La Ley 100 no es para la salud sino para el negocio (Parte 1ª)
Transcripción de la intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, sobre el sistema de salud, 3 de mayo de 2011,
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No fue Santos quien destapó el escándalo. Reconocimiento a una lucha larga. Como César Gaviria, Uribe y Santos están en la génesis del desastre. No es un debate contra las IPS, también víctimas de las EPS, ni tampoco contra el cooperativismo. El Seguro Social fue calculadamente destruido. Casi ninguna EPS del régimen subsidiado le informa al gobierno. El caso de las ARP. Se apropian ilegalmente los dineros del sistema de salud. El sistema de salud avanza hacia la quiebra. Algunos de los medicamentos más costosos del mundo. Cobertura real y cobertura formal. A la gente ya no la mata ni el corazón ni los riñones, sino la Ley 100. Un sistema perverso: la Ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino la ley para el negocio con la salud de los colombianos. Las EPS son organizaciones para ganar plata, no para brindar salud. El cartel de las EPS. Sobreprecios por millones de millones. Saludcoop y los parafiscales. El superintendente de Salud debe renunciar. El ministro y el tapen-tapen. La auditoría, una burla. Pueden reemplazar a unos vivos poderosos por unos más vivos y más poderosos. El cambio debe ser estructural.
Antes de entrar en materia, un saludo muy especial, junto con mi expresión de solidaridad, a todos los colombianos que están padeciendo los horrores del desastre invernal y lamentar profundamente la incapacidad del gobierno nacional para llegarles con los mínimos respaldos. Es manifiesta la incapacidad para llevar los auxilios.
En segundo término, recordar que el Polo Democrático Alternativo es el único partido con silla en el Congreso que decidió como posición de bancada votar en contra de la reforma de las regalías. Nosotros seguimos expresando nuestra solidaridad a millones de compatriotas de regiones pobres de Colombia que van a ser despojados de sumas descomunales. Les van a recortar los ingresos en una proporción de 80 por ciento. A Arauca, Huila, Tolima, Meta, Putumayo, La Guajira, Cesar, etcétera, de cada cien pesos les van a quitar 80. Me parece una decisión absolutamente inadecuada e irresponsable. Pero además, tampoco es cierto que las vayan a pasar las regalías a las gentes de otras regiones. De la plata, una parte la van a dejar en el exterior ganando intereses ridículos, mientras contratamos deuda externa a intereses más altos. Y la otra se la van a gastar en asuntos del gobierno nacional. Porque este es una reforma montada contra los proyectos chichigüeros, como decía la otra vez el ministro de Hacienda.
Santos, en la génesis de la tragedia
Entrando en materia, empecemos por una primera afirmación: no es verdad que quien haya destapado este escándalo por los hechos realmente desastrosos que está viviendo la salud sea el presidente Santos. Uno tiene que hacerles los reconocimientos a quienes les corresponden. Aquí hay colombianos que llevan años luchando, organizaciones bien serias, y menciono algunas: el Movimiento Nacional por la Salud, sindicatos como Antohc y Sindess, la Federación Médica Colombiana, que ha jugado un papel clave, la Academia Colombiana de Medicina, que también ha estado al frente de los reclamos, las organizaciones de enfermos de alto costo –unos compatriotas que sufren lo indecible por los malos tratos de las EPS–, Misión Salud –una fundación preocupada cuidadosamente por el precio de los medicamentos–, Ifarma –una ONG también interesada en estos temas– y las ligas de usuarios de la salud. No es entonces el presidente Santos quien destapa el escándalo. No olvidemos que el doctor Santos fue ministro de la administración de César Gaviria, el punto de partida de todo este desastre, en compañía de quien en esos días era senador, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Luego no solo está Santos en la génesis de la tragedia, sino que a lo largo de los últimos veinte años nunca lo hemos oído alzar la voz para denunciar lo que viene sucediendo desde hace mucho rato.
Para hacer bien hecho y completo este debate necesitaríamos un tiempo bastante más largo. Voy entonces a renunciar a conciencia a un poco de asuntos en que valdría la pena profundizar. A duras penas los voy a mencionar, cosa que es lamentable. Seguramente habrá compatriotas que quisieran que me detuviera en esos temas, pero definitivamente me tocó escoger qué cosas sí y qué cosas no. Me limitaré a tocar unas cuantas cosas para poder hacer énfasis en cuatro grandes temas, todos escandalosos, sobre el pésimo funcionamiento del sistema de la salud.
¿Cuál es la tesis principal de este debate? Que aquí no solo estamos ante graves problemas de corrupción, sino ante una ley, la 100 de 1993, una ley torcida, perversa, la base de este cúmulo de problemas, y también ante unos gobiernos alcahuetes, los anteriores y este, dedicados a aplicar esa ley regresiva y retardataria. Ambos factores explican en parte los horrores y el desastre que estamos viviendo.
No es un debate contra las IPS ni contra el cooperativismo
Advertir también que este no es un debate contra la economía privada, así defienda de manera muy clara la red pública hospitalaria y la necesidad de que el Estado juegue un papel fundamental en la prestación de los servicios de salud. Pero creo que deben existir IPS privadas, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, clínicas, hospitales, laboratorios, centros de diagnóstico. Mi debate no es tampoco contra ellos, también víctimas de las EPS, las mandamases del sistema y las que al final se quedan con el grueso de los recursos. Las EPS les imponen a las IPS tarifas absolutamente inaceptables y que las empujan a la ruina, plazos escandalosamente largos de pagos y maneras de cobrar y facturar por completo abusivas. Las obligan además a renegociar las glosas. Es común, por ejemplo, que una IPS le presente a una EPS una factura y le diga, usted me debe 50 millones de pesos, y la EPS le monta todo tipo de procedimientos torticeros para al final someterla a aceptar tan solo un porcentaje de la factura. Y hay una deuda descomunal de las EPS con las IPS, deuda que las está quebrando. Ayer un alcalde de un pueblo del Tolima denunciaba cómo una de estas EPS le metió un cheque chimbo de 400 millones de pesos, hecho casi increíble, pero son las anomalías que suceden a diario en el sistema. Entonces, las EPS acogotan a las IPS e incluso las arruinan para después sustituirlas generando fenómenos como la integración vertical. Señalo de una vez este punto, uno de los aspectos más perniciosos en el funcionamiento de la salud en Colombia, estrechamente relacionado con la ruina del sistema público de salud, sistema insustituible en cualquier modelo medianamente democrático.
Tampoco es un debate contra el cooperativismo, tiene que quedar claro. Aunque en el negocio de la salud hay involucradas un número importante de cooperativas, no es un debate contra el cooperativismo, pero, por supuesto, no acepto que en nombre del cooperativismo se puede hacer cualquier cosa. En especial, repudio las Cooperativas de Trabajado Asociado, montadas con el cuento de que son actividades cooperativas, cuando se trata en realidad de organizaciones hechas para impedir que los trabajadores, incluidos los de la salud, perciban unos ingresos dignos. No comparto tampoco ningún tipo de práctica indebida, así agite las banderas del cooperativismo. Pero el debate no es contra el cooperativismo, insisto, lógica institucional que respeto como de aportes positivos a la vida del país.
El Seguro Social fue calculadamente destruido
Ojalá tuviéramos tiempo de hacer un debate a fondo sobre la destrucción del Seguro Social. Es uno de los asuntos más dramáticos de toda esta historia y uno de los que más desnudan los horrores de la Ley 100. El Seguro Social fue calculadamente destruido, porque, claro, cuando los neoliberales decidieron privatizar la salud, el Seguro Social contaba con un número importantísimo de colombianos aportantes y no había entonces cómo montar el negocio si no se lo sacaba de en medio. Lo que hicieron fue dejarle al Seguro los pensionados y pasarles los cotizantes a los fondos privados de pensiones, maniobra calculada para arruinar al Seguro Social, como efectivamente lo arruinaron, mientras les dejaban a los negociantes de las pensiones el lomo del negocio. Y en el caso de la salud fue lo mismo. Las EPS le raponearon al Seguro los pacientes menos problemáticos, digamos, y le dejaron los pacientes de alto costo, los más viejos, las enfermedades catastróficas. El propósito era arruinar al Seguro Social y lo arruinaron. Y no solo lo arruinaron, sino que después le arrebataron las clínicas, compradas todas a menos precio. Aquí llamo a los organismos de control que deben de estar viendo este debate para que investiguen quién se quedó con las clínicas del Seguro Social, que valían toda la plata del mundo y que se subastaron a menos precio, estoy seguro. Es un asunto que se debe investigar si es que de verdad se quiere destapar la corrupción y no, como me temo, limitarse a hacer ruido en lugar de romper las nueces.
No me voy a referir tampoco al régimen subsidiado y solo voy a hablar del contributivo. El subsidiado sí que daría para un debate de veinte horas. Es el horror, ministro Santa María. Aclaro desde ya que habrá que individualizar. Aquí hago generalizaciones porque pienso que es lo predominante, pero habrá que individualizar cada caso como corresponde, con actitudes serias de los organismos de control y en la política, porque lo que realmente predomina en el subsidiado, como también en el contributivo, es una serie de prácticas escandalosas, entre ellas, inventarse pacientes que no existen, negar los tratamientos, hacer de múltiples maneras operaciones fraudulentas. Y con un agravante del que ya son víctimas este gobierno y el ministro Santa María y es que el sistema de salud, como una de sus características, está supuestamente montado sobre una información que deben enviarle al gobierno nacional las Entidades Prestadoras de Salud, o EPS, para que a partir de ella el gobierno tome decisiones.
Les voy a dar este dato. A partir del primero de enero, el ministro Santa María le subió al régimen subsidiado el valor de la UPC en una proporción importante. La UPC, como lo voy a explicar después, es la base sobre la que se monta el negocio. El dato es que de 49 EPS del sistema subsidiado, solo cuatro dieron información válida, según el Ministerio. Las otras 45 dieron informaciones que no lo eran de ninguna manera. Y sin embargo, el Ministerio les subió el valor de la UPC por encima de lo recomendado por los técnicos. Y cuando digo el Ministerio, hago específica referencia a la CRES, puesto que el doctor Santa María es la voz cantante de dicha entidad. Entonces aquí enfrentamos un problema, y lo empiezo a mencionar desde ya, porque voy a seguir haciéndolo a lo largo del debate. Es cómo las EPS abusan y cómo el gobierno alcahuetea y tolera el abuso. Porque uno se pregunta: si ellas no cumplen con los deberes mínimos de dar la información y explicar mínimamente en qué se gastan la plata, por qué diablos les hace el Ministerio unos aumentos superiores a los recomendados por sus técnicos, como lo voy a demostrar.
Manguala entre las EPS y las ARP
En Colombia prácticamente nada se dice de las famosas ARP, las Aseguradoras de Riesgos Profesionales. De ellas nadie habla nada. Es otro horror, colombianos. Lo primero, tienen montados unos combos con las grandes EPS, una especie de manguala, para escamotearles a los obreros los derechos que les corresponden por accidentes laborales y por enfermedades profesionales. El fenómeno es especialmente grave en la gran minería, por ejemplo, en la Drummond y las demás grandes mineras, donde les escamotean sus derechos a nuestros compatriotas. Estudios juiciosos señalan, ministro Santa María y colombianos, que las ARP se están embolsillando mediante astucias la plata de los parafiscales, dinero del sistema de salud, presentándolos como si fueran recursos de su propiedad. Sobre este punto voy a insistir también a lo largo del debate. Cuál es la plata de las EPS o las ARP y cuál es la plata pública del sistema de salud, que al final les corresponde, se supone, a los ciudadanos.
La Superfinanciera reconoce que en pago de comisiones a intermediarios de aseguramiento, el monto es del orden de 333 mil millones de pesos, cifra ya detectada, aun cuando no se sabe aún cuánto de ella sea ilegal. Habrá que establecerlo. También las ARP están utilizando plata de parafiscales para pagar la publicidad, operación también ilegal, a mi juicio, y cuyo monto tampoco ha sido calculado. También pagan con esa plata las primas del Fogafin y los honorarios de salud a terceros. Las ARP no pagan IVA por sus recursos propios, echando el cuento, ahí sí, de que son recursos parafiscales. Cuando se trata de esquilmar los recursos parafiscales, alegan que son propios. Y cuando les llega la hora de pagar los impuestos, dicen que son parafiscales. Espero que los organismos de control también le echen ojo a este entuerto.
Se avecina la quiebra del sistema
El debate también podría estar todo él dedicado a la crisis estructural del sistema y nos demoraríamos una eternidad. El sistema de salud avanza hacia la quiebra. Si no se deroga la Ley 100, si no se corrige seriamente lo que pasa, vamos hacia la ruina. Primero, por el enorme desempleo que hay en Colombia. El país no ofrece empleo, sino desempleo e informalidad, que no aportan de manera formal a la seguridad social. El otro factor son los malos manejos de las EPS y los muchos problemas que vamos a abordar a lo largo de la intervención. La Federación Médica Colombiana le acaba de enviar un derecho de petición a la Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli, solicitándole certificar si las EPS, esas que no rinden cuentas y hacen lo que les da la gana, sí presentan suficiente grado de solvencia y liquidez para ser merecedoras de los recursos públicos. Porque el asunto está normatizado. Aquí la plata del Estado, tanto la nacional como la departamental y municipal, no se les puede entregar a entidades que no tienen unos márgenes de solvencia y unas posibilidades de atender el servicio. Y esto puede ser lo que está sucediendo en el conjunto de las EPS, porque se habla de sumas por más de cinco billones de pesos que les adeudarían a los prestadores de servicios de salud de todos los niveles. Y si los cobros se hicieran efectivos y si se pagaran, ¿qué les terminaría sucediendo? Aquí tendríamos también otro tema que él solo daría para un debate completo.
También podríamos hacer un debate larguísimo sobre las condiciones laborales del sector. Una vergüenza, ministro. Es miserable el trato que les dan las EPS a los médicos, a las enfermeras, a las instrumentadoras, a los de las ambulancias, a los odontólogos, a toda la gente que trabaja en el sector. Inaceptable que se trate así a compatriotas nuestros que están teniendo que trabajar dos y tres jornadas al día para medio solventarse la vida. Y es el reino de las cooperativas de trabajo asociado, de esas sobre las que echan tantos cuentos y que han prometido desmontar y no desmontan y que no desmontaron tampoco en la reciente reforma a la salud. Y el doctor Angelino Garzón y el doctor Santos van y echan cuentos a Estados Unidos, pero no las desmontan, porque sin ese régimen de negreros, y cuando hablo de negreros me refiero a los antiguos esclavistas, tampoco les funciona el negocio. Un médico mal pago, maltratado, trasnochado, fatigado, va en detrimento de la salud de los colombianos. Y hay además un maltrato a los médicos mismos, porque es una profesión que, como todas, pero esta en especial, tiene responsabilidades de conciencia. ¿No estamos viendo a muchos profesionales de la salud a quienes los patrones, las EPS, para ganarse unos centavos, los obligan a no recetar lo que deben? Sancionan al que ordena el examen o receta el medicamento que se necesita y, al revés, al que no receta lo que es, lo premian. Obligar a los médicos a actuar mal por un lado o por el otro, para satisfacer la sed de ganancia de estos negociantes de la salud, es un espectáculo bochornoso de descomposición profunda de la vida del país.
Algunos de los medicamentos más costosos del mundo
Este debate, y aquí sí voy a detenerme un poco más, podría ser también todo él sobre el tema de los medicamentos, de especial gravedad, y frente al cual el ministro Santa María y el gobierno del presidente Santos asumen una actitud absolutamente equivocada. Me responde el ministro Santa María y me dice: “El principio general es que existe libertad de precios” en los medicamentos. Y es verdad, salvo en una situación excepcional, a la que más adelante me voy a referir, aquí lo que hay es libertinaje en los precios de los medicamentos. Que cada uno haga lo que se le dé la gana con los medicamentos del sistema, del POS y del No Pos. Porque aquí los llamados medicamentos de bolsillo valen 3,5 billones de pesos. Son esos que, por la mala atención, los colombianos tenemos que pagar todos los días de nuestros bolsillos y a los precios que fijan las trasnacionales como les da la gana y, además, en medio de maniobras fraudulentas.
Hay básicamente tres tipos de medicamentos en Colombia y en el mundo. Unos son los llamados de marca, o sea, los que detentan patentes. En el otro extremo se encuentran los genéricos, idénticos a los de marca, pues la molécula es la misma, pero bastante más baratos porque ya se venció la patente y hay alguna competencia. Y las trasnacionales se han inventado uno tercero al que he llamado el mercado de las falsas marcas. ¿Cuál es? Las farmacéuticas cogen un genérico, le meten un platal de propaganda, lo convierten en un medicamento de marca y se clavan a los pacientes con el cuento de que el medicamento que les están vendiendo es distinto, cuando es el mismo genérico que, como tal, les valdría bastante menos.
Les doy ejemplos de diferencias de precios para que ustedes se aterren, aclarando primero que Colombia es uno de los países que presentan mayores diferencias entre los de marca y los genéricos, y repito, con genéricos sustitutivos de marca la sustitución es perfecta, aun cuando las trasnacionales mientan y digan otra cosas. Porque si lo que hay es un falso genérico, que los metan a la cárcel; ese es un problema diferente, pero que no nos vengan con cuentos, que bastante entendemos de qué se está hablando.
Miren ustedes: como norma, en Colombia el promedio es que el de marca cueste veinte veces más que el genérico, y el de falsa marca, 6.2 veces más. Les doy este dato con respecto a la Ciprofloxacina de 500 mg, más costoso en Colombia que en el resto del mundo. Es 25 dólares más caro que en Estados Unidos y dos veces más caro que en Suiza. Y como este, hay miles de ejemplos. Les muestro otro: el Rituximab, cifras certificadas por los especialistas, en Colombia, corrientemente –antes de algunas medidas–, 3.500 dólares; en Chile, 2.000 dólares. Precio máximo de recobro, después que el Ministerio le puso algún controlito, 2.500 dólares, es decir, todavía 500 dólares más caro que en Chile. El Trastuzumab, en Colombia, antes de ciertas medidas, 4.000 dólares; en Costa Rica, 1.800; en Chile, 2.600 dólares. Precio máximo de recobro, 3.000 dólares, todavía mucho más caro que en los países que acabo de citar.
Hay un caso bien llamativo, porque el Ministerio, después de tantas presiones de la Federación Médica, algún control ha establecido, aun cuando bien bajo. Para el recobro del Fosyga, de 15 mil medicamentos, hay control para 817, pues como dice el ministro, lo que predomina es la libertad de precios, o mejor, el libertinaje. Lo prueba el caso del Kaletra de Abbot. En Colombia vale el triple que en Brasil, vendido por el mismo laboratorio. Y aquí entonces le fijaron por fin un precio de referencia. Se pasaron diez meses antes que el laboratorio se dignara aceptar lo decretado por el gobierno. Lo demuestra también el caso de los antihemofílicos y, en particular, uno de ellos, el Factor VIIa Recombinante. Consultados los precios reportados por todas las organizaciones internacionales de antihemofílicos y con los promedios de Austria, Canadá, Grecia, Filipinas y Estados Unidos –aclarando que según las concentraciones tiene precios diferentes–, el precio internacional del de 60 KUI es de 2,8 millones de pesos, mientras que aquí, según la resolución que supuestamente lo controla, cuesta 7,4 millones de pesos. El de 120 de concentración, precio internacional, 5,6 millones; el de la resolución que supuestamente lo controla, 14 millones. El de 240 KUI, precio internacional, 11 millones; el de la resolución que supuestamente lo controla, 29 millones. Estoy dando cifras redondas para facilitar las cosas. Y así podría seguir interminablemente.
Pero lo más grave de lo que viene sucediendo es que es una imposición del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Usted también lo sabe, ministro. Está en la negociación. ¿Por qué es lo más grave? Porque el TLC no ha entrado en vigencia. El Tratado prohíbe los controles a los precios de los medicamentos y por eso ustedes no utilizan las importaciones paralelas, una práctica que podría hacerse para bajar los precios y que está admitida por la propia Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Comercio. Poseo en mis archivos una carta de la presidenta en esos días de Afidro, el gremio de las trasnacionales de los medicamentos, dirigida al entonces ministro Jorge Humberto Botero cuando este intentó imponer algún control de precios. Afidro le previno al gobierno que si se atrevía a hacerlo, le podría poner una demanda en el marco del TLC por expropiación indirecta de los recursos y de los negocios de las trasnacionales. Nos hallamos aquí frente a un problema de una gravedad inaudita. La gente aquí se muere porque no tiene acceso a los medicamentos o porque la plata de la salud se termina gastando en medicamentos que se podrían conseguir a bajo precio.
Cobertura real y cobertura formal
A favor del actual sistema de salud se habla de los cubrimientos, pero olvidando que los cubrimientos formales son bien distintos a los reales. Cuando la gente pierde el empleo, pierde el cubrimiento y los derechos, así aparezca afiliado a una EPS. Y hay otras formas para impedir que la gente acceda al sistema: las cuotas moderadoras, los copagos, las citas cortas o las tardías de los especialistas, las fórmulas que no se entregan completas, las prohibiciones a los médicos, las localizaciones de las IPS, cuando aquí en Bogotá, por ejemplo, se concentran en el norte y la gente vive en el sur, todo eso se vuelve una barrera para que los colombianos hagan efectivo el derecho a la salud. Si hay algo escandaloso en el sistema es que, aunque haya modificaciones, todavía hoy para muchos colombianos del régimen subsidiado su derecho en salud sea del orden del 60% del régimen contributivo. Y en el caso de los subsidios parciales, por ahí del 40%. Es una aberración. Como el sistema no los atiende en forma adecuada, hay colombianos que se mueren de males de los que otros se salvan.
Y si el fenómeno no empeora, es por las tutelas. Digamos que aquí la Corte Constitucional, a punta de tutelas, ha logrado mitigar en parte el desastre. Solo que pasaron dos cosas. Primero, ahí tramita el gobierno del presidente Santos la ley de la sostenibilidad fiscal, para golpear la tutela en lo que tiene que ver con derechos sociales, dicho por los propios tecnócratas neoliberales. Y la segunda, en la que vamos a profundizar, es que el No POS creado por la tutela terminó convirtiéndose en una fuente descomunal de corrupción, generando daños inmensos.
¿Cuál es el problema de todo lo dicho, compatriotas y senadores? Hablamos y hablamos de plata y de negocios y de economía y alguien podría pensar que nos olvidamos del punto principal, la salud de la gente. No. No nos olvidamos. Todo lo que he dicho tiene que ver con la salud de la gente. Es que cuando alguien se roba una plata, hay menos salud para los colombianos. Cuando se maltrata a un médico, se deteriora la calidad de la salud para los colombianos. Cuando las EPS le ponen a un medicamento un precio que no se corresponde, es menos salud para los colombianos. Cuando los recursos se malbaratan, hay menos salud para los colombianos. Luego este es un debate sobre la vida de la gente. Y en este sentido, es peor el desastre que tenemos. La Ley 100 es una norma que genera proporciones inmensas de enfermedad y muerte. Aquí hay un número descomunal de compatriotas a quienes ya no mata ni el corazón ni los riñones, sino la Ley 100. Los mata el POS del contributivo, o el del subsidiado, o la barrera equis o ye, o el precio de los medicamentos. Colombia se nos está llenando de enfermos y de muertos por cuenta de males que la medicina sabe curar, que se mueren o se enferman, no porque la medicina no pueda impedirlo, sino por pobres o por estas maniobras de las EPS que estamos denunciando. Estoy seguro de que si la televisión se tomara el trabajo, y lo hago como una invitación a los noticieros, de mirar durante una semana cuántos muertos hay por violencia en Colombia y cuántos por Ley 100, daría que hay más muertos en Colombia por la Ley 100 que por todas las violencias que nos martirizan. Esa es la triste realidad. Y cómo no se van a morir por Ley 100 si hay personas que tienen una atención del 30% del contributivo. Lo que pasa es que hay verdades que duelen y es de mal gusto mencionar, pero son así, son realidades. Ahí están las cifras y se pueden demostrar con todo detalle.
Un sistema perverso
Con los recursos del sistema de salud, dicen los especialistas, Colombia alcanzaría para tener una salud con cubrimiento universal y alta calidad. Y no se da así porque el sistema es perverso, como vamos a irlo explicando a lo largo del debate.
Por qué no funciona. Claro, se roban unas platas, sobre todo los peces gordos y también unos chiquitos. Pero lo más grave es que el propio sistema es el que induce los fenómenos de corrupción de los que estamos hablando. ¿Cuál es el lío? Que la Ley 100, compatriotas, no es la ley para la salud de los colombianos, sino la ley para el negocio con la salud de los colombianos. Y es bien distinto. La Ley funciona bien si da ganancia, no si da salud. Si da ganancia y además da salud, bueno, de pronto, pero lo que no puede faltar es la ganancia. Lo saben neoliberales como el ministro Santa María, especialista en estos menesteres. Es lo que dice la norma: primero la ganancia y después la salud, esa es la concepción.
Detallémoslo un poco. ¿De dónde salen las ganancias de las EPS? Al sistema le entran unos recursos, principalmente los que pagamos quienes gozamos de empleos estables y también los patronos, y le entran además recursos del Estado. Todo lo termina financiando una cosa llamada la UPC, que es la cantidad de plata a la que tiene derecho un ciudadano–estoy hablando solo del contributivo, no voy a entrar en detalles sobre el subsidiado–, para que con ella lo atienda la EPS cada año en un determinado plan de salud. La UPC es la unidad de pago por capitación. El plan de salud es el POS, el plan obligatorio de salud. Hoy la UPC es del orden de 500 mil pesos. Luego la EPS debe gastarse en mi salud unos 500 mil pesos. Pero resulta que de esa plata también sale la ganancia de la EPS, la utilidad, el negocio, que se sustrae como una parte de la UPC. La EPS percibe además otros ingresos que también se pueden terminar convirtiendo en ganancias, como lo son las cuotas moderadoras y los copagos y los recobros al Fosyga, cada vez mayores. Aquí hay entonces un problema que resulta clarísimo visualizar. Cuanto menos gaste en salud la EPS, tanta más plata podrá convertir en ganancia, tomándola de la UPC que le ha sido pagada. Y cuanta más plata logre que le llegue al sistema, por ejemplo, mediante recobros en el Fosyga, tanto más puede terminar convirtiendo en ganancias. La operación es fácil de entender.
Así está montado el sistema. Con un agravante, y es que en ninguna parte se estipula, ni siquiera en vía de insinuación, a cuánto debe ascender la utilidad de la EPS. ¿El 5%, el 10%? El Ministerio hace cuentas con AIU entre el 15%, el 10%, el 5%, o sea, es una medida bastante arbitraria. Pero, repito, hay una contradicción, pues cuando a un ciudadano le niegan una cirugía, probablemente todo o parte se vuelve ganancia para la EPS. Cuando le niegan un medicamento, todo o parte se vuelve ganancia para la EPS. Hay en suma un riesgo moral, como lo llaman los banqueros, descomunal, porque el sistema empuja a la EPS a negarles a los colombianos la salud que debiera darles, un requisito sin el cual no hay ganancia. Y si no hay ganancias, entonces para qué EPS. Porque las EPS son organizaciones de negocios para ganar plata, no para brindar salud. Ellas ganan plata en salud como otro se la gana haciendo zapatos o tamales o montando una empresa de cualquier índole.
La integración vertical agrava el fenómeno. La teoría era que la EPS administraba los recursos y contrataba los servicios con las clínicas o IPS. ¿Pero qué sucedió? Hecha la ley, hecha la trampa. Se inventaron la integración vertical. Entonces ahora las EPS controlan a las IPS, o porque son de su propiedad, o porque, me lo aclara el ministro, también hay integración vertical por medio de relaciones contractuales. Luego el cuento ese de que está limitada la integración al 30% es una farsa, pues si yo como EPS puedo someter a las IPS por las relaciones contractuales, estoy integrando todo. ¿Qué quiere decir integrar todo, colombianos? Un hecho de especial gravedad. Que para una EPS puede ser negocio que la clínica o IPS le cobre carísimo, porque aun cuando la EPS pierda, gana la IPS. Y como es del mismo dueño, los administradores giran por detrás unas utilidades. Lo anterior es parte del secreto de todos estos fraudes. A una EPS le puede convenir comprarle a su empresa farmacéutica asociada los medicamentos más caros del mundo, porque aquí el negocio consiste en que la EPS pierda plata. El POS puede degenerarse, porque la plata se la está embolsillando la EPS por conducto de una IPS intermediaria, que es de su propiedad. Lo ha explicado la Universidad Nacional y todos los técnicos lo saben.
Ministro, usted en la reforma del año pasado aceptó que siguiera funcionando la integración vertical, una de las madres de la corrupción del sistema y de la manipulación y de todos los horrores que suceden. Y hoy lo oí en la radio contestarle a un periodista, que le pregunta: “Doctor Santa María, ¿y eso de la integración vertical no es muy grave?” Y usted responde: “Sí, es un problema, pero vamos a hablar con los de las EPS a ver qué hacemos”. No, ministro, no hay nada que hablar con los de las EPS. La integración vertical debe estar absolutamente prohibida y se acabó el cuento. O si no, esto va a seguir siendo el negocio de la salud a costa de la salud de los colombianos.
El cartel de las EPS
Veamos algunos casos extremadamente graves que ilustran lo que viene ocurriendo, ya en proporciones escandalosas. Vamos a llegar a las cifras de los billones, colombianos, millones de millones. El delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio para la promoción de la competencia hizo una investigación sobre catorce EPS y Acemi, el gremio que las agrupa. Son las 14 EPS más poderosas del sistema. Concentran algo así como el 90% del sistema contributivo y algo así como el 90% de los recobros al Fosyga. Leámoslas con nombre propio, se merecen el honor: además de Acemi, la cabeza de la organización, figuran Colmédica, Coomeva, Famisanar, Salud Total, SOS, SuSalud, SaludCoop, Cruz Blanca, CafeSalud, (las tres últimas, del Grupo Saludcoop), Sanitas, Compensar, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle y Humana Vivir. ¿Qué descubrió la Superintendencia de Industria cuando les hizo una visita oficial y les entró a los discos duros de los computadores? No es que los superintendentes se empezaran a imaginar cosas, sino que se hicieron con toda la información y descubrieron, según su informe de 114 páginas, que ese conjunto de organizaciones había creado un cartel. La palabra cartel no es mía, es del informe. ¿Qué es un cartel en el sentido estricto de la economía? Un grupo de empresas que se asocian, o mejor, se coluden, primero para que no haya competencia y convertirla en una ficción, y además, para otros propósitos más o menos turbios.
Primer propósito, engañar al gobierno y al país. También en palabras de la Supertintendencia: se conformó un cartel “para ocultar y falsear la información remitida a los entes reguladores”.
Segundo propósito, no competir entre sí, como lo aclara igualmente la Superintendencia: “Determinar uniformemente, cuáles de ellos (servicios) serían suministrados a los afiliados y cuáles de ellos serían negados”. ¿Negar qué? Los servicios del POS o Plan Obligatorio de Salud que ya se les han pagado por anticipado con la UPC.
Tercer propósito, negar derechos e imponer tutelas o Comités Técnicos Científicos, mecanismos para que la EPS no pague el procedimiento o no pague los medicamentos con la plata del POS y de la UPC, sino que se los recobre al Fosyga, de forma tal que el Estado les pague dos veces el medicamento o el procedimiento. El Fosyga es otra cuenta pública, pagada por los colombianos, Dice textualmente la Superintendencia: “Negar la prestación de servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el Fosyga, vía aprobación de tutela o CTC (…) para de esta manera obtener ingresos adicionales”. Más claro no canta gallo. Lo dice la Superintendencia, no el senador Robledo. Claro, yo lo explico de una manera más directa: es cobrar dos veces la misma vaina, un fraude de una gravedad inaudita. No soy abogado, pero me espanta, me imagino que los abogados encontrarán aquí más de una irregularidad.
Cuarto propósito, también de gravedad suma, y lo enreda a usted, ministro: elevar la UPC. Recordemos que la UPC, o Unidad de Pago por Capitación, es la plata que el Estado les da a las EPS por cada afiliado. De ahí es de donde sale la ganancia y de donde ellas prestan el servicio. Y miren lo que dice la Superintendencia: “Presionar al alza el valor de la UPS, con el propósito de demostrar que la misma es insuficiente”. El truco incluye demostrar, entre comillas, que la plata no alcanza y de este modo presionar que el gobierno les suba el valor de la UPC. (Ahora nos vamos a referir a otro caso en el que la infladita que les metieron a ciertos gastos vale un billón de pesos, antes de que el Ministerio fijara el nuevo valor de la UPC). Miren lo que agrega la investigación: “Los estudios técnicos desarrollados por el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Hacienda y la CRES, con el propósito de calcular la suficiencia POS/UPC, tienen como fuente primaria la información remitida por las EPS-C agremiadas en Acemi, la cual ha sido revisada y ajustada como consecuencia del consenso (con el gobierno), fijando así indirectamente el valor de la UPC” (p.87). Ojo que este es el centro del fraude, así es como está montado el cimiento del fraude. El gobierno no produce cifras. Al gobierno se las dan las EPS y basándose en ellas es como define qué plata les paga. Es el cartel de las EPS el que termina determinando el valor de lo que se les paga, que además ha sido fijado de manera fraudulenta.
Lo que denuncio es mil veces más grave que lo que mencionó ayer el presidente Santos. Aquí se les hizo ver a los colombianos que un par de funcionarios de quinta categoría se chiflaron y se embolsillaron unos recibos. No, esto es algo de alta complejidad y con números en grande. Detallemos las cifras. En 2006, recobros del Fosyga, platas que sacan las EPS del Fosyga y las echan a sus arcas, 336 mil millones de pesos. En 2009, 1,79 billones, el 434% más. En 2010, 2,5 billones en recobros de estas 14 EPS, las del cartel de Acemi. Ustedes me dirán, y de eso cuánto se embolsillaron, llamemos, aun cuando el nombre técnico no sé cuál sea, cuánto se embolsillaron de dineros a los que no tenían derecho. No lo sé, porque en esos recobros también hay plata a la que sí tenían derecho. Porque si hay un medicamento o un procedimiento que es No POS, hay derecho a recobrarlo. La Supersalud nos dio la pista esta semana. Dice que hizo un muestreo de recobros al Fosyga y llegó a la conclusión de que el 54,9 por ciento de los recobros eran de derechos del POS. ¿Qué quisieron decir? Que no tenían derecho, que el recobro fue fraudulento, que ahí hubo una trampa. Y si estamos hablando de 2,5 billones de pesos en solo 2010, estamos hablando de un fraude en ese año de 1,25 billones de pesos. Y no es un funcionario cualquiera por ahí. No. Por lo que he explicado, estamos ante una conspiración. Es la base de lo que está ocurriendo. Tenemos un sistema perverso, al que se lo han tomado las EPS con la negligencia, la irresponsabilidad, la alcahuetería del Estado.
El doctor Santos habló ayer algo de esto, pero aquí hay colombianos que llevan rompiéndose el espinazo y denunciando anomalías desde hace lustros sin que nadie les pusiera cuidado. Es la hora de los cobros, pero que lo hagan los que tienen derecho, no los que salen a última hora a presentarse como los grandes redentores. Aun cuando si quieren ayudar, que lo hagan, pero les vamos a exigir que ayuden con seriedad, no escarbando un poquito, como el gato, para que las cosas sigan iguales.
