El gobierno fracasaría en su intento de hacer
modificaciones a la figura creada por la Constitución del 91. Presidentes de
las altas cortes, organizaciones sociales y congresistas rechazaron la
propuesta.
El primer artículo
del proyecto de reforma a la Justicia del gobierno de Iván Duque pretende hacer
ajustes a la acción de tutela, que ha sido llamada la ‘joya de la corona’ de la
Constitución del 91. Pero los presidentes de las altas cortes, voceros de organizaciones
sociales, de sindicatos judiciales y congresistas de todos los partidos,
cerraron filas este lunes para proteger esta figura, la más efectiva que tienen
los ciudadanos para garantizar sus derechos.
Este lunes, durante la audiencia pública en la
comisión primera del Senado, la ministra de Justicia Gloria María Borrero
comprobó que el gobierno fracasará en su intento de limitar los alcances de la
tutela. Aunque la ministra aclaró que el gobierno solo pretende fortalecerla,
en el Capitolio se concluyó que la propuesta del gobierno sí afecta la tutela.
La propuesta del gobierno contiene tres puntos para
modificar la tutela. Primero, exige “legitimidad” para interponerla; segundo,
no podrá presentarse en cualquier tiempo como sí ocurre en la actualidad; y
tercero, solo podrá presentarse ante un juez que pertenezca a la jurisdicción y
especialidad que corresponda con el derecho objeto de amparo.
El gobierno justifica su propuesta en que la tutela
ha sido “abusada y utilizada” para fines ajenos a su concepción original.
“Recientemente ha sido utilizada para promover campañas políticas a través de
las denominadas tutelatones”, se lee en la exposición de motivos del proyecto
presentado por el gobierno. También dice el gobierno, ha sido utilizada contra
providencias judiciales, lo que supone una carga significativa para las altas
cortes, que provoca congestión judicial.
Según la ministra Borrero, al proponer
explícitamente el requisito de “legitimación” se impediría las tutelatones, ya
que solo el sujeto afectado podría acudir ante el juez y no otros sujetos. Y al
establecer que solo se debe presentar ante el juez de la jurisdicción y
especialidad que corresponda, se evitaría que cualquier juez se pronuncie sobre
materias que no son de su conocimiento.
“Quisimos tocar el artículo 86 para abrir un debate
amplio de cómo podemos fortalecer la tutela y en esta reforma ponemos que haya
legitimación en la causa, que podamos especializarla para que haya mayor
calidad en las decisiones judiciales…”, explicó la ministra.
Contrario a lo expuesto por la ministra de
Justicia, Edgar Sanabria, presidente del Consejo Superior de la Judicatura,
considera que la reforma del gobierno “sí crea restricciones” a la acción de
tutela. “Solo cuando se dice que serán conocidas por jurisdicciones y
especialidades, entonces qué pasa en los pueblos donde hay un solo juez
promiscuo, les tocará a los ciudadanos trasladarse a cabeceras de circuito. Si
la reforma quiere privilegiar el acceso a la justicia, lo estaríamos
impidiendo”.
Para el magistrado José Luis Barceló, presidente de
la Corte Suprema de Justicia, la acción de tutela “debe preservarse al máximo”.
Reconoció que las tutelas han generado muchos inconvenientes de congestión en
los despachos porque desplaza las funciones de los jueces para evacuar tutelas,
pero asegura que la raíz del problema son los incumplimientos del Estado que
motivan a los ciudadanos a acudir a esta figura.
Por su parte, la recomendación de Germán Bula,
presidente del Consejo de Estado, es que “no valdría la pena tocar la tutela”,
pues considera que el paradigma que debe regir la reforma a la justicia es “una
buena justicia para la gente”.
Desde que la tutela fue creada por la Constitución
del 91, en el país se han interpuesto 7 millones de tutelas en 27 años, según
la cifra que reveló Fabio Hernández, presidente de Asonal Judicial. La mitad de
ellas corresponden a derechos de salud y pensiones.
Tras la audiencia, la ministra Gloria María Borrero
pareció resignar su propuesta para modificar la tutela. “El grupo de ponentes y
muchos partidos se nos han acercado a decir que en la ponencia probablemente no
se va a tocar la tutela”.
Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático,
le pidió al presidente Iván Duque que no entre en polémicas frente a la tutela,
pues sería equivocado entrar en controversia frente a una figura que tiene
legitimidad en los ciudadanos.
Así parece sellarse la suerte de la tutela en la
reforma a la Justicia. “No se tocará”, es el consenso-. El gobierno Duque
pierde un pulso en el Congreso.
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