LA ECONOMIA ILEGAL DE LAS CIUDADES.

Luis Pérez Gutiérrez.

En Colombia de cada 100 empleos urbanos, 52 son informales, y de los informales el 80% gana menos de un salario mínimo y no tienen seguridad social. Sin duda, esta estructura de empleo colombiano está muy cercana a la ilegalidad y por eso vivimos en un desastre social.

Y de la informalidad laboral en las ciudades se está pasando a la ilegalidad de la economía urbana.

Las recientemente llamadas BACRIM, Bandas Criminales, vienen construyendo en cada ciudad de Colombia una economía ilegal que institucionaliza el delito como empresa próspera y legitima la práctica de que todo puede resolverse o por fuera de la ley, o extorsionando, o aplicando la fuerza bruta siempre ilegal.

De acuerdo con el tamaño de las Bacrim es el tamaño pavoroso de la jugosa economía ilegal que multiplican.

Todo empieza con el Microtráfico, sigue con la empresa de extorsiones, y se expande con la innoble convicción que el delito puede convertirse en empresa próspera.

Cada vez hay más familias dependiendo de las empresas del delito. Cada día crece el número de jóvenes involucrados en la economía ilegal.

En Medellín es donde más están desarrolladas las Bacrim, y es donde las rentas criminales son más gigantes y amenazantes. Bogotá, Cali y las demás capitales van en turno, siguen creciendo.

La economía ilegal de Medellín es asustadora y puede convertir a la ciudad en una sociedad inviable que destruye la institucionalidad.

Medellín pasó de tener 50 casas de vicios o venta de droga, a tener hoy cerca de 750. Cada casa de vicio produce cerca de $600.000 diarios en promedio (El Espectador). O sea que por venta de droga al menudeo, cerca de $400 millones diarios le entran a la delincuencia para propagar la ilegalidad. Todo ello, sin contar el microtráfico en universidades y en instituciones educativas donde en muchas de ellas, por lo menos en 80, existe un jíbaro distribuidor.

En las ciudades se aumenta de una manera violenta el Consumo. Y así, Colombia está pasando de ser exportador de droga a ser consumidor. Las consecuencias sociales de aumentar el número de drogadictos son trágicas.

De otro lado, los ilegales no se contentan con el microtráfico sino que amplían las fronteras del delito como empresa. En los buses urbanos encontraron una mina de dinero. Es frecuente ver protestas a diario porque a los transportadores se les cobra una vacuna o extorsión. Se estima que cada bus paga $30.000 diarios a los ilegales. Si se parte de 5.000 buses, son $150.000 millones diarios para aceitar la delincuencia.

De esta manera, la extorsión se extienda al comercio de la ciudad no solo del centro sino de los barrios y aun de los corregimientos. Pagan desde $10.000 hasta $100.000 semanal de acuerdo con el tamaño del establecimiento. La vacuna disfrazada para vigilar las viviendas se ha puesto de moda en la mayoría de las residencias de los barrios populares. Los propietarios de motos de los barrios populares pagan $5.000 semanales para poder ingresar con tranquilidad a sus propios barrios. Algunos profesores de la Comuna Nororiental son obligados a pagar semanalmente una cuota para permitirles dictar clase. Los combos que dominan territorios en algunas comunas exigen dinero a ciudadanos para poder cruzar ese territorio, al punto de la risa, de que para visitar la novia en la comuna trece el novio tiene que comprar una visa para todo el fin de semana que le cuesta $9.000. Y así, hasta caer a la última noticia de la revista semana, confirmada por empleados del municipio de Medellín: Los desmovilizados y los jóvenes con futuro que reciben un regalo mensual de la Alcaldía de Medellín de $400.000 deben pagar como extorsión una parte de esa beca a sus compañeros de combos. Hasta entre los combos mismos se vacunan y extorsionan.

Si se cuantifican los ingresos ilegales por extorsiones, pasan de $1.000 millones diarios, una cifra horrorosa, que multiplica cada vez más la ilegalidad.

El Delito como empresa está pasando a ser una de las empresas más prósperas. Son empresas del delito fundamentadas en la creación de un impuesto ilegal a los ciudadanos. Esta economía ilegal está creando ciudades arrinconadas con ciudadanos humillados por los ilegales.

Y no es solo Medellín, hacia allá caminan todas las zonas urbanas de Colombia.

Si no se toman medidas, si no se defiende la legalidad, vamos camino a la destrucción de la sociedad y al reinado de la ilegalidad. Cuando la ilegalidad crece, la institucionalidad se debilita. Y todo se empieza a resolver a bala y a la fuerza bruta.