Cree el Secretario incapaz de gobierno de Yarumal que los Consejos de Seguridad es para hablar mal, y de espaldas contra alguien que no tiene nada que ver con lo que pasa en Yarumal, amarrese los pantalones y sea hombre, no trate de tirar cortinas de humo dedíquese a trabajar por la seguridad de Yarumal no amenazar porque soy funcionario, esta pagina es mía hágala cerrar si es tan berraco. "Inepto". "No se hizo miel para la boca del asno".
viernes, 26 de octubre de 2018
martes, 23 de octubre de 2018
El Nuevo Liberalismo: a punto de ver la luz
El senador Iván Marulanda, hoy en la Alianza Verde, fue uno de los citados por el CNE. FOTO CORTESÍA CNE
POR ÓSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ Á. | PUBLICADO EL 20 DE OCTUBRE DE 2018 TOMADO DEL PERIODICO EL COLOMBIANO.
EN DEFINITIVA
No es la primera
vez que los Galán luchan por recuperar la personería jurídica del Nuevo
Liberalismo. Si lo logran, accederán a los privilegios de los partidos con
miras a las elecciones 2019.
En una audiencia
pública que tuvo lugar ayer en el Consejo Nacional Electoral (CNE), dos de los
fundadores del Nuevo Liberalismo, el exministro Juan
Lozano y el senador de la A. Verde, Iván Marulanda, les relataron a los magistrados la
persecución de la que fue víctima ese partido. Ambos solicitaron que se le
reviva su personería jurídica.
“El Nuevo
Liberalismo y Luis Carlos Galán fueron
engañados haciéndoles creer que había las garantías para participar en política
y para hacer la reunificación liberal”, afirmó Lozano, quien fue secretario
privado de Galán.
Mientras que
Marulanda, quien fue director del Nuevo Liberalismo en Antioquia, precisó que
no tiene interés personal, pero como demócrata tiene que testimoniar que el
derecho a hacer política del Nuevo Liberalismo fue silenciado por las armas.
¿Esta vez sí será?
Esta es la tercera
vez que el CNE estudia el caso, luego de la solicitud hecha mediante derecho de
petición, en noviembre del año pasado, por algunos fundadores y exdirigentes
del Nuevo Liberalismo y por Gloria Pachón, viuda
de Luis Carlos Galán, quien fundó este partido, por el que
aspiró a la Presidencia en 1982.
En primera
instancia la petición fue negada, en marzo de este año, porque existía otro
partido con el mismo nombre, creado en Santander, a principios de 2000 y porque
había dudas sobre la legitimidad de los peticionarios.
Los interesados
pidieron medidas cautelares al Consejo de Estado, y según Alexander Vega, expresidente del CNE, quien la votó a
favor, ese órgano le aclaró a la autoridad electoral que no se podía dudar de
los peticionarios y que el otro Nuevo Liberalismo no era el mismo de Galán.
No obstante, una
vez más, con ponencia del entonces magistrado Armando Novoa, fue
negada la solicitud, esta vez bajo el argumento de que fue el propio Galán
quien, para lograr la reunificación del Partido Liberal, solicitó que se
cancelara la personería.
“Mi padre fue engañado”
El exsenador Juan Manuel Galán le dijo a EL COLOMBIANO que el proceso
revivió por un recurso de reposición de la Procuraduría, puesto que hay pruebas
de que su padre fue engañado y asesinado antes de la consulta presidencial del
Partido Liberal. “Muchos líderes fueron exterminados. Incluso, un exmilitante
del Partido Liberal, Alberto Santofimio, fue condenado”.
Si bien antes no
podían estar de frente en este proceso porque eran senadores de otros partidos,
los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando, celebraron el avance del proceso.
El segundo aspiraría con ese aval a la Alcaldía de Bogotá. Esperan que antes de
que termine este año haya luz al final del túnel.
Transfuguismo, polémica en reforma política
Redacción Política
Bogotá.
Octubre 22, 2018 - 09:42 PM
Foto
Andrés Rot / El Nuevo Siglo.
En la reforma política que empieza a
discutirse hoy se autoriza por una sola vez, con la firma de por lo menos el
25% de los miembros de la correspondiente bancada de Senado o Cámara, la
conformación de un nuevo partido o movimiento político.
La autoridad electoral hará el
correspondiente registro y reconocerá su personería jurídica, la cual estará
sometida a las normas generales para conservarla.
También se incluye en la ponencia que
sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 134, dentro de los dos meses
siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorizase
por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular,
o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia de
Acto Legislativo para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin
renunciar a su curul o incurrir en doble militancia.
Y se expresa en el texto que los
directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han procedido con el
debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que
les confiere la personería jurídica también estarán sujetos a las sanciones que
determine la ley.
También se garantiza a las
organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos
políticos.
Quien siendo miembro de una
corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido
distinto, deberá renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de
inscripciones.
Sobre estos textos, el senador Juan
Diego Gómez, del Partido Conservador, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que él está
de acuerdo con que los congresistas puedan cambiarse de partido, pero por una
sola vez.
“Esa proposición no me gusta
realmente. Desde el partido Conservador he presentado una proposición que
permite autorizar el cambio de partido por un año a partir de la aprobación de
la reforma política y al cerrar la lista de los partidos debemos darles
opciones a los congresistas que hacen parte de las actuales colectividades para
buscar nuevas alternativas y posibilidades políticas”, explicó.
Dijo el congresista, que “vale más la
pena una proposición que traiga un tiempo determinado, que podría ser un año o
18 meses, algo por el estilo, que permita armar nuevas estructuras políticas en
el país, y por supuesto nuevos grupos de ciudadanos, creo que sería por una
sola vez, no es necesario dejar esa compuerta abierta”.
El senador del Partido Social de
Unidad Nacional (La U), Berner Zambrano, le expresó a este Diario que modificar
la Constitución por cuatro personas no es serio.
Zambrano expresó que él votara en
contra de dicha proposición y recordó que ello no lo trae el proyecto original
presentado por el gobierno.
La directora de la Misión de
Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, consideró preocupante el
artículo de la reforma que permite dividir los partidos políticos que
actualmente hay en el Congreso.
Barrios explicó, que “en total, de
los 16 partidos políticos que existen hoy en el Congreso, podríamos pasar a 81,
generando una crisis de atomización política que ya vivimos en los años 90 y
atentando contra el principio democrático”.
Barrios advirtió sobre los impactos
negativos que podría tener la aprobación de algunas de las 14 iniciativas de
reforma política y electoral que se debaten en el Congreso.
Y es que, precisó, tres meses después
de la instalación del actual Congreso, se han radicado más de 20 iniciativas
modificatorias sobre dichos temas y, tras haberse acumulado algunas de las
iniciativas, hoy están en trámite 10 proyectos de reforma constitucional y
cuatro de reforma legal, de los que cuatro hacen tránsito en la Cámara y 10 lo
hacen en el Senado.
Unificación de períodos
Para la MOE, el proyecto que para
unificar los períodos propone prorrogar el mandato de alcaldes y gobernadores
defrauda la confianza de los electores que votaron por sus representantes
locales para que ejercieran por cuatro años y no seis. Además, es una propuesta
inconveniente en términos presupuestales, teniendo en cuenta que, para la fecha
en que el acto legislativo sea aprobado en el Congreso -a mediados del año
entrante-, ya se habrán firmado todos los contratos necesarios para organizar
las elecciones de 2019 (software de inscripción de cédulas, jurados y
escrutinios; material electoral, difusión de resultados, entre otros).
De acuerdo con Barrios, entre los riesgos de
unificar los períodos está que “el que gana se lleva todo”, que tienden a ser
sistemas de mayorías, cerrando el camino a opciones minoritarias o de
oposición; además, sin una institucionalidad robusta, capaz de controlar las
irregularidades en materia de inhabilidades de candidatos, financiación y
publicidad, lo único que va a lograr la unificación de calendarios electorales
es aumentar problemas que ya existen.
miércoles, 17 de octubre de 2018
MOVILIZACION UNIVERSIDADES PUBLICAS
Redacción Nacional
Bogotá.
Octubre 16, 2018 - 09:39 PM
Andrés Rot- El Nuevo Siglo
Una nueva movilización adelantarán este
miércoles los estudiantes de las universidades públicas, con el apoyo de algunos
de las privadas y de Fecode, para reclamar del Gobierno nacional mayores
recursos para la educación superior.
Hace una semana las calles de las principales
ciudades del país fueron ‘tomadas’ por alumnos de diferentes centros de
enseñanza superior, a pesar de que el presidente Iván Duque había anunciado la
destinación de medio billón de pesos para cubrir las necesidades de esos entes.
Este martes, nuevamente el Mandatario solicitó al
ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que “busque un billón de pesos para
la educación superior”, pero el anuncio no frenó las marchas programadas para
hoy.
Otra de las razones que aducen los estudiantes para
salir a las calles es que el Gobierno cambiará la manera de asignar los
recursos para las universidades y se seguirá priorizando el programa 'Ser Pilo
Paga', creado por el expresidente Juan Manuel Santos y el cual beneficia a los
jóvenes con los mejores puntajes de las Pruebas Saber.
Varios líderes estudiantiles aseguraron que desde
las 11 de la mañana de hoy caminarán desde diferentes puntos de la capital
hacia la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá.
Las movilizaciones iniciarán desde tres puntos: la
Universidad Nacional en la Plaza Che, la Universidad Pedagógica sobre la Calle
72 y la Universidad Distrital, desde la sede de La Macarena.
De la misma manera, para el viernes se tiene
programada la marcha de antorchas en las distintas universidades. Además, habrá
varios campamentos en diferentes plazas del país.
La semana pasada los estudiantes de las universidades
oficiales, acompañados de algunos de las privadas recorrieron Bogotá y se
concentraron en la Plaza de Bolívar, de manera pacífica y han dicho, esperan
hacer hoy lo mismo.
Recordaron que exigen la adición de más de $18
billones para mejorar la calidad educativa y que a la ciencia, la tecnología y
a la investigación se le deben devolver $700.000 millones que, según los
jóvenes, se les han quitado por parte del Estado.
Otro de los puntos sobre los que han venido
insistiendo, es en el de la necesidad de créditos sin interés y transparencia
con los recursos en las Universidades privadas, pues consideran que se tornaron
esas instituciones con ánimo de lucro.
Por ahora está el anuncio del presidente Duque en
el sentido de que $1 billón del presupuesto bienal de regalías sería destinado
para la educación superior.
Contenido relacionado: Duque pide $1 billón de las regalías
para educación superior.
El
Ejecutivo aseguró que ya se ordenó al ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, y a la directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria
Alonso, para que “busquen en el marco del presupuesto bienal de regalías $1
billón de recursos para la educación superior en los próximos dos años, para
fortalecer la educación superior en las regiones”.
martes, 16 de octubre de 2018
A extensión al periodo de los actuales gobernadores y alcaldes
La decisión fue aprobada en el
primero de ocho debates necesarios para ser un hecho.
La Comisión Primera
de la Cámara aprobó, en el primero de ocho debates, el proyecto que extiende el
periodo de los actuales alcaldes y gobernadores por más de dos años.
16
de octubre 2018, 03:31 p.m.
En
medio de un arduo debate, cargado de tensión y cruces de declaraciones entre
los representantes, la Comisión Primera de la Cámara aprobó, en el primero de
ocho debates, el proyecto que extiende el periodo de
los actuales alcaldes y gobernadores por más de dos años.
Esta reforma constitucional, en su esencia, busca la unificación de periodos, es decir que los cuatro años de periodo del Presidente, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados y los ediles comiencen y terminen al tiempo.
Esta reforma constitucional, en su esencia, busca la unificación de periodos, es decir que los cuatro años de periodo del Presidente, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados y los ediles comiencen y terminen al tiempo.
Para
lograr esto, una de las propuestas es extender el periodo de los actuales
mandatarios locales hasta julio de 2022, lo que que no ha caído nada bien en algunos sectores de la
oposición.
Precisamente este punto es el que generó una aguda polémica.
Precisamente este punto es el que generó una aguda polémica.
"Es
un mico, es un orangután el que se cocina en este proyecto. Si este Congreso
extiende el periodo de los alcaldes y gobernadores, por qué no pensar en hacer
lo mismo con los congresistas y el presidente. No sé puede sentar ese
precedente", dijo el representante de 'la U', Jhon Jairo Hoyos.
Ante esta declaración, el uribismo pidió respeto por la corporación.
"No se puede dejar en el aire que aquí se viene a pagar favores. No se puede hablar de micos, porque eso sería dejar en el aire que aquí se patrocina la corrupción. Eso no puede ser", expresó el representante del Centro Democrático.
Por tratarse de una reforma constitucional, está iniciativa debe superar ocho debates en total, de los cuales restan siete más.
POLÍTICA EL TIEMPO
Ante esta declaración, el uribismo pidió respeto por la corporación.
"No se puede dejar en el aire que aquí se viene a pagar favores. No se puede hablar de micos, porque eso sería dejar en el aire que aquí se patrocina la corrupción. Eso no puede ser", expresó el representante del Centro Democrático.
Por tratarse de una reforma constitucional, está iniciativa debe superar ocho debates en total, de los cuales restan siete más.
POLÍTICA EL TIEMPO
Unificación de períodos de gobernantes: propuesta y contrapropuesta
Política/ el Espectador
16 Oct 2018 - 5:30 AM
-Lorena Arboleda Zárate / @LorenaArboleda8
Este martes, la Comisión Primera de la Cámara
retoma el debate para permitir que las elecciones de las autoridades
territoriales y nacionales se desarrollen el mismo año. La polémica sigue
siendo la propuesta para ampliar el período de los actuales alcaldes y
gobernadores.
El pasado miércoles 3 de octubre revivió en el escenario político el
debate sobre la unificación de períodos para autoridades nacionales, regionales
y locales elegidas popularmente. En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes
comenzó la discusión de un proyecto de acto legislativo para tal fin, impulsado
por varios sectores en el Capitolio, agregándole una propuesta
controversial: que los actuales mandatarios electos
prolonguen su período hasta 2022.
No es la primera vez que se intenta sacar adelante esta propuesta. Como
se recordará, una de las promesas en la campaña de reelección de 2014 del
entonces candidato presidente Juan Manuel Santos fue llevar al Legislativo una
reforma que permitiera que los alcaldes y gobernadores de ese momento se
pudieran reelegir de manera transitoria y así unificar los períodos a partir de
2018.
Hundida esa iniciativa, ahora el Congreso se prepara
para reabrir la discusión y este martes la Cámara Baja deberá evaluar la conveniencia,
constitucionalidad y urgencia de sacar adelante, ahora sí, ese proyecto que
modificaría la Constitución.
¿Qué contempla? Básicamente, para lograr el objetivo de unificación de
períodos se plantea que el mismo día de las elecciones legislativas de 2022
(segundo domingo de marzo) se vote por gobernadores, diputados, alcaldes,
concejales y ediles, “de tal manera que todos los elegidos inicien
sus períodos constitucionales según corresponda”.
¿Cómo serían, entonces, las fechas concretas si se avala el contenido
del proyecto 140 de 2018? Los congresistas iniciarían su período el 20 de
julio, las autoridades territoriales el 25 de ese mismo mes y el presidente de
la República el 7 de agosto del mismo año. Las críticas a la iniciativa,
en todo caso, apuntan a su inconstitucionalidad, principalmente por proponer que
los mandatarios regionales y locales electos en 2015 permanezcan
hasta 2022. De hecho, este punto fue calificado de mico por sus contradictores.
Lo primero que hay que aclarar es que, por tratarse de una reforma
constitucional, esta propuesta ya había sido objeto de discusión antes de ser
radicada en el Congreso, en una audiencia pública realizada el pasado 27 de
septiembre. Es decir, no fue una propuesta incluida a última hora, antes de
comenzar el debate en la Cámara.
En ese momento, organismos como la Federación Nacional de Departamentos,
la Federación Colombiana de Municipios y la Asociación Colombiana de Ciudades
Capitales anunciaron al unísono su apoyo a la iniciativa, por considerar
que “mejoraría la coordinación y articulación en la planeación económica
entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”.
No obstante, la discusión en torno a su constitucionalidad cobró
relevancia, pues no son pocos los sectores que consideran que, aunque es
necesaria la unificación de períodos, prolongar el mandato de los
actuales representantes electos vulneraría la voluntad popular de los
ciudadanos que los eligieron en 2015, cuyo derecho es protegido por la
misma Carta Política.
En respuesta, los defensores del proyecto señalan que “la afectación del
mandato popular (…) no es ni comparable con la suerte del mismo mandato
—temporal o programático— cuando entra un gobernador o un alcalde a reemplazar
al elegido por falta absoluta, gracias a la designación ejecutiva del
presidente o del gobernador para los 18 meses o menos del mandato restante
(…)”, según un argumento jurídico remitido a la Comisión Primera de la Cámara.
En pocas palabras, los promotores de la iniciativa —entre quienes se
encuentran los representantes César Lorduy, Jairo Humberto Cristo y Jaime Rodríguez
Contreras, de Cambio Radical, y Alfredo Deluque y Jorge Burgos, de la U—
consideran que ni siquiera en este caso, en el que el gobernante es designado
por una autoridad específica, se ha declarado la inconstitucionalidad a pesar
de que el reemplazante “carece de legitimidad popular. No podría ser diferente
en el caso de la extensión del período de los actuales mandatarios, que sí
fueron elegidos por el pueblo”.
La
contrapropuesta
Uno de los partidos políticos que se opusieron a la propuesta inicial de
este proyecto fue la Alianza Verde. No porque no considerara necesario unificar
los períodos, sino porque, afirma, ampliar los términos de
duración de mandato de los alcaldes y gobernadores electos en 2015 no busca
nada más que hacerles un favor a sectores como Cambio Radical, ya que,
aseguran, es la colectividad la que está detrás de la iniciativa.
“Que alcaldes como Peñalosa en Bogotá sigan hasta el 2022 es una
violación flagrante y grave a la democracia. Fueron elegidos para cuatro años”,
señaló el representante Inti Asprilla, quien advirtió que el Congreso no puede
ampliar los períodos “de manera arbitraria y dictatorial”. Juanita Goebertus, también de los verdes, presentó ante la
Comisión Primera una ponencia alterna que, aunque defiende la unificación de
períodos, propone que dicha reforma solo sea aplicable hasta el año 2028.
Además de lograr que los períodos de las autoridades locales, regionales
y nacionales coincidan a partir de esa fecha —para evitar legislar en interés
propio—, se propone ampliar el tiempo de altos funcionarios del Estado: el
presidencial, el de los congresistas, diputados, concejales, alcaldes,
gobernadores, fiscal, contralor y defensor del Pueblo.
“Contar con períodos más largos permite dar estabilidad y continuidad al
Gobierno con el fin de evitar las alteraciones que causan las rupturas propias
de los períodos más cortos. Extender un año el período
permite ofrecer un año adicional de ajuste y planeación para que los siguientes
cuatro sean de ejecución”, argumentó la legisladora.
La idea de Goebertus es la siguiente. En 2022, fecha en la que
tendrán lugar las próximas elecciones legislativas y presidenciales,
comenzarían los períodos de cinco años para estos, terminado el 31 de diciembre
de 2027. Habría un período de transición, dado que terminarán
ejerciendo, para 2027, un período de cinco años y cinco meses. El objetivo
sería unificar todos los niveles, incluyendo el de los entes de control arriba
mencionados.
Entonces,
los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de juntas
administradoras locales (JAL) que se elijan en los comicios de 2019 y en 2023
ejercerían su período regular de cuatro años, para unificarlos con el
presidencial en 2028, pues
comenzarían a desarrollar sus funciones a partir de ese año.
“Para velar por el equilibrio de poderes y la correcta vigilancia y
control de las entidades, se extiende el período del fiscal general, que
empezará a regir para la elección del año 2020. En el caso del defensor del
Pueblo, el nuevo período de cinco años también empezará en la elección del
2020. Por su parte, para el procurador general, el período de cinco años
empezará a regir en la elección del 2021. Para el contralor general se mantiene
lo dispuesto respecto a la coincidencia de su período con el del presidente”,
agrega el texto de la propuesta.
Las fechas de convocatoria para elecciones sería así: el segundo domingo
de marzo de 2027 se votaría para Senado y Cámara, el segundo domingo de agosto
de ese año para Presidencia de la República, y el segundo domingo de octubre
sería para alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de
JAL. Todos comenzarían el ejercicio de sus funciones el 1º de enero de
2028. En últimas, las dos propuestas de los congresistas que
representan orillas distintas no se contraponen, salvo asuntos esenciales que
giran en torno a los actuales mandatarios territoriales.
Al final, los beneficios han sido expuestos ampliamente en los textos
que ya están sujetos a consideración de los legisladores: la coordinación y puesta
en marcha de políticas públicas que ejecuten los planes de desarrollo
nacionales y regionales, evitar las restricciones que representa
la Ley de Garantías y ahorrar presupuesto en los costos propios de un proceso
electoral. Resta esperar a ver si esta reforma, por tener evidentes
intereses políticos, no termina naufragando como las tantas iniciativas que,
buscando el mismo objetivo, resultan derrotadas por el ineludible pulso que a
diario se presenta en el Capitolio Nacional.
viernes, 12 de octubre de 2018
MI SUGERENCIA DEL PBOT YARUMAL
- Los objetivos del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial [PBOT] son, por lógica, más específicos que los enunciados en
las políticas territoriales municipales, pero las refuerzan en todo
sentido. Como primer paso en la formulación del POT por parte de la ADMINSTRACION, se define en NOVIEMBRE de 2018 EN EL CONCEJO MUNICIPAL, y mi sugerencia seria que miraran estos Diez (10) objetivos básicos que debía cumplir el PBOT, previo a cualquier otra
discusión, para dejar claro el sentido que debía llevar el proceso.
- Los diez objetivos del PBOT son los siguientes:1
- Incentivar acceso a la vivienda y diversidad
en la oferta de la misma.
- Promover altas intensidades de construcción
donde exista una adecuada oferta de transporte.
- Limitar construcción en zonas de alto riesgo
y proteger zonas naturales e históricamente valiosas.
- Garantizar la participación ciudadana en el
ordenamiento territorial local.
- Garantizar la compatibilidad entre
edificaciones y usos de inmuebles cercanos.
- Incentivar usos del suelo mixtos.
- Crear espacios públicos con alta vitalidad
urbana.
- Promover una red vial interconectada.
- Dar certeza al propietario y al inversionista,
promoviendo además las prácticas urbanísticas deseadas a través de
incentivos.
- Asegurar los recursos necesarios para la
inversión municipal.
- Como ya se ha dicho, el principal problema que
afrontará el Municipio de Yarumal en el futuro próximo es aumento de la
población que vive en su territorio, que tiene implicaciones negativas
desde la perspectiva económica y ambiental, pero principalmente social
para el municipio. Sin embargo, no sólo se trata de un tema cuantitativo,
sino cualitativo en el sentido de proveer distintas opciones de vivienda,
por lo que es parte de los objetivos del PBOT incentivar la mezcla de
viviendas de distinto tamaño dentro de cada proyecto individual. La
pregunta, consecuentemente, es cómo distribuir las densidades
poblacionales y, con ello, la vivienda. El modelo teórico a seguir es que
la utilización de la tierra debe ser más intensa tanto
más cercano el lote se encuentre de las principales arterias de
circulación, bajo la lógica que allí la tierra es más valiosa y que provee
mejores opciones de movilidad hacia otros puntos de la ciudad. La
planificación de la red vial coincide con la planificación de la red vial,
que aumenta sustancialmente la capacidad de movilización de personas de
una vía.4
- Esta forma de distribuir intensidades de
edificación es consecuente con el objetivo de limitar la construcción en
zonas de alto riesgo y el de proteger zonas naturales e históricamente
valiosas. En estos lugares, la intensidad de uso de la tierra debe
restringirse sustancialmente o eliminarse por completo.
- En el municipio de Yarumal, las áreas
ecológicamente valiosas suelen coincidir con las zonas de alto riesgo
-usualmente barrancos-, por lo que la limitación de construcción en zonas
de alto riesgo puede dar lugar a áreas verdes manejadas de manera
ambientalmente responsable que se constituyan en pulmones de la ciudad y
espacios de ocio para la población.
- El PBOT, por su naturaleza de aplicación
general en toda la ciudad, responde a las necesidades de distribución de
intensidades de construcción globales y obviamente no toma en cuenta
necesidades específicas locales de ordenamiento territorial. De esta
cuenta, necesitará ser complementado por varios Planes Locales Básicos de
Ordenamiento Territorial [PLBOT], que incluirán las variaciones para
atender las condiciones específicas y especiales de cada sector, y que a
la vez mantendrán concordancia con el PBOT. Es a través de los PLBOT que se podrá cumplir con el objetivo de
participación ciudadana, teniendo esta herramienta además un fuerte
componente educativo para con los vecinos y el futuro de su barrio o
colonia.
- Recurrentemente los vecinos manifiestan su
inconformidad por los efectos negativos de usos del suelo relativamente
fuertes (comercio, oficinas, escuelas, etc.) sobre usos débiles (vivienda,
hospitales, etc.). El ruido, el tráfico, el tamaño de edificación, la
contaminación visual son sólo algunas de estas externalidades negativas
que el PBOT tiene que regular y controlar para permitir la convivencia
armónica entre distintos usos.
- Pero, por otro lado, la variedad de
actividades (i.e. usos mixtos) en las distintas partes de la ciudad es
importante por dos razones. Primero, porque garantiza que a lo largo de
las distintas horas del día siempre haya actividad urbana en todos los
barrios y zonas. Grandes espacios monofuncionales tienen un fuerte
movimiento sólo en parte del día y el resto del tiempo son zonas muertas
que invitan a la inseguridad y el vandalismo.
- Segundo, una variedad de usos del suelo puede
eliminar la necesidad de largos viajes que requieran vehículo motorizado,
pudiendo sustituirse por viajes a pie, en bicicleta y en transporte
colectivo. Lógicamente, el objetivo no es provocar la mayor variedad en
todas partes, sino normalizar los desbalances más obvios que existen en la
ciudad, particularmente atrayendo vivienda a donde ahora no la hay y
empleo/educación a donde escasean. En el caso de usos no residenciales en
zonas predominantemente de vivienda, el tema de mezcla de usos del suelo
es más una discusión de escala que del uso propiamente dicho.
- Directamente relacionado a los usos mixtos es
el objetivo de crear espacios públicos con alta vitalidad urbana. Desde su
origen, las ciudades han enriquecido a sus habitantes por el contacto que
provoca el roce formal e informal entre distintas personas. El hecho que
nos estemos enclaustrando cada vez en enclaves más protegidos y
ensimismados tiene en el largo plazo un fuerte efecto de exclusión social,
que traerá consecuencias perjudiciales a la sociedad.
- Pero una alta actividad urbana tiene una razón
más prosaica de ser: ha sido demostrado en varios estudios que los lugares
donde hay bastante presencia de personas en las calles son los más
seguros. En un municipio con índices tan altos de inseguridad, calles con
gente en la vía pública y en los edificios colindantes son una
necesidad. Varios aspectos de diseños del
edificio tienen que ser tomados en cuenta para incentivar que el edificio
se relacione de nuevo con la calle que tiene enfrente: que no se esconda
tras muros impermeables, playas de estacionamiento, vidrios reflectivos o
carriles de autoservicio.
- Aunque la calidad de vida en espacios públicos
implica también un tránsito vehicular reducido, no hay que olvidar que la
topografía del Municipio de Yarumal y la falta de planificación a largo
plazo han resultado en una red vial primaria escasa, concentrada, radial,
y desconectada entre sí. Como parte de los objetivos del estudio del PBOT
debe planificarse una red vial futura utilizando vías existentes,
ampliando vías angostas y proyectando vías nuevas.
- El fin es tener una red vial interconectada
que forme una cuadrícula virtual separada entre sí ente 500 y 1000 m.
Estas dimensiones no son coincidencia, pues permiten incluir en su
interior barrios de tamaño adecuado, que permiten distancias que un peatón
está dispuesto a caminar. Esta red vial
primaria, cuyos ejes en su mayoría atravesarían todo el municipio,
permitirían que los viajes interzonales se realicen fuera de los barrios y
con una multiplicidad de opciones de elección de ruta.
- Pero también al interno de los barrios el PBOT
promoverá la interconexión de calles para facilitar los movimientos
peatonales. En este sentido, grandes condominios cerrados, con muros
perimetrales y garitas deberán ser desincentivados para proveer
interconexión y accesos alternos a áreas aún no urbanizadas.
- Como ya se ha expuesto en los puntos 12 a 23,
las normativas urbanísticas vigentes a la fecha son complejas, rígidas,
proscriptivas, se traslapan en cuanto a su aplicación espacial y muchas
veces son contradictorias entre sí. También
existe mucha discrecionalidad en las distintas dependencias municipales en
cuanto a la autorización de casos no contemplados en los reglamentos
actuales o para resolver conflictos generados por inconsistencia entre
normativas. El resultado es la incertidumbre en propietarios e
inversionistas sobre lo que puede edificarse en un terreno.
- Esto es especialmente problemático para usos
del suelo débiles como la vivienda (que además es lo que se quiere
incentivar), que se ven impactados fuertemente por usos e intensidades más
fuertes en los lotes aledaños. Los propietarios e inversionistas se tratan
de proteger de estos efectos a través del enclaustramiento en condominios
o la huida hacia la ciudad de medellin, y en otros municipios, que
precisamente son prácticas que no se quieren incentivar.
- Por tanto, el PBOT deberá ser una normativa
general, simple y clara que tendrá su aplicación territorial en un mapa
único y que sustituya a la mayoría de reglamentos urbanísticos
vigentes. Adicionalmente, el PBOT debe ser prescriptivo
(es decir, que diga lo que se permite más que lo que se prohíbe) y basado
en incentivos que muevan al vecino inversionista a adoptar las prácticas
urbanísticas que se desean.
- Finalmente, el PBOT deberá cumplir también con
el objetivo de mantener un cuidadoso balance entre los incentivos -que
reducirán los ingresos municipales- y los desincentivos -que tendrán el
efecto contrario- para garantizar que el municipio de Yarumal siempre
cuente con los recursos necesarios para el financiamiento de acciones y
proyectos en el espacio público que coadyuven con la inversión privada
para crear los barrios y la ciudad que los vecinos quieren.
Consultas populares no frenan minería: Corte
Redacción Política / El Nuevo Siglo
Bogotá
Octubre 11, 2018 - 06:30 PM
Policía
El fallo servirá
de contención al alud de convocatorias a las urnas para dificultar las labores
extractivas en el país
_________________________
Las decisiones que tomen los ciudadanos en las
urnas durante las consultas populares no pueden impedir la realización en sus
territorios de proyectos de minería y de hidrocarburos, pues la Nación es dueña
del subsuelo y los mismos tienen interés nacional.
Así lo determinó ayer la Sala Plena de la Corte
Constitucional al tumbar el ejercicio que hicieron en este sentido los
habitantes del municipio de Cumaral, Meta, resolviendo de esta forma una tutela
que presentó la multinacional Mansarovar Energy invocando la protección de su
derecho fundamental al debido proceso.
Este fallo pone fin a cerca de dos años de
incertidumbre que vivieron el Gobierno nacional y el sector minero por la
oleada de consultas populares desarrolladas y otras que se quedaron apenas en
solicitud en diferentes regiones del país, en las cuales en su mayoría los
ciudadanos votaron a favor de la no realización en sus municipios de
exploración minera y petrolera para preservar un medio ambiente sano.
Hasta la fecha se han hecho consultas en 92
municipios, cerca del 10% de los que cuenta el país, en la mayoría de las
cuales los ciudadanos votaron en contra de la minería.
En abril pasado, la Corte realizó una audiencia en
el marco del estudio de la tutela que presentó Mansarovar Energy contra la
consulta popular, en la cual representantes del Gobierno aseguraron que por
cuenta de las consulta mineras el país había perdido a la fecha 230.000
millones de pesos. En esa oportunidad pidió volver a la concertación entre la
Nación y los municipios frente a la ejecución de minería en sus territorios.
En esa oportunidad la presidenta de la Agencia Nacional de Minería,
Silvana Habid, dijo que la Corte debe retornar a la jurisprudencia que ordenaba
que en estas actividades se hiciera una concertación entre la Nación y los
entes territoriales. "Una interpretación que suponga prohibición,
desconoce la Constitución y los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad", apuntó.
En la práctica lo que ha sucedido es que se han
visto enfrentados el derecho del Estado para el uso del subsuelo ante el que
tienen los ciudadanos de decidir sobre el uso del territorio y la defensa de un
ambiente sano para ellos y sus hijos.
Con una votación de 5-1 la Sala Plena de la Corte Constitucional acogió
la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, en el sentido que las consultas no
pueden detener los proyectos de minería porque la Nación es la dueña del
subsuelo y por lo tanto de su uso.
No obstante, la ponencia a la vez considera que los ciudadanos están
acudiendo a las consultas populares para manifestar su rechazo, en este caso, a
la realización de actividades extractivas en sus territorios, porque no existen
suficientes vías para hacerse escuchar. Por ello da un plazo al Congreso para
que expida una regulación en esta materia.
La tutela
La multinacional petrolera con más de una década de presencia en
Colombia impetró el año pasado la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta, respecto a la sentencia que avaló la consulta popular
sobre el desarrollo de actividades de exploración sísmica, perforación
exploratoria y producción de hidrocarburos en el municipio de Cumaral, Meta.
La multinacional solicitó a través de esta tutela, ante el Consejo de
Estado, la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que aduce le
fue vulnerado con el fallo que declaró constitucional la pregunta de la
consulta a los habitantes de Cumaral, “¿está usted de acuerdo, ciudadano
cumaraleño, que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaral, se ejecuten
actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de
hidrocarburos?”.
La multinacional, con más de 10 años de operaciones en Colombia, se
vinculó al proyecto Llano 69, el cual fue congelado tras el resultado de la
consulta popular en Cumaral.
El 30 de mayo de 2017, el Consejo de Estado en sentencia de primera
instancia, negó el amparo solicitado al considerar que no se probó que el fallo
del Tribunal metense vulnerara los derechos fundamentales al debido proceso y
el acceso a la administración de justicia.
El fallo del Consejo de Estado no solo fue impugnado por Mansarovar y la
Asociación Colombiana del Petróleo sino por entidades del Estado (Ministerio de
Minas, Ecopetrol, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la
Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos).
El 6 de julio de 2017 el Consejo de Estado ratificó su fallo, el cual
fue remitido posteriormente para su eventual revisión por tratarse de una
tutela.
Debate jurídico
Un fallo del Consejo de Estado en abril pasado negó una acción de tutela
que cuestionaba la validez de una consulta minera en el municipio de Jesús
María (Santander), radificando la competencia que tienen las autoridades
locales para regular el uso del suelo en su territorio, la facultad de
restringir la minería y de consultarle a sus ciudadanos si están de acuerdo o
no con la realización de ese tipo de actividades
Igualmente, la Corte Constitucional en Sentencia T-445/16 precisó que
“los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y
garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha
prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.
No obstante, este
nuevo fallo de la Corte parece reversar la postura emanada en esa sentencia.
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