La solicitud fue hecha por los organismos de control al Ministerio de Hacienda.
La Contraloría General, la Procuraduría y la Auditoría solicitaron a las asambleas departamentales y concejos municipales poner freno a las vigencias futuras (gastos) aprobadas por los respectivos alcaldes y gobernadores.
En una circular conjunta los organismos de control manifiestan que las operaciones de crédito aprobadas bajo la forma de vigencias futuras "deberán ser derogadas por las respectivas asambleas departamentales o concejos municipales".
Indican que las contralorías departamentales y municipales deben vigilar el estricto cumplimiento de la decisión de los organismos de control.
Explican en una circular emitida conjuntamente con el Ministerio de Hacienda si las autorizaciones que los gobernadores y alcaldes han venido solicitando a las asambleas y concejos, no tienen sustento jurídico.
"Como quiera que no existen proyectos específicos, ni procesos contractuales en curso", dice la circular.
Las mal llamadas vigencias futuras tampoco pueden ser autorizadas en las normas y estatutos orgánicos de las entidades territoriales, precisa la circular.
A través de un circular conjunta, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverri, la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, y el Auditor General de la República, Iván Darío Lee, advirtieron sobre el incremento de la deuda pública de departamentos y municipios a través de las llamadas vigencias futuras, indicaron que esta situación pone en riesgo la estabilidad financiera del país e impartieron directrices para enfrentar esta problemática.
En la circular, dirigida a Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Secretarios de Hacienda de las entidades territoriales, contralores departamentales, municipales y distritales, dejaron claro que “Las operaciones de crédito aprobadas bajo la forma de vigencias futuras, deberán ser derogadas por las respectivas asambleas departamentales o concejos municipales”.
Según el ministro de Hacienda, la Contralora, el Procurador y el Auditor, las autorizaciones que los gobernadores y alcaldes han venido solicitando a las respectivas asambleas departamentales y concejos municipales, de lo que impropiamente han denominado vigencias futuras, no encuentran sustento jurídico en el artículo 1 del Decreto 3624 de 2004, como quiera que no existen proyectos específicos ni procesos contractuales en curso.
“Las mal llamadas vigencias futuras tampoco pueden ser autorizadas en las normas y estatutos orgánicos de las entidades territoriales, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 345, 352 y 364 constitucionales y en los artículos 10, 11 y 12 de la ley 819 de 2003”, precisaron.
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