SE CAE LA ESTANTERIA

PERIODICO EL NUEVO SIGLO. Miércoles, 23 de Febrero de 2011 00:00

*Dura Lex sed Lex
*Maniobras torticeras en el AIS


Las investigaciones sobre Agro Ingreso Seguro, en sus programas de subsidio de riego y drenaje, han llegado a un momento culminante, tras de que hace unos meses la Procuraduría le elevara cargos al ex ministro Andrés F. Arias por conductas reputadas de gravísimas en el Código Único Disciplinario, y que en la Jurisdicción Penal, por el fuero especial, están pendientes de acción en el despacho de la propia Fiscal de la Nación. En tanto, no aceptó el Fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública las razones de los otros implicados y decidió imputar cargos penales a la cúpula del Ministerio de Agricultura de buena parte de la segunda administración de Álvaro Uribe.


Al mismo tiempo, el primo y socio político de toda la vida del ex presidente, Mario Uribe, era condenado por la Corte Suprema de Justicia a siete años y medio de prisión por nexos con los paramilitares y concierto para delinquir. Una coincidencia que desde luego no personaliza el asunto, pero demuestra las diversas circunstancias por las cuales existe la sensación de que se está cayendo la estantería de un Gobierno que gozó de máxima popularidad entre los colombianos.


Quedan aún, ciertamente, otras causas jurídicas por dilucidar en su integridad. Una de ellas, la compraventa de la reelección presidencial inmediata, que permitió dos mandatos consecutivos de Uribe. Aquella tiene varios condenados, con sentencias respectivas de la Corte, y faltan las resoluciones correspondientes a la parte gubernamental de lo que han tipificado en ciertos casos de cohecho y donde están sindicados altos funcionarios.


En estos días, por igual, la Fiscal General tendrá que pronunciarse sobre los jefes del DAS y los Secretarios de la Casa de Nariño que han sido vinculados a las interceptaciones telefónicas ilegales, como parte del espionaje a magistrados, periodistas y dirigentes, donde, en el mismo sentido, la cúpula del organismo de Inteligencia, adscrito a la Presidencia de la República, está condenada. Y quedan por dilucidar las graves anomalías presentadas en el caso del referendo para una segunda reelección de Uribe, donde los Fiscales han sido cambiados una y otra vez, y los implicados buscan transar con la Justicia y luego se retractan. Al parecer, las demoras se han causado porque unas serán las tipificaciones para los protagonistas y otras para los cómplices.


Todo lo anterior, claro, sin contar las recientes declaraciones de los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos, de las que por su nueva gravedad seguramente se abrirán causas que, según ha trascendido, estremecerán a la Nación y darán mayor vuelo a la parapolítica.


En cuanto al caso de los subsidios agrícolas, la situación se catapultó al conocerse el nivel de las imputaciones que tratan del peculado, prevaricato y otras conductas ilícitas por indebida celebración e ilegal aprovechamiento de contratos y recursos públicos. Desde luego, al conocerse los nombres de los imputados, que van desde Viceministros, Gerentes, Secretarios y Asesores, hasta accionistas y familiares de empresas agrícolas, buena parte del país, lego en materias jurídicas, se preguntó por qué, si se vinculaba a casi toda la cúpula del Ministerio, no estaba el jefe de la cartera. Ya se sabe que por su condición de tal, su caso corre por cuenta exclusiva de la Fiscal General, que tiene de base lo actuado por su delegado en los otros casos.


Por todo lo anterior, que navega procelosamente en las aguas de los Tribunales Penales, el país se ha venido dando cuenta de que no se trataba de escandolas periodísticas o turbiones políticos, sino que en un momento determinado Colombia perdió el norte y desbordó todas las perspectivas de la ética pública. Dura Lex sed Lex, que humanamente causa dolencia, pero que desde el punto de vista del Estado y viabilidad como sociedad civilizada, es indispensable e irrefutable.