Uribe, ¿cada vez más cerca de la CPI?

Una idea que se escucha con frecuencia en círculos políticos y en redes sociales es la posibilidad de que algún día Álvaro Uribe deba responder ante la Corte Penal Internacional (CPI), considerando por un lado las acusaciones que desde los más diversos frentes pesan sobre él, y por otro que la Comisión de Acusaciones de la Cámara –única instancia permitida por la Constitución para juzgar a expresidentes- ha estado maniatada desde su nacimiento a los manejos políticos.

Es por ello que hasta ahora los partidarios de que la CPI enjuicie a Uribe habían sido pesimistas al respecto, pero, según conocedores del Derecho Internacional, la denuncia que el representante a la Cámara Iván Cepeda instauró este lunes 10 en Roma ante ese organismo, tiene fuerza jurídica.

El documento fue entregado a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, sustentado en que a partir de 2004 Colombia se encuentra bajo el examen del organismo internacional y que el delito de persecución debe evaluarse a la luz de lo que sucedió con el DAS en la era Uribe Vélez.

Argumenta Cepeda que esta conducta se consumó con fines políticos, afectando a un grupo de personas y organizaciones con una característica común: formaban parte de la oposición al Gobierno. Y según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la “persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente”, está definida como “crimen contra la humanidad”.

Cosa diferente piensa el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe, para quien “la CPI no tiene competencia para investigar el tema de las mal llamadas ‘chuzadas’ del DAS”, de modo que la demanda del representante Cepeda solo sería “un nuevo show mediático”.

Según Granados el delito de persecución política no existe en la CPI, y este organismo nació para investigar delitos de lesa humanidad, por lo que “el organismo no tendría opción de investigarlo, ni por vía subsidiaria ni por competencia directa”.

El hecho de que la demanda de Cepeda haya sido contra Uribe Vélez y no contra el Estado, se fundamenta en que para la ocurrencia de las ‘chuzadas’ el DAS era un organismo que dependía directamente de la Presidencia de la República. Y en lo referente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, mencionó que se han instaurado 287 denuncias contra Uribe, sin ningún avance.

Pero allí no paró su denuncia, porque a las persecuciones del DAS Cepeda le sumó otros dos episodios por los cuales, el expresidente Uribe debería ser investigado judicialmente: la masacre del Aro, denunciada en la Comisión de Acusación en 2008, que registra la muerte de 15 campesinos en Ituango (Antioquia), con un testigo llamado Francisco Villalba, que después fue asesinado; y la masacre de 20 personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ocurrida en 2005, en la que el expresidente Uribe no sólo habría desatendido alertas tempranas para proteger a las víctimas, sino que habría arremetido verbalmente contra la comunidad de paz.

En este contexto se incluye una declaración que el entonces presidente dio el 27 de mayo de 2004, unos meses antes de la masacre, cuando dijo que “algunos directivos de esa comunidad obstruyen la justicia", y (…)"si la autoridad tiene que llevar a la cárcel a alguno de estos directivos por obstrucción de justicia, que los lleve a la cárcel".

El pedido del representante Cepeda para que la CPI juzgue a Uribe se basa además en que “en Colombia no existe voluntad real para adelantar una investigación seria en su contra, a pesar de que reposan en el proceso suficientes elementos de juicio para tomar decisiones de fondo”.