Desarmar a quien toca

Hay cosas que, de puro obvias, nadie las recuerda. Si se trata de evitar muertes violentas y combatir la delincuencia, hay que desarmar a los ilegales. Obligación que sigue pendiente, y que ahora vuelve al debate público y se tratará en el Congreso. Las bandas criminales -grandes o pequeñas- siempre encuentran acceso a sus instrumentos de muerte, con salvoconducto o sin él.

EL COLOMBIANO

Medellín

Publicado el 5 de enero de 2012

En esta, la enésima ocasión que se prende el debate sobre la restricción al porte de armas por parte de civiles, el pistoletazo de salida -dicho sin ironía- lo dio en su posesión el nuevo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien tiene razones de historia personal para saber del asunto, con sus implicaciones y consecuencias para la vigencia de una sociedad pacífica.

En Estados Unidos, el porte y tenencia de armas por parte de los ciudadanos es un tema de Estado. Allí los debates se encienden, como tristemente se comprueba de tanto en tanto, al vaivén de las espantosas masacres que desadaptados acometen en centros educativos, comerciales o en barrios habitualmente tranquilos. El lobby más poderoso de la potencia del Norte, la Asociación Nacional del Rifle, ha logrado que nunca se haya podido restringir el uso de armas. Allá, es un derecho fundamental.

En nuestro país, el debate se repite con la terquedad de los temas recurrentes, como el de la dosis personal de drogas, el uso de pólvora o la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales: muchos anuncios, poca efectividad, nulos resultados.

Vivimos en una sociedad de violencia exacerbada, donde la presteza para apretar el gatillo que hiere y mata es tan habitual que hemos dado lugar a la creación de una rama de estudio antropológica, dicen que única en el mundo, llamada Violentología . Los violentólogos, sin tener que ser muy creativos, advierten que una sociedad compuesta por gente armada es más proclive a sufrir una continua sangría de muertes por armas de fuego. Puede parecer una perogrullada, pero ahí están las cifras, de las que hay que partir para tomar las decisiones que correspondan.

Si el instrumento de matar es fácilmente accesible, hay que restringirlo, pero teniendo en cuenta la realidad social del país: vastas zonas desamparadas y sin posibilidad de protección oficial. Se dice que hay que eliminar toda posibilidad de portar armas, y que para eso hay que ampliar el pie de fuerza. Pero en esto no hay que trabajar basados en hipótesis ideales, sino sobre los datos reales. No hay un policía o soldado para cada cuadra del barrio, ni para cada vereda. Y tampoco se puede otorgar la facultad a cualquiera de proteger a la comunidad.

Es una línea difusa y ciertamente difícil de tratar. Hablar del derecho de autodefensa conlleva riesgos muy grandes, como quiera que ello sirvió para la creación de uno de los peores monstruos de nuestra historia. Por eso es bueno que el tema vaya al Congreso, y que se revise, por ahí derecho, la potestad de su regulación, que debe estar en cabeza del poder civil.

Para nadie es un secreto que una gran operación de desarme es poco lo que afecta a las grandes o medianas redes delincuenciales. Estas siempre tienen acceso a las armas. Sea con corrupción o con tráfico clandestino, logran siempre conseguir el arsenal para sus protervas actividades. Y eso es lo que se tiene que cortar de raíz, si es que la cosa, ahora en verdad, sí va en serio.