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Por: Iván Marulanda
El fraude electoral es la peor tragedia
social colombiana desde comienzos de la república hasta nuestros días. En
términos generales el poder político se confunde con la trampa. Se da por
sentado que los poderosos tienen derecho a hacer trampa por su jerarquía social
y política. Todo se justifica para que el país conserve su élite de gobierno. O
visto desde otra perspectiva, en la tradición colombiana a nadie tiene por que
extrañarle que quienes tienen el poder lo retengan de elección en elección, ni
tiene por qué preguntarse cómo hizo para volver a ganarlo. Es el pacto
implícito que rige la política colombiana, el que tiene el poder está en el
derecho de retenerlo como sea y no se pregunta de a mucho.
El anterior principio tiene expresiones
contundentes que lo demuestran. El magnicidio es la prueba suprema. Detrás de
cada muerto notable asesinado está el interés político de impedir el cambio que
el personaje entraña. Si esos muertos hubieran vivido su ciclo normal, la
realidad colombiana sería bien diferente. La política, la económica, la social.
Piensen nada más si Colombia sería la misma si no hubiesen sido baleados Álvaro
Gómez, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Pardo Leal, Jorge
Eliécer Gaitán. Para no mencionar las purgas políticas locales que determinan
el poder y el curso de la historia en departamentos y municipios, salpicadas de
sangre.
La lucha
por el poder en Colombia parte de la premisa de sostener el statu quo.
Los que sueñan en el cambio no llegan. Los matan o les roban las elecciones. La
pelea electoral es de los mismos con las mismas, salvo contadas excepciones que
se deben proteger en lo posible.
Por que son las eternas historias de
fraude, si no son los mismos con las mismas. Hace pocos años la organización
electoral demoró meses la publicación de las listas de senadores y
representantes a la Cámara porque las trampas fueron tantas y tan ostensibles,
que no supieron que hacer para asignar las curules de Congreso. Para no hablar
de fraudes masivos bajo operaciones criminales de gran envergadura como fueron
el “proceso 8000″ y la “parapolítica”. Las mafias del narcotráfico detrás de
las elecciones para imponer el establecimiento político a la brava. No era para
promover revoluciones ni cambios, no. Era para garantizar que los mismos
cuadros corruptos, el mismo régimen siguiera al mando del país, con los
sistemas establecidos de poder sintonizados con la criminalidad y con los
conocidos privilegios económicos, políticos y sociales.
El fraude en gran escala está en marcha.
Trasteos de votos, el Consejo Nacional Electoral anuncia que hay 56 municipios
del país cuyo censo electoral es superior al censo de población, de los cuales
11 están en Antioquia. Y de ahí para adelante hay todas las formas imaginables
de trampa y otras más que ni siquiera caben en la imaginación. Jurados
ladrones, escrutadores ladrones, computadores ladrones, alcaldes ladrones,
concejales ladrones, candidatos ladrones, transportadores ladrones, en fin, esa
red infinita del fraude que roba elecciones convencidos de que así son las
cosas y que nada malo están haciendo. Es la manera como se hacen las elecciones
en Colombia, es decir, la manera como se reparten los poderes territoriales.
Esto es, la manera como se reparten los presupuestos públicos multi multi multi
millonarios, que buena parte se los roban. En estos días uno de los mafiosos
que maneja maquinarias políticas ladronas desde la cárcel a lo largo y ancho
del país, dijo que las alcaldías y las gobernaciones son mejor negocio que el
narcotráfico.
Hago este escrito desgarrado porque la
mayoría de la población colombiana está despreocupada de las elecciones en sus
aspectos mecánicos que son los que deciden en este país cómo se reparte el
poder. No son los ideales y los sueños sobre el futuro de la sociedad, como he
dicho. Es el botín de los presupuestos municipales y departamentales, de las
transferencias de la nación, de las regalías, del control territorial, de la
burocracia.
No pretendo sembrar pesimismo ni
decepción. Por el contrario, sacudir la consciencia de las gentes de bien y de
los poderes políticos y sociales, los medios de comunicación, las autoridades
electorales, el gobierno nacional, la fuerza publica, las ONG, la ciudadanía en
general. Entre todos debemos cuidar las elecciones para que la población pueda
elegir a los candidatos que quiere porque cree que pueden trabajar con
compromiso por el progreso y el bienestar de las comunidades. Eso sí, a
sabiendas de que los ladrones de elecciones están mejor organizados mejor
financiados y mejor armados que la sociedad civil y el Estado para defender y
proteger la democracia.
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