EL ESTATUTO ANTICORRUPCION.

*La idea de los ciudadanos virtuosos
*Afianzar Comisión de Moralización

Como se sabe, el libertador Simón Bolívar intentó implantar una tercera Corporación, al lado del Senado y la Cámara de Representantes, que tuviera jurisdicción sobre la ética pública.

Quiso también el Libertador, bajo el mismo trasunto intelectual de la Ilustración, forjar un país cuyo epicentro fueran las virtudes ciudadanas. En esa época, como en Estados Unidos, que textualmente traía la felicidad como objetivo primordial de la Constitución, Bolívar en su Carta Boliviana encontraba fundamental la virtud.

Esto, ciertamente, en contraposición a lo que veía en las realidades de las naciones que había libertado y donde, a su juicio, el peor enemigo era precisamente la corrupción. Desde que llegó de Lima a Bogotá, en el último lustro de su vida, esa fue su preocupación básica, pero desde las mismas Cartas a un Ciudadano Neogranadino y de Jamaica ya palpitaba con creces esa inquietud.

Nunca pudo Bolívar desarrollar legalmente esa idea. Pero lo que sí siempre ha estado claro es, primero, que la corrupción puede considerarse la madre de todos los males, no sólo en Colombia sino en América Latina en general, y segundo que siempre será indispensable crear Derecho Público al respecto hasta dominarla lo máximo posible.

Colombia, desde que es República, ha tenido en su historia momentos estelares contra la corrupción y otros en los que ha sido mediatizada por la misma (la mayoría).

Bolívar, puede decirse, fue derrotado en esos propósitos por quienes lo veían, por eso, como el personaje incómodo a vencer, precisamente porque su presencia y mando impedían el contubernio de las corruptelas. Y a esto, en realidad y en el fondo, se debió el colapso de la Colombia grande. Hubo épocas fundamentales de primeros magistrados probos, donde el buen ciudadano se definía justamente por su acato a la Ley y la no esquilmación de recursos o aprovechamientos de canonjías.

Momento clave de ello se produjo con la aparición de Laureano Gómez, largo lapso en que concomitantemente gobernaron la política personajes como Alberto y Carlos Lleras. La gran mayoría de ellos, en la primera mitad del siglo XX y parte del Frente Nacional, orientaron un país cuya clase dirigente tenía eso de axioma.

Eran, sin duda, ciudadanos que veían la política ante todo como un servicio público, como un teatro para la libre expresión de las ideas y las convicciones, y así pasaba con los funcionarios, en una sociedad donde preponderaba ese ejemplo, inclusive cayendo mandatarios como Marco Fidel Suárez, que sin embargo prefirió renunciar, sin ningún encausamiento jurídico, porque se dudaba de su honra al haber pedido créditos personales a casas financieras que por igual eran contratistas del Estado.

Inclusive los grandes debates de entonces no tienen ni asomo de lo que hoy pasa en el país, porque las categorías y los valores se desenvolvían en un espacio de honorabilidad y rigor.

Hoy, claro, Colombia es un país inmensamente más rico. El monto de las licitaciones y actividades del Estado en los últimos veinte años se ha incrementado geométricamente y, desde luego, catalogado el país como una de las economías emergentes del mundo, muchos medran en procura de enriquecerse sin el esfuerzo, disciplina y largo plazo que suponen hacer empresa real y efectiva.

Lo mismo que funcionarios que dedicaban su vida al servicio público sin medrar sobre el Presupuesto como un coto de caza. Puede verse en la historia, naturalmente, que cuando un país salta hacia el desarrollo, pulula la corrupción, peor en el caso colombiano cuando en los últimos años hubo vista gorda con el fenómeno desbordado. En tal sentido, el Estatuto Anticorrupción, liderado por el ministro Germán Vargas Lleras, es un avance. Pero mas avance sería que la Comisión de Moralización que allí se instituye tuviera los dientes y capacidades para ser realmente el dique de contención contra la corrupción. Ojalá tan determinante como lo pensó Bolívar.