EDITORIAL
16 de diciembre 2019 , 07:13 p.m.
Como para que el país no olvide los horrores que vivieron millones de colombianos a causa del conflicto armado –y que aún asustan en algunas regiones–, de las fosas comunes del cementerio de Dabeiba están surgiendo nuevas evidencias de otro macabro capítulo de nuestras múltiples violencias: los ‘falsos positivos’.
Un militar procesado por esos crímenes y que se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue clave para que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP llegara hasta ese municipio del Urabá antioqueño a fin de tratar de reconstruir la verdad de decenas de supuestas muertes en combate, que en realidad corresponderían a asesinatos perpetrados por miembros de unidades castrenses de la zona.
Hasta ahora han sido recuperados 14 cuerpos del camposanto, pero las versiones en manos de la JEP hablan de hasta 75 posibles víctimas de esa práctica criminal que, como se ha comprobado judicialmente, se repitió por casi todo el país en la década pasada y dejó centenares de víctimas que en su momento fueron presentadas como supuestos miembros de grupos armados ilegales abatidos por las fuerzas del Estado.
Era la infame práctica de ‘inflar’ resultados operacionales con muertes inocentes para obtener a cambio desde reconocimientos y permisos hasta ascensos.
Hasta ahora han sido recuperados 14 cuerpos del camposanto, pero las versiones en manos de la JEP hablan de hasta 75 posibles víctimas de esa práctica criminal que, como se ha comprobado judicialmente, se repitió por casi todo el país en la década pasada y dejó centenares de víctimas que en su momento fueron presentadas como supuestos miembros de grupos armados ilegales abatidos por las fuerzas del Estado.
Era la infame práctica de ‘inflar’ resultados operacionales con muertes inocentes para obtener a cambio desde reconocimientos y permisos hasta ascensos.
Para que esta justicia siga construyendo confianza, este mismo proceso debe comenzar con los muchos desaparecidos por la guerrilla
Eran los ‘falsos positivos’, cuyas investigaciones, por cierto, son seguidas también por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y son el objeto en torno al cual se construye el caso 03 de la JEP. Estos primeros resultados y varias medidas adicionales adoptadas por los magistrados de la nueva jurisdicción –entre ellas, las órdenes de protección de escenarios de prueba y de testigos, algunos de los cuales han sido víctimas de atentados– demuestran que el sistema de justicia transicional, pese a las polémicas y las críticas, está cumpliendo la tarea que le encomendó el país. Se trata, ni más ni menos, de imponer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a las más graves conductas perpetradas en el conflicto armado por los antiguos miembros de la guerrilla de las Farc y algunos representantes del Estado.
Lo que procede es que todas las instancias –como ya lo anunció el Ministerio de Defensa– cumplan con entregar toda la información que permita no solo establecer si, en efecto, esos cuerpos corresponden a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, sino devolverles la identidad y entregarlos, como corresponde, a sus familias.
Y para que la JEP siga construyendo confianza es fundamental, de cara a la opinión pública, que este mismo proceso también empiece en forma con los muchos desaparecidos por la guerrilla, varios de ellos secuestrados que fueron asesinados en cautiverio.
Los avances de las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la ubicación de esos cuerpos han sido precarios, y lo que espera el país es que los desmovilizados cumplan cabalmente con el compromiso de ayudar a ubicar los restos de sus víctimas y que el Estado –la JEP y las demás autoridades– haga lo que corresponde para traer de vuelta a los desaparecidos en medio del conflicto y así seguir sanando heridas por tantas décadas abiertas.
editorial@eltiempo.com
Lo que procede es que todas las instancias –como ya lo anunció el Ministerio de Defensa– cumplan con entregar toda la información que permita no solo establecer si, en efecto, esos cuerpos corresponden a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, sino devolverles la identidad y entregarlos, como corresponde, a sus familias.
Y para que la JEP siga construyendo confianza es fundamental, de cara a la opinión pública, que este mismo proceso también empiece en forma con los muchos desaparecidos por la guerrilla, varios de ellos secuestrados que fueron asesinados en cautiverio.
Los avances de las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la ubicación de esos cuerpos han sido precarios, y lo que espera el país es que los desmovilizados cumplan cabalmente con el compromiso de ayudar a ubicar los restos de sus víctimas y que el Estado –la JEP y las demás autoridades– haga lo que corresponde para traer de vuelta a los desaparecidos en medio del conflicto y así seguir sanando heridas por tantas décadas abiertas.
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