La reforma a la justicia

Varios puntos claves y polémicos plantea la reforma a la justicia de la Rama Judicial y que busca hacerle contrapeso a la presentada por el Gobierno en el Congreso.

El Presidente del Corporación Mauricio Fajardo manifestó que entre los principales puntos del proyecto, presentado este jueves ante el presidente Juan Manuel Santos, se encuentra el tema del presupuesto, la modificación del Consejo Superior de la Judicatura y la revisión de la tutela.

Fajardo señaló que uno de los puntos clave se refiere a la solicitud de un cinco por ciento del presupuesto nacional para la Rama Judicial y enfrentar gastos e inversiones, excluyendo el dinero que recibe la Fiscalía.

Según el magistrado, este dinero debe ser administrado de manera autónoma y tiene como objetivo fundamental lograr la descongestión de los procesos y mejorar la accesibilidad a la justicia.

Ante este hecho, el presidente del Consejo de Estado reclamó mayor autonomía presupuestal y la dotación de recursos necesarios, técnicos y humanos para cumplir “con el propósito de la descongestión judicial, el fácil acceso de los ciudadanos a la administración de justicia y la eficacia y prontitud de los fallos”.

Doble instancia y pérdida de investidura

El segundo aspecto del proyecto del Consejo es precisamente el de la posibilidad de la doble instancia en los procesos por pérdida de investidura.

El presidente del Tribunal aclaró que el primer caso debe ser resuelto por la sección encargada de dar trámite a cada expediente, decisión esta que podría ser apelada ante la Sala Penal del Consejo de Estado, como juez de segundo grado.

En el espinoso y ya muy discutido tema de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, CSJ, el proyecto de las Cortes busca que éste continúe funcionando pero con severas modificaciones.

En ese sentido incluye la creación de una Sala de Gobierno, la cual estará compuesta por los presidentes de las corporaciones y el Fiscal General. También se propone mantener las Salas Administrativa y la Disciplinaria pese a las fuertes críticas, sin embargo se cambiaría el modo en cómo se eligen sus miembros.

Según el proyecto, la Sala Administrativa estaría compuesta por seis miembros divididos de la siguiente forma: tres abogados y tres expertos en otras ramas como la economía, finanzas y ciencias políticas. Estos funcionarios serían de libre nombramiento y remoción de las Cortes, que tienen la posibilidad de nominarlos pero no estarían sujetos a un periodo especifico.

Sobre la Sala Disciplinaria, ésta estaría integrada por los mismos siete miembros, sin embargo no serían elegidos por el Congreso como se hace en la actualidad, sino por las Cortes.

En el tema de la tutela se permitirá entutelar LAS decisiones de las Cortes, pero con limitantes como que solamente la resuelvan las mismas corporaciones. Esta acción deberá ser radicada y sustentada por un abogado.

“Hasta el momento, el Consejo de Estado no aceptaba la tutela contra sentencia, ahora se contempla esa posibilidad pero reglamentado en qué casos proceden estas tutelas. En el caso de las Cortes, las tutelas serán conocidas por la Sala Plena de cada corporación”, explicó el magistrado.

El consejo Nacional Electoral

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) serían elegidos por la Escuela Superior de Administración Pública, la cual sería la encargada de recibir y estudiar a los aspirantes que serían presentados por los presidentes de las Cortes.

El proyecto también incluye suprimir algunas funciones que actualmente tiene este organismo como revisar los escrutinios para que esa función pase directamente al Consejo de Estado.

Según el magistrado Mauricio Fajardo, con este proyecto se pretende que la justicia deje de ser la “Cenicienta” del Estado “y que el presupuesto que se le asigne deje de ser como un regalo del Estado”, indicó el Fajardo.