Bogotá, octubre 27 de 2010. El investigador del Cinep lanzó "Fusil o Toga - Toga y Fusil", un libro que recoge la historia de la comunidad de San José de Apartadó en los últimos 13 años.
Señora
ANA MERCEDES GÓMEZ MARTÍNEZ
Directora del diario El Colombiano
Medellín, Antioquia.
De toda consideración.
Adjunto a este mensaje le envío un ejemplar del libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil”, recientemente publicado, en el cual se ha consignado la cronología de violaciones a los derechos más elementales de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Como usted bien lo sabe, dicha Comunidad se conformó en marzo de 1997, acogiendo la propuesta de Monseñor Isaías Duarte Cancino, primer Obispo de Apartadó, de reivindicar los derechos de la población civil en medio del conflicto armado, definiéndose como no integrante ni colaboradora de ningún actor armado mediante principios y normas que fueran asumidas comunitariamente.
Sin embargo, es también de público conocimiento que la reacción del Estado ha sido intentar el exterminio de esa Comunidad, para lo cual se ha servido de todos los mecanismos posibles: bombardeos indiscriminados; desplazamientos masivos; masacres; ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; torturas; montajes judiciales; destrucción de cultivos; incineración de viviendas; abusos sexuales; pillajes de los bienes de subsistencia; robo de animales de carga y de animales domésticos; asaltos a mano armada para robar los dineros de la venta de productos comunitarios; calumnias e injurias difundidas por los medios masivos; amenazas; anuncios permanentes de exterminio; cooptación de desmovilizados –reales o falsos- para configurar un paramilitarismo enfocado a la destrucción de la comunidad; chantajes; sobornos y prebendas para quienes abandonen la Comunidad; compra de falsos testigos; usurpación de funciones judiciales por la fuerza pública; empadronamientos ilegales; espionajes a través del DAS a los miembros del Consejo Interno y a los acompañantes; robo de los bienes de los desplazados; poblamiento ilegal de casas de desplazados y de tierras de los desplazados; campañas masivas de desprestigio a través de medios extranjeros; toma permanente de fotografías ilegales y elaboración de álbumes fotográficos para realizar compra de testigos falsos; robo de computadores y teléfonos celulares; interceptaciones telefónicas ilegales; sometimiento de fiscales, jueces, magistrados, procuradores y defensores a las estrategias del Ejecutivo de eliminación o judicialización; violación de todas las normas procesales en los montajes; invasión de paramilitares en la zona y en los espacios y contornos de la Comunidad de Paz; destrucción de obras simbólicas y sagradas en memoria de las víctimas y garantía de impunidad para los victimarios.
Pero la realidad trágica vivida por las víctimas no se refleja ni de lejos en los medios masivos de “información”. Usted podrá comprobar en el libro, Señora Ana Mercedes, que todos los crímenes han sido puestos oportunamente en conocimiento de los Presidentes de la República, de sus ministros, consejeros, órganos de control, altas Cortes, organismos internacionales y nacionales que velan por los derechos humanos y servicios diplomáticos, sin lograr hasta ahora detener la barbarie ni que se haga justicia. Una verdadera política de Estado se puede evidenciar en el plan de exterminio de la Comunidad de Paz.
Muy otra, sin embargo, es la imagen que los lectores de El Colombiano se han formado de la Comunidad de Paz. No sólo el silenciamiento de los crímenes y la protección mediática a sus autores, sino, lo que es más grave, la tergiversación de los hechos y la estigmatización de las víctimas, se constituyen en actitudes sistemáticas del diario que usted dirige, las cuales merecen el más radical repudio de quien tenga principios éticos.
Fue repulsivo, por ejemplo, el tratamiento que su diario le dio a la masacre del 21 de febrero de 2005, en su mismo editorial (Editorial del viernes 4 de marzo de 2005), en el cual no sólo critica a quienes denuncian a los verdaderos autores del crimen sino que acusa a los denunciantes de querer entorpecer la reelección del Presidente Uribe y aboga por la presencia de la fuerza pública en el caserío, a pesar de los graves señalamientos de ser los autores de la barbarie. Igualmente repulsiva fue la acogida que su diario le dio al falso testigo que los militares buscaron para engañar a la opinión pública (artículo: “Delación, única pista de masacre”, 4 de marzo de 2005, pag. 3 a), tomando sus mentiras como la verdadera versión de los hechos y divulgándolas masivamente sin discernimiento alguno.
Causa indignación comprobar que, una vez desenmascaradas las mentiras por la misma “justicia” en la que su diario dice creer, no se dio ninguna autocrítica ni se intentó corregir las falsedades difundidas, ni reparar los daños enormes causados a las víctimas. Uno se pregunta qué conciencia ética puede tener un medio de “información” al que no le preocupa haber servido de instrumento, voluntaria o involuntariamente, para tan atroces ardides.
La difusión de artículos de columnistas de reconocida ideología fascista, bajo la disculpa de respeto a la “libre opinión”, pero cuando los articulistas toman como base de sus “opiniones”, falsedades y mentiras que causan enorme daño a sus víctimas, de ninguna manera puede eximir de responsabilidad en esos daños al diario que los difunde. Así, por ejemplo, los artículos del ex Ministro Fernando Londoño Hoyos, del ideólogo Ernesto Yamure, del periodista Plinio Apuleyo Mendoza y otros que se expresan en su diario y que se han ensañado contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó apoyándose en falsedades de evidente perversidad, ponen al descubierto la ineludible responsabilidad de El Colombiano en una campaña inicua de difamación y de estigmatización inspirada por agentes del Estado con miras a legitimar todos los crímenes enumerados en el tercer párrafo de esta carta.
¿No cree usted, Señora Ana Mercedes, que cuando el Señor Fernando Londoño afirma en su columna de El Colombiano (8 de marzo de 2005, pag. 5 a) que “San José de Apartadó es un enclave de las FARC donde mandan a sus anchas …” etc., no está expresando una “opinión” sino difundiendo una mentira de criminales consecuencias para sus víctimas, toda vez que el Estado, y muy especialmente el Gobierno del Presidente Uribe, se ha apoyado en esas “verdades” para masacrar civiles presentándolos como “combatientes”? ¿Se cree usted eximida de responsabilidad en esa estrategia criminal?
Y ¿qué decir de las “informaciones judiciales” que su diario difunde? El 21 de marzo de 2007 (pag. 12 a) usted presentó la capturas de jóvenes campesinos de San José como responsables del atentado al establecimiento La Barra Cervecera de Apartadó, ocurrido el 22 de mayo de 2004, difundiendo masivamente sus fotografías.
Uno de ellos, gracias a la “información” masivamente difundida de El Colombiano, comenzó a recibir en la prisión amenazas de muerte de paramilitares, quienes creyeron a ciegas en la “información” de El Colombiano y por ello le anunciaron que cuando saliera de la cárcel sería asesinado sin compasión. Hoy es claro que todo fue un montaje urdido por el agente de DAS Renember Fernández Curico, la Intendente investigadora del CEAT Sandra Janeth Gil, con la complicidad de la Fiscal 51 Especializada, María Fabiola Mejía Muñetón. A uno de los detenidos le pagaron cinco millones de pesos para acusar a los otros, autoinculpándose él mismo, abusando de manera escalofriante de su ingenuidad jurídica y de su ambición de dinero.
¿Por qué, una vez que la misma “justicia” en la que dice creer El Colombiano, los absolvió, su diario no ha reparado tan criminal “información”?. ¿Ignora usted, Señora Ana Mercedes, las consecuencias tan terribles que este montaje tuvo para sus víctimas, sus familias y sus comunidades? ¿No le causa esto ninguna preocupación ni remordimiento? Lo mismo puede decirse de la “información” aparecida en su diario el 23 de febrero de 2007 (pag. 8 a) titulada “Cae miliciano por atentado en Urabá”. Seguramente usted “creyó” en las informaciones que la fuerza pública, autora de ese montaje tan infame y criminal, le envió a su diario, y no tuvo duda en estigmatizar a este pobre campesino, arruinando su reputación por el resto de su vida y entregándolo a la sevicia de militares y paramilitares que se apoyan en esas “noticias” para ejecutar a falsos “combatientes” a granel.
Pero es un hecho que usted no le hace ningún seguimiento a esas falsedades ni al parecer le importa comprobar si fueron ciertas o falsas; hace caso omiso de las consecuencias terribles que tales “informaciones” tienen en las víctimas, sus familias y sus comunidades; participa –consciente o inconscientemente, no lo sé- en las cadenas perversas de difamación y estigmatización impulsadas desde el Estado, y cuando la misma “justicia” absuelve a los inocentes, no es capaz de rectificar, devolver el buen nombre ni reparar los horrores causados. ¿Cree usted que es éste un periodismo ético?
Consecuencias aún peores han tenido las falsedades proferidas por el mismo Presidente Uribe, cuyas políticas y actuaciones al parecer usted defiende a toda costa sin importar las consecuencias, difundidas masivamente desde su El Colombiano.
El 21 de marzo de 2005 (pag 2 d) su diario retomó las frases textuales del Presidente Álvaro Uribe al concluir un consejo de seguridad en Carepa, en la Brigada XVII, en las cuales incluía 5 graves calumnias contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Seguramente la autoridad que para usted revestía el delincuente, no le hizo dudar en difundir tal cadena de falsedades. La sentencia de la Corte Constitucional (T- 1191/04) deja muy en claro que el Presidente estaba cometiendo allí un delito que debía recibir tratamiento penal, disciplinario, de control político, de Acción de Tutela y de justicia internacional y que estaba violando de manera flagrante artículos neurálgicos de la Constitución Nacional. La denuncia de la Comunidad trasegó durante 5 años por la Cámara de Representantes y altos tribunales, hasta ser objeto de archivo por la Plenaria de la Cámara el pasado mes de agosto, sin haber investigado nada y con argumentos tan vergonzosos que llevaron a un grupo de congresistas a remitir el caso a la Corte Penal Internacional. Uno se pregunta, nuevamente, si las preferencias políticas de un diario que se dice de “información” masiva, puede pasar por encima de la Constitución y de los Derechos Humanos universales. ¿Dónde queda el Derecho a la Verdad? ¿Dónde queda el derecho de los ciudadanos a una Información Veraz y Confiable? ¿Autorizan las adhesiones políticas partidistas y personalistas a una complicidad con el delito?
¿Qué decir de las falsedades proferidas por el General Pauxelino Latorre, difundidas en El Colombiano el 22 de febrero de 2003 (pag. 11 a)? Allí presentaba a los ocupantes de un campero que se movilizaba entre Apartadó y San José el 12 de febrero, todos detenidos arbitrariamente, como integrantes del frente Otoniel Álvarez de las FARC, quienes llevaban explosivos. La estigmatización de la Comunidad de Paz fue entonces masiva, gracias a El Colombiano y otros medios. Ninguno de ellos escuchó a las víctimas ni a la Comunidad ni le hizo seguimiento alguno al caso para darse cuente de que se trataba de uno de los montajes más criminales, pues habían planeado asesinar a dos miembros del Consejo Interno de la Comunidad y para ello introdujeron una caja con explosivos en el campero, todo planeado entre militares y paramilitares. Nuevamente se pregunta uno qué criterios existen en medios tan importantes y de tan alto tiraje, para evaluar las fuentes de sus “informaciones”.
Se comprueba que no hay el menor interés de escuchar a “la otra parte”, es decir, a las víctimas o a los acusados. ¿Hay allí una base de objetividad? ¿Por qué una ausencia tan radical de toda ética periodística? ¿Son conscientes las directivas de los enormes males que causan? ¿Les importa algo esto o es eso lo que directamente buscan? Especial indignación y repugnancia causó el tratamiento de la “noticia” sobre el asesinato de Doña Margarita Giraldo Úsuga el 24 de diciembre de 2007 (EL Colombiano, diciembre 26 de 2007, pag. 10 a), donde en muy pocas líneas se afirma que la Brigada XVII reportó un “enfrentamiento” en zona rural, encontrándose posteriormente “los cuerpos sin vida de dos supuestos integrantes de las FARC”. Así se informó sobre el asesinato infame de una matrona, ama de casa, altamente apreciada por todo su entorno geográfico como mujer de especiales virtudes sociales y hospitalarias. Nada se dice de la falsedad del combate; del infame montaje; de la presentación de su cadáver como “guerrillera muerta en combate” cuando en realidad estaba recogiendo unas yucas en su huerta; del infame pillaje y ametrallamiento de su vivienda; de las amenazas a su esposo y a su hija para que afirmaran en la Fiscalía que ella “era guerrillera”, o de lo contrario morirían todos los de su familia; del ensañamiento en sus restos mortales por parte de Medicina Legal y el CTI, descuartizando su cadáver y partiendo en pedacitos sus vísceras para regarlas por todo el cuerpo, de modo que no se pudiera oficiar decentemente un funeral.
Toda esta ignominia no tiene cabida en la “información” que recibe la sociedad, pues, según su Editorial del 4 de marzo de 2005, eso desprestigiaría a las fuerzas armadas y al Presidente Uribe. No hay palabras para calificar los hechos del silenciamiento, la tergiversación, la manipulación, la falsedad, la mentira, ínsitos en este modelo de “información”. ¿Es usted consciente, Señora Ana Mercedes, de todo esto? ¿Dónde está la ética informativa? ¿Sigue creyendo usted en sus “fuentes” que la han llevado a participar en tantos horrores?
Son muchos los casos en que su diario, obsecuente con las instituciones militares, judiciales y administrativas y con su “verdad”, que no requiere, al parecer, para usted, ninguna verificación ni investigación, ni mucho menos una exploración de la verdad de las víctimas, ha contribuido a arruinar la reputación de infinidad de víctimas, a causar infinitos sufrimientos en sus familias y comunidades, a pisotear la honra y los derechos elementales de quienes son estigmatizados y condenados por una “justicia” de montajes y por un Estado que busca exterminar a multitud de inocentes.
¿Cree usted, Señora Ana Mercedes, que un país puede conformarse con este tipo de “información”? ¿Quedará satisfecho el derecho de una sociedad a la verdad y a recibir informaciones veraces y honestas? ¿No cree usted, que se impone una reforma radical del estatus de los medios para erradicar el derecho a la mentira en que se han fundado hasta ahora? ¿Es legítimo que el derecho a la verdad y a la información esté en manos de personas privadas que “informan” de acuerdo a sus preferencias ideológicas y a sus connivencias con autoridades corruptas y criminales, sin que las víctimas ni los sectores sociales deprimidos tengan alguna espacio para contar su verdad? ¿Qué concepto tiene usted de la ética y de la justicia?
Quiero invitarla a que reflexione en los enormes sufrimientos y ruinas que ha causado su modelo “informativo”; a que revise sus fuentes; a que tome conciencia de las complicidades a que la han arrastrado las fuentes que usted considera sagradas; a que transforme radicalmente su diario de cara a los que no tienen voz y son víctimas de todos los poderes; a que repare los daños tan enormes que en tantas familias humildes ha producido.
Sería de desear que usted ayudara a diseñar un modelo de información donde tenga alguna cabida el derecho de la sociedad a la verdad; el derecho a la expresión de quienes no tienen dinero ni poder; el derecho a la honra de quienes son difamados y estigmatizados por las instituciones que quieren hacer de ellos “falsos positivos” para fingir éxitos militares.
Atentamente,
Javier Giraldo Moreno, S. J.
Bogotá, noviembre 3 de 2010
