El senador del Polo Democrático, Jorge Robledo alista un debate al funcionamiento del sistema de salud. En su criterio lo que era un derecho se ha convertido en un negocio.
Debate para el senador, las EPS han concertado mecanismos para apropiarse de los recursos de la salud. En medio de nuevas denuncias sobre irregularidades se abrirá debate en el Senado al sistema creado con la Ley 100.
Lunes 25 Abril 2011¡Soluciones Documentales!
Las denuncias sobre las irregularidades en la facturación de los medicamentos y servicios de salud por parte de algunas EPS van en aumento, mientras en el Senado se prepara un debate sobre la responsabilidad de estas entidades.
Este martes está programado un debate de control político a las EPS y al sistema de salud en Colombia que fue citado por los senadores Jorge Enrique Robledo y Alexander López, del Polo Democrático. Para Robledo, es un debate a la Ley 100 que en su criterio, “no regula el servicio de salud, sino el negocio de la salud”.
La cita tiene lugar luego de que el diario El Tiempo reveló el contenido de un informe hecho por la Superintendencia de Industria y Comercio que da cuenta de una presunta alianza de 14 EPS agremiadas en Acemi para concertar la negación de servicios de salud. Estas EPS representan el 85 por ciento del sector de la salud.
El diario reseñó que la investigación está basada en el cruce de correos de representantes de las EPS y Acemi. También indicó que en este momento Acemi y las EPS se preparan para responder a la investigación que sugiere una multa de 15.000 millones de pesos.
En respuesta a la investigación, Juan Manuel Diaz Granados, presidente de Acemi, dijo que las citas de los correos incluidas en la investigación fueron tomadas fuera de contexto. También calificó de “inexacta” la inferencia de que las EPS se hubieran puesto de acuerdo para pactar una posición uniforme frente a los tratamientos y medicamentos ordenados en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
En entrevista con Semana.com, el senador Robledo dijo que esta investigación, que ya tiene en su poder, será un insumo importante para su presentación en el debate. “Las EPS montaron un cartel en el sentido económico de la palabra para robarse la plata de la salud y no competir entre ellas”, dijo.
La investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, además infiere que las EPS agremiadas presuntamente montaron una estrategia para cobrar dos veces medicamentos que no estaban incluidos en el POS. El informe reza que el fin era “negar la prestación de servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el Fosyga, vía aprobación de tutela o CTC, para de esta manera obtener ingresos adicionales”.
La UPC (Unidad de Pago por Capitación) es la prima anual que reciben las EPS del Estado por la atención de cada afiliado; es una suerte de pago por anticipado de los servicios que las EPS prestan.
Las EPS se han quejado en reiteradas ocasiones de que esa UPC es muy baja, por lo cual le han pedido al Gobierno que la actualice según los costos en los que incurrieron en el período anterior.
Según lo indica el informe, las 14 EPS de Acemi negaron servicios que ya habían sido contemplados en esa prima, esperando a que los usuarios demandaran para después reclamar el monto de esos servicios ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), que administra recursos del Estado para la promoción de la salud.
Los investigadores sustentaron que ese recobro ante Fosyga fue en aumento y en 2006 pasó de representar el 5,6 por ciento de los costos operacionales de esas EPS, a representar el 18 por ciento en 2009. Es decir, de 336 mil millones de pesos a un billón 798 mil millones de pesos.
Para Robledo, la Superintendencia consideró esa práctica como “anticompetitiva, pero también puede constituir un delito al que le cabe una investigación penal”.
El senador consideró que esta investigación desmonta la hipótesis de que el mercado regula los precios de los medicamentos y del servicio de la salud.
En una pregunta que le hicieron al Ministro Mauricio Santa María sobre cómo se vigilan los precios de los medicamentos, el jefe de la cartera respondió: “En cuanto a los precios de los medicamentos el principio que existe es libertad de precios en Colombia”.
Otras denuncias
No obstante, este no será el único tema que abordarán los congresistas del Polo Democrático en el debate a la salud. Incluirán también el tema de la sobrefacturación de los medicamentos que sí están contemplados en el POS. Para el efecto, los congresistas se basarán en dos investigaciones, una del propio Ministerio de la Protección Social y otra del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional.
La primera investigación, basada en información aportada por las propias EPS revela que hubo un sobreprecio de un billón de pesos en los medicamentos. Ese estudio sirvió para que la Comisión de Regulación en Salud (donde tiene asiento el Ministro de Protección) aumentara la UPC en 2011 en un 4,25 por ciento (es decir, 193 mil millones de pesos más).
Robledo reiterará sus denuncias sobre las EPS SaludCoop, Cruz Blanca y Café Salud, basado en la investigación de la Nacional que indicó que mientras las EPS gastaron en promedio en medicamentos 36.324 pesos por afiliado, en 2009, las tres EPS del Grupo SaludCoop, se gastaron 207.790 pesos por afiliado. El sobreprecio es 5,7 veces mayor.
A través de comunicaciones oficiales SaludCoop ha negado los sobrecostos aduciendo que hubo fallas técnicas en los reportes utilizados por el centro de investigación de la Nacional.
El debate, además incluirá un tercer tema que estará basado en un informe de la Federación Médica Colombiana sobre otro tipo de medicamentos y tratamientos no incluidos en el POS. Según información obtenida por esta entidad, entre 2007 y 2009 hubo una sobrefacturación de 70 mil millones de pesos en medicamentos que no están incluidos en el POS y que fueron recobrados ante el Fosyga.
Al final, los senadores refrendarán la petición que hizo la Contralora Sandra Morelli a la Superintendencia de Salud de no conciliar con SaludCoop en una querella administrativa por más de 600 mil millones de pesos.
Ese dinero hace parte de las UPC entregadas a la EPS y debe ser destinado a la atención de los pacientes, a medicamentos o procedimientos quirúrgicos o administrativos. Entre 2004 y 2005 la Superintendencia de Salud descubrió que SaludCoop había utilizado ese dinero en otros fines y bajo la administración de Mario mejía Cardona había ordenado la restitución a SaludCoop de 627 mil millones de pesos.
SaludCoop interpuso un recurso para no tener que devolver ese dinero. El pleito que está en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha derivado en un proceso de conciliación entre la Superintendencia y la EPS.
Por esta razón, la Contraloría interpuso una Función de Advertencia al actual Superintendente de Salud, Conrado Adolfo Gómez, para que tome las medidas necesarias y recupere el dinero del erario.
Según el recurso del ente fiscalizador, Saludcoop destinó casi 320.000 millones de pesos (a precios de 2008) en “costos y gastos diferentes al producto de la prestación de servicios de salud a la población afiliada”.
Pero, la Superintendencia de Salud anunció que continuará con el proceso de conciliación, pues éste ya estaba en curso y además fue avalado por la Procuraduría. Además, en criterio de Gómez con la conciliación el Estado se ahorra dinero pues podría tener que indemnizar a la EPS.
El debate al sistema de la salud va para largo. Además, solo hay 150 funcionarios de la Superintendencia para controlar a más de 40 mil entidades relacionadas con la salud (entre laboratorios, EPS, consultorios, centros naturistas, etc.) En palabras de Robledo, “todo está montado para convertir en ganancia lo que es un derecho de la gente”.
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