A comienzos de año anotamos en esta columna que la corrupción en la administración pública se ha vuelto tan común, al extremo que la juventud ha terminado por admitirla y practicarla sin reparo alguno. La inmoralidad y el descaro con que se plantea el tema por parte de aquellos incompetentes que han resuelto convertir esta práctica en una forma fácil de ganarse la vida, argumentando que si ellos no lo hacen, otros lo harán en su lugar, representa la peor crisis de valores, semejante a la de quienes se dedican al narcotráfico. Para acceder a un cargo sólo se requiere de un político quien cobra por la “vuelta” o hace el “canje”, mientras en época electoral paga por los votos. Igual sucede con los contratos hechos a la medida con la misma facilidad y desvergüenza con que se alteran los procedimientos para modificar la Constitución Política.
La corrupción es una de las peores taras de la sociedad incluido el sector privado, quizás más que el público, pues por lo menos de allí viene el soborno. Es cuestión de principios, de conducta, de ética, de crianza. Quienes rechazamos las prácticas corruptas depositamos nuestras esperanzas en los organismos de control y de justicia; sin embrago, no se nos garantiza que quienes allí laboran tampoco sean vulnerables a las prácticas que buscan el beneficio propio. Decíamos que Transparencia Internacional, organismo que trabaja por la prevención y erradicación de la corrupción, en su último informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción clasificó a Colombia en el puesto 75, cinco lugares por debajo del año inmediatamente anterior. Es claro entonces que vamos de mal en peor, “todos piden y todos ganan”.
Recientemente ha surgido un nuevo escándalo que supuestamente compromete a un parlamentario y al Contralor de Bogotá, mientras a diario y en silencio pueden estar sucediendo cantidad de hechos semejantes. Esa es la enseñanza para las nuevas generaciones. Asimismo, en otros lugares del país se endeuda a los entes gubernamentales y se cobran comisiones hasta del 20%, luego que administraciones honestas lucharon por sanear las finanzas públicas. Lamentablemente esta historia se repite.
En este momento y de manera reservada los organismos de control del estado presentarán de manera escueta en la segunda semana de julio de 2010 una investigación de como ha sido el incremento patrimonial de los alcaldes en poblaciones de menos de 100 habitantes durante los últimos años.
Hay casos tan aberrantes como la Zona Norte, Bajo Cauca, Suroccidente y Suroeste del Departamento de Antioquia donde el patrimonio de algunos de ellos (alcaldes, y funcionarios), donde se da un incremento del 400% en sus patrimonios personales después de salir de la alcaldía (periodos anteriores y los que están en esta vigencia 2008-2011), dineros públicos que eran para inversión social y terminaron en los bolsillos de testaferros, familia, cuñadas, suegros y amigos cercanos de estos funcionarios, y la inversión social aplicada durante esos gobiernos y este 2010 solo ha sido del 60%, y el otro 40% ha quedado en los bolsillos de los corruptos.
Los casos que más llamarón la atención es el suministro de gasolina, la contratación de obras públicas, estudios de proyectos de medianas y grandes obras que se quedan solo allí en el cajón del anaquel del alcalde, y es por allí según la investigación por donde se está filtrando y perdiendo esa platica, que entre otras cosas la pagan los ciudadanos a través de sus impuestos. Más de uno de estos funcionarios y corporados quedará mal parado.
Las coimas son muy apreciadas por los Senadores, Representantes, Diputados y Concejales, los testaferros de estos cobran el 10% del salario de un trabajador por colocarlo. No se sabe quién es más deshonesto si el que pide o el que da. Como ven el pueblo se merece los dirigentes que tienen......!que pena¡
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