Los cuestionamientos al Contralor de Antioquia.

Archivo El Colombiano | Jorge Alberto Rojas Otálvaro fue alcalde de Abejorral en dos oportunidades. También fue personero de Medellín en dos periodos consecutivos (1998 a 2001 y de 2001 a 2004). Allí trabajó con Hugo Mario Zuluaga Urrea, quien es hoy el presidente de la Fundación para el Buen Gobierno.

LA AUDITORÍA GENERAL encontró "presuntos intereses ilícitos" en un millonario contrato de la Contraloría de Antioquia. Jorge Rojas Otálvaro sostiene que actuó bajo la ley.

José Guarnizo Álvarez | Medellín | Publicado el 28 de marzo de 2011
Notas relacionadas. PERIÓDICO EL COLOMBIANO.

"Algo no está prohibido y permitido a la vez": Contralor.

Haber otorgado un contrato de 1.617 millones de pesos a una empresa creada 40 días atrás, "obviando la obligación legal de adelantar una licitación pública", son los reparos que tienen hoy a Jorge Alberto Rojas Otálvaro, contralor de Antioquia, en líos con la Auditoría General de la Nación.

En enero pasado, Fredy Céspedes Villa, auditor delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal, concluyó que las presuntas irregularidades del contrato No. 134 de 2009, ejecutado por la Contraloría, lleva a pensar a la entidad en la existencia "de un interés ilícito".

El documento de 27 páginas, también firmado por Iván Darío Gómez Lee, Auditor General de la República, se concentra en el análisis de la inversión que realizara la Contraloría para "la implementación, mantenimiento y soporte de su software misional y administrativo". Se trata del desarrollo de una herramienta tecnológica que serviría, justamente, para que los entes vigilados por la Contraloría, ingresen su información, otorgando más transparencia a los procesos.

La historia comienza el 4 de septiembre de 2009, cuando la Contraloría expide la resolución 1525, dando vía libre a un presupuesto que sería destinado "a través de la modalidad de contratación directa". Es decir, sin licitación pública e incumpliendo, dice la Auditoria, el numeral 1 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 (leer respuesta del Contralor).

Según la Auditoría, durante el proceso se modificaron en tres ocasiones los pliegos en la convocatoria, acomodándolos de tal forma que la única firma que presentó propuesta, esto es "HC Inteligencia de Negocios S.A.S", fuera la adjudicataria del contrato.

Y, ¿cómo llegan los auditores a esa conclusión? De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación, emitido por la Cámara de Comercio de Medellín, HC Inteligencia de Negocios S.A.S. fue constituida el 7 de julio de 2009; es decir, solo 40 días antes del cierre del proceso.

Además de lo anterior, según la Auditoria, en el contrato no quedaron consignadas las garantías por parte del contratista, "poniendo en riesgo el patrimonio público".

Pero hubo un detalle aún más inusual que salió a flote en la investigación. Para acreditar experiencia en la propuesta, HC Inteligencia de Negocios S.A.S. incluyó la hoja de vida de Miguel Leonardo Aragón Garzón, quien resultó ser funcionario de la propia Auditoría General de la República; es decir, el mismo ente que hace los reparos al contrato.

Pese a que la experiencia de Aragón Garzón fue determinante para la escogencia de la propuesta, éste no ha participado en la ejecución del contrato, según consta en los pagos de seguridad social y parafiscales de la empresa.

Fue por todo aquello que la Auditoría ordenó poner los hallazgos en conocimiento de las autoridades penales "a fin de que se establezca la posible existencia de un delito", que no sería otro que la presunta "celebración indebida de contratos".

¿Quién es el contralor?
El abogado conservador Jorge Alberto Rojas Otálvaro, nacido en Abejorral, Antioquia, es un declarado "ramista". De hecho, hizo parte activa de la campaña que llevó Luis Alfredo Ramos a la Gobernación de Antioquia.

El miércoles 21 de noviembre de 2007, Ramos nombra a Rojas en el comité de empalme para recibir la Secretaría General. Pero un mes y dos semanas después, o sea el 8 de enero, la Asamblea Departamental elige a Rojas Contralor General del Departamento. Quiere decir que Rojas pasa de ser parte a ser juez.

Y es que la ley 330 de 1996 dice que corresponde a las Contralorías Departamentales ejercer función pública de control fiscal en su respectiva jurisdicción. La pregunta es, ¿se configuraría entonces aquí alguna anomalía?

Ninguna. Pero a juicio del senador opositor Eugenio Prieto Soto, el impedimento corresponde a la esfera ética. El 7 de enero pasado y ante los cuestionamientos que el congresista dejó sobre la mesa ante la comisión Sexta del Senado, la Contraloría General de la República, mediante auto No. 000010, admitió tomar el control excepcional de la contratación en el Departamento.

Quiere decir que la Contraloría desde Bogotá será la que revisará hacia atrás todos los contratos a los que Rojas Otálvaro no les vio tacha alguna.

Fundación en la mira
La Auditoría General de la República halló que la Contraloría de Antioquia suscribió (en 2009) contratos con la Fundación para el Buen Gobierno por 1.276 millones de pesos, "cuantía que corresponde al 23 por ciento del total de la contratación celebrada (en ese periodo)".

El 21 de julio de 2009 la Procuraduría había archivado una queja presentada el 10 de noviembre de 2008 por el ex congresista Ramón Elejalde, esgrimiendo que "con el análisis de los elementos probatorios obrantes en este expediente (...) se pudo determinar que no existe transgresión de la ley".

Sin embargo, en enero de este año la Auditoría (al revisar el contrato No. 70 de 2009) encontró que dicha fundación terceriza los servicios que presta. "Es de resaltar el cobro del 4 por ciento adicional por parte de la Fundación para el Buen Gobierno sobre el total de cada factura que legaliza ante la Contraloría".

Pero, ¿qué relación hay entre el Contralor Rojas Otálvaro y la Fundación para el Buen Gobierno? En el acta No. 002 de la Junta Directiva del Idea, firmada a las 09:03 horas por Luis Alfredo Ramos Botero, en su calidad de Presidente y por Marta Nubia Velásquez Rico, en las veces de secretaria, se lee que fue por solicitud del Contralor que se constituyó dicha fundación.

El acta dice así: "Informó el doctor Álvaro Vásquez que existe una iniciativa del Contralor de Antioquia, para que con el Polictécnico Jaime Isaza Cadavid y otras entidades del departamento de Antioquia (...) se suscriba un acuerdo, que podría desembocar en la constitución de una persona jurídica (...) para atender, entre otras cosas, la capacitación y asesoría a los municipios en temas relacionados con el buen gobierno y los planes de desarrollo".

La Contraloría supuestamente contrataría con una organización que sugirió crear y que, como se lo dijo a este diario Hugo Mario Zuluaga Urrea, presidente de la fundación, al mismo tiempo vigila.

Álvaro Vásquez, hoy precandidato a la Gobernación de Antioquia, dice que lo que consigna el acta no corresponde a la verdad. "No, ahí hay un error. La iniciativa fue del señor Hugo Zuluaga. Él fue varias veces a mi oficina para decirme que habían hablado con varios diputados y que tenían esa inquietud. La verdad yo no estaba familiariazado con el tema y yo fui quien buscó a Jorge Rojas (el Contralor) para que él opinara y me diera concepto jurídico. Y así fue". Pero la versión de Zuluaga es distinta.

¿A quién le presentó el proyecto de la fundación?
"No, a mi me dijeron", dice Zuluaga.

¿Quién le dijo?
"A través de, ¿cómo es que se llama? Con una gente de allá, pero no recuerdo quién fue el que me dijo eso. No recuerdo con quién fue... que me dijeron que estaba ese inconveniente, que cómo se podía organizar el tema".

Es decir, ¿fue iniciativa de la Administración?
"De la administración... es que yo no recuerdo quién fue el que me dijo que tocáramos esos temas y hacer toda esa estructuración de eso".

¿Quiere decir que la iniciativa no fue suya?
"No, es que yo tampoco podía".

¿Podían el Idea y aquellos que también tenían capacidad de invertir?
"Eso serían ellos".