse poco a poco, mientras Uribe se dedica a mandar unos trinos en su Twitter que no tienen nada que ver con la realidad. Él sigue, como loco con ametralladora, disparando frases inconsecuentes y mentiras mal redactadas.

Tal será la corrupción que encontró el gobierno de Santos que ha tenido que intervenir, hasta ahora, dos entidades públicas: la dirección de Estupefacientes y Fondelibertad. Pero me temo que eso es poco. Deberían hacer lo propio con el Inco, el Ministerio de Transporte y el Banco Agrario, entre otros.

La corrupción en los gobiernos de Uribe no tiene antecedentes en la historia del país. Mientras él hablaba de acabar la corrupción y la politiquería, muchos de sus funcionarios se dedicaron a saquear las arcas del erario sin ningún escrúpulo. Nunca pensé que más de 30 años después íbamos a darle la razón al ex presidente Julio César Turbay cuando sostuvo que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones.

Recuerdo que en ese entonces, 1978, el país se le vino encima al Dr. Turbay. Hoy entiendo lo que decía.

A 100 días de haberse posesionado el presidente Santos empezamos a conocer la realidad sobre la corrupción del gobierno Uribe. En una magnífica serie llamada “La olla raspada” el noticiero RCN televisión nos mostró en detalle cómo en la última semana del gobierno de Uribe se despacharon 3,3 billones de pesos en contratos, muchos de ellos absolutamente inauditos y escandalosos. Y mientras eso pasaba, el ciudadano Uribe distraía la atención del país peleando con las altas cortes y los periodistas opositores. Sólo con el paso del tiempo conoceremos los estragos verdaderos del gobierno pasado. Un gobierno dedicado a delinquir desde la misma Casa de Nariño como se ha venido a saber ahora con lujo de detalles. Y pensar que los colombianos estaban convencidos de que el período Uribe era uno de los mejores de nuestra historia.
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Notícula: Nunca entendí las razones por la cuales Salud Hernández arremetió en contra del auditor general, Iván Darío Gómez Lee, un joven abogado, conocedor como nadie del control fiscal. Académico, descontaminado y honesto. Y la chapetona haciéndole el favor a alguien para joderlo.

Twitter @fzuletalleras