¿‘Vaca’ de contratistas?


En la plenaria de la Cámara de Representantes el miércoles en la noche, durante la tortuosa jornada de negación de impedimentos para votar la conciliación del referendo reeleccionista, dos parlamentarios liberales que salieron unos minutos del recinto y hablaron informalmente con periodistas, soltaron la siguiente perla: “hay fuertes rumores de que un pool de empresarios y contratistas a los que les ha ido muy bien en este Gobierno, están haciendo una ‘vaca’ (colecta) para financiar el pago de los abogados de todos los congresistas uribistas investigados por la Corte Suprema de Justicia por el tema del referendo”.

¿‘Vaca’ de contratistas? (II)

Según el otro parlamentario, ya es “vox populi que el Gobierno y el Ministerio del Interior no han podido encontrar una fuente presupuestal para pagar ese pool de abogados, y menos ahora que la oposición está a la caza de cualquier movida rara que pueda despertar la sospecha de que con dineros oficiales se pagarían esos abogados… Por eso se estaría acudiendo a empresarios y contratistas amigos del Gobierno para que ayuden en esta causa…”. Según fuentes uribistas, el promedio de las costas judiciales que están cobrando penalistas de primer nivel en estos casos oscila alrededor de 30 millones de pesos, eso confiando en que el proceso no avance a una instancia de acusación formal. Allí, el valor, por lo menos, se duplicaría. Si se tiene en cuenta que, sólo en la Cámara, están en la mira de la Corte cerca de 90 parlamentarios, entonces la suma es millonaria.

¿‘Vaca’ de contratistas? (III)

Los rumores sobre quién pagará la defensa de los congresistas investigados por la Corte por presuntas anomalías en la votación del proyecto de referendo, son muchos. Días atrás se filtró una información según la cual el Gobierno maniobraría para que esos dineros salieran de una cuenta de la Federación Nacional de Municipios. Se dijo, incluso, que era sabida la relación de vieja data entre el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, con el gremio, que ha sido tradicionalmente manejado por la dirigencia antioqueña. También salió a relucir que, en el fondo del presunto apoyo presupuestal a los parlamentarios investigados, estaría el compromiso de éstos para respaldar otro referendo en ciernes, impulsar la reelección de alcaldes y gobernadores, iniciativa que el Ejecutivo ha defendido en actos legislativos en el Congreso, todos los cuales han fracasado.

¿‘Vaca’ de contratistas? (IV)

Como es apenas obvio, el chisme puso en alerta a muchos mandatarios locales, en especial de ciudades capitales. Sin embargo, desde la cúpula gremial se aclaró que el rumor no tenía fundamento alguno y que los estatutos de la Federación impiden destinar recursos a esa clase de asuntos que no tienen nada que ver con la misión funcional del ente. Parlamentarios del Polo llegaron a pensar en solicitarles a mandatarios locales de su filiación política, como el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, que pidieran una explicación formal a la cúpula de la Federación, en cabeza de Gilberto Toro. Sin embargo, la idea no se cristalizó. Además, las relaciones entre la Alcaldía de Bogotá y la Fedemunicipios no son las mejores, por el pleito del recaudo de dineros por multas de tránsito.