¿Están preparados los políticos para gobernarnos?

Política y Administración

Número de revista : 32. Alberto J. Gil Ibáñez

“El juicio primero que se forma de un soberano y de su entendimiento se apoya en el examen de los hombres que le rodean”
(N. Maquiavelo, El Príncipe pág. 134)

El contexto intelectual y político

En los primeros tiempos de nuestra civilización era común entre los filósofos tratar las características y condiciones que debían reunir los gobernantes. Baste recordar a Cicerón o a Platón, cuando analizaban la preparación y deberes de los dirigentes de la República, o a Aristóteles cuando decía que “los que aspiran a saber de política necesitan también experiencia (…) Pues, mientras los hombres de experiencia juzgan rectamente de las obras de su campo y entiende por qué medios y de qué manera se llevan acabo, y también qué combinaciones de ellos armonizan, los hombres inexpertos deben contentarse con que no se les escape si la obra está bien o mal hecha.”1. Posteriormente Maquiavelo en su célebre “El Príncipe” describió al gobernante de un Estado moderno donde la ética se ponía al servicio del interés de la supervivencia del propio Estado (que en ocasiones se confundía con la del gobernante de turno), enfoque que, contra lo que ingenuamente se piensa, pervive con cierta fuerza en nuestros días2.

"Se olvida que también para llevar nuevas ideas a la práctica con éxito se requiere de gobernantes competentes y que es un derecho de los ciudadanos contar con los mejores dirigentes posibles y un deber de los partidos políticos proporcionárselos"

Hay que señalar, en todo caso, que esto no ha sido siempre así ni debe necesariamente serlo pues en un principio se pensó que una auténtica democracia debería servir también para seleccionar a los mejores, a los más virtuosos y sabios para velar por los intereses colectivos (Cfr. Aristóteles, Montesquieu, Rousseau y más recientemente, Harrington, Schumpeter, Sartori, entre otros, ver Javier Gomá, op. cit, págs. 203 y 266). Es decir, que los partidos políticos deberían tener entre sus funciones elegir a “los más aptos” para presentarlos como candidatos a unas elecciones y en segundo lugar, llegado el caso, para dirigir los designios del gobierno y sus ministerios (en ocasiones verdaderos “misterios”), consejerías o concejalías. De hecho, en otros países (Estados Unidos) u organizaciones de corte supranacional (Comisión Europea) resulta plenamente aceptado que la discrecionalidad del presidente no es total para nombrar los miembros de su gobierno pues sus candidatos/as deben pasar el correspondiente examen de una Cámara del parlamento, la cual en ocasiones rechaza a la persona propuesta por no resultar idónea para el cargo, sin que nadie se escandalice por ello.

"Sorprende sobremanera que precisamente cuando más difícil resulta gobernar menos atención se preste en nuestro país a preparar adecuadamente a sus gobernantes para hacerlo"

Tal vez el problema surge de considerar que es lo mismo “gobernar” que “representar”, pues para esta última función la sola elección de los representados puede y debe bastar.

Ahora bien, para ser honestos, esta situación pervive entre nosotros también porque el electorado (o al menos la ley electoral) lo permite. Para la mayoría de los electores resulta algo o bastante anecdótico entrar a valorar criterios de eficacia, eficacia o profesionalidad, no se vota al dirigente más preparado (este aspecto ni siquiera forma parte de los debates) sino al más simpático o al que apueste por el eslogan más sugerente. Ello en parte resulta lógico pues en unas elecciones se opta como mucho por un candidato a eleccion popular y sólo posteriormente (si los pactos post-electorales no lo impiden) depositamos nuestra confianza en él o ella para que se rodee del mejor equipo de gobierno posible. En otras palabras, en el juego electoral tiene más importancia hablar de la pintura del barco, del rumbo de la travesía, de si el capitán sonríe y sabe mantener el buen ambiente entre el pasaje, que de si conoce cómo funciona la sala de máquinas y sabe qué hacer en caso de naufragio. Cuando se antepone la ideología a que las cosas funcionen se olvida que también para llevar nuevas ideas a la práctica con éxito se requiere de gobernantes competentes y que es un derecho de los ciudadanos contar con los mejores dirigentes posibles y un deber de los partidos políticos proporcionárselos.

"No habrá mejora de la Administración si las propuestas de reforma y exigencias de capacitación afectan únicamente a los funcionarios y demás empleados públicos y no a sus máximos dirigentes políticos"

Por tanto, sorprende sobremanera que precisamente cuando más difícil resulta gobernar menos atención se preste en nuestro país a preparar adecuadamente a sus gobernantes para hacerlo.

"O bien la política es capaz de atraer a los mejores o se dota de los medios necesarios para que sus dirigentes puedan aspirar a los mayores niveles de excelencia"

Legitimidad y eficacia en la toma de decisiones

Nadie duda de que el gobernante elegido por los ciudadanos, esté legitimado para tomar decisiones públicas ni que también lo estén corporados que él/ella nombre con tal de que se sometan a la Constitución y la ley. Sin embargo, esa legitimidad es un requisito sine qua non pero no suficiente para garantizar que se tomen las mejores decisiones para la sociedad. Una persona legitimada por las urnas no está libre de tomar malas decisiones que puedan poner a la larga en peligro incluso el logro de los objetivos que, acertados o no, pretende conseguir (el programa electoral del partido) por una inadecuada preparación, por haberse rodeado de un mal equipo o por no saber escuchar a quienes alertan sobre riesgos o costes no previstos. Da la impresión de que muchos líderes políticos rechazan especialmente el tener personas alrededor con criterio propio capaces de llevarles la contraria, a diferencia de lo que aconseja el sentido común: “El príncipe prudente (…) debe preguntar mucho, escuchar a todos los preguntados con verdadera paciencia y mostrar cierto resentimiento a aquellos que, contenidos por algún respeto, no le digan entera su opinión” (Maquiavelo, El Príncipe, pág. 138).”

Por otra parte, dado que “la política es el arte de ejemplificar” la responsabilidad del que elige es doble6. El problema de elegir malos gobernantes no es sólo que se pierda así una oportunidad para dirigir y gestionar mejor la “cosa pública” sino que dado que un dirigente político funciona inevitablemente como imagen y referencia a imitar por el resto, extiende por toda la sociedad de forma mimética el contra-modelo que representa (el de “oportunista”, “indolente”, “imprevisor”, etc…). Del mismo modo, la falta de competencia profesional se refleja en aumento de gastos organizativos, por ejemplo en forma de Gabinetes cada vez más amplios compuestos por personal “de confianza” como consecuencia de la falta de confianza del dirigente político de turno en sus propias capacidades, así como en los altos cargos y directivos que paradójicamente ha nombrado “libremente”.

De esta manera se cortocircuita también uno de los cortafuegos más eficaces contra la corrupción: el de una “burocracia meritocrática impermeable al clientelismo” ya que “los políticos corruptos sobreviven en sus cargos gracias a que ofrecen bienes particularizados a miembros de redes clientelares, ya sean legales, como puestos en la Administración pública, o ilegales, como tratos de favor en contratos públicos” (Cfr. Víctor Lapuente, El País, 04/05/2010).

Capacidades y habilidades de un buen gobernante

Cabe por tanto preguntarse: ¿cómo se selecciona a nuestros gobernantes?, ¿es esta cuestión algo ajeno al interés del ciudadano? Tal vez si contáramos con políticos sensatos la flexibilidad a la hora de elegir a los dirigentes públicos pudiera resultar una ventaja, pero la realidad de los hechos parece exigir algunas precauciones que podrían pasar a formar parte de los usos y costumbre de nuestra ya no tan joven democracia (¿pasaría algo porque cada nuevo presidente dedicara su primer día a escuchar consejos y recomendaciones de sus antecesores en el cargo?). En este sentido, podemos plantear un cuadro mínimo de capacidades y habilidades que le deben ser requeridas a todo “dirigente”, es decir aquél, político o no, que no se contente con ejercer meras funciones representativas sino que aspire a dirigir bien un cargo público, o a una entidad o empresa pública, o incluso por qué no a presidir un gobierno. A fin de cuentas, si se exigen ciertos requisitos para dirigir un banco, una empresa privada o un club deportivo ¿seremos menos exigentes con los asuntos que nos afectan a todos y en los que se juega el futuro de nuestro país y de nuestros hijos? ¿No es justo reclamar del César que no sólo presuma de ser un buen dirigente sino que sea capaz de demostrarlo?


Por tanto cabe concluir que, contrariamente a lo que se piensa, en el sector público la necesidad de que sus dirigentes cuenten con la preparación y experiencia adecuada resulta todavía más acuciante que en el sector privado. No tenemos espacio en este artículo para desarrollar un perfil profesional completo. Pero de forma sintética podemos avanzar que además de una cierta experiencia previa mínima y los lógicos conocimientos de economía (pues dirigir un país no es cualquier cosa) e idiomáticos que demanda un mundo mas competente y mas idoneo con el manejo de la cosa pública, se requieren capacidades y habilidades específicas tanto al principio de su mandato (capacidad de liderazgo, de formar buenos equipos e integrarlos en el cumplimiento de los objetivos, diseño de estrategias y prevención de riesgos a corto, medio y largo plazo, etc…), como durante el desarrollo (dirección eficaz de reuniones, capacidad de aprendizaje y flexibilidad en un entorno cambiante, permanente actualización de capacidades y habilidades, iniciativa y capacidad anticipativa, etc..) y finalización del mismo (crear puentes para que las funciones puedan seguir con normalidad, dejar información ordenada y transparente). El objetivo prioritario es prevenir y adelantarse a posibles errores o riegos que deben y pueden evitarse: casos de corrupción , decisiones equivocadas en torno a los límites de lo público y lo privado , falta de previsión de los efectos de la crisis económica como consecuencia del agotamiento del modelo de desarrollo (ladrillo y proliferación de organismos públicos), otros riesgos y catástrofes etc , descoordinación organizativa, despilfarro de recursos e ineficacias por la falta de una estrategia administratica y coherente.


notas de pie de pagina.

1 Aristóteles, Ética Nicomáquea. Ética Eudemia (trad. y notas de Julio Pallí Bonet), ed. Gredos, Madrid, 1995 (3ª reimpresión, 1ª edición, 1985), págs. 407-408, parag. 1181ª.
2 Nicolás Maquiavelo, El Príncipe (trad. Antonio Zozaya), ed. Dirección y Administración (El Liberal), Madrid, 1887: “no han realizado grandes cosas sino aquellos príncipes que de sus promesas han hecho poco caso, y que han sabido con astucia engañar a los demás hombres” (pág. 102); “Debe en las épocas convenientes distraer al pueblo con fiestas y espectáculos, y como toda ciudad está dividida en artes o tribus, debe tener en cuenta estas agrupaciones” (pág. 133); “es común defecto de los hombres no acordarse en la calma de la tempestad” (pág. 141). Ver también, N. Maquiavelo, Breviario de un hombre de Estado: instrucciones a un embajador y algunas obras inéditas hasta el día (trad. Eduardo Barriobero y Herrán), ed. Reus, Madrid, 2010, en especial el escrito: “los torpes efectos de un gobierno corrompido”.
3 Ver Javier Gomá, Ejemplaridad pública, ed. Taurus, Madrid, 2009,
4 Ver Yehezkel Dror, Enfrentando el futuro (trad. J.J. Utrilla Tejo), ed. Fce, Mexico, 2000. Ver también Y. Dror, La capacidad de gobernar: informe al Club de Roma (trad. Carmen Aguilar), ed. Galaxia Guttenberg: Círculo de Lectores, Barcelona, 1994.
5 Z. Bauman, Modernidad y ambivalencia (trad. Enrique y Maya Aguiluz Ibargüen), ed. Anthropos, Barcelona, 2005, págs. 35 y siguientes.
6 La frase entrecomillada es de Javier Gomá (op. cit., pág. 261) quien cita a este respecto a Edmund Burke cuando criticaba el mal ejemplo que ofrecían los “amigos del rey” en el Parlamento con perversas consecuencias políticas y morales (nota 1, pág. 261).
7 Por Acuerdo de Consejo de Ministros (BOE de 6 de mayo de 2010) se redujo el rango de Dirección General del INAP a Subdirección General, lo que contrasta con la consideración de Subsecretaría que tuvo en parte de los años ochenta y noventa.

Abstract

The idea that no specific conditions are required for joining a government is becoming established. The present text analyzes the reasons that have led us to this conclusion, which are never the direct result of democracy. Actually, democracy must be compatible with choosing those best prepared within each political party for the governing function, especially nowadays in a world so complicated and uncertain. That is why a chart is presented containing the minimum capacities and abilities required of those who aspire to manage public organizations. Nevertheless, a distinction is made between representative and governing functions. Being chosen might be enough qualification for the representative function, whereas election is just a lawful requirement for governing that does not guarantee that the best decisions in the best possible manner are going to be taken, something to which we, citizens, are entitled.


Alberto J. Gil Ibáñez es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y Doctor en Derecho por el IUE de Florencia (Italia)