NIÑOS DELINCUENTES

Por FERNANDO NAVAS TALERO

LA errática política criminal del Estado, evidenciada con las frecuentes e inusitadas reformas a las leyes penales, desde 1936 hasta el día de hoy, vuelve al escenario legislativo, ahora con una propuesta insólita: la penalización de los menores de 18 años en las mismas condiciones de los plenamente imputables. Y como si el asunto no fuera suficientemente agresivo, se le añade otra perla al exabrupto, que sea una decisión del juez la que resuelva el tipo de tratamiento judicial que se le deba dar al menor de edad acusado de infringir la ley penal.


Quienes defienden la propuesta, alegan que la imputabilidad penal -capacidad para comprender la ilicitud de un acto- hoy se adquiere más pronto que antes, pues los adolescentes y los niños por las actividades que desarrollan en su diario vivir aguzan su inteligencia con precocidad sorprendente, a tal grado que desempeñan roles que en otras épocas eran habilidades propias de los mayores.


Los que así razonan, seguramente ayunos de conceptos criminológicos, se niegan a reconocer que muchas de las causas de la delincuencia yacen en los núcleos sociales que impiden a los jóvenes adquirir la madurez psicológica necesaria e indispensable para asumir con propiedad la responsabilidad de sus actos y con respecto a las exigencias sociales. Los estímulos que desde los primeros años bombardean sin piedad la psiquis de los niños y luego la de los adolescentes deforman su cosmovisión del mundo impidiéndoles adquirir la madurez necesaria para entender la responsabilidad de sus actos en los términos en que la definen las normas penales.

La mayoría de los jóvenes a quienes ahora se quiere penalizar como adultos son víctimas de la desintegración de la familia y la desvalorización de su entorno. Dadas las circunstancias miserables de su crianza y su educación, generalmente sumidas en el sino de la desesperanza y la negación de cualquier futuro próspero, padecen perturbaciones que les impiden entender la injusticia de su existencia y por la misma razón tampoco pueden entender la injusticia de sus actos.


Pero lo más grave es que para tranquilizar la consciencia colectiva y disimular la atrocidad, se acude al expediente de dejar al juez la definición del problema, como si los jueces tuvieran los conocimientos profundos que se requieren para establecer una respuesta acertada al cuestionamiento. Se dirá que el juez podrá acudir al auxilio de los peritos médicos psiquiatras forenses. Qué poco conocen la realidad del ambiente judicial. Una burocracia paquidérmica, sumida en la rutina, a la espera de la pensión de jubilación, terminará dando un veredicto que solamente contribuirá a saturar los calabozos de las penitenciarías.


Lo justo no es llevar a los adolescentes a las cárceles, lo propio es que el Estado Social de Derecho cumpla a cabalidad con las obligaciones constitucionales que le imponen el deber de levantar una niñez y una juventud dentro de límites tolerables de salud mental, bienestar y desarrollo que les asegure un futuro digno y eso no se consigue con la represión.