- Los objetivos del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial [PBOT] son, por lógica, más específicos que los enunciados en
las políticas territoriales municipales, pero las refuerzan en todo
sentido. Como primer paso en la formulación del POT por parte de la ADMINSTRACION, se define en NOVIEMBRE de 2018 EN EL CONCEJO MUNICIPAL, y mi sugerencia seria que miraran estos Diez (10) objetivos básicos que debía cumplir el PBOT, previo a cualquier otra
discusión, para dejar claro el sentido que debía llevar el proceso.
- Los diez objetivos del PBOT son los siguientes:1
- Incentivar acceso a la vivienda y diversidad
en la oferta de la misma.
- Promover altas intensidades de construcción
donde exista una adecuada oferta de transporte.
- Limitar construcción en zonas de alto riesgo
y proteger zonas naturales e históricamente valiosas.
- Garantizar la participación ciudadana en el
ordenamiento territorial local.
- Garantizar la compatibilidad entre
edificaciones y usos de inmuebles cercanos.
- Incentivar usos del suelo mixtos.
- Crear espacios públicos con alta vitalidad
urbana.
- Promover una red vial interconectada.
- Dar certeza al propietario y al inversionista,
promoviendo además las prácticas urbanísticas deseadas a través de
incentivos.
- Asegurar los recursos necesarios para la
inversión municipal.
- Como ya se ha dicho, el principal problema que
afrontará el Municipio de Yarumal en el futuro próximo es aumento de la
población que vive en su territorio, que tiene implicaciones negativas
desde la perspectiva económica y ambiental, pero principalmente social
para el municipio. Sin embargo, no sólo se trata de un tema cuantitativo,
sino cualitativo en el sentido de proveer distintas opciones de vivienda,
por lo que es parte de los objetivos del PBOT incentivar la mezcla de
viviendas de distinto tamaño dentro de cada proyecto individual. La
pregunta, consecuentemente, es cómo distribuir las densidades
poblacionales y, con ello, la vivienda. El modelo teórico a seguir es que
la utilización de la tierra debe ser más intensa tanto
más cercano el lote se encuentre de las principales arterias de
circulación, bajo la lógica que allí la tierra es más valiosa y que provee
mejores opciones de movilidad hacia otros puntos de la ciudad. La
planificación de la red vial coincide con la planificación de la red vial,
que aumenta sustancialmente la capacidad de movilización de personas de
una vía.4
- Esta forma de distribuir intensidades de
edificación es consecuente con el objetivo de limitar la construcción en
zonas de alto riesgo y el de proteger zonas naturales e históricamente
valiosas. En estos lugares, la intensidad de uso de la tierra debe
restringirse sustancialmente o eliminarse por completo.
- En el municipio de Yarumal, las áreas
ecológicamente valiosas suelen coincidir con las zonas de alto riesgo
-usualmente barrancos-, por lo que la limitación de construcción en zonas
de alto riesgo puede dar lugar a áreas verdes manejadas de manera
ambientalmente responsable que se constituyan en pulmones de la ciudad y
espacios de ocio para la población.
- El PBOT, por su naturaleza de aplicación
general en toda la ciudad, responde a las necesidades de distribución de
intensidades de construcción globales y obviamente no toma en cuenta
necesidades específicas locales de ordenamiento territorial. De esta
cuenta, necesitará ser complementado por varios Planes Locales Básicos de
Ordenamiento Territorial [PLBOT], que incluirán las variaciones para
atender las condiciones específicas y especiales de cada sector, y que a
la vez mantendrán concordancia con el PBOT. Es a través de los PLBOT que se podrá cumplir con el objetivo de
participación ciudadana, teniendo esta herramienta además un fuerte
componente educativo para con los vecinos y el futuro de su barrio o
colonia.
- Recurrentemente los vecinos manifiestan su
inconformidad por los efectos negativos de usos del suelo relativamente
fuertes (comercio, oficinas, escuelas, etc.) sobre usos débiles (vivienda,
hospitales, etc.). El ruido, el tráfico, el tamaño de edificación, la
contaminación visual son sólo algunas de estas externalidades negativas
que el PBOT tiene que regular y controlar para permitir la convivencia
armónica entre distintos usos.
- Pero, por otro lado, la variedad de
actividades (i.e. usos mixtos) en las distintas partes de la ciudad es
importante por dos razones. Primero, porque garantiza que a lo largo de
las distintas horas del día siempre haya actividad urbana en todos los
barrios y zonas. Grandes espacios monofuncionales tienen un fuerte
movimiento sólo en parte del día y el resto del tiempo son zonas muertas
que invitan a la inseguridad y el vandalismo.
- Segundo, una variedad de usos del suelo puede
eliminar la necesidad de largos viajes que requieran vehículo motorizado,
pudiendo sustituirse por viajes a pie, en bicicleta y en transporte
colectivo. Lógicamente, el objetivo no es provocar la mayor variedad en
todas partes, sino normalizar los desbalances más obvios que existen en la
ciudad, particularmente atrayendo vivienda a donde ahora no la hay y
empleo/educación a donde escasean. En el caso de usos no residenciales en
zonas predominantemente de vivienda, el tema de mezcla de usos del suelo
es más una discusión de escala que del uso propiamente dicho.
- Directamente relacionado a los usos mixtos es
el objetivo de crear espacios públicos con alta vitalidad urbana. Desde su
origen, las ciudades han enriquecido a sus habitantes por el contacto que
provoca el roce formal e informal entre distintas personas. El hecho que
nos estemos enclaustrando cada vez en enclaves más protegidos y
ensimismados tiene en el largo plazo un fuerte efecto de exclusión social,
que traerá consecuencias perjudiciales a la sociedad.
- Pero una alta actividad urbana tiene una razón
más prosaica de ser: ha sido demostrado en varios estudios que los lugares
donde hay bastante presencia de personas en las calles son los más
seguros. En un municipio con índices tan altos de inseguridad, calles con
gente en la vía pública y en los edificios colindantes son una
necesidad. Varios aspectos de diseños del
edificio tienen que ser tomados en cuenta para incentivar que el edificio
se relacione de nuevo con la calle que tiene enfrente: que no se esconda
tras muros impermeables, playas de estacionamiento, vidrios reflectivos o
carriles de autoservicio.
- Aunque la calidad de vida en espacios públicos
implica también un tránsito vehicular reducido, no hay que olvidar que la
topografía del Municipio de Yarumal y la falta de planificación a largo
plazo han resultado en una red vial primaria escasa, concentrada, radial,
y desconectada entre sí. Como parte de los objetivos del estudio del PBOT
debe planificarse una red vial futura utilizando vías existentes,
ampliando vías angostas y proyectando vías nuevas.
- El fin es tener una red vial interconectada
que forme una cuadrícula virtual separada entre sí ente 500 y 1000 m.
Estas dimensiones no son coincidencia, pues permiten incluir en su
interior barrios de tamaño adecuado, que permiten distancias que un peatón
está dispuesto a caminar. Esta red vial
primaria, cuyos ejes en su mayoría atravesarían todo el municipio,
permitirían que los viajes interzonales se realicen fuera de los barrios y
con una multiplicidad de opciones de elección de ruta.
- Pero también al interno de los barrios el PBOT
promoverá la interconexión de calles para facilitar los movimientos
peatonales. En este sentido, grandes condominios cerrados, con muros
perimetrales y garitas deberán ser desincentivados para proveer
interconexión y accesos alternos a áreas aún no urbanizadas.
- Como ya se ha expuesto en los puntos 12 a 23,
las normativas urbanísticas vigentes a la fecha son complejas, rígidas,
proscriptivas, se traslapan en cuanto a su aplicación espacial y muchas
veces son contradictorias entre sí. También
existe mucha discrecionalidad en las distintas dependencias municipales en
cuanto a la autorización de casos no contemplados en los reglamentos
actuales o para resolver conflictos generados por inconsistencia entre
normativas. El resultado es la incertidumbre en propietarios e
inversionistas sobre lo que puede edificarse en un terreno.
- Esto es especialmente problemático para usos
del suelo débiles como la vivienda (que además es lo que se quiere
incentivar), que se ven impactados fuertemente por usos e intensidades más
fuertes en los lotes aledaños. Los propietarios e inversionistas se tratan
de proteger de estos efectos a través del enclaustramiento en condominios
o la huida hacia la ciudad de medellin, y en otros municipios, que
precisamente son prácticas que no se quieren incentivar.
- Por tanto, el PBOT deberá ser una normativa
general, simple y clara que tendrá su aplicación territorial en un mapa
único y que sustituya a la mayoría de reglamentos urbanísticos
vigentes. Adicionalmente, el PBOT debe ser prescriptivo
(es decir, que diga lo que se permite más que lo que se prohíbe) y basado
en incentivos que muevan al vecino inversionista a adoptar las prácticas
urbanísticas que se desean.
- Finalmente, el PBOT deberá cumplir también con
el objetivo de mantener un cuidadoso balance entre los incentivos -que
reducirán los ingresos municipales- y los desincentivos -que tendrán el
efecto contrario- para garantizar que el municipio de Yarumal siempre
cuente con los recursos necesarios para el financiamiento de acciones y
proyectos en el espacio público que coadyuven con la inversión privada
para crear los barrios y la ciudad que los vecinos quieren.
viernes, 12 de octubre de 2018
MI SUGERENCIA DEL PBOT YARUMAL
Consultas populares no frenan minería: Corte
Redacción Política / El Nuevo Siglo
Bogotá
Octubre 11, 2018 - 06:30 PM
Policía
El fallo servirá
de contención al alud de convocatorias a las urnas para dificultar las labores
extractivas en el país
_________________________
Las decisiones que tomen los ciudadanos en las
urnas durante las consultas populares no pueden impedir la realización en sus
territorios de proyectos de minería y de hidrocarburos, pues la Nación es dueña
del subsuelo y los mismos tienen interés nacional.
Así lo determinó ayer la Sala Plena de la Corte
Constitucional al tumbar el ejercicio que hicieron en este sentido los
habitantes del municipio de Cumaral, Meta, resolviendo de esta forma una tutela
que presentó la multinacional Mansarovar Energy invocando la protección de su
derecho fundamental al debido proceso.
Este fallo pone fin a cerca de dos años de
incertidumbre que vivieron el Gobierno nacional y el sector minero por la
oleada de consultas populares desarrolladas y otras que se quedaron apenas en
solicitud en diferentes regiones del país, en las cuales en su mayoría los
ciudadanos votaron a favor de la no realización en sus municipios de
exploración minera y petrolera para preservar un medio ambiente sano.
Hasta la fecha se han hecho consultas en 92
municipios, cerca del 10% de los que cuenta el país, en la mayoría de las
cuales los ciudadanos votaron en contra de la minería.
En abril pasado, la Corte realizó una audiencia en
el marco del estudio de la tutela que presentó Mansarovar Energy contra la
consulta popular, en la cual representantes del Gobierno aseguraron que por
cuenta de las consulta mineras el país había perdido a la fecha 230.000
millones de pesos. En esa oportunidad pidió volver a la concertación entre la
Nación y los municipios frente a la ejecución de minería en sus territorios.
En esa oportunidad la presidenta de la Agencia Nacional de Minería,
Silvana Habid, dijo que la Corte debe retornar a la jurisprudencia que ordenaba
que en estas actividades se hiciera una concertación entre la Nación y los
entes territoriales. "Una interpretación que suponga prohibición,
desconoce la Constitución y los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad", apuntó.
En la práctica lo que ha sucedido es que se han
visto enfrentados el derecho del Estado para el uso del subsuelo ante el que
tienen los ciudadanos de decidir sobre el uso del territorio y la defensa de un
ambiente sano para ellos y sus hijos.
Con una votación de 5-1 la Sala Plena de la Corte Constitucional acogió
la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, en el sentido que las consultas no
pueden detener los proyectos de minería porque la Nación es la dueña del
subsuelo y por lo tanto de su uso.
No obstante, la ponencia a la vez considera que los ciudadanos están
acudiendo a las consultas populares para manifestar su rechazo, en este caso, a
la realización de actividades extractivas en sus territorios, porque no existen
suficientes vías para hacerse escuchar. Por ello da un plazo al Congreso para
que expida una regulación en esta materia.
La tutela
La multinacional petrolera con más de una década de presencia en
Colombia impetró el año pasado la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta, respecto a la sentencia que avaló la consulta popular
sobre el desarrollo de actividades de exploración sísmica, perforación
exploratoria y producción de hidrocarburos en el municipio de Cumaral, Meta.
La multinacional solicitó a través de esta tutela, ante el Consejo de
Estado, la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que aduce le
fue vulnerado con el fallo que declaró constitucional la pregunta de la
consulta a los habitantes de Cumaral, “¿está usted de acuerdo, ciudadano
cumaraleño, que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaral, se ejecuten
actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de
hidrocarburos?”.
La multinacional, con más de 10 años de operaciones en Colombia, se
vinculó al proyecto Llano 69, el cual fue congelado tras el resultado de la
consulta popular en Cumaral.
El 30 de mayo de 2017, el Consejo de Estado en sentencia de primera
instancia, negó el amparo solicitado al considerar que no se probó que el fallo
del Tribunal metense vulnerara los derechos fundamentales al debido proceso y
el acceso a la administración de justicia.
El fallo del Consejo de Estado no solo fue impugnado por Mansarovar y la
Asociación Colombiana del Petróleo sino por entidades del Estado (Ministerio de
Minas, Ecopetrol, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la
Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos).
El 6 de julio de 2017 el Consejo de Estado ratificó su fallo, el cual
fue remitido posteriormente para su eventual revisión por tratarse de una
tutela.
Debate jurídico
Un fallo del Consejo de Estado en abril pasado negó una acción de tutela
que cuestionaba la validez de una consulta minera en el municipio de Jesús
María (Santander), radificando la competencia que tienen las autoridades
locales para regular el uso del suelo en su territorio, la facultad de
restringir la minería y de consultarle a sus ciudadanos si están de acuerdo o
no con la realización de ese tipo de actividades
Igualmente, la Corte Constitucional en Sentencia T-445/16 precisó que
“los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y
garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha
prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.
No obstante, este
nuevo fallo de la Corte parece reversar la postura emanada en esa sentencia.
jueves, 11 de octubre de 2018
miércoles, 10 de octubre de 2018
Macías apagó micrófono a estudiante que hablaba al Congreso y arma la polémica
El hecho generó todo tipo de críticas en redes sociales.
El presidente del Senado, Ernesto Macías, ha recibido fuertes críticas por interrumpir a Jennifer Pedraza,estudiante de Economía de la Universidad Nacional y miembro del consejo universitario, mientras le hablaba al Congreso para pedir más recursos para la educación superior.
El senador, inicialmente, la interrumpió para decirle que tenía 30 segundos para terminar su intervención, luego le apagó el micrófono, le dio la voz al senador Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, a quien le pidió “claridad sobre las cifras” y el senador pidió que la joven terminara su participación, algo que no sucedió.
El momento en el que le apagan el micrófono a Pedraza fue compartido en redes sociales y generó rechazo por el trato poco cortés del presidente del Senado.
Indignante como el presidente del Senado, Ernesto Macías, trató a líder estudiantil de la Universidad Nacional. Vean el vídeo hasta el final y compartan¡Mañana a marchar por la Universidad Pública! #LaEsperanzaEsLaEducación
Por su parte, el Senador Jorge Robledo criticó que mientras a la estudiante la interrumpieron, Álvaro Uribe tuvo más de cuatro minutos para una réplica.
PARO ESTUDIANTIL | 10/9/2018 Revista Semana
Las cifras para entender por qué marchan las
universidades públicas
A pesar de que el presupuesto de la
educación alcanza sus máximos históricos y supera a los sectores de defensa,
salud y trabajo, los recursos que hay no alcanzan para financiar a las
instituciones de educación superior. Estas son las cuentas de ese sector y el
por qué de la crisis.
En contraste con la educación
básica, las universidades públicas reciben alrededor de 3,9 billones de pesos.
El sector de la educación quedó con
un presupuesto total de 41,26 billones de pesos para el próximo año, lo cual
representa un incremento del 10 por ciento frente al del 2018, luego de la
aprobación en primer debate del Presupuesto General de la Nación para el 2019
que se discute por estos días en el Congreso.
Para
complementar: Paro estudiantil: las universidades públicas, cortas de recursos
Pero mientras el gobierno resalta que
este será el sector con el mayor presupuesto y que se hizo un esfuerzo
monumental para aumentarlo –cerca de 2,5 billones más respecto a los
38,78 billones con el que fue radicado en julio de este año–, los
estudiantes, profesores y gremios de la educación superior marcharán este
viernes para protestar por la “la desfinanciación de la educación y la crisis
de las universidades públicas”.
Mientras los ingresos de las universidades
públicas crecieron con la inflación, sus costos y el déficit lo hicieron mucho
más rápido. Los ingresos por estudiante se derrumbaron y las universidades
entraron en cuidados intensivos.
Una gran paradoja. Si bien el
presupuesto aprobado para educación es mayor al de otros sectores, como Defensa
y Policía (33,53 billones de pesos), salud y protección social (32,29 billones)
y trabajo (28,52 billones), resulta insuficiente para atender las
necesidades que se han acumulado históricamente y para enfrentar los desafíos
futuros del país.
Una mirada a la distribución del
presupuesto del sector ayuda a comprender la razón. Buena parte del presupuesto
se destina para gastos de funcionamiento (entre ellos sueldos de profesores e
incluso pagos pensionales) lo cual le ha cerrado espacio a la inversión en
otros temas clave para el sector. Veamos.
De los 41,26 billones de pesos del
presupuesto para educación, alrededor del 60 por ciento del presupuesto
se canalizarán a través del Sistema General de Participaciones, SGP, que
son los recursos que gira cada año el gobierno nacional a las regiones para
financiar la educación básica y media de cerca de 8,3 millones de estudiantes
del sector oficial.
Acá también está el pago de
salarios y primas para más de 353.000 docentes y directivos docentes, incluye
los tres puntos de nivelación salarial para 2019 acordados con los sindicatos
de educadores y el pago de la bonificación pedagógica. Los programas
de alimentación escolar se llevan alrededor de 1 billón de pesos, mientras que
para infraestructura educativa solo se destinan un poco más de 300.000 millones
de pesos.
Le
recomendamos: ¿Por qué salen a marchar los estudiantes?
Otro de los grandes rubros se destina
al pago de las pensiones y demás prestaciones sociales del Magisterio, que
alcanza un costo de 9,3 billones de pesos. Este es el Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio (FOMAG), que atiende el pago de aproximadamente 206
mil pensionados.
En contraste con la educación básica,
las universidades públicas reciben alrededor de 3,9 billones de pesos. Esto es,
alrededor del 10 por ciento total del presupuesto.
En contraste con la educación básica,
las universidades públicas reciben alrededor de 3,9 billones de pesos. Esto es,
alrededor del 10 por ciento total del presupuesto. Esto significa que
en educación, como en otros muchos sectores, el país ha tenido que escoger
entre financiar su pasado y de alguna manera aplazar la inversión en el futuro.
En términos generales, el 95 por
ciento del presupuesto de educación va para funcionamiento (incluidos los pagos
del FOMAG y los compromisos de primas que se negociaron para levantar los paros
docentes) y tan solo el 5 por ciento se destina a inversión.
La batalla por el
presupuesto
En medio de este panorama es que se
anuncia el paro de las universidades públicas. Los promotores afirman
que las universidades públicas del país requieren alrededor de 500.000
millones de pesos para “pasar” este año y exigen un
aumento en el presupuesto de educación de 4 billones de pesos para el 2019 –que
se sumarían a los 3,9 billones ya programados–. A las marchas, que en
un inicio solo convocaban a las universidades estatales, se sumaron otras privadas
como El Externado, Los Andes y la Javeriana.
Además, los rectores de las 32
universidades públicas del país, agrupados en el Sistema Universitario Estatal
(SUE), afirman que el déficit histórico de la inversión en las
universidades públicas supera los 15 billones de pesos, mientras que el de
funcionamiento suma más de 3 billones de pesos. Esto significa que el
déficit de la educación pública universitaria asciende
a alrededor de 18,2 billones de pesos.
El déficit de la educación pública
universitaria asciende a alrededor de 18,2 billones de pesos.
Buena parte de este atraso lo
atribuyen los expertos a que la Ley 30 de 1992 determinó que las transferencias
a las universidades serían ajustadas anualmente según el IPC, sin tener
en cuenta el crecimiento en el número de estudiantes, que se
cuadriplicó en la última década al pasar de 159.000 a más
de 611.000 estudiantes. Con esto,
mientras los ingresos de las universidades
públicas crecieron con la inflación, sus costos y el déficit lo
hicieron mucho más rápido. Los ingresos por estudiante se derrumbaron y las
universidades entraron en cuidados intensivos a nivel financiero.
Para
contexto: La crisis financiera de las universidades públicas
Por su parte, el Gobierno afirma
que ha priorizado la educación pública en el presupuesto de 2019 y que
ésta recibirá una inyección adicional el próximo año de 500 mil millones.
Además, que con esta cifra adicional el incremento estará 1,8 puntos
porcentuales por encima del IPC y que se buscará continuar incrementando estas
cifras en los próximos años.
El país ha tenido que escoger entre
financiar su pasado y de alguna manera aplazar la inversión en el futuro.
La ministra de Educación, María
Victoria Angulo, aseguró frente al tema del déficit estructural que son
inversiones que han debido hacerse para poner la infraestructura al día. “Hay
que decantar esta cifra y lo que estamos haciendo como gobierno es buscar
nuevas fuentes de recursos como regalías y reorientar otros proyectos dentro
del programa de reactivación económica”, afirmó la jefa de esta cartera,
quien recordó que no se puede desconocer la difícil situación fiscal que vive
el país.
Por esto, invitó a los distintos
actores del sector para contribuir en la construcción del próximo Plan Nacional
de Desarrollo y recordó que el Gobierno siempre ha estado abierto al
dialogo. Además, anuncio que el próximo 20 de octubre se dará a conocer la
nueva política de educación superior la cual incluye la reforma del programa
Ser Pilo Paga, así como los avances en materia de gratuidad de
la educación superior y hacia la equidad.
Para muchos sectores, estos llamados
y anuncios son insuficientes si no hay mayores recursos, además recuerdan que
este es el mismo día que vence el debate sobre el presupuesto General de la
Nación.
Para Dolly Montoya Castaño,
rectora de la Universidad Nacional de Colombia, “hay que crear una
política que ayude al financiamiento de los gastos de funcionamiento e
infraestructura para la investigación, y considerar una modificación a la
Ley 30 para que los recursos de las universidades públicas no se incrementen
solo anualmente con el costo de vida”.
“Hay que modificar la Ley 30 para que
los recursos de las universidades públicas no se incrementen solo anualmente
con el costo de vida”, rectora de la Universidad Nacional
Para enfrentar el déficit de las
universidades públicas, la financiación de la educación superior debe ser
política de Estado, según la rectora de la Nacional, pues “como están los
recursos apenas se alcanzan a cubrir la nómina y el funcionamiento de los
campus, sin hablar de inversión, que lo estamos cubriendo con recursos
propios”.
Sin duda, la situación de la
educación refleja el debate en muchos otros sectores donde no hay plata para
inversión. Sin embargo, el desafío en este caso no es solo una cuestión
de más plata sino de cómo hacer más eficientes los billonarios recursos
que se están destinando a cada sector, a quiénes
se están dirigiendo mayoritariamente y qué tan eficiente es la
ejecución. Sin duda, la eficiencia en el gasto en educación y en otros
sectores será la forma de buscar un país más educado y equitativo.
martes, 9 de octubre de 2018
EL PAÍS DONDE LOS NIÑOS NO PUEDEN SERLO
Una serie de delitos contra niños
obliga a preguntar por las medidas de choque y de fondo que se requieren para
frenar las aberraciones contra menores, que se supone merecen especial
protección.
La violación y asesinato de una menor en Fundación,
Magdalena; el secuestro de un chico en Norte de Santander, el ataque en
Antioquia a un autobús que transportaba niños y la persistencia de otros
delitos gravísimos (explotación sexual y laboral, oferta del microtráfico,
reclutamiento forzado e instrumentalización por parte de pandillas urbanas)
ponen en primera línea de atención a la infancia del país.
Esta población, para la cual la legislación
nacional e internacional exige especial protección, se descubre en notoria
desprotección y vulnerabilidad por parte de actores de la ilegalidad, pero
también dentro de sus propios entornos escolares, sociales y familiares. Los
hechos recientes son un indicador de lo expuestos y golpeados que se encuentran
hoy los niños en Colombia.
Y si ello ocurre contra aquellos que tienen nuestra
ciudadanía, ni qué decir de cientos de menores que están llegando con la masiva
migración venezolana de los últimos tres años. Ellos también ostentan una
humanidad y están amparados por derechos que se deben defender.
Se cumple una semana del secuestro del niño C.J.,
de cinco años, en el municipio del Carmen, en Catatumbo. Una zona donde los
menores a lo largo de 2018 han sufrido los combates y hostilidades de la guerra
entre el Eln y el Epl (facción conocida como “los Pelusos”). El resultado ha
sido la suspensión de las jornadas escolares, el desabastecimiento alimentario y
el miedo generalizado entre niños y padres por la inseguridad.
El secuestro de este infante, entonces, es una más
de las numerosas agresiones sufridas por los chicos de esa parte de Norte de
Santander. Incluso, en uno de los diarios nacionales se presentó hace un par de
meses la historia de una niña alcanzada por balas de fusil en el abdomen, que
estuvo entre la vida y la muerte al ser impactada, y que hoy continúa con
tratamientos permanentes por los daños causados a su sistema intestinal.
El espectro es diverso: está fresco en la memoria
el asesinato de Yuliana Samboní, ultrajada en un edificio del norte de Bogotá,
imagen que revivió la semana pasada con el homicidio de una menor de nueve
años, primero violada y cuyo cadáver luego fue incinerado por su asesino.
Este contexto de actos brutales contra niños y
adolescentes suscitó nuevos pedidos de cadena perpetua y castración química
para los abusadores de menores, pero en pasado editorial enfatizamos en que
“hay que pedir castigo efectivo para quienes cometen crímenes contra los niños.
Pero más que penas sin fin, se requiere justicia eficaz. Y la sociedad no puede
delegar sus deberes”.
El último concepto alude a la enorme
responsabilidad que asiste hoy a Estado, padres de familia y educadores, en la
tarea de garantizar espacios y procesos dignos y controlados de desarrollo
humano para los niños. En los que se les permita ejercer y disfrutar su
infancia blindados contra condiciones adversas de seguridad y abandono.
Entornos que les faciliten disfrutar sus derechos y en los que se priviligie su
salud física y emocional.
Avergüenza conocer y comprobar la
orfandad en que se desenvuelven miles de niños del país, y que otros, aunque
gozan del amor y la protección familiar, terminan afectados por diferentes
fenómenos criminales que vulneran sus libertades. Colombia, bajo el liderazgo
de las autoridades, debe emprender una campaña decidida por el bienestar de sus
niños de todas las condiciones y estratos. La realidad lo exige.
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