Congreso aprobó proyecto que impide conciliación en casos de agresión e inasistencia alimentaria.

La alta consejera para la equidad de la mujer, Cristina Plazas, aseguró que la violencia intrafamiliar siempre se ha considerado como un asunto privado, "de puertas para adentro", cuando en realidad es el "el peor enemigo que tiene nuestro país y es de asunto público".

En diálogo con 'W Radio', Plazas resaltó la importancia de que la Cámara de Representantes le diera luz verde en último debate al proyecto que le quita la condición de querellables a la violencia intrafamiliar y a la inasistencia alimentaria. Es decir, ya no van a ser conciliables.

Cristina Plazas explicó que una de las mayores razones por las que las mujeres no denuncian a sus parejas cuando son agredidas, es por la 'violencia económica'. "No te doy dinero si denuncias", suelen decir los agresores, según explicó Plazas.

Para ello, el Gobierno viene trabajando con empresas para que vinculen a mujeres y acabar así con la amenaza económica. También existen medidas de atención como transporte, alojamiento y alimentos para las mujeres que estén en riesgo de este tipo de atropellos, señaló Plazas.

La funcionaria invitó a que los casos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria por parte de los padres sean denunciados por la ciudadanía, y que no se sigan consideran estos como delitos menores.

Las denuncias se reciben en la Fiscalía, comisarías de familia o jueces municipales.

Padres que no den cuota alimentaria irán a la cárcel

Según lo aprobado, las mujeres ya no podrán retirar las demandas por alimentos que interpongan contra los padres de sus hijos, y si los progenitores son hallados culpables de inasistencia alimentaria, pagarían entre uno y cuatro años de prisión, la misma pena que se aplicaría para los casos de violencia intrafamiliar.

La iniciativa, impulsada por la bancada de mujeres en el Congreso, reforma el Código de Procedimiento Penal y obliga a las autoridades a investigar, de oficio, los casos que se conozcan de estas dos conductas.

Gloria Stella Díaz, representante del Mira, explicó que cualquier persona puede denunciar estas conductas y que las dos dejarán de ser excarcelables.

"Si una persona denuncia, cualquiera que sea, un familiar, un vecino o un compañero de trabajo, le corresponde a la autoridad judicial iniciar la investigación y deberán hacerse los exámenes y las pruebas para comprobar si, por ejemplo, hubo acceso carnal violento o abuso sexual, y se llegará al final del proceso", anotó.

Si la víctima es quien presenta el recurso, este no será conciliable ni podrá ser retirado y al agresor o agresora el juez podrá darle hasta cuatro años de prisión.

Díaz destacó que, una vez sancionado este proyecto, la víctima no podrá, "por más palabras dulces que el agresor le diga luego de que la maltrata física, psicológica o sexualmente", desistir de la demanda.

Victoria Vargas, representante liberal, recordó que el 75 por ciento de las agresiones intrafamiliares son contra mujeres. "Hemos podido ver en los últimos meses cómo muchas mujeres, niños y adolescentes han sido víctimas de la violencia intrafamiliar, y lo que se quiere con este proyecto es que estos delitos, que en su momento habían sido no querellables, vuelvan a serlo para que no haya posibilidad de desistir", explicó.

En el trámite se agregó una proposición del representante Germán Navas, según la cual la decisión del juez de ejecución de penas "deberá ser precedida de un concepto técnico de un equipo interdisciplinario de Medicina Legal". Por este cambio, la iniciativa irá a conciliación con el Senado.