UN PRESUNTO CARRUSEL de la contratación divide a los contratistas antioqueños.
Hasta nombre le tienen: la "Alianza Humo". Si lo hay, dicen en voz baja fuentes oficiales, es fruto de la ambición de los mismos empresarios.
Germán Jiménez Morales | Medellín | Publicado el 27 de marzo de 2011/ Periódico el Colombiano.
En Antioquia las firmas de ingeniería están divididas. En el gremio se han vuelto frecuentes las descalificaciones frente a quienes participan en el presunto cartel de la contratación conocido como "Alianza Humo", cuya membresía se adquiere a través del pago de comisiones del 15 por ciento, según le señalaron a este diario seis empresarios del ramo.
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Lo que para analistas expertos en contratación de obras públicas tiene los alcances de un supuesto "concierto para delinquir", o colusión, a juicio de un jurista consultado, para fuentes de alto nivel del gobierno seccional no es más que el reflejo de las confabulaciones y ambiciones de los mismos contratistas.
"Sí, hay cartel de la contratación en Antioquia y la forma como opera es a través de una corrupción técnica en el manejo de las licitaciones". La afirmación es de un empresario local de la construcción, que dice haber llevado la información a La Alpujarra. En una ocasión fue tan preciso, que indicó los nombres de quienes le pidieron a un contratista una "mordida" de 1.500 millones de pesos.
Uno, es funcionario del gabinete departamental. El otro, es un particular que aportó más de 50 millones de pesos a la campaña del actual mandatario seccional y en el ambiente político conservador aún se le recuerda por haber vendido en 470 millones de pesos un inmueble avaluado en 4.500 millones de pesos: la legendaria Casa Conservadora, que terminó convertida en un hotel de paso.
"¿Qué hago?", le preguntó el interlocutor de La Alpujarra al empresario, quien le respondió: despídalos, "porque aunque son sus amigos, primero están los intereses del Departamento". Dos días después se conoció la solución del problema: el contratista al que le plantearon el soborno, y quien dijo que solo podía pagar 500 millones de pesos, no ganó la licitación... y los dos presuntos negociadores siguieron haciendo sus "tareas".
En documentos públicos, la Gobernación de Antioquia ha negado la existencia de un carrusel de la contratación, en el cual, según "rumores malintencionados", participarían firmas como Conasfaltos, Ingevías, Mainco, Provías y Chamat Ingenieros, las cuales están incluidas en el listado de 40 compañías que se han ganado los 41 contratos que mira con lupa la Contraloría General de la República.
También advierte la Gobernación que es falso que el 70 por ciento de los contratos se concentre en un reducido número de firmas. Como la mejor defensa es el ataque, sobre todo en política, el gobierno de Luis Alfredo Ramos Botero saca el retrovisor y hace esta comparación: en la actual administración, 43 empresas diferentes participan con el 36 por ciento del valor contratado en obras públicas, mientras que en la pasada administración, en el 2005, se contrató con tan solo seis consorcios el 85 por ciento de las obras públicas departamentales.
En una región que tiene agremiadas a la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) 111 empresas, la concentración en pocas manos de los contratos millonarios es inquietante, pero ni siquiera se interpreta como el fondo del asunto. Datos actualizados por la Secretaría de Infraestructura muestran que 430.836 millones de pesos fueron contratados con 40 firmas. Entre ellas hay amplias brechas. Mientras la primera (Explanan) aparece con 47.730 millones de pesos, la última (Ramírez y Cía) registra 800 millones de pesos. Las diez más favorecidas se quedaron con 265.855 millones de pesos, o sea el 62 por ciento de lo facturado por las 40.
Incluso ingenieros contratistas marginados del presupuesto público aceptarían concentraciones mayores, siempre y cuando, según ellos, los venzan en franca lid y no con estrategias que califican como non sanctas.
Las inconformidades por lo que consideran falencias y presuntas manipulaciones en la evaluación de las propuestas data de comienzos de 2008, cuando la Secretaría de Infraestructura adjudicó cinco contratos, por 52.805 millones de pesos, que con adiciones se convirtieron en 79.153 millones de pesos. El grito en el cielo se puso, esa vez, por la disputa de 600 puntos (de 1.000) que daban las ofertas económicas y que se quedarían en manos de quien ofreciera un valor, en pesos, igual al 95 por ciento del presupuesto oficial. Tan pareja estaba la cosa que 21 proponentes se prepararon para "un desempate con las balotas de la Lotería de Medellín".
No ocurrió así. La sorpresa surgió cuando solo cinco firmas (agrupadas en dos consorcios) presentaron las propuestas de una manera tal que fueran iguales al 95 por ciento del presupuesto oficial y también más baratas que las de los demás, algo que para los más entendidos no era lógico, ni matemáticamente posible.
"Esa fue una artimaña", se duelen aún empresarios que quedaron inconformes con el resultado. Y su ardor fue mayor al ver cómo, "por pura casualidad", dicen, los cinco ganadores siguieron acertando en las licitaciones, o sea Colcivil S.A., Álvaro de Jesús Ossa López; Provias S.A., Mainco S.A. e Ingeniería y Construcciones César Arias. Y lo hicieron en un segundo momento, cuando dentro de la valoración de las licitaciones, se introdujo el controvertido tema de los ítems representativos.
Estos suenan a factores decisivos. Y de verdad lo son. En una vía, por ejemplo, serían conceptos como el pavimento, los concretos y la subbase granular, entre otros. Tan vitales son, que dentro del costo directo de un presupuesto oficial pesan el 80 por ciento e inclinan el fiel de la balanza en una adjudicación.
El estudio anteriormente mencionado, hecho por empresarios y expertos en contratación pública, muestra al detalle cómo un grupo de firmas que contrata con la Gobernación de Antioquia se movía como una afinada orquesta en las licitaciones. Así, unas apostaban alto, bajo o se quedaban quietas, dependiendo de a quién le tocaba el turno de ganar.
El excongresista Ramón Elejalde -a quien el gobierno de Ramos Botero descalifica como crítico por haber sido condenado por el delito de peculado-, ha comparado esta práctica con el juego del "botellón", en el que alguien se agacha, para que pase otro, y luego se cambian los papeles. El estudio va más allá: señala que la actuación de estas firmas es un presunto "concierto para delinquir" (¿colusión?).
Aquí aparecen, de nuevo, los nombres de compañías que también están relacionadas en el documento oficial en el que la Gobernación de Antioquia defiende la transparencia de sus contrataciones.
Según el estudio, "las empresas hasta ahora identificadas con esta práctica son: Conasfaltos, Colcivil, IDC, Provías, Explanan, Hagsa, Eugenio Abad Hoyos Jiménez, Jaime Arcila, Ingevías, Trainco, Sainc, Mainco, El Cóndor, Chamat Ingenieros, Marco Posada, Edgar Hoyos, RG Ingeniería, César Arias, Construcciones AP, Diseño Absoluto, Carlos Mario y Juvenal Palacio Chamat, Cálculos y Construcciones y Luis Fernando Hoyos Pérez".
Según la Secretaría de Infraestructura, la introducción de los ítems representativos en las licitaciones la propuso, en agosto de 2008, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), para darle, entre otros objetivos, más transparencia a los procesos.
Pero la figura, siendo buena, fue deformada. En noviembre de 2009 la Cámara Colombiana de Infraestructura capítulo Antioquia (CCI) le solicitó al Gobernador que estos ítems se leyeran al momento de presentar las ofertas, en aras de una mayor transparencia. El 19 de febrero de 2010 la CCI hizo equipo con la SAI para pedir que se eliminaran los ítems.
María Cristina Mesa Zapata, secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, recuerda que, como en otras ocasiones, se atendió el consejo gremial y se suspendieron las licitaciones hasta agosto de 2010. No obstante, sostiene que nadie les presentó un estudio, detallado, de los efectos perversos de los ítems representativos.
La petición a dos voces de los gremios indica que las cosas no iban por el camino correcto. Y evidencias adicionales están en el estudio de los expertos, conocido en forma confidencial por este diario, el cual analizó 1.328 contratos adjudicados por la Gobernación de Antioquia, entre enero de 2008 y abril de 2010, por valor de 1,3 billones de pesos. Su foco fueron las obras públicas adjudicadas en el mismo período por 382.676 millones de pesos.
Gracias a los ítems representativos, a las firmas que presuntamente concertaban su manejo solo se les escaparon unas 6 de 66 licitaciones por un monto global cercano a los 200.000 millones de pesos. La Contraloría y la Procuraduría saben del tema. El paso siguiente sería que la Fiscalía aborde el asunto.
» Contexto
Los contratistas son amigos, en unas, y enemigos, en otras...
¿Cómo ve el presunto "concierto para delinquir" con los ítems representativos la secretaria de Infraestructura, María Cristina Mesa Zapata?
Lo primero que afirma es que, si hay pruebas de esas conductas, debieron haberse presentado a tiempo a los entes de control y a la administración seccional para que se actuara de inmediato.
Segundo, que el gobierno seccional siempre se ha mostrado dispuesto a cambiar las fórmulas de adjudicación, para evitar posibles manipulaciones por parte de los contratistas. Y, aunque no hay blindajes al cien por ciento, las tres fórmulas que actualmente se utilizan para valorar el precio y que se apoyan en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) les dan mayor tranquilidad.
Tercero, que todas las adjudicaciones las evalúa la Secretaría de Infraestructura como un proceso único y que al grupo de 23 proponentes, que presuntamente ha participado en la concertación de las ofertas, no lo pueden eliminar porque las pruebas tienen que estar claras en documentos públicos presentados a las licitaciones.
Y, cuarto, que ella prefiere no opinar sobre el presunto "concierto para delinquir" y sobre si allí hay una forma de corrupción técnica.
En medio, hay un tema de ética empresarial y no puede decir si coincidieron o no en las propuestas. Además, como se lo habrían reconocido los propios dirigentes gremiales, este es un sector complejo. El Código de Comercio les permite "consorciarse" y hacer negocios, como particulares. En unas licitaciones van de la mano, en otras hay conflictos.
¿Le toca presenciar mucho esas luchas de poder entre los contratistas?
"La audiencia de adjudicación es un momento muy difícil entre ellos, porque se sacan unas cosas que uno se queda aterrado. Son amigos en un lado y enemigos a muerte en el otro. Al final no pasa nada. Solo se va contento el ganador. Los otros tres o cuatro, se van enojados".
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