Luis Pérez Gutiérrez.Se ha propuesto que aquel ciudadano que pague extorsión o vacuna a delincuentes sea clasificado como auxiliador de bandas criminales. Y así, sería judicializado y llevado hasta 4 años a la cárcel.
La controversia ha sido intensa, sobre todo por provenir de un gobierno que se inicia con el reto de recuperar la paz urbana. Un gran empresario colombiano decía que si el que paga vacuna a los delincuentes va a la cárcel, a él le correspondería pena perpetua!.
Es más una propuesta para épocas de paz que para el desespero de la época de guerra que viven hoy las ciudades. Cuando los delincuentes son escasos, cuando la gente tiene confianza en la eficacia de las autoridades, y cuando denunciar no implica riesgo para la vida, podría funcionar la medida.
Pero NO es una medida para tiempos de guerra urbana. En las grandes ciudades hay zonas que parecen una selva: Manda el más fuerte, el que saque más lo dientes, el que tenga más armas. No existe confianza de la ciudadanía en la eficacia de las autoridades para denunciar. En Medellín por ejemplo, los criminales han llenado los espacios populares y con la violencia dominan la voluntad ciudadana.
Vacunan, o mejor extorsionan, a los transportadores; denuncian pero las autoridades no paran ese delito; cómo sancionarlos. Los comerciantes pagan extorsiones, lo saben las autoridades, pero nada pasa. Hasta los venteros ambulantes en los semáforos pagan vacuna silenciosa o pública; y nada.
En los barrios populares, la Microvacuna Urbana es una pesadilla que atropella el honor y la dignidad de la gente. Los ciudadanos que tienen motocicleta deben pagar $6.000 semanales para poder ingresar a su barrio, a su propio lugar de residencia. Residencias de barrios en conflicto pagan $3.000 semanales a los combos; los educadores deben pagar $5.000 semanal para poder enseñar, para fabricar buenos ciudadanos. Y lo último que faltaba, para visitar la novia, hay que pagar vacuna de $4.000 a los combos (El Colombiano). Y todo esto es público sin que se corrija. Si se sumaran los vacunados, se necesitarían cárceles para media ciudad que paga extorsiones.
Los fabricantes de normas y decretos desde cómodas y seguras oficinas, deberían ponerse en los pantalones del ciudadano común que está desprotegido y agobiado por las bandas criminales y que han perdido la confianza en la eficacia de las autoridades. En el festival de la violencia urbana, el ciudadano quedaría en el filo de la desgracia: Si denuncia, lo matan las bandas criminales; si no denuncia, lo meten a la cárcel. La propuesta debe llevar el nombre de la Divina Tragedia Urbana.
Penalizar a las víctimas y no a los delincuentes, meter a la cárcel a las víctimas que el estado es incapaz de proteger, es un despropósito. Si las autoridades son incapaces de derrotar el delito, así se denuncie, no se le puede exigir al ciudadano que se libere de las bandas criminales con sus propias manos. Si las autoridades están enteradas de extorsiones y no están en capacidad de evitarlas, Cómo declarar delito pagar extorsión?. Con igual espíritu, Un ciudadano desesperado, podría construir un despropósito similar pero a la inversa: Si las autoridades son incapaces de parar las extorsiones, entonces las autoridades son colaboradoras de las estructuras criminales.
Pero hay que ser propositivo. La idea de Penalizar al que paga extorsiones debería cambiarse hacia una agresiva propuesta pedagógica nacional para desacreditar la extorsión, para recuperar la fe de la ciudadanía en la eficacia de las autoridades, y para que la sociedad identifique, rechace y vea mal a extorsionistas que hoy se pasean por los barrios populares como capos y mandones.
Una campaña pedagógica intensa contra las vacunas y a favor de la credibilidad ciudadana en las autoridades puede ser exitosa, obviamente si se acompaña de una aplicación sin vacilación de la autoridad como virtud de la democracia contra las bandas criminales.
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