Las cifras para entender por qué marchan las
universidades públicas
A pesar de que el presupuesto de la
educación alcanza sus máximos históricos y supera a los sectores de defensa,
salud y trabajo, los recursos que hay no alcanzan para financiar a las
instituciones de educación superior. Estas son las cuentas de ese sector y el
por qué de la crisis.
En contraste con la educación
básica, las universidades públicas reciben alrededor de 3,9 billones de pesos.
El sector de la educación quedó con
un presupuesto total de 41,26 billones de pesos para el próximo año, lo cual
representa un incremento del 10 por ciento frente al del 2018, luego de la
aprobación en primer debate del Presupuesto General de la Nación para el 2019
que se discute por estos días en el Congreso.
Para
complementar: Paro estudiantil: las universidades públicas, cortas de recursos
Pero mientras el gobierno resalta que
este será el sector con el mayor presupuesto y que se hizo un esfuerzo
monumental para aumentarlo –cerca de 2,5 billones más respecto a los
38,78 billones con el que fue radicado en julio de este año–, los
estudiantes, profesores y gremios de la educación superior marcharán este
viernes para protestar por la “la desfinanciación de la educación y la crisis
de las universidades públicas”.
Mientras los ingresos de las universidades
públicas crecieron con la inflación, sus costos y el déficit lo hicieron mucho
más rápido. Los ingresos por estudiante se derrumbaron y las universidades
entraron en cuidados intensivos.
Una gran paradoja. Si bien el
presupuesto aprobado para educación es mayor al de otros sectores, como Defensa
y Policía (33,53 billones de pesos), salud y protección social (32,29 billones)
y trabajo (28,52 billones), resulta insuficiente para atender las
necesidades que se han acumulado históricamente y para enfrentar los desafíos
futuros del país.
Una mirada a la distribución del
presupuesto del sector ayuda a comprender la razón. Buena parte del presupuesto
se destina para gastos de funcionamiento (entre ellos sueldos de profesores e
incluso pagos pensionales) lo cual le ha cerrado espacio a la inversión en
otros temas clave para el sector. Veamos.
De los 41,26 billones de pesos del
presupuesto para educación, alrededor del 60 por ciento del presupuesto
se canalizarán a través del Sistema General de Participaciones, SGP, que
son los recursos que gira cada año el gobierno nacional a las regiones para
financiar la educación básica y media de cerca de 8,3 millones de estudiantes
del sector oficial.
Acá también está el pago de
salarios y primas para más de 353.000 docentes y directivos docentes, incluye
los tres puntos de nivelación salarial para 2019 acordados con los sindicatos
de educadores y el pago de la bonificación pedagógica. Los programas
de alimentación escolar se llevan alrededor de 1 billón de pesos, mientras que
para infraestructura educativa solo se destinan un poco más de 300.000 millones
de pesos.
Le
recomendamos: ¿Por qué salen a marchar los estudiantes?
Otro de los grandes rubros se destina
al pago de las pensiones y demás prestaciones sociales del Magisterio, que
alcanza un costo de 9,3 billones de pesos. Este es el Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio (FOMAG), que atiende el pago de aproximadamente 206
mil pensionados.
En contraste con la educación básica,
las universidades públicas reciben alrededor de 3,9 billones de pesos. Esto es,
alrededor del 10 por ciento total del presupuesto.
En contraste con la educación básica,
las universidades públicas reciben alrededor de 3,9 billones de pesos. Esto es,
alrededor del 10 por ciento total del presupuesto. Esto significa que
en educación, como en otros muchos sectores, el país ha tenido que escoger
entre financiar su pasado y de alguna manera aplazar la inversión en el futuro.
En términos generales, el 95 por
ciento del presupuesto de educación va para funcionamiento (incluidos los pagos
del FOMAG y los compromisos de primas que se negociaron para levantar los paros
docentes) y tan solo el 5 por ciento se destina a inversión.
La batalla por el
presupuesto
En medio de este panorama es que se
anuncia el paro de las universidades públicas. Los promotores afirman
que las universidades públicas del país requieren alrededor de 500.000
millones de pesos para “pasar” este año y exigen un
aumento en el presupuesto de educación de 4 billones de pesos para el 2019 –que
se sumarían a los 3,9 billones ya programados–. A las marchas, que en
un inicio solo convocaban a las universidades estatales, se sumaron otras privadas
como El Externado, Los Andes y la Javeriana.
Además, los rectores de las 32
universidades públicas del país, agrupados en el Sistema Universitario Estatal
(SUE), afirman que el déficit histórico de la inversión en las
universidades públicas supera los 15 billones de pesos, mientras que el de
funcionamiento suma más de 3 billones de pesos. Esto significa que el
déficit de la educación pública universitaria asciende
a alrededor de 18,2 billones de pesos.
El déficit de la educación pública
universitaria asciende a alrededor de 18,2 billones de pesos.
Buena parte de este atraso lo
atribuyen los expertos a que la Ley 30 de 1992 determinó que las transferencias
a las universidades serían ajustadas anualmente según el IPC, sin tener
en cuenta el crecimiento en el número de estudiantes, que se
cuadriplicó en la última década al pasar de 159.000 a más
de 611.000 estudiantes. Con esto,
mientras los ingresos de las universidades
públicas crecieron con la inflación, sus costos y el déficit lo
hicieron mucho más rápido. Los ingresos por estudiante se derrumbaron y las
universidades entraron en cuidados intensivos a nivel financiero.
Para
contexto: La crisis financiera de las universidades públicas
Por su parte, el Gobierno afirma
que ha priorizado la educación pública en el presupuesto de 2019 y que
ésta recibirá una inyección adicional el próximo año de 500 mil millones.
Además, que con esta cifra adicional el incremento estará 1,8 puntos
porcentuales por encima del IPC y que se buscará continuar incrementando estas
cifras en los próximos años.
El país ha tenido que escoger entre
financiar su pasado y de alguna manera aplazar la inversión en el futuro.
La ministra de Educación, María
Victoria Angulo, aseguró frente al tema del déficit estructural que son
inversiones que han debido hacerse para poner la infraestructura al día. “Hay
que decantar esta cifra y lo que estamos haciendo como gobierno es buscar
nuevas fuentes de recursos como regalías y reorientar otros proyectos dentro
del programa de reactivación económica”, afirmó la jefa de esta cartera,
quien recordó que no se puede desconocer la difícil situación fiscal que vive
el país.
Por esto, invitó a los distintos
actores del sector para contribuir en la construcción del próximo Plan Nacional
de Desarrollo y recordó que el Gobierno siempre ha estado abierto al
dialogo. Además, anuncio que el próximo 20 de octubre se dará a conocer la
nueva política de educación superior la cual incluye la reforma del programa
Ser Pilo Paga, así como los avances en materia de gratuidad de
la educación superior y hacia la equidad.
Para muchos sectores, estos llamados
y anuncios son insuficientes si no hay mayores recursos, además recuerdan que
este es el mismo día que vence el debate sobre el presupuesto General de la
Nación.
Para Dolly Montoya Castaño,
rectora de la Universidad Nacional de Colombia, “hay que crear una
política que ayude al financiamiento de los gastos de funcionamiento e
infraestructura para la investigación, y considerar una modificación a la
Ley 30 para que los recursos de las universidades públicas no se incrementen
solo anualmente con el costo de vida”.
“Hay que modificar la Ley 30 para que
los recursos de las universidades públicas no se incrementen solo anualmente
con el costo de vida”, rectora de la Universidad Nacional
Para enfrentar el déficit de las
universidades públicas, la financiación de la educación superior debe ser
política de Estado, según la rectora de la Nacional, pues “como están los
recursos apenas se alcanzan a cubrir la nómina y el funcionamiento de los
campus, sin hablar de inversión, que lo estamos cubriendo con recursos
propios”.
Sin duda, la situación de la
educación refleja el debate en muchos otros sectores donde no hay plata para
inversión. Sin embargo, el desafío en este caso no es solo una cuestión
de más plata sino de cómo hacer más eficientes los billonarios recursos
que se están destinando a cada sector, a quiénes
se están dirigiendo mayoritariamente y qué tan eficiente es la
ejecución. Sin duda, la eficiencia en el gasto en educación y en otros
sectores será la forma de buscar un país más educado y equitativo.
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