Uribe ante la Comisión de Acusaciones

Hernando Gómez Buendía


POLITICA Y GOBIERNO
Domingo, 19 de Junio de 2011 23:39


Un análisis razonado de lo que pasó, de lo que está pasando, de lo que va a pasar y de lo que sería preferible que pasara en relación con hechos decisivos para el pasado, el presente y el futuro de Colombia.


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No ha sucedido nada

La audiencia fallida del ex presidente Álvaro Uribe ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes pudo haber sido otra noticia menor en la vorágine de cosas que suceden, pero podría también ser el comienzo de un debate ruidoso y doloroso que partirá a Colombia en dos mitades.

Comencemos con mucha claridad. Contra el señor ex presidente Uribe no existe ninguna condena, ningún proceso judicial, ninguna investigación formal y ninguna prueba contundente o abrumadoramente validada ante el llamado “tribunal de la opinión” (algo, digamos, como los “narcocasetes” de Samper o aquel vestido azul de Mónica Lewinsky).

También es indudable que ningún juez o autoridad nacional o extranjera distinta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara puede dar curso a un eventual proceso contra el doctor Uribe por “hechos u omisiones ocurridos en el desempeño del cargo (de Presidente de la República” (artículo 174 de la Constitución colombiana). Y no se trata de un fuero caprichoso sino de una institución que se remonta a los comienzos del constitucionalismo inglés, para garantizar que los cargos contra una persona que ocupa tan alta magistratura sean tan serios que ameriten el trauma que implica el simple hecho de abrir su investigación.

Podría suceder

Con la misma claridad hay sin embargo que advertir;


•Que las interceptaciones ilegales o “chuzadas” que motivaron la audiencia del pasado jueves 16 de junio son apenas una de las ¡242! acusaciones que se han presentado ante la Comisión contra el ex presidente Álvaro Uribe;
•Que son varios los funcionarios, congresistas o allegados a Uribe que han sido condenados o sujetos a medidas cautelares en procesos por hechos sucedidos durante su gobierno y que en algún momento podrían salpicarlo. Si la historia es una guía, en todos o en casi todos los juicios penales contra un presidente o un ex presidente de cualquier país del mundo, la evidencia inicialmente se refiere a subalternos y va ascendiendo en un ciclo de negativas y revelaciones hasta llegar al jefe del Estado.

Esta, repito, no es la situación del ex presidente Uribe, pero sí vale notar que en los casos del DAS o el de Agro Ingreso Seguro (AIS) la negación rotunda del primer momento dio paso a las condenas o las medidas de aseguramiento contra funcionarios de rango ascendente.


•Que a lo largo de los años han circulado rumores y “evidencias”[1] más o menos creíbles sobre una amplia gama de actuaciones potencialmente ilícitas en la vida del hoy ex presidente. Aquí se incluyen las licencias concedidas cuando era Director de la Aeronáutica Civil, su gestión de la seguridad como gobernador de Antioquia, sus acuerdos electorales con dirigentes que fueron condenados por nexos con el narcotráfico o el paramilitarismo y la nube de escándalos de algún modo tocantes a su reelección o a su política de seguridad mientras fue presidente de la República (chuzadas, yidis-política, para-política, AIS, INCODER, Dirección de Estupefacientes, falsos positivos, falsas desmovilizaciones, notarías, carrusel de los Nule y otros más).

De nuevo hay que decir que estos varios episodios han sido objeto de debate público o de investigaciones periodísticas que casi siempre han concluido en absolución o por lo menos sin que salga a la luz la respectiva “prueba reina”; algunos episodios incluso han sido examinados por los jueces, sin que el doctor Uribe fuera formalmente vinculado al proceso. Y sin embargo a la luz del principio hermenéutico según el cual la interpretación de conjunto de los hechos aparentes tiene un cierto valor como prueba del hecho de fondo –cuando no en términos puramente probabilísticos– esta pluralidad de rumores y “evidencias” podría llevar a la formulación de cargos eventuales contra el doctor Uribe.

Jamás habrá certeza

Y me falta la claridad principal: es imposible saber la verdad sobre esos cargos. Solo Dios tendría la certeza de que un sindicado sea o no sea culpable del delito que se le imputa (o incluso del delito que el reo se auto-impute porque podría mentir o estar equivocado). En el mundo real no hay pruebas “reina” sino indicios para ser evaluados por algún ser humano: un juez, un periodista, una lectora o algún otro observador.

Ante esta limitación irreductible, los seres humanos hemos creado las instancias judiciales y hemos convenido en que sus fallos sean lo que todos tendremos por verdad. Ese invento por supuesto supone jueces imparciales y que a todos nos parezcan imparciales.

Por eso, ya de entrada y en cualquier país del mundo, el juicio de un ex presidente será siempre polémico y dudoso. De Clinton a Samper, de Fujimori a Berlusconi, estos procesos son inescapablemente políticos, politizados y polarizados. Pues el de Álvaro Uribe también lo sería o lo será. Cada caso es un caso, pero en el suyo además se añadirían al menos dos factores que agraven la tensión.


•Por un lado no hablamos de desfalcos comunes o de vicios privados, sino de abusos con intención política (la reelección, la lucha antisubversiva…) que por lo tanto aprueban o disculpan sectores influyentes del país.

•Por otra parte y al contrario, algunos de los cargos eventuales implicarían violaciones graves del derecho internacional humanitario y la protesta entonces necesaria de la opinión civilizada de acá y del exterior.

Lo segundo menos malo

Como no somos Dios y como el juicio de un ex presidente siempre está politizado, las democracias han inventado un sistema –imperfecto por supuesto– pero muy bien calibrado para evitar la impunidad del gobernante culpable y evitar los abusos de sus contradictores políticos o enemigos personales.

•Este sistema comienza por el mito de que el Congreso representa la diversidad de perspectivas ciudadanas y actúa en función del más alto interés público. Por eso es él quién debe pasar juicio sobre la gravedad y credibilidad de los cargos que se levanten contra el gobernante o ex gobernante en relación con el desempeño de su cargo.

•El juicio ante el Congreso es por lo mismo de carácter propiamente político. Como decía la Constitución de Weimar, “la responsabilidad política se da cuando un funcionario causa o no impide un daño grave y evidente a la Nación”. Y aunque la Constitución colombiana no menciona expresamente la responsabilidad “política”[2], sí establece que cuando la acusación se refiera “a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos” (numeral 2 del artículo 175). Es decir, en castellano, que el juicio ante el Congreso no es de carácter penal sino político.

•Tanto así que el Senado, además del anterior juicio político, deberá remitir al presidente o al ex presidente a la Corte Suprema de Justicia “si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena” (numeral 2 del 175) y “Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay lugar o no a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá el acusado a disposición de la Corte Suprema” (numeral 3 del mismo artículo).

•Finalmente y en virtud del Tratado de Roma, un alto funcionario o ex funcionario de un Estado firmante podría ser investigado y procesado por la Corte Penal Internacional pero (a) sólo en relación con los delitos precisamente señalados por el artículo 5 del Tratado (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión), y (b) con sujeción al “principio de complementariedad” es decir, una vez se demuestre que no operó la justicia del país en cuestión.

Pero aquí

No gastaré mucha tinta en decir que la audiencia iniciada del ex presidente Uribe esta semana deja sin aire alguno la esperanza de que entre nosotros vaya a funcionar el delicado sistema que las democracias inventaron para evitar la impunidad del gobernante y evitar los abusos de sus contradictores.

•Por una parte el mito del Congreso pluralista y jugado a lo público solo se cumple en tanto la palabra “mito” se entienda en su acepción de ser “una creencia falsa”.

Lo que hemos visto en estos días es una Comisión de Acusaciones donde toman asiento y se han rotado algunos congresistas coloridos y cuyas hojas de vida, a juzgar por lo que informan los medios, no pasan de prontuarios (remito aquí a la semblanza del representante que llevó la voz cantante, ingeniero Yahir Acuña, “ex miembro del PIN y señalado de tener estrechos vínculos paramilitares”, en anterior edición de Razón Pública http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2093:un-presunto-parapolitico-investigara-a-uribe-en-la-comision-de-acusaciones&catid=26:recomendados&Itemid=356).

•Por otra parte asistimos a un espectáculo “con patas de pato, con pico de pato y con plumas de pato”, a un proceso penal o un simulacro de proceso penal donde no hubo sino recusaciones y referencias más o menos airadas o refinadas al artículo N parágrafo R de la Ley 600 (de 2000, Código de Procedimiento Penal) sazonadas con otras cuantas alusiones a la Ley 5 (de 1992, Reglamento del Congreso). Y como era de esperar de un ingeniero (civil) acompañado de otros dos ingenieros (electorales) frente a los jurisperitos más curtidos de Colombia, los señores juzgadores hasta ahora han hecho gala de una torpeza angelical o de una astucia sibilina y suficiente para hacernos creer que ellos creen que de verdad estarán persiguiendo la verdad (declaraciones ante los medios que por supuesto los inhabilitan, diálogo privado con una de la partes en plena audiencia pública, suspensión de la audiencia ante una duda cuando la suspensión depende de si vale esa duda…).

Y en el caso remoto de pasar a Plenaria de la Cámara o el todavía más lejano de llegar al Senado, el show sería cada vez más sofisticado y las presiones subterráneas que sabemos se irían volviendo más y más titánicas. Remember Samper, como diría el bueno de Cervantes.

Entre un mal y otro peor

Así pues aclaremos desde ya que las audiencias o el juicio ante el Congreso van a ser una farsa:


•Un veredicto de la Comisión de Acusaciones, y eventualmente de la Cámara en pleno o peor, del Senado- no sería aceptable para medio país y el veredicto opuesto sería rechazado por el otro medio;
•Las instituciones saldrían todavía más desprestigiadas,
•Y quedaríamos más divididos todavía sobre el tramo decisivo de la historia de Colombia que en el futuro tal vez podrá llamarse “el período de la Seguridad Democrática”.

Muchos dirán entonces que es mejor ahorrarnos la farsa y darle a las audiencias un entierro de pobre. Pero con eso estaríamos renunciando nada más que
•a buscar la verdad,
•a intentar la justicia,
•a que un ex presidente pueda limpiar su nombre,
•a que las víctimas presuntas tengan voz, y
•a imaginarnos un mañana distinto.
Con el silencio todos ganaríamos un poquito. Con el silencio todos perderíamos mucho.

[1] Cuando digo “evidencias” no significo por supuesto que yo conozca o sepa de alguna prueba susceptible de persuadir a los jueces competentes de que se haya cometido un delito, sino a textos publicados cuya fuente en general disfruta de credibilidad. Sería el caso de la revista Newsweek en su edición del 8 de agosto de 2004 y según la cual: “El desclasificado Informe de Inteligencia del Departamento de Defensa (de Estados Unidos) de fecha septiembre de 1991 parece un “Quién es Quién” en el tráfico de cocaína en Colombia…. Y está la entrada (o ítem) número 82: “Álvaro Uribe Vélez –un político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín desde las altas esferas del gobierno. Uribe fue vinculado con empresas implicadas en actividades de narcotráfico en Estados Unidos…Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un cercano amigo personal de Pablo Escobar Gaviria…” (Trascribo el original inglés: “The declassified defense Department intelligence report, dated September 1991, reads like a Who's Who of Colombia's cocaine trade… Then there's entry 82: "Alvaro Uribe Velez--a Colombian politician and senator dedicated to collaboration with the Medellin cartel at high government levels. Uribe was linked to a business involved in narcotics activities in the U.S.... Uribe has worked for the Medellin cartel and is a close personal friend of Pablo Escobar Gaviria" http://www.newsweek.com/2004/08/08/blacklist-to-the-a-list.html
[2] El artículo 198 sin embargo dice que “El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes”; como no se reduce a las leyes penales y puesto que “un grave daño y evidente a la Nación” difícilmente se dará mientras el gobernante cumpla la Constitución y las leyes, de este texto podría derivarse la noción de responsabilidad política.