lunes, 27 de junio de 2011

Vale la pena mirar quiénes son los felices propietarios de las casas de recreo de Villa Valeria.

Opinión
Daniel Coronell

Villa Valeria, el hotel de lujo que tiene campo de golf de 18 hoyos y un elegante condominio campestre, pertenece a una compañía en la que son socios el presidente de SaludCoop, Carlos Palacino Antía, y el presidente de la junta directiva de Cafesalud -una de las empresas de SaludCoop-, el arquitecto y antiguo curador urbano Jaime Barrero Fandiño.

La firma constructora, llamada Edificadora Restrepo S.A., ha tenido como gerente a doña María Cristina Puerto Vallejo, la esposa del doctor Palacino.

La identidad de los promotores del lujoso complejo y la inversión, que supera los diez millones de dólares, ya resultan suficientemente llamativos. ¿De dónde sacaron fondos los dirigentes de un grupo cooperativo para hacer tamañas inversiones?

Mientras esa pregunta sigue sin respuesta, vale la pena mirar quiénes son los felices propietarios de las casas de recreo de Villa Valeria.

Muchos de los compradores del proyecto de Palacino son proveedores de SaludCoop. Hace un año, después de mi primera columna sobre el tema -llamada '¿Dónde está la bolita?' y publicada el primero de febrero de 2010-, el doctor Palacino me dijo que ese era un negocio suyo, de su familia y de unos amigos y que no involucraba a la cooperativa SaludCoop.

También desmintió informaciones según las cuales algunos proveedores recibieron guiños para motivarlos a comprar en el proyecto Villa Valeria de Palacino y así conservar sus negocios con la cooperativa SaludCoop.

Como sea, entre los felices propietarios del complejo golfístico edificado en Restrepo, Meta, están el Centro de Diagnóstico en Citopatología, la distribuidora de medicamentos United Pharma de Colombia, la IPS Diosalud, Laboratorios Genfar, la firma JHAV McGregor S.A. -que adelantaba labores de auditoría para la poderosa cooperativa-, Angiografía de Colombia y el laboratorio farmacéutico Biopas, entre muchos otros.

También está el gerente de Closter Pharma, Rihldo García; Ana Cecilia Aizpurua y Luis Gonzalo Jaramillo, socios de la IPS Provensalud; los dueños de Amarey Nova Medical. Además de proveedores de equipos y tecnología de comunicaciones para empresas de SaludCoop.

Las casualidades no terminan ahí. También es propietario Julio César Turbay Noguera, el hijo del entonces contralor. Según los documentos, son suyas las casas 71 y 72. El heredero de la conocida dinastía debió hacer un buen negocio porque terminó adquiriendo dos casas por cerca de 900 millones de pesos, un precio similar al que otros compradores pagaron por una sola.

Cuando su padre ya era contralor, el emprendedor joven Turbay constituyó una compañía con su hermano Alejandro y con la señora Hildegar Heins, llamada Equilibrium Consulting Group. Esa empresa de los hijos del contralor fue contratada por SaludCoop para asesorarla en asuntos de eco-eficiencia.

Por esa razón, el contralor Turbay Quintero se declaró impedido para investigar a SaludCoop. El impedimento parece haberse extendido a toda la institución, porque solo ahora, con la actual contralora, vinieron a encontrarse situaciones llamativas en la gigante de la salud.

También compró dos casas en Villa Valeria Esteban Cobo Vásquez, un dinámico educador que ha combinado la rectoría del Gimnasio Los Pinos con la presidencia de la junta de la cooperativa Seguros La Equidad y la dirección de su empresa, Esteban Cobo S.A.S., operadora nacional de los cuestionados recobros ante el Fosyga del Grupo SaludCoop.

Este ilustre cooperativista hasta hace un tiempo podía encontrarse con otro epónimo miembro del sector solidario: César Pérez García, propietario de la casa 13 de Villa Valeria, exrector de la Universidad Cooperativa de Colombia y actual huésped de la Cárcel La Picota de Bogotá por su presunta responsabilidad en la masacre de 43 personas en Segovia.

La lista podría seguir, pero la muestra es suficiente para demostrar que entre los copropietarios hay numerosos proveedores de SaludCoop y varios miembros del sector cooperativo que trabajan sin ningún ánimo de lucro, como lo ordena la ley.

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