16 Oct 2018 - 5:30 AM
-Lorena Arboleda Zárate / @LorenaArboleda8
Este martes, la Comisión Primera de la Cámara
retoma el debate para permitir que las elecciones de las autoridades
territoriales y nacionales se desarrollen el mismo año. La polémica sigue
siendo la propuesta para ampliar el período de los actuales alcaldes y
gobernadores.
El pasado miércoles 3 de octubre revivió en el escenario político el
debate sobre la unificación de períodos para autoridades nacionales, regionales
y locales elegidas popularmente. En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes
comenzó la discusión de un proyecto de acto legislativo para tal fin, impulsado
por varios sectores en el Capitolio, agregándole una propuesta
controversial: que los actuales mandatarios electos
prolonguen su período hasta 2022.
No es la primera vez que se intenta sacar adelante esta propuesta. Como
se recordará, una de las promesas en la campaña de reelección de 2014 del
entonces candidato presidente Juan Manuel Santos fue llevar al Legislativo una
reforma que permitiera que los alcaldes y gobernadores de ese momento se
pudieran reelegir de manera transitoria y así unificar los períodos a partir de
2018.
Hundida esa iniciativa, ahora el Congreso se prepara
para reabrir la discusión y este martes la Cámara Baja deberá evaluar la conveniencia,
constitucionalidad y urgencia de sacar adelante, ahora sí, ese proyecto que
modificaría la Constitución.
¿Qué contempla? Básicamente, para lograr el objetivo de unificación de
períodos se plantea que el mismo día de las elecciones legislativas de 2022
(segundo domingo de marzo) se vote por gobernadores, diputados, alcaldes,
concejales y ediles, “de tal manera que todos los elegidos inicien
sus períodos constitucionales según corresponda”.
¿Cómo serían, entonces, las fechas concretas si se avala el contenido
del proyecto 140 de 2018? Los congresistas iniciarían su período el 20 de
julio, las autoridades territoriales el 25 de ese mismo mes y el presidente de
la República el 7 de agosto del mismo año. Las críticas a la iniciativa,
en todo caso, apuntan a su inconstitucionalidad, principalmente por proponer que
los mandatarios regionales y locales electos en 2015 permanezcan
hasta 2022. De hecho, este punto fue calificado de mico por sus contradictores.
Lo primero que hay que aclarar es que, por tratarse de una reforma
constitucional, esta propuesta ya había sido objeto de discusión antes de ser
radicada en el Congreso, en una audiencia pública realizada el pasado 27 de
septiembre. Es decir, no fue una propuesta incluida a última hora, antes de
comenzar el debate en la Cámara.
En ese momento, organismos como la Federación Nacional de Departamentos,
la Federación Colombiana de Municipios y la Asociación Colombiana de Ciudades
Capitales anunciaron al unísono su apoyo a la iniciativa, por considerar
que “mejoraría la coordinación y articulación en la planeación económica
entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”.
No obstante, la discusión en torno a su constitucionalidad cobró
relevancia, pues no son pocos los sectores que consideran que, aunque es
necesaria la unificación de períodos, prolongar el mandato de los
actuales representantes electos vulneraría la voluntad popular de los
ciudadanos que los eligieron en 2015, cuyo derecho es protegido por la
misma Carta Política.
En respuesta, los defensores del proyecto señalan que “la afectación del
mandato popular (…) no es ni comparable con la suerte del mismo mandato
—temporal o programático— cuando entra un gobernador o un alcalde a reemplazar
al elegido por falta absoluta, gracias a la designación ejecutiva del
presidente o del gobernador para los 18 meses o menos del mandato restante
(…)”, según un argumento jurídico remitido a la Comisión Primera de la Cámara.
En pocas palabras, los promotores de la iniciativa —entre quienes se
encuentran los representantes César Lorduy, Jairo Humberto Cristo y Jaime Rodríguez
Contreras, de Cambio Radical, y Alfredo Deluque y Jorge Burgos, de la U—
consideran que ni siquiera en este caso, en el que el gobernante es designado
por una autoridad específica, se ha declarado la inconstitucionalidad a pesar
de que el reemplazante “carece de legitimidad popular. No podría ser diferente
en el caso de la extensión del período de los actuales mandatarios, que sí
fueron elegidos por el pueblo”.
La
contrapropuesta
Uno de los partidos políticos que se opusieron a la propuesta inicial de
este proyecto fue la Alianza Verde. No porque no considerara necesario unificar
los períodos, sino porque, afirma, ampliar los términos de
duración de mandato de los alcaldes y gobernadores electos en 2015 no busca
nada más que hacerles un favor a sectores como Cambio Radical, ya que,
aseguran, es la colectividad la que está detrás de la iniciativa.
“Que alcaldes como Peñalosa en Bogotá sigan hasta el 2022 es una
violación flagrante y grave a la democracia. Fueron elegidos para cuatro años”,
señaló el representante Inti Asprilla, quien advirtió que el Congreso no puede
ampliar los períodos “de manera arbitraria y dictatorial”. Juanita Goebertus, también de los verdes, presentó ante la
Comisión Primera una ponencia alterna que, aunque defiende la unificación de
períodos, propone que dicha reforma solo sea aplicable hasta el año 2028.
Además de lograr que los períodos de las autoridades locales, regionales
y nacionales coincidan a partir de esa fecha —para evitar legislar en interés
propio—, se propone ampliar el tiempo de altos funcionarios del Estado: el
presidencial, el de los congresistas, diputados, concejales, alcaldes,
gobernadores, fiscal, contralor y defensor del Pueblo.
“Contar con períodos más largos permite dar estabilidad y continuidad al
Gobierno con el fin de evitar las alteraciones que causan las rupturas propias
de los períodos más cortos. Extender un año el período
permite ofrecer un año adicional de ajuste y planeación para que los siguientes
cuatro sean de ejecución”, argumentó la legisladora.
La idea de Goebertus es la siguiente. En 2022, fecha en la que
tendrán lugar las próximas elecciones legislativas y presidenciales,
comenzarían los períodos de cinco años para estos, terminado el 31 de diciembre
de 2027. Habría un período de transición, dado que terminarán
ejerciendo, para 2027, un período de cinco años y cinco meses. El objetivo
sería unificar todos los niveles, incluyendo el de los entes de control arriba
mencionados.
Entonces,
los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de juntas
administradoras locales (JAL) que se elijan en los comicios de 2019 y en 2023
ejercerían su período regular de cuatro años, para unificarlos con el
presidencial en 2028, pues
comenzarían a desarrollar sus funciones a partir de ese año.
“Para velar por el equilibrio de poderes y la correcta vigilancia y
control de las entidades, se extiende el período del fiscal general, que
empezará a regir para la elección del año 2020. En el caso del defensor del
Pueblo, el nuevo período de cinco años también empezará en la elección del
2020. Por su parte, para el procurador general, el período de cinco años
empezará a regir en la elección del 2021. Para el contralor general se mantiene
lo dispuesto respecto a la coincidencia de su período con el del presidente”,
agrega el texto de la propuesta.
Las fechas de convocatoria para elecciones sería así: el segundo domingo
de marzo de 2027 se votaría para Senado y Cámara, el segundo domingo de agosto
de ese año para Presidencia de la República, y el segundo domingo de octubre
sería para alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de
JAL. Todos comenzarían el ejercicio de sus funciones el 1º de enero de
2028. En últimas, las dos propuestas de los congresistas que
representan orillas distintas no se contraponen, salvo asuntos esenciales que
giran en torno a los actuales mandatarios territoriales.
Al final, los beneficios han sido expuestos ampliamente en los textos
que ya están sujetos a consideración de los legisladores: la coordinación y puesta
en marcha de políticas públicas que ejecuten los planes de desarrollo
nacionales y regionales, evitar las restricciones que representa
la Ley de Garantías y ahorrar presupuesto en los costos propios de un proceso
electoral. Resta esperar a ver si esta reforma, por tener evidentes
intereses políticos, no termina naufragando como las tantas iniciativas que,
buscando el mismo objetivo, resultan derrotadas por el ineludible pulso que a
diario se presenta en el Capitolio Nacional.
