Proyectos para población desplazada generan polémica en Antioquia
Medellín, mar 24 (IPC). - Lo que pretendía ser una audaz estrategia de la Gobernación de Antioquia para la estabilización social y económica de la población desplazada y retornada terminó siendo objeto de fuertes críticas por parte de los mismos desarraigados debido a lo que ellos llaman ineficacia e improvisación. Las quejas de los campesinos han llegado a tal punto que la Contraloría General de Antioquia ha decidido tomar cartas en el asunto.
Se trata de los proyectos productivos sostenibles que viene liderando desde 2008 el Departamento Administrativo para La Atención y Recuperación de Desastres (Dapard) en convenio con entidades del orden nacional como Acción Social y con las alcaldías locales, dirigidos a familias desplazadas en procesos de retorno en por lo menos 40 municipios antioqueños.
La iniciativa, que en 2009 significó una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos por parte de la Entidad Departamental, contempla garantizar la seguridad alimentaria de los campesinos a través de la entrega de semillas de pancoger como maíz, arroz y frijol; impulsar la producción de productos agrícolas como café, cacao, aguacate, entre otros y generar ingresos a través de la ganadería.
Con ello, se busca avanzar en la consolidación social y económica de las subregiones afectadas por el flagelo del desplazamiento forzado. Pero según palabras de labriegos beneficiarios de estos proyectos, el remedio resultó peor que la enfermedad.
Casos en los que semillas no lograron germinar por su mala calidad al igual que constantes quejas por la entrega de productos agrícolas propicios para pisos térmicos fríos y templados a campesinos ubicados en zonas húmedas y cálidas son escuchados con frecuencia, principalmente en municipios como San Carlos, San Luis y San Francisco, Oriente antioqueño.
Recientemente, la Agencia de Prensa IPC conoció el testimonio de Genaro Ciro, presidente de la acción comunal de la vereda Farallones, en el municipio de San Francisco, quien resultó beneficiario, al igual que otras 22 familias de su localidad, de un proyecto de seguridad alimentaria cofinanciado por la Alcaldía Municipal y el Dapard, consistente en la entrega de semillas de café, maíz y frijol.
“Nosotros nos ilusionamos con esas semillas pero el café, por ejemplo no sirvió, porque eso es tierra caliente. El maíz y el frijol tampoco sirvieron, quedamos en las mismas”, comentó Genaro, quien estuvo como desplazado cinco años en el casco urbano del municipio y regresó a su finca en el año 2007 por su propia cuenta y riesgo.
Los relatos más preocupantes guardan relación con los proyectos relacionados con la ganadería. A través de procesos de contratación con entidades especializadas, el Dapard entregó una vaca lechera y un ternero (lo que se conoce como un “atao”) a cerca de 200 familias en municipios del Oriente, Norte, Bajo Cauca y Suroeste antioqueño.
Pero los testimonios de los favorecidos dan cuenta de la entrega de ganado de mala calidad, sin dientes, viejo y no apto para el consumo humano. De hecho, la Agencia de Prensa IPC conoció que en municipios como San Francisco, Ituango y Nariño, los campesinos se vieron obligados a sacrificar las reses o, en el mejor de los casos, a venderlas a muy bajo precio.
Uno de esos casos se registró en la vereda Arrayanes, municipio de Nariño, también en el Oriente antioqueño, donde unas 22 familias que retornaron al lugar recibieron en el año 2008 una vaca por grupo familiar. Según Nicolás Castrillón, integrante de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA) y quien acompañó este proceso, además de la mala calidad del ganado entregado, no se proveyó a los campesinos de los insumos necesarios para el mantenimiento de los semovientes.
“Yo personalmente estuve en el lugar y conocí los animales, algunos incluso con un solo cuerno, flacos y de mal aspecto. En esa vereda no había suelos aptos para ganado ni tampoco hubo un acompañamiento apropiado por lo que varios se murieron. En otros casos, las familias decidieron venderlo por lo que les dieran”, manifestó Castrillón.
Investigación
El tema ya es objeto de estudio por parte de la Contraloría General de Antioquia. En un preinforme fechado el pasado 28 de febrero, producto de una Auditoria Especial realizada a finales del año pasado, el Órgano de Control no sólo ratifica las versiones de los labriegos sino que también advierte sobre presuntas irregularidades en los contratos celebrados en 2008 por el Dapard, para la adquisición de más de 250 cabezas de ganado.
De acuerdo con el documento de 42 folios, al comparar los precios en que la Entidad departamental adquirió los semovientes con los estipulados para la época por la Central Ganadera de Medellín se observa un sobrecosto cercano a los 189 millones de pesos.
Así por ejemplo, en el contrato 2008CF260037, suscrito con el municipio de Ituango y cuyo objeto era la “cofinanciación de proyectos productivos de ganadería para familias desplazadas que se encuentren en proceso de retorno”, la Contraloría halló que el Dapard invirtió un total de 542 millones 589 mil pesos para la adquisición de 231 “ataos” (vaca y ternero), a razón de 2.219.000 de pesos cada uno, y 10 toros a un valor unitario de 3 millones de pesos.
Pero a renglón seguido, la Contraloría advierte que el ganado requerido en el objeto del contrato bien podría haberse adquirido a un valor de 1.900.000 pesos por “atao”, incluido transporte e impuesto, y de 1.680.000 pesos por toro, lo que daría un total de 455 millones 700 mil pesos, para una diferencia total de 86.889.000, “valor que se configura en un presunto detrimento en contra de la Administración del orden nacional, departamental y municipal”.
“Sobresaliendo el que se entregó ganado de muy baja calidad, algunos con dos tetas, sin dientes, flacos y no aclimatables según lo declarado por algunos beneficiarios y funcionarios de la Umata. Terneros de baja calidad y no de servicio que tuvieron que ser vendidos por solo 800.000 pesos”, según lo reseñó el preinforme.
La misma observación fue hecha en los contratos celebrados en el mismo año y por los mismos objetos con la entidad Gedi, para atender los municipios de Cáceres y Tarazá por valor de 282 millones de pesos; con el Municipio de Briceño por valor de 303 millones de pesos; con el Municipio de Urrao por valor de 419 millones de pesos; con el Municipio de San Luis por valor de 106 millones de pesos; con la Corporación Ayuda Humanitaria para atender las localidades de Betulia, Segovia y Remedios por valor de 456 millones de pesos y con Redepaz, para atender el municipio de Nariño por una cuantía de 166 millones de pesos.
Al respecto, el director del Dapard, Jhon Fredy Rendón Roldán, desestimó las observaciones hechas por la Contraloría tras considerarlas como una jugada política más que un ejercicio de control propio de su función.
“Nosotros lo descalificamos porque fue un informe elaborado en época electoral en lo que buscaban era precisamente hacer una presión política y, desde ese punto de vista, están totalmente equivocados, comenzando porque el documento lo elaboró un ingeniero sanitario que no está cualificado para evaluar proyectos productivos”, declaró Rendón Roldán quien agregó que los libros de la entidad a su cargo están abiertos cualquier verificación.
De igual forma, el Director del Dapard sostuvo que a la fecha son pocas las quejas recibidas por parte de los beneficiarios sobre la calidad de los semovientes: “Ha habido quejas, pero más producto de hechos aislados como que el ternero se lastimó en el transporte. En ese caso, se ha procedido a cambiar los animales”.
Y continuó: “De hecho, el proceso de adquisición lo hace todo un equipo interdisciplinario que vela por la calidad de los mismos, la entrega se hace con todo el acompañamiento del caso, incluso en el parque del pueblo donde la gente puede observar y quien no está conforme pues se escucha y si es del caso, pues se le cambia el ganado”, aseveró el Funcionario.
De acuerdo con el Director del Dapard, lo que se ha detectado es que algunos campesinos a los que se les entrega ganado para proyectos productivos lo venden a los pocos meses o simplemente no realizan los cuidados respectivos, lo que deriva en deterioro de las condiciones de salud del semoviente. “Siempre que se hace una entrega de este tipo, hay un periodo de seguimiento y acompañamiento por personal especializado, pero después el responsable es el campesino y la verdad es que a veces es difícil adelantar este tipo de proyectos por las razones que le digo”, agregó Rendón Roldán.
En su informe de gestión correspondiente al año 2009, el Dapard reseñó que cerca de 5 mil familias desplazadas en procesos de retorno en Antioquia resultaron beneficiadas con proyectos productivos y para este año, la Entidad departamental espera aumentar dicha cifra gracias al convenio suscrito con Acción Social por valor de 8 mil millones de pesos.
Ojalá que en esta ocasión se tomen los correctivos a que haya lugar y que la atención se centre en lo verdaderamente importante: restituir de manera integral los derechos de la población desplazada por el conflicto armado.
Agencia de Prensa IPC
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