EN DEFENSA DE LOS JUECES Y FISCALES

Luis Pérez Gutiérrez.

Se ha vuelto moda acusar a jueces y fiscales de ser responsables del desorden público urbano, por su supuesta incapacidad de condenar a presuntos delincuentes que el gobierno y los organismos de seguridad del estado les llevan a sus estrados judiciales. Y, lo más grave, es que ya empiezan muchos ciudadanos del común a creer que eso es cierto, a hablar mal en público de los jueces y a sugerir veladamente que son cómplices de los violentos. Nada más inconveniente para el país que desacreditar el papel tan vital que la justicia desempeña en una democracia. Nada más inconveniente que hacerle creer a la sociedad que jueces y fiscales son garantistas de la delincuencia.

Los Jueces y Fiscales son pregoneros de los derechos humanos. En una democracia sana, los jueces son el equilibrio entre el desconcierto que el poder legislativo crea para hacer las leyes; y la inmediatez del poder ejecutivo, el cual gusta que la justicia les complazca.

Por la justicia, tenemos democracia. Cuántos gobernantes quisieran que la justicia atropellara y liquidara a sus detractores solo por diferir de su gobierno. Gracias a la Justicia no prosperan los regímenes autocráticos, que se exceden con su poder para atropellar ddhh de los ciudadanos.

La justicia tiene su esencia en las leyes. Jueces y fiscales ejercen su noble tarea conforme a las leyes. Son neutrales ante los sentimientos encontrados que direccionan la vida de la nación. No permiten que odios o venganzas entre gobernantes y gobernados alteren sus decisiones. Son garantes de la democracia, son garantes del respeto a los derechos humanos, no importando la condición social, política o económica del investigado.

La situación de violencia urbana es desesperante y hay que superarla. Pero la incapacidad de las autoridades para pacificar las ciudades, no es razón para que arrecien contra jueces y fiscales y prácticamente los declaren cómplices de la violencia urbana.

Las autoridades se impacientan contra los jueces porque no condenan a todos los detenidos. Se enojan porque muchos de ellos quedan libres porque la ley asi lo manda, o porque las pruebas son insuficientes.

Pero la persistencia del conflicto no puede llevar al descredito indiscriminado de la justicia. Tan noble y delicada es la tarea de un alcalde o de un gobernador, como la de un juez o fiscal. Debe existir un respeto profundo entre los poderes para que opere la justicia.

Las reformas a la justicia no solo deben ser estudiadas por jueces y fiscales. Las autoridades encargadas del orden público tienen la obligación también de interiorizarlas para poder ser verdaderos complementos de la justicia, no solo deteniendo a delincuentes, sino sobre todo en calidad y contundencia de las pruebas en contra de ellos. Pruebas deficientes obligan al juez a ser garantista. Tampoco puede exigírsele a un juez que un delito que es excarcelable por ley, por ejemplo, el juez a mutuo propio lo convierta en carcelable. Eso sería arrasar las leyes y los derechos humanos para dar gusto a gobiernos de turno.

En nombre de la violencia urbana, las autoridades no le pueden pedir a un juez que sea un anarquista de las leyes ni que perturbe con sus decisiones las leyes que juró respetar.

En lugar de mantener una sistemática actitud de descrédito hacia jueces y fiscales, deberían los gobernantes del poder ejecutivo fortalecerlos, pedirle a la sociedad respeto y apoyo para que ellos mantengan encendida la llama de la justicia y proteger asi la democracia y los inviolables ddhh. Además, Los jueces y fiscales están en una tarea de alto riesgo: Ellos también arriesgan su vida en cada decisión judicial.

Desacreditar ante la opinión pública a jueces y fiscales es crear otro problema peor que la violencia urbana que nos azota; es poner en vilo la estabilidad de la democracia.