La entidad había entregado tierras irregularmente en el Vichada a un grupo de citadinos.
El director de la entidad, Juan Manuel Ospina, anunciará en las próximas horas la decisión de revocar la adjudicación de baldíos de la Nación a varios dirigentes políticos y sus allegados.
Uno de los casos es el del ex senador risaraldense Habib Mereg, quien logró que 38 mil hectáreas en Vichada fueran entregadas a varias personas del movimiento, al cual pertenece, Colombia Viva, a la Unidad de Trabajo Legislativo del Senado (UTL), y a la empresa Cable Unión S.A., a la que estuvo vinculado por años.
Cuando estalló el escándalo, en el 2007, Mereg afirmó que era posible que "amigos" suyos hubieran sido favorecidos con tierras para megaproyectos agrícolas, pero aseguró que no había irregularidades en ese trámite.
Aunque hace dos años el Ministerio de Agricultura y el Incoder habían anunciado que echarían para atrás esas entregas de tierras, lo cierto es que sólo hasta ahora se inició en firme el proceso.
La denuncia
La adjudicación de las tierras benefició a unas 31 personas, pero se sabe que ellos mintieron sobre aspectos fundamentales: "Ninguno pudo acreditar haber vivido cinco años en la zona y, tampoco, tener explotadas las dos terceras partes del predio que reclaman", explicó uno de los investigadores.
Por eso, el Incoder y el Ministerio de Agricultura hallaron méritos jurídicos suficientes para revocar las resoluciones de adjudicación y para ordenar que se investigara disciplinariamente a Carlos Velásquez Pérez, jefe de la oficina de enlace territorial, quien aprobó las titulaciones.
En su momento, EL TIEMPO encontró que en la lista de 31 adjudicatarios había personas directamente relacionadas con Habib Mereg.
El director del Incoder, Juan Manuel Ospina, aseguró que las tierras que fueron obtenidas irregularmente en Vichada ya fueron recuperadas por el Estado.
"Ya estamos en la segunda etapa de ese proceso, estamos estudiando los procesos productivos que pueden realizarse en esos baldíos para ubicar allí a los campesinos y desarrollar allí procesos productivos", aseguró Ospina.
Para el director del Incoder la gestión de recuperar las tierras son positivas para el país, puesto que "los enredos que vive hoy Colombia se deben a los enredos de la tierra".
"Me parece que se ha reconocido que este tema del manejo de la propiedad de la tierra rural se ha podido abordar en su complejidad de manera interinstitucional y eso es un avance fundamental", agregó. Por eso el Instituto revocó las 31 resoluciones de adjudicación otorgadas en jurisdicción del municipio La Primavera, en Vichada. Lo anterior se basó en que los titulares de los predios no eran sujetos de reforma agraria y los inmuebles no venían siendo ni ocupados ni explotados.
Denuncian robo de tierras que fueron despojadas a campesinos por el paramilitarismo
Representante del Polo Iván Cepeda hizo la denuncia en el primer debate de control político.
"Hemos pasado del despojo violento a la legalización sutil", aseguró y reiteró su solicitud de que se frene la extradición del 'para' Eder Pedraza, 'Ramón Mojana': "Antes, la Fiscalía le debe preguntar por las tierras baratas que -según el testigo de la Corte, alias 'Pitirri'- le encomendaron conseguir políticos como Mario Uribe", dijo Cepeda. El congresista también pidió que se indague por qué hermanos del presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, terminaron adquiriendo una finca robada por hombres de 'Jorge 40'. Al respecto, Gutiérrez dijo que no se referirá al tema, aunque gente cerca al caso manifestó que se trata de terceros de buena fe. Al final, Cepeda pidió que se creara una unidad especial en la Fiscalía, para perseguir testaferros y bienes. Por su parte, el representante liberal Guillermo Rivera, denunció que, entre 2002 y 2005, "mientras se avanzaba en los diálogos de Ralito", la mayoría de las tierras enajenadas fueron puestas a nombre de testaferros. También dijo que testaferros recibieron subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS): "Entre los beneficiarios hay 10 palmicultores y refinadores de aceite de palma que contribuyeron con 29,5 millones en 2002, y 27 millones para el referendo y han recibido 8 mil millones en subsidios y 279 millones en créditos blandos". Calificó como "evidente" que las entidades encargadas de la redistribución de tierras "o bien no han cumplido su tarea o, en algunos casos, se han aliado con las mafias en contra de las víctimas". Y reveló que Finagro "le dio un crédito a alias 'Macaco', en el 2005, cuatro meses antes de su desmovilización, para fortalecer una finca que entregó para reparar víctimas y sin pagar el crédito". La estrategia del Gobierno El ministro del Interior, Germán Vargas, coincidió en que hay una 'concentración abusiva' de tierra y anunció una jurisdicción especial de extinción de bienes de la mafia para la reforma Agraria. Y el jefe de la cartera de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, reveló medidas orientadas a una restitución de tierras rápida e integral: además de crear una jurisdicción agraria especial, anunció un proyecto de ley para agilizar la restitución de tierras en poder de testaferros. También habló de reversar adjudicaciones espurias hechas por el Incoder.
Publicación
eltiempo.com
Sección
Política
Fecha de publicación
18 de agosto de 2010
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