AGRO INGRESO CHANCHULLO SEGURO

12/10/2009

Una cadena de escándalos en el sector agrario, una ley con motivos dudosos y pocos resultados, un reglamento con los dados cargados, un Comité político que escoge a los beneficiarios y una piñata con dinero del público son el resumen de este caso sonado*.

En los últimos días se conoció otro escándalo que se suma a la larga lista de los que han acompañado el manejo de la política agrícola, especialmente durante el segundo mandato del presidente Uribe. Éste tiene que ver con subsidios entregados en el marco del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS), entre otros, a reinas de belleza, corredores de bolsa, empresarios regionales y familiares de políticos.

Lo inocultable

Un repaso a lo sucedido en últimos años en el sector agrícola nos remite a titulares de prensa que en su momento estremecían a la opinión colombiana, pero que se olvidan con prontitud por la rapidez con la que uno sustituye al otro y por el poco sentido público que caracteriza a nuestra “opinión pública”. Recordemos sólo algunos:
- Créditos de redescuento de Finagro a paramilitares y a narcotraficantes confesos como lo son los casos de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco[1] y de Micky Ramírez[2].
- Despojo de tierras de comunidades desplazadas de Jiguamindó, Curbaradó. Uno de los más importantes proyectos palmicultores en la zona fue desarrollado por la sociedad anónima Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá (Urapalma) empresa que recibió millonarios préstamos de las entidades estatales Finagro y el Banco Agrario, aunque su gestión ha sido cuestionada por organismos de control en Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- La Ley de Tierras que tal y como fue formulada, según dijo en su momento la Procuraduría General de la Nación, puede prestarse para el lavado de activos y legalización de predios ilegítimamente adquiridos[3]. Dicha ley fue posteriormente declarada inconstitucional por la Corte.

- Escándalo por los créditos otorgados al ex senador Miguel de la Espriella y la ex senadora liberal de Córdoba, Flora Sierra de Lara en donde se constituyeron los presuntos delitos de estafa, desviación de créditos y enriquecimiento ilícito[4].
- María Fernanda Zúñiga, Presidenta de Fiduagraria (Fiduciaria del Banco Agrario) hace parte de la Junta Directiva de una de las empresas palmeras involucradas con paramilitares e investigada por usurpación de tierras y desplazamiento forzado en el Chocó[5].

- Andrés Uribe, ex presidente de la Bolsa Agropecuaria, fue retirado de su cargo por el uso indebido de información privilegiada en beneficio propio cuando compró acciones[6].

- El ex gerente de INCODER, Luis Ortiz, entregó tierras en el Vichada y en el Meta a empresarios y a paramilitares que se hacían pasar por desplazados[7].
- La fallida entrega de tierras a empresarios privados en Carimagua, Meta, que en principio estaban destinadas a decenas de familias de desplazados[8].

- En junio de 2008 la Fiscalía capturó a Roger Taboada, ex presidente de FINAGRO, y a 13 personas más por manejos irregulares en la institución.

- Denuncia sobre entrega irregular de 14 millones de dólares por parte de Almagrario, otra entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, a Ecocafé[9].
Aunque estos y otros escándalos tienen actores, expresiones y raíces más o menos distintas y distantes, ellos en su conjunto apuntan hacia ciertos acentos de la política real o la realpolitik agraria bajo el gobierno Uribe.

La ley 1133[10] y sus “nobles” intenciones

Esta ley se origina en el marco de las discusiones para la aprobación, por parte del Congreso de Colombia, del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Caso en el cual es entendible que su objetivo sea salvaguardar los ingresos de los productores que se vean afectados por las distorsiones derivadas de los mercados externos para asegurar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional. Las razones que generalmente explican por qué los gobiernos apoyan y protegen al sector agrario se pueden resumir en:
- Asegurar la producción de alimentos para cubrir las necesidades internas.
- Salvaguardar a los campesinos y agricultores de las consecuencias de situaciones meteorológicas perjudiciales y de las fluctuaciones internacionales de precios.
- Proteger y preservar a las comunidades rurales[11].
Algunos economistas hacen notar que, en caso de que el TLC se hubiera firmado, efectivamente uno de los sectores más afectados hubiera sido el agrario, dada la competencia desigual que iban a tener que afrontar con los subsidios que otorgan al sector rural, tanto los Estados Unidos como Europa. Y sin embargo, como bien lo anota Armando Montenegro, “El TLC no se ha firmado, pero la plata sí se está repartiendo a chorros”[12]. Por su parte, Rudolf Hommes afirma que desde sus inicios era evidente que “la política de ‘Agro Ingreso Seguro’ iba a contribuir a acentuar la concentración del ingreso y de la riqueza en el campo sin claros efectos sobre la producción, con consecuencias negativas sobre el mercado laboral y sin aportar a las condiciones de abandono y extrema pobreza en las que vive la población rural” [13].
Tanto Montenegro como Hommes sostienen que, a pesar de los esfuerzos, el sector agrario va de mal en peor dado que su crecimiento es menor al del resto de la economía. Además, el PIB está creciendo más rápidamente que el sector agropecuario; la participación del sector en el total de las exportaciones ha decrecido y -como si fuera poco- el aumento en el despojo de tierras es inocultable así como el fracaso de la política de prevención del desplazamiento.

Adicionalmente cabe preguntar por qué se subsidian actividades que de todas formas deberían ser asumidas por los propietarios de las grandes extensiones de tierras. E incluso, en caso de la aprobación del TLC ¿serían éstos los subsidios adecuados para la realidad del país? Lo cierto es que los resultados indican que el objetivo no se está logrando y esto se reconoce en que ha venido cayendo la productividad o el
valor de la producción por hectárea.

Ingreso seguro, seguro

La ley es clara en anotar que “el Programa ‘Agro Ingreso Seguro’ se enmarca dentro de las acciones previstas por el gobierno nacional para promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”[14]. En el parágrafo 1 del Artículo Tercero dice además: “Para todos los efectos, se debe entender que los apoyos económicos directos o incentivos son una ayuda que ofrece el Estado sin contraprestación económica alguna a cambio, por parte del particular. Se entregan de manera selectiva y temporal, dentro del ejercicio de una política pública, siendo potestad del gobierno nacional seleccionar, de una manera objetiva, el sector que se beneficiará con el apoyo económico directo o incentivo y el valor de los mismos…”.

La ley también prevé que el Comité Intersectorial -integrado por los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural (quien lo presidirá), Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo; el Director del Departamento Nacional de Planeación; los respectivos presidentes de: el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI); el Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros y un representante de los pequeños agricultores-, está encargado de:
- Asesorar al Ministerio en la distribución de los recursos asignados en cada vigencia.
- Asesorar en el diseño de la metodología de cuantificación, asignación y distribución por producto de los apoyos económicos directos a que se refiere la Ley, sobre la base de criterios técnicos.
- Asesorar en el diseño y ejecución de los apoyos para la competitividad a través de incentivos a la productividad, créditos para la modernización y la reconversión productiva e instrumentos de comercialización.
- Diseñar e implementar los mecanismos de seguimiento y monitoreo permanentes de la ejecución del programa.
- Evaluar anualmente los resultados de la ejecución del programa y adoptar las modificaciones que considere pertinentes.
- Adoptar su propio reglamento.
Los requisitos para acceder a los subsidios no reembolsables, según el ex ministro Andrés Felipe Arias son: ser colombiano, ser empresario del campo, cumplir con los requisitos, sacar el puntaje y aportar los recursos necesarios[15].
Es de notar que los Términos de Referencia para aplicar a los subsidios exigen que el proponente (incluyendo a los campesinos y pequeños agricultores) demuestre que posee de sus propios recursos, como contrapartida, al menos el 20% del total del subsidio que está solicitando. También se hace claridad en que el proponente, que asuma mayor valor de contrapartida, obtendrá mayor puntaje, así como aquel proyecto que más hectáreas beneficie con riego. Es decir, quien demuestre mayores recursos y mayor tenencia de tierra, es quien mayor puntaje obtiene y, obviamente, quien finalmente accederá a los subsidios.

La evaluación de los proyectos es realizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Pero la decisión final sobre la asignación de subsidios es tomada por el Comité Intersectorial, que como sabemos está constituido por al menos cinco personas con rango ministerial. El IICA se limita a presentar una lista de los proyectos que cumplen con las condiciones de la ley, pero la calificación que haga el Instituto no es obligatoria para el Comité y es éste quien en efecto, escoge a los beneficiarios del Programa.
Para decirlo en forma resumida: los Términos de Referencia inclinan la balanza en favor de los ricos y el Comité con sus cinco ministros decide a quienes repartirles la plata.

En cumplimiento de la ley: hubo piñata

Las inversiones financiables a través de esta línea especial son: la producción y mantenimiento de cultivos; la adquisición de maquinaria y equipos nuevos; la adecuación de tierras; y la infraestructura para la producción y la transformación.
Según el ministro Andrés Fernández Acosta, con la línea de crédito DTF-2 se han financiado 81.000 proyectos agropecuarios, de los cuales 73.000 pertenecen a pequeños productores. Es el caso, por ejemplo, de Omar Aparicio Jiménez del municipio de Curití, Santander, a quién se le aprobó un crédito por $28.953 pesos; según lo indica la página del ministerio, este campesino tiene un plazo hasta de 15 años para pagarlo, a una tasa de interés del 2% anual. En su gran mayoría, los préstamos (2007, 2008, 2009) hechos a pequeños productores oscilan entre los $200.000 y los $3.000.000 (hay montos de $26.000, $50.000, $60.000, $80.000)[16].
En contraste, algunas cifras de familias “prestantes” beneficiarias del Programa Agro Ingreso Seguro:
Recursos entregados bajo el
Programa Agro Ingreso Seguro[17]


Años

Familias
Monto
2007 y 2008 Familias Lacouture $ 11.996.021.399
2007 y 2008 Familias Vives $ 7.068.996.154
2007 Familias Fernández de Castro $ 942.130.880
2007 y 2008 Familias Posada Grillo $ 1.037.639.245
2007 y 2008 Familias Cuello $ 490.266.052
2008 y 2009 Familias Dávila Abondano $ 2.982.577.988
2008 Familias Villamizar $ 496.400.000
2008 Familias Solano Tribín $ 2.140.076.889
2008 Familias Riveros Paéz $ 1.622.063.767
2009 Familias Sardi de Holguín $ 200.000.000
2008[18]
Familias Rengifo Vélez
Presidente de la Asociación de Fiduciarias $ 35.466.764
2008 Familias Rojas Jiménez[19]
Senador Héctor Elí Rojas $ 37.961.000
2007 Familias Mejía Marulanda
Senadora Liberal de Pereira (2002 – 2006) $ 112.020.641
2008 Familias Ochoa Daza
(Hermano del Ex alcalde de Valledupar) $ 283.097.500
2009 Familias Carvalho y Díaz Saavedra[20]
$ 1.439.695.770
Total $ 30.884.414.049

Las cifras ilustran los hechos, pero no sobra recordar que algunos medios subrayan que ciertos beneficiarios del Programa AIS a su vez contribuyeron a las campañas de elección del presidente Uribe en 2002 y 2006. Pero no menos importante es reflexionar sobre quiénes estarán financiando las aspiraciones presidenciales del ex ministro Andrés Felipe Arias, como lo han insinuado algunos otros medios.
* La autora agradece especialmente a Martha Espejo Barrios, Alejandra Pacheco Estupiñán y Jaime Wilches el apoyo en la recolección de la información para elaborar este artículo.
Notas de pie de página