Redacción Política
Bogotá.
Octubre 22, 2018 - 09:42 PM
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Andrés Rot / El Nuevo Siglo.
En la reforma política que empieza a
discutirse hoy se autoriza por una sola vez, con la firma de por lo menos el
25% de los miembros de la correspondiente bancada de Senado o Cámara, la
conformación de un nuevo partido o movimiento político.
La autoridad electoral hará el
correspondiente registro y reconocerá su personería jurídica, la cual estará
sometida a las normas generales para conservarla.
También se incluye en la ponencia que
sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 134, dentro de los dos meses
siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorizase
por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular,
o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia de
Acto Legislativo para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin
renunciar a su curul o incurrir en doble militancia.
Y se expresa en el texto que los
directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han procedido con el
debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que
les confiere la personería jurídica también estarán sujetos a las sanciones que
determine la ley.
También se garantiza a las
organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos
políticos.
Quien siendo miembro de una
corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido
distinto, deberá renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de
inscripciones.
Sobre estos textos, el senador Juan
Diego Gómez, del Partido Conservador, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que él está
de acuerdo con que los congresistas puedan cambiarse de partido, pero por una
sola vez.
“Esa proposición no me gusta
realmente. Desde el partido Conservador he presentado una proposición que
permite autorizar el cambio de partido por un año a partir de la aprobación de
la reforma política y al cerrar la lista de los partidos debemos darles
opciones a los congresistas que hacen parte de las actuales colectividades para
buscar nuevas alternativas y posibilidades políticas”, explicó.
Dijo el congresista, que “vale más la
pena una proposición que traiga un tiempo determinado, que podría ser un año o
18 meses, algo por el estilo, que permita armar nuevas estructuras políticas en
el país, y por supuesto nuevos grupos de ciudadanos, creo que sería por una
sola vez, no es necesario dejar esa compuerta abierta”.
El senador del Partido Social de
Unidad Nacional (La U), Berner Zambrano, le expresó a este Diario que modificar
la Constitución por cuatro personas no es serio.
Zambrano expresó que él votara en
contra de dicha proposición y recordó que ello no lo trae el proyecto original
presentado por el gobierno.
La directora de la Misión de
Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, consideró preocupante el
artículo de la reforma que permite dividir los partidos políticos que
actualmente hay en el Congreso.
Barrios explicó, que “en total, de
los 16 partidos políticos que existen hoy en el Congreso, podríamos pasar a 81,
generando una crisis de atomización política que ya vivimos en los años 90 y
atentando contra el principio democrático”.
Barrios advirtió sobre los impactos
negativos que podría tener la aprobación de algunas de las 14 iniciativas de
reforma política y electoral que se debaten en el Congreso.
Y es que, precisó, tres meses después
de la instalación del actual Congreso, se han radicado más de 20 iniciativas
modificatorias sobre dichos temas y, tras haberse acumulado algunas de las
iniciativas, hoy están en trámite 10 proyectos de reforma constitucional y
cuatro de reforma legal, de los que cuatro hacen tránsito en la Cámara y 10 lo
hacen en el Senado.
Unificación de períodos
Para la MOE, el proyecto que para
unificar los períodos propone prorrogar el mandato de alcaldes y gobernadores
defrauda la confianza de los electores que votaron por sus representantes
locales para que ejercieran por cuatro años y no seis. Además, es una propuesta
inconveniente en términos presupuestales, teniendo en cuenta que, para la fecha
en que el acto legislativo sea aprobado en el Congreso -a mediados del año
entrante-, ya se habrán firmado todos los contratos necesarios para organizar
las elecciones de 2019 (software de inscripción de cédulas, jurados y
escrutinios; material electoral, difusión de resultados, entre otros).
De acuerdo con Barrios, entre los riesgos de
unificar los períodos está que “el que gana se lleva todo”, que tienden a ser
sistemas de mayorías, cerrando el camino a opciones minoritarias o de
oposición; además, sin una institucionalidad robusta, capaz de controlar las
irregularidades en materia de inhabilidades de candidatos, financiación y
publicidad, lo único que va a lograr la unificación de calendarios electorales
es aumentar problemas que ya existen.
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